Paz CON la Naturaleza: la paz como tranquilidad

Por Juan Camilo Cardenas*.

* Advertencia, si llega al final, le voy a pedir al lector que llene una encuesta de 4 preguntas rápidas.

En una de sus últimas visitas a Colombia, Jane Godall compartió con nosotros la historia de unos niños que participaban en un programa de reforestación en un país africano que había sido arrasado por el conflicto armado. El gobierno permitió la actividad pero exigió que soldados acompañaran a los niños a la siembra de árboles. En un momento una pequeña niña tenía mucha dificultad para excavar el hueco donde sembraría su árbol. Un soldado que observaba vio el esfuerzo de la niña y se acercó a ayudar. Se dio cuenta que su rifle estorbaba y decidió dejarlo a un lado, recostado en alguna piedra o un árbol, y así pudo inclinarse y ayudarle a abrir el hueco para la siembra. Al poco rato el resto de soldados soltaron sus armas y se dedicaron a ayudar a los demás niños. Es fácil visualizar la escena de los rifles a un lado y las manos de soldados y niños sembrando árboles.

La construcción de paz, con o sin acuerdo ratificado en un plebiscito, requiere que cambiemos la concepción de paz que tenemos. Si concebimos la “paz como seguridad” corremos el riesgo de seguir repitiendo errores del pasado en que se crean mercados legales para proveer seguridad para quienes la pueden pagar, y mercados ilegales de seguridad para quienes se ven obligados a pagarla como extorsión o eligen financiarla ante la ausencia de las fuerzas legítimas. El deber del estado es defender la integridad de la vida humana y sus bienes, y por eso el ejemplo clásico de texto del último bien público que hasta los más libertarios aceptarían para que un aparato gubernamental exista sería proveer seguridad. Desafortunadamente la paz como seguridad se desdibujó en cuanto el estado continuó teniendo dificultades para cumplir ese mandato de texto, y mientras tanto la provisión de seguridad terminó distorsionada por esos mercados legales e ilegales de provisión privada de ese servicio que hoy ya nos parecen normales en el día a día, y que solo disfrutan los privilegiados que la compran o los extorsionados con su vacuna.

¿Por qué hablar de paz como tranquilidad? Porque la tranquilidad es más parecida a los bienes universales. En la definición de Vincent y Elinor Ostrom, los bienes universales son aquellos cuyo bienestar para quien los consume aumenta en la medida en que más personas alrededor de ellos también los disfruten. El disfrute de los demás de un bien universal aumenta mi propio disfrute del mismo.

Con esa concepción de paz, quiero avanzar aquí en una propuesta que lancé en el Seminario “El Cuidado de la Casa Común: Lecturas desde la Economía” que se desarrolló el 18 de abril de este año, organizado por la Universidad Javeriana a partir de una serie de eventos para promover un diálogo de la Carta Encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En ese foro (ver primeros 15 minutos de este video) hice la siguiente propuesta con el ánimo de abrir una discusión entre diferentes grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e internacionales, y agencias del estado. Esta iniciativa resuena con la discusión que Clare Fieseler recién planteó en su artículo en National Geographic sobre el papel de los desmovilizados en la conservación.

La propuesta consiste en construir proyectos de restauración y recuperación de ecosistemas degradados por el largo conflicto Colombiano en los cuales los soldados que se desmovilicen, reconozcan sus crímenes y sean juzgados, paguen sus sentencias a través de su trabajo en esos procesos de restauración ecológica y de la mano de las comunidades más afectadas por esa degradación dentro de proyectos claramente establecidos con metas, indicadores y un sistema de seguimiento de la misma comunidad y con apoyo externo.

Hasta el momento no he encontrado limitaciones jurídicas a esta alternativa de pago de sentencias y de reparación dentro del marco jurídico actual, incluso sin firma de acuerdos en La Habana. Dificultades para su implementación pueden existir, como enumero más adelante. Posibilidades de que sea una forma de construir una paz entendida como tranquilidad también hay muchas.

Quiero hacer énfasis en las mayúsculas de “la paz CON la naturaleza”. Me refiero a los dos significados de la preposición. Paz a través del territorio, y paz para con el territorio. Los ecosistemas han sido los literales teatros de guerra de este conflicto. Cultivos de coca, minería ilegal, deforestación, potrerización, derramamientos de petróleo, desecamiento de ciénagas, han sido todas expresiones de ocupación del territorio para dominar al contrincante.

En el segundo significado de la preposición, pensemos el territorio como espacio para la reconciliación porque es allí donde se pueden encontrar las posibilidades de producir y compartir bienes de uso común vitales para las comunidades que más han sufrido el conflicto. Esa producción de bienes ambientales de uso común se complementaría con ese bien universal de la tranquilidad. La naturaleza siempre estará preparada para acoger a quienes se quieran encontrar en sus diferencias. Usemos la naturaleza para hacer la paz, hagamos las paces con la naturaleza.

