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Preocupado me levanté esta mañana al conocer el anuncio sorpresivo de declaratoria por parte del gobierno nacional de la emergencia social. Antes de leer la noticia mi mente empezó a barajar toda clase de hipótesis catastróficas.
OPINIÓN
Una emergencia social espuria
Preocupado me levanté esta mañana al conocer el anuncio sorpresivo de declaratoria por parte del gobierno nacional de la emergencia social. Antes de leer la noticia mi mente empezó a barajar toda clase de hipótesis catastróficas.
¿Quizás, pensé, nuevamente hizo erupción el volcán del Ruiz y esta vez sepultó a Manizales? No dije, no puede ser porque el presidente, todos los gobernadores y la mitad del gabinete están en Manizales, en la cumbre de gobernadores, y estando quince metros bajo lava no hubieran podido decretar la emergencia social. ¿Colapsaría entonces una pirámide que no conocíamos y a la cual no nos invitaron y se acaban de arruinar todos los ricos de Medellín?, ¿o será que el calentamiento global es más rápido de lo pensado y San Andrés y Providencia desaparecieron durante el fin de semana y nadie se había dado cuenta?
Nada tan trágico afortunadamente, solamente que el gobierno se acaba de percatar que el sistema de salud colombiano esta desfinanciado en casi un billón de pesos.
La declaratoria de un estado de emergencia en la constitución de 1991 es una cosa seria, o debería serlo. Se da cuando sobrevienen hechos que “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente”, en este caso, el orden social. Dicha declaratoria le da al ejecutivo la facultad de legislar casi ilimitadamente, incluyendo la potestad de modificar o crear impuestos temporales.
Recordemos que las democracias liberales se crearon precisamente para arrebatarle al gobernante la potestad de modificar y crear tributos (“No a la imposición sin representación” fue el grito de la guerra de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX). O sea que un estado de emergencia como este que se acaba de anunciar no es cualquier cosa y así lo entiende la Corte Constitucional.
En pocas palabras la Corte ha dicho que la declaratoria de emergencia solo es posible cuando se trata de hechos extraordinarios que solo se puedan resolver con medidas extraordinarias.
Es posible que el Ministro de Protección Social fuera el único colombiano que no supiera que el sistema estaba desfinanciado lo cual a los ojos de la Corte no basta para que se conforme la situación extraordinaria de que habla la jurisprudencia.
Ahora bien, si el problema es en efecto estructural no se va a resolver con medidas temporales excepcionales si no con una restructuración completa del modelo y si el problema es de caja, pues emitan bonos por un billón de pesos mientras presentan una reforma tributaria que les resuelva el tema en el largo plazo.
Que es entre otras cosas lo que los gobernadores han pedido reiteradamente en los últimos 10 años: que el gobierno nacional les ayude a tramitar una reforma fiscal territorial para apuntalar las finanzas de los departamentos y municipios. Que yo recuerde son por lo menos tres proyectos de reforma tributaria territorial que han naufragado sin ponencia de primer debate y se han contrato por lo menos dos misiones de expertos que han hecho sendas e ignoradas recomendaciones sobre este tema.
Ahora el gobierno se va por el camino fácil de una espuria emergencia económico para hacer lo que no fue capaz de hacer por el camino institucional. Alguien le debería decir al presidente que, como decían los jesuitas, cuidado con el camino fácil porque será siempre el más largo.
