La Ingenua Agenda por la Igualdad Laboral

Por Ximena Peña 

Las mujeres colombianas se dedicaron a prepararse y a trabajar durante las últimas tres décadas, llevando a cabo una revolución silenciosa. Mientras que la participación masculina se mantuvo estable, la femenina se duplicó, pasando de 30% a 60% entre 1976 y 2006. Además, las colombianas son más educadas que los hombres pues tienen en promedio 10,7 años de educación, mientras que los hombres sólo 10,3. Esta ventaja educativa femenina se ve incluso en los niveles educativos más altos; hoy en día hay 5 mujeres por cada 4 hombres con educación universitaria entre 25 y 40 años. Estas cifras tienen impactos definitivos sobre la estructura misma de la sociedad, y generan nuevas y urgentes necesidades en términos de políticas públicas. A pesar de la mejora en las características de mercado laboral de las mujeres, y de que la igualdad de género está garantizada en la Constitución (artículos 13 y 43), la brecha salarial en Colombia sigue siendo alta y significativa: para el mismo trabajo, a un hombre en promedio le pagan 14% más que a una mujer.

El pasado 6 de marzo la Consejería Presidencial para la Equidad y 12 gremios económicos suscribieron la Agenda por la Igualdad Laboral, que pretende “potenciar el papel de las mujeres y concretar acciones específicas que aseguren su inclusión efectiva en el sector laboral.” Se comprometen a desarrollar doce objetivos bien orientados, que reflejan las necesidades femeninas en el mercado laboral colombiano. Disiento de los firmantes pues no considero que la Agenda sea “un paso importante para cumplir con el principio constitucional de igualdad”. La Agenda, aunque bien intencionada, es ingenua. No mide el nivel inicial de los indicadores (o línea de base), y por tanto va a ser imposible determinar a ciencia cierta si se ha mejorado y cuánto. Además, no fija metas claras ni tiempos para cumplirlas. Como está planteado, el Consejo Gremial es juez y parte: debe cumplir los compromisos y decidir si los está cumpliendo. Además, siendo un pacto de buena fe por parte de empresas y gremios, no tiene ‘dientes’ o mecanismos para asegurar su cumplimiento. Los dolientes, que somos todas las colombianas, hemos demostrado ser poco eficaces en organizarnos y exigir nuestros derechos.

Para mejorar las posibilidades de que el Pacto surta algún efecto, es necesario no sólo generar la información de cuál es la situación actual, sino también tener buena difusión de los indicadores iniciales, metas y tiempos de cumplimiento, para que los medios y la ciudadanía puedan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas.