La parte más aplaudida del discurso de agradecimiento de Santos en El Campín fue cuando el presidente electo dijo que las FARC solo podían esperar durante su mandato bala y más bala. Bueno no lo dijo así, dijo “hemos sido contundentes contra los terroristas y los narcotraficantes, ¡y lo seremos más todavía!”, pero es más o menos lo mismo.
Llama la atención entonces que al día siguiente dos representativos intelectuales chapinerunos, Salomón Kalmanovitz y León Valencia, le hicieran un llamado al próximo gobierno para que buscara una salida negociada al conflicto, como si los nueve millones de votos de un mandato contundente para continuar la seguridad democrática hubiesen sido depositados en Islandia.
En cierta medida los entiendo. Los cantos de sirena del dialoguismo con la guerrilla son tremendamente atractivos. ¿Qué colombiano no quisiera un país en plena paz? Además hay que reconocer que los costos humanos y fiscales de la confrontación armada son enormes; así perdamos de vista los aún mayores costos humanos y fiscales de las fallidas negociaciones anteriores.
Lo que pasa es que, paradójicamente, ha sido la misma izquierda colombiana y todas sus organizaciones satélites, las que se han encargado de volver imposible una eventual salida negociada al conflicto.
Después de años de criticar inmisericordemente la ley de Justicia y Paz -que hizo posible el desarme y desmovilización de las autodefensas- presentándola como un vehículo de impunidad, no queda para nada claro como sería entonces una negociación posible con las FARC.
¿Aceptarán Cano y sus camaradas del Secretariado, además de la entrega de las armas, la extinción de los derechos políticos, ocho años de cárcel y la confesión y reparación de sus múltiples crímenes, sumados a la posibilidad de una extradición a los Estados Unidos?
No creo, pero tampoco veo como pueda ser de otra forma.
¿Acaso se hubiera aceptado que Castaño, Macaco y Mancuso hubieran ocupado curules en Congreso, se les hubiera permitido cogobernar sus zonas de influencia, hubieran mantenido sus armas y sus subalternos hubiesen substituido a la fuerza pública del lugar, además haber obtenido una amnistía general sin verdad y reparación?
Obviamente que no, lo cual pone la opción de la salida negociada en una encrucijada insoluble.
Inclusive en el evento improbable de que se lograse algún tipo de acuerdo a la colombiana, ¿sería éste de recibo internacional?, ¿o chocaría contra las normas del derecho penal internacional y de una Corte que está que se las estrena? Tal vez, caso en el cual el posible acuerdo de paz estaría doblemente condenado al fracaso.
Así las cosas, como lo hará el próximo gobierno, no queda más alternativa que continuar el rumbo actual por difícil y costoso que sea.