Decepcionante

Comienza diciendo que se trata de “su” verdad, lo cual abre una discusión sobre el carácter relativo de la verdad como si los hechos no fueran unos solos. Es su versión, pero no “su” verdad y lo que esperamos es que la Comisión después de oír muchas versiones y las contraste entre si y con los hechos, nos revele la verdad, pero, en fin, eso es más o menos adjetivo y solo el comienzo. El centro de la intervención estuvo dirigido a probar, como es cierto, que en su condición de Ministro de Defensa, adoptó las medidas necesarias para impedir que ese horror de los “falsos positivos” dejara de ocurrir.

Es cierto, que por iniciativa de su Viceministro Sergio Jaramillo, identificaron el modus operandi de semejantes conductas y activaron los dispositivos para encontrarlas y evitarlas. Santos aportó las evidencias, que en realidad ya se conocían, de que eso fue así.

A Santos y especialmente a Jaramillo y su equipo de asesoras (Cifuentes, Ambrosi y Gobertus) el país les debe haber salvado miles de vidas que se hubieran perdido si no se para esa máquina de horror en que se había convertido esa práctica inexplicada suficientemente hasta ahora. Hasta ahí, Santos uso el escenario para una cosa a la que tiene derecho que es exculparse de unos hechos de los que no pocas personas lo responsabilizan.

Su verdad, sin embargo, reitera la teoría de que la peor violación de derechos humanos en la historia de Colombia ocurrió como una especie de efecto no deseado de una doctrina militar y una estrategia de combate que medía los éxitos por las bajas y no por capturas o desmovilizaciones. La pregunta de quién dio la orden se vuelve a quedar sin respuesta, o mejor la respuesta de Santos es que nadie dio la orden y de que efectivamente los asesinatos ocurrieron a cambio de unos días adicionales de vacaciones para los que los cometieron.

Santos termina pidiendo perdón por unos hechos ajenos, lo cual no deja de ser llamativo. El ex presidente hubiera podido, por ejemplo, reconocer, que a pesar de tener certeza de que esos hechos ocurrieron, con la crueldad con la que ocurrieron, ya siendo Presidente no uso su condición para facilitar el tortuoso camino de las víctimas para acceder a la verdad y obtener su reparación. La postura del Estado en las actuaciones administrativas y judiciales derivadas de esos hechos ha sido defensiva, no se ha allanado a las pretensiones de las víctimas, la cuales deben soportar más de diez años en promedio para tener finalmente una sentencia que ordena su reparación.

El Presidente de la República hubiese podido dar la orden de que los funcionarios reconocieran los hechos y evitar la revictimización. Es más, nombró ministro a la persona que, según él, negaba la ocurrencia de los falsos positivos y lo hizo a sabiendas. Ya para el momento del nombramiento sabía cual era la posición de Juan Carlos Pinzón en relación con ese tema.

Santos hubiese podido haber reconocido que incurrió al menos en ese error y entonces sí pedir perdón por sus conductas y no por las ajenas.

Quedó faltando también su versión sobre múltiples hechos adicionales que ocurrieron mientras fue Ministro y Presidente. A sus ocho años en la Casa de Nariño prácticamente no se refirió. “Su” verdad sobre su relación con Uribe deja también interrogantes y sinsabores.

Pareciera confesar que a pesar de tener diferencias conocidas sobre asuntos esenciales del Ministerio que tendría a su cargo resolvió aceptarlo.

Afirma que Uribe y él tenían convicciones opuestas sobre cómo enfrentar a la guerrilla, el uno como enemigo y el otro como adversario, el uno buscando la aniquilación y el otro la negociación, y pareciera que asumió el riesgo de ejecutar desde el ministerio su visión y no la del Presidente. No dio cuenta de si discutieron semejante punto, como hubiera sido lo correcto y a qué conclusión llegaron. Desde el punto de vista ético no es muy fácilmente explicable aceptar semejante encargo, el de dirigir la confrontación a organizaciones armadas, teniendo una diferencia tan abismal con el jefe, diferencia que pareciera nunca exteriorizó, sino que ocultó.

Afirma que Uribe “no lo desautorizó” en las decisiones que adoptó para evitar que siguieran ocurriendo unos hechos que son tan absurdos que no tienen nombre en el derecho, pero insinúa que ello ocurrió por su astucia para ponerlo contra la pared y llevarle hechos que resultaran incontrovertibles.

A Santos le toca hacer equilibrismo para tratar de librarse de la responsabilidad política de haber pertenecido y de qué manera a un gobierno, cuyas políticas públicas, según dijo, impulsaron la ocurrencia de hechos que causaron la muerte injustificada de miles de personas. Gobierno cuya continuidad ofreció como candidato y de cuyo apoyo ilegal se valió para ganar la elección en 2010. Hubiera podido también pedir perdón por eso.

La verdad es la verdad, no es la de cada cual en tanto se atengan a los hechos y esos hechos le confieren al ex presidente Santos unos logros que, en mi opinión, el país debe agradecer siempre como ese de promover el respeto por los derechos humanos en una fuerza pública degradada y, claro, el de haber logrado la desmovilización de la guerrilla de las Farc, pero si realmente quiere aportar a la verdad debería pedir otra audiencia con la Comisión para completar su versión y reconocer que para lograrlo incurrió en conductas y omisiones al menos éticamente reprochables. La presencia de Santos en la Comisión ha revivido la presión para que Uribe acepte hacerlo, pero si es para lo que hizo Santos que es contar cosas públicamente conocidas, incluso documentadas judicialmente, y repetir “su” verdad, centenares de veces contada, es mejor que no le hagan perder tiempo a los comisionados que tienen que concentrarse en redactar el informe que estamos esperando.