Pensaría uno que para los colombianos es claro desde hace décadas que el mercado de drogas ilícitas se mueve por la demanda antes que por la oferta. Y sin embargo ahora, mientras el gobierno y las FARC negocian el tema ante la indiferencia del país, son pocos los análisis sobre el funcionamiento del mercado a nivel rural. Porque allí también funciona por demanda, antes que por oferta.
Las Farc y los capitalistas, toma II
Pensaría uno que para los colombianos es claro desde hace décadas que el mercado de drogas ilícitas se mueve por la demanda antes que por la oferta. Y sin embargo ahora, mientras el gobierno y las FARC negocian el tema ante la indiferencia del país, son pocos los análisis sobre el funcionamiento del mercado a nivel rural. Porque allí también funciona por demanda, antes que por oferta. Como escribí hace unos meses en este blog, basada en un trabajo de investigación realizado con Sebastián Rubiano y Julián Berrío, los pequeños intermediarios son determinantes para el cultivo de coca. Ellos, a quienes una de mis fuentes campesinas llamó “los capitalistas,” entregan dinero para insumos y compran la pasta de coca. En la coca, como en todas partes, sin “capitalistas” que inviertan, no hay negocio.
Sin embargo la estrategia de represión de los gobiernos de turno se ha enfocado en los cultivos y los cultivadores en el campo, y en los grandes narcotraficantes en las ciudades antes que en la demanda que generan estos intermediarios. Se sabe muy poco sobre ellos: quiénes son, cuál es su origen social, cómo operan dentro del negocio, cómo contactan a los campesinos, y cuál es su relación con el control territorial de los ejércitos irregulares (y regulares…)
Lo que sí parece ser claro es que varios frentes de las FARC son los “capitalistas” en sus zonas de influencia, y que otros frentes extorsionan a estos pequeños intermediarios, pidiendo una porción del negocio (“gramaje”) por dejarlos funcionar, y protegerlos.
En este marco la propuesta de las FARC, enfocada en el bienestar de los campesinos, suena extraña. Parte del supuesto que el negocio de la coca funciona por oferta: los campesinos cultivan porque han sido abandonados por el Estado, y en este cultivo radica el problema. Eso no es así de fácil, ni de claro.
Sin duda la inversión social en el campo es un deber político y moral de los gobernantes.
Pero poco tiene que ver con el negocio de la coca: después de todo hay vastas zonas del país propicias para el cultivo de la hoja, abandonadas a la miseria, donde no prosperan los cultivos ilícitos. Y no se debe a que exista una mayor cultura ciudadana, sino por la pedestre razón que no hay quien la compre. La presencia o no de compradores depende de otros factores poco conocidos, como son la presencia de trochas ancestrales, ríos navegables, rutas aéreas clandestinas, y otras formas de mover la pasta. Depende también, como en todo negocio, de la presencia de redes familiares y comerciales en el lugar en el cual se piensa invertir dinero.
Espero que por lo menos a espaldas del país las FARC estén negociando la forma de salirse del negocio, y entregar sus rutas y sus socios. Así sea por el interés en saldar cuentas con los americanos.
Sin embargo la entrega de rutas y socios no basta, pues, como suele suceder, a nivel local las FARC serán rápidamente reemplazadas por otros compradores, otros capitalistas interesados en el mejor negocio de todos los tiempos en el campo colombiano. Así, se está perdiendo quizá una oportunidad histórica para utilizar el conocimiento local de las guerrillas para diseñar instituciones capaces de identificar, judicializar y desmantelar con rapidez las redes de intermediarios que, cargados de dinero en efectivo, son la voraz demanda que mueve el mercado de la coca en el campo.