Como prueba de este argumento, un reciente estudio experimental de Bratman, Daily, Levy y Gross (2015) mostró que estar expuesto a la naturaleza aumenta las habilidades para el afecto, reduce la ansiedad y el fenómeno de “rumination”, además de aumentar habilidades cognitivas para tareas complejas y de memoria.

La propuesta se soporta en dos estrategias complementarias sustentadas en la reconciliación a través de un nuevo contrato social con y desde la naturaleza: por una parte aprovechar la justicia transicional con su espíritu de justicia reparativa o reconstructiva, y por otra, responder al reto que se ha propuesto el país para con la comunidad internacional de reorientar nuestro modelo de desarrollo hacia un crecimiento verde sustentado en la conservación, el ecoturismo y la inversión en capital natural.

Es en el territorio y sus ecosistemas que el conflicto armado ha encontrado una de las expresiones más crudas de violencia rural y de degradación ambiental. El despojo que han sufrido millones de víctimas en este conflicto se ha visto expresado precisamente en perder sus posibilidades de vivir en un territorio que les provee agua, comida y materiales para su vida diaria. Estas décadas de conflicto han eliminado esa posibilidad para muchos.

Quienes se acojan a la justicia transicional podrían pagar sus penas restaurando los ecosistemas degradados por el conflicto y por ende reparando a las víctimas de esas comunidades que vivían de esos bienes y servicios ambientales que fueron afectados por el conflicto o las actividades económicas que alimentaban el despojo y el conflicto. El sistema jurídico actual permite perfectamente esta modalidad de pago de penas como alternativa a la privación de libertad en las ya hacinadas cárceles. Restaurar el territorio puede ser una posibilidad de construir vínculos de reconciliación entre las comunidades de las víctimas y victimarios de manera que a través del territorio se puedan transformar las emociones de miedo a la impunidad o el deseo de venganza hacia una reconstrucción de la base natural de convivencia que es el territorio. Las víctimas reclaman en muchas ocasiones precisamente eso, el poder volver al territorio y que sus medios de vida sean restaurados. De esta manera habría reparación, restauración de vínculos y mejoramiento de los medios de vida.

Uno de los mejores testimonios que he leído recientemente de reconstruir el territorio y la comunidad trabajando mano a mano entre víctimas y victimarios lo relató Juanita Velez en su crónica “La verdadera ruta de la paz” en La Silla Vacía  el pasado 23 de marzo. Allí se cuenta cómo después del desminado de una vereda en el oriente antioqueño un grupo de campesinos hicieran una primera colecta de $14 millones para reconstruir una carreteras que les abriría de nuevo los mercados a sus productos en la carretera Bogotá-Medellín. A partir de allí y muchos convites se dio el proceso de reconstrucción de las posibilidades de Santa Ana en Antioquia.

Pagar penas restaurando ecosistemas no solamente es una propuesta jurídicamente viable, sino económicamente sensata. Los costos de implementar una política basada en la privación de la libertad pueden ser sustancialmente mayores mientras que a través de esta propuesta se pueden generar beneficios económicos netos del proceso restaurativo, adicionales a los beneficios emocionales y sociales de reconstruir territorios degradados para ser convertidos en potenciales generadores de bienes y servicios ambientales.

Dificultades hay muchas por resolver. Las primeras que surgen y que los lectores pueden complementar o discutir:

• Restaurar ecosistemas es difícil y costoso, además de lento. Para ello hay que comenzar a buscar los casos donde la tecnología de restauración ha sido mas exitosa y que incluya un ambiente en la comunidad abierto a esta posibilidad con el apoyo y monitoreo del estado u otras organizaciones.
• Verificar el avance de los procesos de restauración es costoso, por lo que será necesario vincular a la misma población a realizar ese monitoreo. Es precisamente cuando las comunidades se adueñan de los procesos de monitoreo que se dan procesos más exitosos de manejo de zonas forestales.
• Definir el equivalente en trabajo en estas actividades de restauración es dispendioso y será tarea de la justicia definir esas penas.
• Se puede poner en riesgo la vida de comunidades y de excombatientes y por tanto será necesario un programa de acompañamiento integral de la fuerza pública y todas las organizaciones acompañantes.

Existen ya lecciones de experiencias en otros países en vincular excombatientes a actividades asociadas a la conservación, pero eso daría para toda una nueva entrada en este blog. Por ahora he planteado aquí los argumentos generales. Faltaría mucho por definir sobre el diseño de un programa tan ambicioso y arriesgado.

Mientras tanto, sus respuestas a esta encuesta me pueden dar pistas de su opinión sobre la iniciativa.