Sobre los costos del conflicto: entrega 2

Entrega 2: algunos costos del conflicto en lo productivo

Esta nota es la segunda entrega de un post que resume evidencia sobre los costos del conflicto en Colombia, surgida de investigaciones conducidas en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en la que somos profesores quienes escribimos este blog. Busca sumar elementos analíticos al proceso de reflexión en que estamos, o deberíamos estar, inmersos los colombianos, ahora que nos aprestamos a depositar nuestro voto de apoyo o rechazo a lo pactado. El martes pasado publiqué la primera entrega, concentrada en los costos sociales del conflicto. Hoy publico la entrega 2, sobre los costos en lo productivo. Las investigaciones resumidas en estos posts, y muchas más realizadas en la Facultad, están ahora listadas en una base de datos de investigaciones sobre conflicto. 

Hay muchas maneras en que el conflicto ha afectado el desarrollo productivo del país, golpeando, en última instancia, la capacidad de generación de ingresos de las personas, tanto victimizadas como no. Para comenzar, las marcas que el conflicto deja en el capital humano y los activos productivos de las víctimas (reseñadas en la primera entrega de este post) se ven directamente reflejadas en una disminuida actividad productiva.  Pero hay otro canal por el cual el conflicto afecta la capacidad productiva de la economía: mayor riesgo de hacer negocios, que a su vez conduce a la desaparición ineficiente de empresas que sin conflicto habrían sido rentables; a una menor dinámica de creación de nuevas empresas; y a menor inversión en las empresas existentes. Y, a diferencia del impacto vía las víctimas directas, este canal acaba afectando a toda la población, con intensidad concentrada en los pobladores de las áreas más afectadas y en las personas afiliadas a sectores más directamente relacionados con el conflicto.

Adriana Camacho y Catherine Rodriguez han encontrado que los ataques contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto incrementan la probabilidad de que un establecimiento productivo decida abandonar el mercado. Según mis cálculos a mano alzada, el tamaño de los efectos que estiman implica que, en un año promedio entre 1993 y 2008, los cincuenta municipios que experimentaron más ataques sobre la población civil vieron más que quintuplicada la probabilidad de desaparición de sus establecimientos productivos.  Y eso en una estimación que empleó datos del sector manufacturero, que no parece ser aquel donde los efectos del conflicto son más fuertes.

Varios análisis señalan que los sectores agrícolas, y más en general los que dependen de recursos naturales, son en realidad los que cargan con el mayor peso de los costos del conflicto en producción. Hernando Zuleta y Laura Beatriz Gómez estiman que, por la distribución regional de la actividad agrícola, la afectación de este sector por el conflicto es análoga a tener el 19% de la actividad agrícola y silvicultora concentrada en el departamento con mayor actividad violenta asociada al conflicto. La cifra es muy similar para el sector de minas y canteras, pero menor para los demás sectores: alrededor de 14%. Y encuentran también que, cuando un municipio es sometido a una ofensiva de un grupo ilegal, se reduce la tasa de crecimiento de su PIB agrícola en alrededor de un punto porcentual en el año de ocurrencia. El efecto sobre el crecimiento del sector servicios es de alrededor de 0.5% y en el sector industrial alrededor de 0.7%.

Por supuesto, actividades de servicios que dependen de manera intensiva de los recursos naturales, tales como el ecoturismo, se ven también profundamente afectadas.  Un estudio en que participa Jorge Higinio Maldonado estima, por ejemplo, que en un escenario de paz el aviturismo podría generar nueve millones de dólares de ganancias al año y más de 7,000 empleos, que no se vienen generando a pesar del enorme potencial del país para el avistamiento de aves, por las pobres condiciones de seguridad en el campo.

Además de la pérdida directa de activos productivos y capital humano, y del mayor riesgo para la actividad productiva, especialmente la asociada al campo, el conflicto depreda recursos naturales cruciales para la sostenibilidad del desarrollo económico. Estos son activos fundamentales para la producción en el futuro más lejano, y su pérdida es un costo del conflicto cuya dimensión en términos de producto perdido sólo se conocerá en décadas, pero cuya expresión en términos de bosques perdidos ya se puede observar. Usando datos relacionados con la violencia paramilitar, Leopoldo Fergusson, Darío Romero y Juan Fernando Vargas muestran que la dinámica de deforestación fue mucho más intensa en los municipios más cercanos a los centros de actividad paramilitar durante los años de apogeo de estos grupos. Y, su análisis sugiere réditos efectivos de haber desactivado esa arista del conflicto: la deforestación en esas regiones convergió a los niveles del resto del país luego de que las fuerzas paramilitares se desmovilizaron.

Éstas y muchas otras investigaciones apuntan a pérdidas productivas asociadas al conflicto, a través de múltiples y muy diversos canales. Ahora, ¿cuánto podría ganar el sector productivo como un todo si el país se pacificara? ¿Cuánto más PIB tendríamos si ese milagro ocurriera? Es una cuenta arriesgada de hacer. Todos los análisis reseñados hasta aquí utilizan datos de Colombia y cuantifican los costos de los colombianos afectados comparándolos contra colombianos similares no afectados; o comparando un municipio afectado, o más afectado, contra otro de menor afectación. Es decir, todos los números mencionados arriba nos hablan de cómo el conflicto ha empobrecido a un sector de la economía y la sociedad colombiana. La pacificación traería, entonces, grandes réditos para ese sector, cerrando brechas con respecto al resto de Colombia. 

