Hoy por hoy, defender o no el proceso de paz, es una labor del gobierno y no del Fiscal General, que gústele o no a los puristas del sistema acusatorio, aún hace parte de la rama judicial y debería; al menos en teoría, ser independiente del poder ejecutivo.
Impunidad sin vaselina
En este mismo espacio escribí con esperanza sobre el fallo mediante el cual el Consejo de Estado decretó hace unos meses que el período del Fiscal General debe ser personal; es decir, por cuatro años desde su posesión.
Pasado un tiempo prudente luego de esa decisión, creo que el Doctor Montealegre esta perdiendo el rumbo.
Él, que es uno de los dos penalistas que ha llegado a ocupar ése cargo desde la creación de la Fiscalía General de la Nación, es el primero que representa el modernismo del derecho penal (el otro penalista fue Alfonso Gómez, quien pertenece a la vieja guardia) y lleva sobre sus hombros la responsabilidad histórica de enrutar al País en el sistema acusatorio, importado por el opaco fiscal Luis Camilo Osorio.
Hasta ahora -luego de ocho años de vigencia-, lo que se ha demostrado es que, el acusatorio es un sistema que ha incrementado los índices de impunidad en Colombia.
Digo que perdió su rumbo el Fiscal Montealegre porque, con esa enorme responsabilidad y expectativas, no puede transformarse el Director de la política criminal colombiana en un actor político que se rebaja permanentemente, a petición del público, a estar en la arena política intercambiando golpes con un personaje como Alejandro Ordoñez.
Nada mas equivocado que darle vitrina a un rival que en realidad no pasa de ser un politiquero profesional y dista mucho de ser un contrincante en el plano académico e ideológico de la ciencia penal -como sí lo es Montealegre-, para crecerlo artificialmente ante la opinión pública como un contradictor válido.
Lastimosamente; ha caído el Fiscal en ese juego, tal vez embriagado por la vanidad que producen los titulares de prensa, magnificados por los medios de comunicación que se están dando un banquete vendiendo periódicos, incrementando clics y aumentando raiting, gracias a las peleas públicas de Montealegre con Ordoñez.
Como si eso no fuera poco, ahora lo encontramos trenzado en una disputa judicial con la Contralora Morelli; con ella, la pelea puede ser catalogada de personal, surgida desde pretéritas épocas del Externado, convertida en una guerra fría que traspasó del ámbito privado al institucional y ahora al judicial.
Vimos hace unos días, una solicitud de amparo vía tutela por parte del Fiscal General, pidiendo protección judicial a sus derechos, supuestamente atropellados por la Morelli, siendo el asunto en discordia una de las tantas consecuencias generadas por la disputa que soterradamente sostienen los dos funcionarios.
Otra de las actividades preferidas del Fiscal, es la defensa a ultranza del Marco Jurídico para la Paz y todo lo que tiene que ver con posicionar jurídicamente una política que, es de origen y responsabilidad exclusivamente gubernamental y que apenas avanza de manera incierta en su componente político en la negociación que Gobierno y guerrilla adelantan en La Habana.
De esas negociaciones puede que se desprendan consecuencias; primero políticas y al final jurídicas, como modelo para alcanzar la paz que se está pactando. En ése momento será competencia de la fiscalía implantar y ejecutar lo que se pacte y sea avalado, bien por el congreso, bien por el pueblo; por ahora, el papel de la fiscalía debería ser el de prepararse para entrar en la función cuando le competa.
Hoy por hoy, defender o no el proceso de paz, es una labor del gobierno y no del Fiscal General, que gústele o no a los puristas del sistema acusatorio, aún hace parte de la rama judicial y debería; al menos en teoría, ser independiente del poder ejecutivo.
No tendría por qué la administración de justicia estar en los medios, en los foros y en todos los escenarios, defendiendo un proceso de paz que todavía ni siquiera se sabe si va a pactarse o no.
Podría explicarse este exceso de gestión del Fiscal en tan delicada y ajena labor, en la debilidad que tiene el gobierno porque carece de funcionarios capacitados para defender y exponer ante el País los temas jurídicos relacionados con la paz.
