Drogas e hipocresía de Estado

Por Jose Rafael Espinosa (@joserespinosa)

Mucho se ha dicho sobre lo problemática que ha resultado la “guerra contra las drogas”. No solo no ha reducido el consumo, sino que además ha generado daños gravísimos, como la violencia del narcotráfico, que han resultado siendo peores que la enfermedad. Todo esto se ha logrado a través de una legislación desproporcionada, que ha llevado a que en Colombia se castigue más duramente el tráfico de drogas que una tortura o una violación.

Pero esa guerra no solo es ineficaz, contraproducente y desproporcionada; también es hipócrita. 

En una investigación próxima a publicar y en la que participamos Mauricio García Villegas, Felipe Jiménez y yo, evaluamos la capacidad del Estado para sancionar cuatro delitos de drogas: i) la conservación y financiación de cultivos, ii) el tráfico de sustancias para el procesamiento, iii) el tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y iv) el lavado de activos. Cada uno de estos delitos corresponde, a grandes rasgos, a los diferentes eslabones y “clases sociales” al interior de la cadena: los cultivadores, los procesadores, los traficantes y los lavadores. Esta distinción no es del todo exacta (los lavadores son los grandes traficantes, quienes fabrican los estupefacientes trafican sustancias para el procesamiento, etc.) pero es analíticamente útil. 

La evaluación de la capacidad de sancionar cada uno de los delitos es indicativa, entonces, de qué tanto se concentra el Estado en sancionar a cada uno de los eslabones o clases sociales al interior de la cadena.

La gráfica siguiente muestra esta capacidad (entendida como el porcentaje de condenas respecto del total de ingresos) para los cuatro delitos analizados. Incluimos además el delito de homicidio, pues sirve como referente para saber cómo funciona en general el sistema de justicia. La eficacia para perseguir el homicidio es, además, muy similar a la eficacia del sistema para perseguir todos los delitos agregados.

Fuente: FGN. Cálculos propios.

Fijémonos en los dos delitos más extremos: el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el lavado de activos. Mientras que el Estado condena el 24,2% de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, solo condena el 0,6% de los casos de lavado de activos. En materia de homicidios –que sirve como referente del comportamiento general del sistema­– el porcentaje de condenas es del 5%.

En principio, la cifra sobre el alto porcentaje de condenas de delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es alentadora. Sin embargo, otras investigaciones, incluyendo esta de Dejusticia, por ejemplo, han mostrado que al perseguir este delito también hay “playa alta” y “playa baja”: el 98% de las personas privadas de la libertad por este delito lo están por pequeño tráfico, el cual se realiza sin violencia y al cual en muchas ocasiones se acude para enfrentar situaciones de pobreza y exclusión. Equivaldrían entonces a la clase baja de la cadena.

Mientras que a los más marginados se les encarcela y condena, el lavado de activos –el eslabón clave para los capos– queda prácticamente impune. Y esto no es poca cosa. Es justamente éste el paso en el que los capos logran legalizar y gozar de las utilidades del negocio estimadas, según datos y la metodología de este estudio, en alrededor de 9,6 billones de pesos anuales. Esa plata no solamente la disfrutan ellos y, cómo no, la reinvierten en el negocio, sino que además la infiltran en el mercado y las instituciones. Es así como los capos logran el poder político.

Este resultado es alarmante. A pesar de anuncios rimbombantes, capturas mediáticas y extradiciones memorables; a pesar de toda la plata que mueve el negocio; a pesar de que este es justamente el paso en el que el narcotráfico logra corromper las instituciones y capturar el poder político, a pesar de todo eso, el Estado no condena la entrada de dineros ilegales al mercado legal y las instituciones. 

O tal vez no es a pesar sino precisamente por eso, por el hecho de que para algunos el inmenso chorro del narcotráfico es muy importante como para que el Estado lo sancione. Tal vez entonces hay que leer estos resultados no como algo paradójico, sino como algo lógico: se captura a unos grandes capos, se les extradita, se llenan las cárceles de pequeños traficantes, pero, eso sí, la plata sucia no se toca. Hay mucha gente interesada en que el lavado se mantenga tan impune como lo ha sido hasta el momento.

Esta es apenas una hipótesis, pero creo que la pregunta es buena. ¿Qué hay (o quiénes están) detrás de tanta impunidad en el lavado de activos?