Partidos a responder con dinero de reposición de votos.

Por Oskar Nupia (@OskarNupia)

Debería ser una vergüenza para el Estado que sus ciudadanos estemos financiando las campañas de partidos políticos que se valen de delincuentes para obtener votos. También debería ser una vergüenza para todos los partidos recurrir a esa práctica (casi todos la han usado). Pero como sabemos, los partidos nunca responden por sus candidatos “torcidos” y siguen gobernando y disponiendo de nuestros impuestos como si nada. Un ejemplo, entre 2004 y 2013, la Procuraduría destituyó a más de 800 funcionarios públicos de elección popular a quienes los ciudadanos les financiamos sus campañas ¿Tiene esto sentido? En esta entrada escribo una propuesta para disminuir los incentivos que tienen los partidos políticos a conseguir votos a cambio de avalar candidatos hampones.   

La propuesta. Que los partidos políticos (no los candidatos) hagan la devolución del dinero de la reposición de votos respectiva cuando alguno de sus candidatos elegidos en cualquier cargo de elección popular sea “pillado en un ilícito” (ver la definición de “pillado en un ilícito” al final de la entrada). La devolución del dinero se debe hacer con intereses a la tasa de usura. También podría considerarse lo mismo para: (1) candidatos no electos; (2) campañas de otros candidatos del mismo partido que se hayan beneficiado de los votos del candidato en cuestión. Investigando un poco, me di cuenta de que una propuesta similar, pero solo relacionada con narcotráfico y paramilitarismo, estuvo sonando durante el 2007 (ver aquí) ¡Como era de esperarse, los partidos políticos no la apoyaron!

El problema de incentivos. Grosso modo, la cosa funciona así: el Partido sabe que hay un Cacique en una región que le pone tantos votos. Lo que pide el Cacique a cambio de los votos es que se le permita capturar rentas públicas en su región. Para asegurarse de esto, el Cacique pone su candidato regional que debe ser avalado por el Partido. Como pago, el Partido recibirá esos votos para elegir otros políticos en otros cargos de elección popular más influyentes (senadores, representantes y hasta presidente).

¿Cuáles son los costos para el Partido de dar este aval? Casi cero. Primero, el Partido puede movilizar esos votos con el anticipo de la reposición de votos. Es decir, lo hace con plata delos ciudadanos. Segundo, el partido nunca afronta un costo reputacional por ese aval. Nunca he visto que la corrupción afecte la reputación de un partido político en este país. ¿Cuáles son los beneficios? Muchísimos. Como se dijo antes, con los votos del Cacique, el Partido obtiene cargos de elección popular más influyentes. En cada uno de estos cargos, el Partido disfruta de las mieles de los recursos del Estado. Pero como si fuera poco, el Partido recibe un premio en dinero por cada voto que obtiene en una elección (la reposición), la cual la pagamos los ciudadanos.

Así, es claro que el beneficio que recibe un partido político en Colombia por avalar un hampón a cambio de votos es infinitamente mayor que su costo. La propuesta de esta entradas podría ayudar a eliminar este incentivo perverso ¡Supongo que los partidos políticos, tan interesados en la confianza y los votos de los ciudadanos, apoyarán esta propuesta!

Ejemplo. Kiko Gómez fue elegido con 122 mil votos aproximadamente. Para las elecciones de 2011, la reposición por cada voto obtenido en una campaña a gobernación era de $2.689. Eso da 328 millones de pesos que le pagamos los colombianos a Cambio Radical por avalar una persona que con una alta probabilidad era un criminal. Gómez fue destituido a los dos años. Con intereses, en 2013,  Cambio Radical hubiera tenido que devolverle al Estado algo así como 600 millones de pesos. Para mí, poco, pero igual ayuda a disciplinar. Además, como este caso hay cientos en el país.

**El “ser pillado en un ilícito” implicaría:

(1) Ser condenado por cualquier delito relacionado con corrupción, homicidio, masacre, secuestro, narcotráfico, apropiación indebida de tierras, desplazamiento, bandas criminales, etc., el cual haya sido cometido previamente o durante su gestión;

(2) Ser destituido por la procuraduría (aquí habría que elaborar mejor por los caso ya conocidos) o;

(3) Se le anule su elección por cualquier razón.