Dentro de quienes estarían en la obligación en el Gobierno de echarse al hombro la carga que hoy lleva Montealegre; estarían entre otros, el intrascendente Fernando Carrillo, quien parece haberse quedado estancado en los años 90s y no se comporta como un ministro adulto de la política.
Otro tanto ocurre con la mediocre ministra de Justicia, quien llegó a esas ligas porque se requería una cuota para el gabinete mujer, nacida fuera de Bogotá y liberal. Cumplió con esos requisitos (al menos los dos primeros), pero los necesarios para ejercer el cargo, ha demostrado hasta el cansancio que no los tiene.
Sin embargo, la mediocridad del gobierno no puede ser la excusa para que el Fiscal termine siendo el escudero jurídico y político del proceso de paz a servicio de Santos, simplemente porque él no es ministro del gabinete.
Todo lo anterior no sería tan grave si no estuviésemos en un País en el que la impunidad campea; no solamente en la macrocriminalidad sino en la que afecta al ciudadano de a pie.
El día a día nos atrapa en una sensación de impunidad acrecentada con la difusión de los casos no resueltos:
El carrusel de la contratación (que ya parece el carrusel del principio de oportunidad) en el que las condenas y la reparación no parecen estar en la agenda de la justicia; el de Interbolsa, que es el paradigma de que al delincuente de estrato seis no se le trata en igualdad de condiciones si se le compara con lo ocurrido con DMG de David Murcia y su pirámide menos sofisticada.
Impertérritos vimos las maniobras de Brigard y Urrutia que dieron apariencia de legalidad a transacciones ilegales de tierras (igual a como se amañaron los pliegos en las licitaciones del carrusel) pero que no generan consecuencias judiciales, apenas políticas.
Los borrachos asesinan con sus carros a transeúntes y se refugian en clínicas de reposo ante la mirada pasiva de la fiscalía; después de tres años, el caso Colmenares languidece junto con el cierre del juzgado en el que apenas empezaba la audiencia preparatoria de un juicio dilatado hasta la saciedad (incluso la de los medios que hicieron su festín y que ahora apenas se ocupan de registrar un tránsito seguro hacia la impunidad); el del grafitero, un falso positivo urbano que apenas inició, se sumergió en el laberinto kafkiano de la justicia de la impunidad, al igual que languidecen los miles de falsos positivos que sistemáticamente desaparecen de la memoria colectiva, al mismo tiempo que se diluyen en los vericuetos judiciales.
A esos, que son casos paradigmáticos se suman las muertes producidas en los atracos por hurtos de celulares; los secuestros exprés que se realizan en el corazón del barrio rosales de Bogotá y que simplemente no se reportan por la convicción que tienen las víctimas de estar perdiendo su tiempo; las mas y mas frecuentes irrupciones violentas a las casas de los ciudadanos que terminamos amarrados, violentados, secuestrados y hurtados, sin que se generen consecuencias judiciales para los criminales y qué decir de los casos de paseos millonarios que, por no ocurrir sobre un sujeto pasivo calificado (gringo y con chapa de la DEA), simplemente se acumulan en las estadísticas de impunidad en los anaqueles de los despachos judiciales.
Seguirán apareciendo eufemismos o nombres criollos para cada caso importante o pintorescas descripciones para cada modalidad de violencia soportada por los colombianos, además de los muchos otros que por falta de espacio he dejado de mencionar, que se ventilarán y juzgarán en los tribunales de los medios de comunicación, que poco a poco reemplazaron al inoperante sistema que no satisfizo la necesidad de administrar justicia que requiere toda sociedad civilizada.
Mientras todo esto ocurre, el Fiscal más preparado que hemos tenido en la ciencia penal y criminológica, el alumno aventajado de Roxin y la esperanza de quienes padecemos este sistema judicial que enferma a nuestra sociedad, se enfrenta como trompadachín político a los contradictores del gobierno en titulares de prensa y se enfrasca en discutir si al procurador se lo hacen con o sin vaselina, cuando lo cierto es que a nosotros, los ciudadanos, desde hace años nos lo están haciendo sin vaselina.