Pujas de poder disfrazadas de juridicidad. El caso de Piedad Córdoba.

Esta de moda disfrazar las pugnas de poder mediante acciones que se libran soterradamente en los tribunales disfrazadas de juridicidad, cuyos trasfondos reales son las luchas sin cuartel que libran entre si los poderes públicos colombianos.

Una de ellas es la tutela que interpusieron los abogados de Piedad Córdoba hace un par de años, que busca tumbar la decisión con la que Ordoñez la destituyó e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 18 años.

El tema ha trascendido a los medios de comunicación someramente porque, pese a haber pasado todo ese tiempo, la tutela sigue dando vueltas en la Corte Constitucional, sin que se haya podido proferir un fallo definitivo a favor o en contra de la cuestionada decisión disciplinaria.

Independientemente de la discusión política que se pueda dar en torno a Piedad Córdoba; tema que no pretendo analizar en esta entrada, lo que en ese proceso se está definiendo, es un asunto que se debería fallar en derecho, tal como corresponde al trámite de una tutela y no en atención a intereses políticos o de otra índole, diferentes a la estricta juridicidad que debe imperar en las discusiones de cualquier tribunal, máxime cuando del de cierre constitucional se trata.

Sin embargo, lo que se ha visto en este caso, es el trámite accidentado de una acción constitucional, que se supone debió haberse fallado en términos que no deberían haber excedido algunos días, tal como corresponde al régimen legal de la acción de tutela, pero que ya hay que contar en años.

La tutela busca que la Corte defina si; constitucional y legalmente, puede el procurador, destituir a los congresistas elegidos por voto popular, a pesar de que existe un juez natural disciplinario como es el Consejo de Estado, que a través de las acciones de pérdida de investidura sería el único competente para poder revocar el querer del elector, cuando sus representantes en el congreso hubieren cometido una falta que lo amerite legalmente.

Contrario a centrarse en la discusión jurídica, que no es de poca monta, lo que se sabe en los pasillos del poder judicial, es que las discusiones han tomado un rumbo en el cual se analiza el impacto que esa decisión puede tener en la opinión pública, por tratarse de un asunto que involucra a la controvertida y contestataria Piedad Córdoba.

Otra de las preocupaciones de los magistrados en sus deliberaciones, es el impacto que tendría acceder a las pretensiones de la tutela, en tanto que; los demás procesos en los que el procurador ha destituido congresistas también se caerían, con la consecuente carga de impacto mediático y de opinión que eso le podría generar a la Corte Constitucional.

Esas, que son consideraciones que van mas allá de la labor del juez, no son sino la punta del iceberg que se asoma de la que en verdad es la puja de poder que libra Ordoñez, no solamente porque la destitución de Piedad es el que él considera uno de sus principales triunfos políticos, conseguido al inhabilitar a quien representa todo lo contrario a sus cavernarias ideas, sino porque perdería gran parte del poder que ha amasado a partir de tener la potestad de investigar a los congresistas, en caso de que la tutela llegue a prosperar.

Ejerciendo esa facultad, hemos visto procesos en los que Ordoñez destituye a sus contradictores políticos pero, absuelve a sus copartidarios conservadores que ya han sido condenados -esos si por su juez natural, la Corte Suprema de Justicia- por idénticos hechos y pruebas que Ordoñez analiza bajo el tamiz de sus intereses políticos e ideológicos, llegando a conclusiones absolutorias cuando los jueces competentes han proferido condenas.

El gran verdugo de sus contradictores ideológicos, es el gran absolutor de sus aliados políticos.

El poder que se desprende de la facultad de arrodillar al congreso es el verdadero punto de discusión que dilata el fallo de una tutela que se discute en medio de una lucha de poderes, mucho mas importantes que el hecho de devolverle a Piedad Córdoba sus derechos políticos o no.

De hecho, ese fallo se podría convertir en el vehículo para garantizar al congreso su independencia frente al poder omnímodo, aunque pasajero del Procurador y a este le podría representar el despojo de semejante potestad.

La realidad es que muchos congresistas investigados por Ordoñez -los mismos que eligen a los magistrados de la Corte Constitucional-, hacen fuerza entre sus allegados para que el fallo desfavorezca las pretensiones de Piedad, sin darse cuenta que ella es el florero de Llorente de una tensión que en verdad busca determinar quién es el competente para investigarlos disciplinariamente, dependiendo en gran parte, su independencia de ello.

Estos congresistas corto-placistas no se dan cuenta que hoy están tranquilos con Ordoñez  pero mañana puede ser otro procurador el que llegue a jugar el perverso juego en su contra, cuando sean otros partidos o corrientes ideológicas las que impongan al jefe del Ministerio Público.

En medio de semejante pulso, que mas allá de lo jurídico contiene una maraña de intereses cruzados con el ejercicio del poder político, se mezclan otros asuntos de igual o mayor trascendencia, que también son extra-jurídicos y que tocan con el poder, pero a un nivel mas mundano.

Son los hilos de poder del procurador que permean la Corte Constitucional.

Desde antes de su reelección, la silla vacía investigó los círculos de poder que Ordoñez ha formado con otros órganos del Estado a través de la enorme burocracia de la Procuraduría.

Uno de esos capítulos mostraba cómo, además de los congresistas que lo eligieron y lo reeligieron, también a los magistrados de las altas cortes, Ordóñez les nombró personas cercanas e incluso parientes.

Es el caso del magistrado conservador de la Corte Constitucional, el Doctor Jorge Pretelt, cuya esposa trabaja y es subalterna del demandado Ordoñez en la tutela de Piedad Córdoba que debe fallar su marido.

Adicionalmente, anota la misma investigación, que la hermana de este mismo magistrado fue nombrada por el Procurador en un cargo administrativo y atribuye a Pretelt, una gran cercanía con el procurador judicial ll en el departamento de Córdoba, Guido Gómez Ordosgoitia, también nombrado por Ordoñez.

Así las cosas, sorprende que en un caso de tamaña trascendencia no se haya estudiado el posible impedimento en el que estaría incurso el esposo, hermano y amigo de los subalternos del tutelado, ya que podría estar afectada su imparcialidad en el momento de proceder a votar a favor o en contra de los intereses jurídicos y-o políticos de Ordoñez.

El de Pretelt podría ser el caso mas notorio de la posible existencia de un impedimento; sin embargo, valdría la pena preguntar cuántos de los actuales magistrados de la Corte Constitucional fueron elegidos con la ayuda decidida de Ordoñez y sus círculos de poder -tanto en las cortes que los ternaron, como en las bancadas del congreso en las que tiene injerencia-, para determinar si son o no jueces imparciales que puedan fallar en derecho esta trascendental tutela que definirá si Ordoñez sigue o no teniendo entre sus manos al Congreso de Colombia.

Coletilla:

Otra puja de poder disfrazada de juridicidad es la que libran la Contralora y el Fiscal.

Son gravísimas las acusaciones de Sandra Morelli en contra de Montealegre en el sentido de que ha recibido honorarios de Palacino después de haber sido nombrado fiscal y que por ello está torpedeando las investigaciones en contra de SALUDCOOP desde su cargo.

De ser ciertas, deberá probarlas y en ese hipotético caso, el Fiscal debería irse del cargo pero; si no son ciertas, la que debe dimitir es la Morelli.

No se puede jugar de esa manera con la institucionalidad del País.