Violencia intrafamiliar y transferencias monetarias condicionadas: una compleja relación

Por: Catherine Rodríguez (El texto original fue publicado también esta semana en Foco Economico)

Datos recientes de las Encuestas de Demografía y Salud para países de la región Latinoamericana muestran que la violencia contra las mujeres es peligrosamente alta. Por ejemplo, en países como Colombia, Perú y República Dominicana el 37%, 32% y 34.6% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad han sido víctimas de agresiones físicas o sexuales. Las cifras son alarmantes y requieren de acciones individuales y políticas públicas específicas que busquen disminuirlas. Como cualquier tipo de violencia, la intrafamiliar representa una violación de los derechos y libertades del ser humano que debe cesar. Además, los costos monetarios directos e indirectos son importantes. Estudios previos muestran que el impacto negativo en las mujeres incluyen problemas crónicos de salud física, mental y abuso de sustancias ilícitas (Ackerson y Subranmian, 2008; Jewkes et al., 2010) y en sus hijos (Aizer, 2011; Karamagi et al., 2007).

Los economistas nos hemos preguntado si los ya comunes programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) podrían o no estar contribuyendo a la disminución de la incidencia de violencia doméstica. Aunque el objetivo principal de las TMC es el de aumentar la asistencia escolar de niños pertenecientes a hogares de bajos recursos, el diseño particular de estos programas donde la mujer es la principal receptora de las transferencias podría estar cambiando las relaciones de poder dentro del hogar y a través de esto disminuyendo este tipo de violencia.

Sin embargo, ex ante, ni la magnitud ni la dirección del impacto que el dinero recibido de estos programas puede traer es clara teóricamente. En un primer grupo de estudios, donde la violencia doméstica se basa en juegos de poder dentro del hogar y donde los recursos financieros de las mujeres suelen influir en su empoderamiento (Aizer, 2007; Farmer y Thiefenthalter, 1997; Tauchen et al., 2001) las TMC podrían disminuir la violencia en su contra. En un segundo grupo de estudios sin embargo, las TMC podrían aumentar los niveles de violencia doméstica a través de una reacción negativa entre los hombres - “men backlash”- quienes sienten amenazado su poder dentro de la relación (Eswaran y Malhotra, 2011; Bobonis et al; 2013). Más aun, como lo menciona Duflo (2012), si los hogares internalizaran que los programas de TMC son temporales y la transferencia de recursos eventualmente llegará a su fin, el impacto sobre la violencia doméstica u otros aspectos relacionados debería ser de hecho nulo.

No es sorprendente por lo tanto que la evidencia empírica existente sobre el impacto de las TMC en los niveles de violencia doméstica sea mixta. Algunos estudios encuentran que la violencia física en contra de las mujeres efectivamente disminuye (Haushofer y Shapiro, 2013; Hidrobo et al., 2014). Otros encuentran que, aunque la violencia física cae, la violencia psicológica aumenta (Bobonis et al., 2013) o incluso aumenta la violencia en general para cierto tipo de hogares (Angelucci, 2008; Hidrobo y Fernald, 2013).

