Lo de arriba y lo de abajo: el lío de la minería.

Por Juan Camilo Cardenas

Lo de arriba y lo de abajo: el lío de la minería.

Dos cosas buenas le pasaron a Colombia en estos años. Una Constitución que le dio mas poder a las regiones y a las comunidades para definir qué puede pasar con su territorio y su entorno de vida. La otra es un boom en los precios de los commodities; resulta que debajo de ese territorio estamos llenos de minerales valiosos en esos mercados. Las dos son buenas, pero juntas han resultado problemáticas. Pasamos de un país que ignoraba que existían cerca de cien pueblos indígenas y mas de 160 consejos comunitarios de comunidades negras, a un país donde los indios y los negros estorban para el “desarrollo”. Vivíamos en un país que poco sabía de páramos –excepto ese grupo de ambientalistas que lo venía enseñando desde que esos europeos pioneros como Guhl, Kraus o van der Hammen comenzaron a dar lora con esto en nuestro país. Ahora los páramos le importan a cientos de miles en las ciudades donde su acueducto si puede estar amenazado por la afectación de esas fábricas de agua debido a la minería, cuando no se habían dado cuenta que desde hace décadas los sistemas de producción agrícola y ganadera venían mermando esa posibilidad de regular las cuencas desde hace mucho tiempo.

Irónico, pero el boom minero puso a los páramos en el mapa nacional.

Mientras tanto, los eventos mas recientes como el de Piedras (Tolima) y el de Tauramena (Casanare) tienen debatiendo a ambientalistas, juristas, mineros y anti-mineros sobre el poder de las consultas populares para frenar las versiones de “desarrollo” que no van con las preferencias de las comunidades. Cesar Rodriguez resumió recientemente lo que si dijo y lo que no dijo la corte en su fallo ya que unos y otros reclaman victorias aparte cuando la Corte recalcó que los recursos del subsuelo son de la nación y que las comunidades tienen derecho a expresarse y que la nación debe consultarlas al momento de definir proyectos mineros que afecten su bienestar.

Fue precisamente el resultado abultado de Piedras que me llevó a desempolvar la historia de la Isla de Navassa en el Caribe en la que el boom del guano en los 1860s llevó a colonizar y montar operativos mineros de extracción de excrementos para abastecer un mercado desesperado por conseguir fertilizantes para repotenciar la agricultura de Estados Unidos de mitad del siglo XIX. En muy pocos años pasaron de tener un negocio redondo, a una tragedia de derechos humanos y muerte que cerró las posibilidades económicas de un buen negocio y de empleo.

Esas dos paradojas de Piedras y Navassa me llevaron a escribir este otro artículo que concluye con el punto que quiero destacar aquí: mientras no resolvamos el lío de lo de arriba y lo de abajo, seguiremos estancados sin poder resolver el problema del “desarrollo” del país. El lío es este: las comunidades de este país si tienen poder constitucional para tomar decisiones que definan aspectos fundamentales del uso del territorio y su entorno de vida. La nación si tiene derecho para definir los usos de los recursos del subsuelo. Esto tiene de entrada una premisa: que el territorio no incluye el subsuelo, algo que los pueblos indígenas siguen cuestionando dada la integralidad del subsuelo y el suelo en uno solo. Esa decisión de darle la propiedad del subsuelo a la nación se ratificó en la constituyente del 91, pero tiene una tradición de siglos, desde la ley castellana, y que permeó a todos los países hispanoparlantes de América.

Hace poco, junto a Juan Felipe Ortiz y con el apoyo técnico del MinAmbiente, el Instituto Humboldt y el IDEAM tuvimos la oportunidad de comenzar a construir un nuevo espacio de diálogo entre actores con posiciones muy distantes frente al problema del agua, la agricultura y la minería en Santurbán, Santander. En ese diálogo, después de 10 horas, se pudieron generar acuerdos sobre principios de modelos de desarrollo locales para construir conservación del páramo, extracción minera y agricultura, y acuerdos para una transición gradual hacia la producción de bienes y servicios ambientales. Al final del día aun estábamos con alcaldes, empresarios mineros grandes y pequeños, representantes de cebolleros y sindicatos, representantes de los usuarios de los acueductos y municipios cuenca abajo, tratando de construir esos principios de definición del territorio desde esa diversidad de actores. Al cierre, sin embargo, quedaba en el aire el lío jurídico que esos acuerdos no podrían resolver desde lo local o lo regional. Lo de arriba se define con las comunidades, lo de debajo se define en Bogotá.

Por ahora las posibilidades de construir espacios de diálogo en donde quepan los distintos modelos de desarrollo local estarán limitadas por este lío que no debe ser fácil de resolver. Ni Pepe Mujica ni Evo Morales renunciaron a la chequera de los minerales e hidrocarburos, esas chequeras de dineros frescos para cumplir promesas de campaña y mantener en funcionamiento el estado de bienestar por el que votaron sus seguidores. Por eso el mecanismo constitucional de mantener el subsuelo en manos de la nación y el territorio en manos de las comunidades, así sea parcialmente, seguirá siendo el dilema para poder cumplir todas esa parte de la constitución que habla del derecho a la multiculturalidad, a la diversidad y a derechos como el ambiente sano y a que cada comunidad decida cuánta agua, bosque, carreteras, empleo y comida quieren.