Y, sí. Esas ganancias tienen también que traducirse en ganancias económicas para el país como un todo, pues las brechas se cierran porque a un sector le va mejor sin que a otro le vaya peor. Maria Alejandra Arias, Adriana Camacho, y Ana María Ibáñez,  en su libro “Costos Económicos y sociales del conflicto” recopilan y resumen estudios que, con base en evidencia como la ya discutida (comparación de PIB entre municipios con más y menos violencia, por ejemplo) estiman efectos en el crecimiento anual del PIB tan grandes como 4% .

Pero el monto de ganancia de PIB total es necesariamente menor a las ganancias que los individuos afectados, los municipios afectados, o los sectores afectados recibirían, que son los que los enfoques metodológicos de esos estudios permiten inferir. Esto porque esos individuos, municipios y sectores no representan una fracción mayoritaria del PIB del país. Así lo explica un análisis de Marc Hofstetter. Por ejemplo, se espera que el agro sea el sector que más gane, pero el agro pesa sólo 6% de la actividad económica, así que cualquier unidad de ganancia en el PIB  agropecuario (digamos cien puntos) sólo impactará el nacional en 6% de esa unidad (seis puntos de esos cien). El análisis de Marc indica que, para que el crecimiento de la economía colombiana suba de manera sostenida en un punto porcentual a causa de un mayor crecimiento en el agro, éste tendría que crecer a una velocidad que lo llevaría a pesar 15% en el PIB  a la vuelta de diez años. Ese es un escenario altamente improbable si se recuerda que una característica del desarrollo es que el agro cada vez participa menos en el PIB de cualquier economía, y que economías medianamente comparables pero a salvo del conflicto armado (Brasil, Chile, México, Argentina, Perú) tienen agros que pesan entre 3% y 9% en el PIB.

El análisis de Marc muestra también que, si bien una pacificación del país dejaría marcas permanentes en el PIB, no hay por qué esperar que las deje de manera permanente en el crecimiento del PIB. Piense, por ejemplo, en las pérdidas de educación mencionadas en la primera entrega de este post. Sin conflicto, un niño de las zonas azotadas completará una educación un año más extensa, con ganancias para toda su vida en su nivel de ingreso (cálculos de Fabio Sánchez sitúan el retorno de un año más de educación básica en cerca de 700mil pesos de hoy al año). Lo que no se puede inferir de ese hallazgo es que ese individuo seguirá acumulando más y más educación a lo largo de toda su vida. Es decir, la paz implicaría mayor nivel de educación para el individuo, no mayores tasas de incremento de su nivel educativo durante toda su vida. Así mismo, se puede esperar una ganancia de PIB derivada del fin del conflicto, que probablemente se demore unos años en completarse. Durante ese periodo, el crecimiento de la economía será mayor. Pero ninguno de los argumentos o resultados resumidos en esta nota sugiere, en mi opinión, un incremento permanente de la tasa de crecimiento.

En conclusión, los estudios reseñados aquí (y muchos otros no cubiertos por esta nota) sugieren importantísimos costos económicos del conflicto. Estos recaen sobre una fracción importante de la población que, además, es también más vulnerable que el resto en aspectos diferentes al conflicto (calidad de las instituciones en sus municipios, acceso a educación, etc). El conflicto, por tanto, ha profundizado las ya enormes inequidades que aquejan al país. Cabe esperar que una eventual reducción de su intensidad tenga un enorme impacto económico sobre esa parte de la población y las regiones, y contribuya a cerrar muchas de las tercas brechas que hacen que Colombia no sea uno, sino muchos y muy diferentes países. Seguramente traería también un rédito para el agregado del sector productivo, aunque éste no sea ni el más importante ni el más masivo de los beneficios de una hipotética pacificación.

Vale también recordar lo ya dicho en la primera entrega de esta nota: ni la firma ni la aprobación popular, ni siquiera la efectiva implementación del acuerdo de la Habana, hacen que el conflicto y sus costos desaparezcan como por arte de magia. Conocer los costos del conflicto, algunos de los cuales han sido analizados por los estudios resumidos en esta nota, sólo nos da una idea de los beneficios potenciales de llegar a la paz. Otros elementos de juicio serán necesarios para que cada quien estime cuánto de ese camino se puede recorrer aprobando los acuerdos de la Habana.

Por Marcela Eslava (quien escribió esta nota, y es responsable por todas las interpretaciones que en ella hace de las investigaciones reseñadas), con insumos y ayuda proveídos por Diego Amador, Leopoldo Fergusson, Marc Hofstetter, Ana María Ibáñez, Jorge Higinio Maldonado, Andrés Moya y Hernando Zuleta.

Referencias (algunas con links al documento de trabajo o su resumen):

Arias, María Alejandra, Adriana Camacho, y Ana María Ibáñez,  2014. “Costos Económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?”

Camacho, Adriana and Catherine Rodriguez. 2013"Firm Exit and Armed Conflict in Colombia" Journal of Conflict Resolution 57(1) pp.89-116. doi:10.1177/0022002712464848

Fergusson, Leopoldo, Dario Romero & Juan F. Vargas, 2014. "The environmental impact of civil conflict: The deforestation effect of paramilitary expansion in Colombia," Documento Cede 2014-36.

Gómez, Laura Beatriz y Hernando Zuleta, 2016. “Conflicto, Sectores, Regiones y Crecimiento”. Trabajo en progreso.

Hofstetter, Marc. 2016. Paz y PIB. Documento Cede 2016-19.

Maldonado, Jorge Higinio, Rocío Moreno-Sánchez , Sophia Espinoza, Aaron Bruner, Natalia Garzón  y John Myers . (2016)  “Mucho más que palomas: beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia a partir del turismo de observación de aves.” Trabajo en progreso.