Nadie nos va a devolver a los muertos: El bien público invisible

Por: Rafael J. Santos

En la mañana del 18 de mayo los medios difundían las primeras imágenes de una avalancha de lodo en el suroeste de Antioquia.  La Liboriana rugió. A las 3 de la mañana los habitantes más pobres de Salgar intentaron despertar de esa pesadilla en la que despertaban mientras la garganta del río se tragaba los cuerpos de sus vecinos.  93 murieron y cientos más llevarán consigo esas imágenes que nosotros ya olvidamos. 

Otro desastre natural afecta a Colombia excepto que este no es un desastre natural, este es un desastre político y social. Una avalancha no es un terremoto. Las fuertes lluvias de la noche activaron un mortero cuyo blanco se conocía desde hace rato. Las lluvias fueron en cierta medida sorpresivas pero se anticipaban sus efectos río arriba, sus víctimas ya se conocían. 

El casco urbano de Salgar está estructuralmente predispuesto a este tipo de desastres. Un pueblo atravesado por un río recibe el agua de una quebrada como dos manos juntas que buscan recoger agua. En las partes altas, el ganado genera erosión y facilita desprendimientos. En las partes bajas, a orillas del río, los más pobres viven en casas de cimientos débiles. Algunos trabajan en la trilladora de Café, otros en el matadero.

La historia de desastres del municipio refleja esta propensión a las inundaciones y deslizamientos. Según datos de La ONU entre 1982 y 2012 se presentaron 11 inundaciones. Las quebradas Cosme y Liboriana se desbordaron en 2007 y el desbordamiento afectó a 375 personas. Peñalisa, en el suroccidente (ver mapa), se inundó en 2010 y 2011 y 1350 personas se vieron afectadas.

Pero la evidencia de la predictibilidad del evento es mucho más directa. Varios han resaltado que la vulnerabilidad de Salgar se menciona en el Plan de Ordenamiento Territorial.  Pero esta vulnerabilidad no solo se menciona en el documento,  es uno de sus temas centrales. “INGEOMINAS, en su estudio de zonas de riesgo geológico, detalla que toda el área urbana se encuentra en una zona de alto riesgo por estar ubicada en un área influenciada por las dinámicas hidrológicas de la Quebrada La Liboriana.” (PP. 68).   

Quince años atrás, el Esquema de Ordenamiento Territorial de 2000 diagnosticaba la necesidad de obras de mitigación del riesgo y sugería la reubicación de viviendas en zonas de riesgo.  11 años más tarde el avance de estos proyectos era de un 0%.  Parte de los mismos debían ser ejecutados: Desde 1989 las administraciones locales tienen la obligación de reubicar las zonas de riesgo bajo responsabilidad civil y penal.

Más recientemente, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Salgar identifica las inundaciones y deslizamientos como los eventos de mayor riesgo en el municipio y presenta un mapa de las zonas de riesgo.  Ese mapa, que reproduzco aquí, muestra como la cabecera municipal  (la S acostada en  medio del mapa) es una de las zonas con mayor riesgo de inundación. Las imágenes que vimos por televisión corresponden en su mayoría a esta zona del municipio. En este mapa el corregimiento de La Margarita aparece con riesgo medio pero no sé hasta qué punto esto se debe a la desactualización del mismo.

El plan de Gestión de Riesgo diagnostica de manera precisa los riesgos de Salgar y propone planes de acción acertados pero, al igual que el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de 2000, la política se queda en el diagnóstico y el enfermo se queda sin tratamiento. Al llamar a la Alcaldía  me dijeron que estos planes no se habían llevado a cabo porque algo así nunca había ocurrido.  Pregunté si antes de la tragedia alguien monitoreaba el nivel de la Liboriana río arriba. La respuesta fue: Ahora lo estamos haciendo, antes no.

El mismo Plan de Gestión de Riesgo muestra que la implementación de un sistema de alertas tempranas tendría un costo de 75 millones de pesos. Es decir, el equivalente a compensar a 5 familias de las afectadas por la tragedia. Desde mi punto de vista, este sistema de alertas tempranas ha debido ser priorizado. No estamos hablando de la construcción de muros de contención o de la reubicación de las familias en zonas de riesgo.  Estamos hablando de un sistema de monitoreo de los ríos que se puede implementar en el corto plazo y que tiene el potencial de salvar cientos de vidas.

Este sistema de alertas tempranas tiene sin embargo un problema inherente: Es un bien público invisible o, en otras palabras, un bien que tiene dos veces los problemas de provisión de los bienes públicos.

En un escenario sin avalancha, no hay ningún beneficio tangible de tener, por ejemplo, un grupo de bomberos o tecnología monitoreando el nivel de las aguas 15 kilómetros más arriba, en Cerro Plateado. Un político preferiría invertir sus recursos en, por ejemplo, la intervención y mejoramiento del parque principal (la parte invisible). Peor aún, como parece ocurrir en Colombia, un político podría preferir entregar bienes particulares en vez de cualquier bien público (la parte pública). En política, laventaja de los bienes particulares sobre los bienes públicos es que permiten excluir a aquellos que no votan por el ganador.

En un escenario con avalancha, el sistema de monitoreo y alertas tempranas podría tener altos beneficios políticos. Los titulares harían referencia a las altas pérdidas materiales pero subrayarían las pocas pérdidas humanas gracias a los mecanismos de prevención del gobierno local. Este escenario es, sin embargo,  un escenario de baja probabilidad, un escenario  cuyo estallido cada gobernante espera  en otro mandato.  Este es el desastre político. El desastre social, sobre el cual no me detengo en esta entrada, es el hecho de que las tierras menos deseables y más vulnerables, son ocupadas por los más pobres.

¿Era imposible monitorear el nacimiento de la quebrada? Las siguientes palabras de Edilma Arango quien perdió a su hija y a su nieto en la tragedia son a la vez reveladoras y  angustiantes: “allá arriba sabían que eso estaba taponado y que se podía venir”.  Mi conclusión es que en Salgar y en general, en Colombia, algunos de los actores significativos que propician la condición de amenaza por inundación corresponden al sector político, ante la omisión de acciones que correspondan a evitar la construcción de viviendas en sector en peligro, y la poca o nula gestión ante el riesgo o vulnerabilidad. Pero estas no son mis palabras. En la frase anterior, no abrí comillas antes de algunos de los actores y  tampoco las cerré después del punto. Irónicamente estas palabras se encuentran en la página 41 del Plan de Gestión de Riesgo de Salgar.

Nadie nos va a devolver a los muertos dicen los políticos tal vez (espero) con algún cargo de conciencia. Nadie nos va a devolver a quienes no han debido morir; ojalá pensemos en proteger a los vivos.