El informe que no les va a gustar al Gobierno ni a la "gente de bien"

Aquí comienzan los problemas porque la CIDH dirá que las investigaciones deben ser llevadas por órganos judiciales independientes y no por la justicia penal militar en la línea en que la Corte Constitucional lo decidió ayer para el caso de Dilan Cruz. Esta observación hará que el Gobierno tome posición en relación con el pulso que por la competencia para llevar las investigaciones mantiene la justicia penal militar con la Fiscalía.

El informe advertirá al Gobierno sobre la inconveniencia de la participación de militares en la contención de las protestas sociales, recomendará derogar el decreto que ordenó la asistencia militar, condenará, en forma muy enfática, la participación de civiles o de agentes del estado sin uniforme, en las actividades de control de las manifestaciones y considerará muy grave que, con la anuencia de la Policía, personas en esa situación hayan usado armas contra manifestantes e intervenido en la detención de personas.

Este punto será el que más causará molestia al gobierno, porque irá acompañado de regaño por desconocer las reiteradas y antiguas recomendaciones del Sistema Interamericano de separar en forma clara y precisa “entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas” para garantizar un uso de la fuerza que no resulte violatorio del derecho a la protesta pacífica.

En esa línea le dirá al Ministro de Defensa que debe abstenerse de estigmatizar a los manifestantes y de asociarlos con organizaciones armadas ilegales porque traslada a la actuación policial, en el contexto de la protesta, la lógica de derrota al enemigo y no de protección y control de civiles.

Ahí ya será Troya, los que se habían opuesto a la visita dirán que está demostrado el sesgo de izquierda de los comisionados y que hacen parte del complot internacional contra Colombia que han denunciado. Habrá trino del expresidente Uribe, declaración de Andrés Pastrana y María Fernanda Cabal será tendencia en las redes sociales por algún calificativo contra los comisionados.

Un acápite especial merecerá el tema de la detención sin orden judicial y del traslado de manifestantes a lugares no suficientemente adecuados e identificados como para servir como espacios de reclusión de personas y dirá que se pudo comprobar que en varias ocasiones los detenidos permanecieron más del tiempo legal permitido sin ser puestos a órdenes de un juez y que algunos fueron obligados a permanecer transitoriamente en lugares privados o instalaciones públicas que no deberían ser usadas con esos fines.

En esa misma línea, la Comisión dirá que recibió una muy preocupante cifra de posibles desaparecidos en el marco de las protestas, que no pudo comprobar que haya habido desapariciones forzadas, pero pedirá que los órganos judiciales determinen en el menor tiempo posible los casos en los que esa conducta hubiera podido ocurrir y señalará que la mayoría de esas denuncias estaban asociadas con detenciones arbitrarias o desconocimiento de los derechos de detenidos.

La CIDH recomendará acelerar y profundizar el proceso de reforma institucional de la Policía Nacional y dirá que vio con interés lo que en ese sentido le mostró el gobierno pero que le parece insuficiente y sugerirá que se integre una comisión independiente para que haga un informe completo sobre lo ocurrido en los 50 días de protestas.

Todo el informe estará enmarcado dentro del reconocimiento de la situación de desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana y de las carencias de millones de jóvenes que ni estudian, ni trabajan y dirán que la enorme insatisfacción con esa situación la pudieron constatar con múltiples entrevistas que hicieron en los lugares de protesta. Le pedirá al Gobierno colombiano adoptar medidas urgentes tendientes a disminuir esa situación de desigualdad y a proveer de oportunidades, bienes y servicios públicos de calidad a la población joven.

Dirá que las políticas públicas que se adopten en este sentido deben ser el resultado de un amplio diálogo social y que deberán garantizar la participación de las organizaciones juveniles que se expresaron en el marco de las manifestaciones y llamará la atención del gobierno para evitar que el diálogo se haga con sectores que no representen genuinamente a los manifestantes.

Ah claro que habrá un acápite relacionado con los bloqueos y las afectaciones a bienes públicos y privados y se referirá especialmente a las agresiones sufridas por miembros de la policía que les causaron la muerte a algunos de ellos y heridas, algunas graves, a miles.

En este punto hará varias advertencias. Primero recordará que la protesta pacífica supone un cierto grado de alteración del orden y de afectación de derechos de terceros y dirá que es deber de las autoridades, de todos los niveles, adoptar las medidas necesarias para evitar el abuso del derecho a la protesta que imponga cargas desproporcionadas a la población.

En relación con los daños ocasionados a terceros, especialmente a empresas, pedirá que se establezca un fondo para la reparación de los daños de los que fueron víctimas.

En cuanto a las graves agresiones a miembros de la Policía, le recomendará a esa institución mejorar la preparación, la planeación, la ejecución y la dotación de las actuaciones dirigidas al control de manifestaciones en el marco de la protesta para evitar que sus agentes sufran daños.

A muchos les parecerá insólito que no se dirija a miembros de la oposición que han apoyado el paro o a sus organizadores y convocantes y dirán que esa es la prueba de que el informe no es imparcial, sin percatarse que el mandato de la Comisión se dirige a evaluar las actuaciones de las autoridades y que son ellas las que deben, como se señaló, actuar, dentro de los estándares de derechos humanos, para impedir el abuso del derecho a la protesta y minimizar las afectaciones de los derechos de personas que no participan en la protesta.

El Ministro de Defensa rechazará las insinuaciones contenidas en el informe de las que se pueda concluir que la Fuerza Pública no respeta los derechos humanos, la Canciller en sus primeras declaraciones dirá que las evaluará con respeto y en las segundas y terceras ya dejará ver su malestar y alguna frase se le saldrá y el Presidente no se referirá expresamente al informe pero hará frases en contra que los periodistas destacarán rápidamente: “Sin referirse directamente al informe el Presidente, defendió el actuar de la fuerza pública…..”

Otra vez, a pesar de lo obvio, al Gobierno y a quienes lo apoyan les parecerá que tiene un sesgo de izquierda el llamado de la comisión a que el uso de la fuerza del estado sea proporcionado, a que si hay abusos las investigaciones sean rápidas e imparciales, a que las fuerzas militares no están para controlar protestas, a que los detenidos tienen unos derechos que se les deben respetar, a que la reforma a la policía que se propone es insuficiente, a que la estigmatización de los manifestantes es peligrosa, a que el derecho a la protesta incluye afectaciones razonables a los derechos de terceros y a que no sería malo tratar de superar las condiciones sociales que mantienen en alto grado de marginalidad a millones de jóvenes.

Las vainas de la gente de izquierda, de “esa gente” que solo quiere incomodar a “la gente de bien”.