Dos estudios recientes que analizan el impacto de Familias en Acción en los índices de violencia doméstica en Colombia contribuyen a entender un poco mejor esta compleja relación. En un primer estudio, Rodriguez (2015) utilizando información mensual a nivel municipal para los años 2007 a 2010 encuentra el efecto causal que los pagos del programa han traído en la incidencia de la violencia intrafamiliar en el país. La estrategia de identificación se basa en la exogeneidad del mes en el cual se llevan a cabo estos pagos en los municipios del país. Aunque de acuerdo al diseño del programa los pagos se deberían realizar de forma bimensual, la distribución geográfica y en el tiempo de estos no es constante y no sigue los patrones exactos. Por el contrario, los pagos tienen altos niveles de variación exógena que se convierten en la base de la estrategia de identificación. Por ejemplo, según los reportes de los datos administrativos del programa, mientras que en los años 2007 y 2010 casi la totalidad de los municipios del país recibieron pagos del programa en diciembre; en los años 2008 y 2009 este porcentaje en ese mismo mes fue del 20% y 2% respectivamente. De manera similar, mientras que en junio de 2007 y 2008 casi ningún municipio en Colombia recibió un pago del programa, para los años 2009 y 2010 casi todos lo recibieron. Utilizando esta exogenidad, se encuentra que las transferencias realizadas por Familias en Acción han reducido los índices de violencia intrafamiliar en Colombia en cerca de un 6%. El efecto es robusto a distintas especificaciones y ejercicios de placebo. Más importante aún, el impacto encontrado es sustancial, especialmente si se tiene en cuenta que no era uno de los objetivos del programa y que lo que miden las estimaciones es el impacto promedio en las tasas de violencia municipales en el país y no únicamente el impacto en aquellos hogares que están recibiendo la ayuda estatal.

En un estudio reciente junto con Adriana Camacho vamos un paso más allá y buscamos encontrar los canales a través de los cuales es posible explicar estos resultados. Teóricamente, la disminución podría darse por un empoderamiento de la mujer dentro del hogar, ya sea directamente por las transferencias recibidas o por impactos secundarios del programa en la oferta laboral de ellas o incluso su estado civil. Utilizando información de la base experimental del programa encontramos que, al menos en los primeros años, la recepción de las transferencias no llevó a un empoderamiento de la mujer dentro del hogar medido por quien es el encargado de la toma de algunas decisiones importantes. Por el contrario, los resultados sugieren que incluso, debido al programa, los hombres toman ahora con una mayor probabilidad decisiones escolares y de salud de los niños. Tampoco encontramos que las mujeres beneficiarias cambien su participación laboral; ni que la reducción en la violencia puede ser explicada por que después del subsidio las mujeres dejen a sus parejas.

Los resultados en cambio sugieren que, la reducción en los índices de violencia intrafamiliar puede estar causado por reducciones en el nivel de estrés generado por la escasez en las que estas familias viven y que la transferencia logra reducir. Utilizando nuevamente la información a nivel municipal, analizamos el impacto de las transferencias dependiendo de las expectativas de pago de las familias. Específicamente, analizamos el impacto de las transferencias cuando estas ocurren en un momento del año “inesperado” para las familias beneficiarias o cuando no se reciben a pesar de que era una transferencia “esperada”. Los resultados indican que existen impactos asimétricos de estos dos tipos de pago. En particular encontramos que aun cuando hay una reducción en la violencia intrafamiliar cuando se da un pago “inesperado”, este impacto es menor que el impacto promedio de las transferencias en general. Por el contrario, cuando los pagos “esperados” no se dan, la violencia intrafamiliar aumenta de manera significativa y en una magnitud incluso mayor al impacto promedio de 6% recién mencionado.

Los resultados encontrados, además de complementar la evidencia ya existente, muestran que el efecto en la reducción de la violencia no se da por temas de empoderamiento sino seguramente por reducción en los niveles de estrés. Más aun, la evidencia relacionada con el análisis de euforia y frustración de los momentos de pago sugiere que el impacto de transferencias adicionales es marginal y, lo que es más preocupante aún, puede incluso aumentar la violencia cuando estos pagos no se concretan. Estas observaciones indicarían que los resultados de los impactos de programas de TMC en violencia intrafamiliar son temporales y frágiles. Tal situación adquiere gran relevancia en países de la región donde, como se ha evidenciado, las agresiones contra mujeres y niños son bastante comunes y con altos costos asociados. Así, la solución a este tipo de violencia, como era de esperar, no puede basarse en este tipo de programas de transferencias condicionadas a pesar de que en el corto plazo sí pueden ayudar. Hacen falta programas exclusivamente encaminados a reducir esta violación a los derechos básicos.