¿Cuál Minería? Respuesta a Marc Hofstetter

Por Juan Camilo Cárdenas

Marc Hofstetter, escribió la semana pasada una entrada en este blog con el título “¡No más minería! ¿O sí?”, con una serie de argumentos que contribuyen a avanzar en esta discusión sobre el papel que pueda jugar la industria extractiva en el desarrollo del país. Mi propósito es controvertir algunos de estos puntos.

Ya un poco calmados los ánimos derivados de la consulta en Cajamarca vista como un éxito para unos y de una talanquera al desarrollo minero para otros, quisiera ofrecer aquí una serie de reflexiones desde la orilla de quienes tenemos más preocupaciones por las industrias extractivas y quienes vemos en el resultado de esa consulta algo positivo para la consolidación de las instituciones del país, y sobre todo para que con serenidad demos debates sobre los modelos de desarrollo que el país puede tener y los que las regiones quieren adoptar.

Con el Profesor Hofstetter estoy de acuerdo en que es un tanto ingenuo creer que podemos continuar con niveles de calidad de vida sin seguir acudiendo a las materias primas que se obtienen del suelo y el subsuelo. Pero no debe ser esto razón para hacerlo a cualquier costo social y ambiental y es ahí donde planteo la premisa de este texto: Mientras no hagamos una contabilidad correcta de los costos ambientales, los costos sobre el capital humano y los costos sobre el capital social de cada proyecto extractivo, es mejor esperar.

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Concuerdo también el análisis del mismo autor en 2014 acerca del papel que juega en los mercados financieros internacionales en la determinación del precio internacional del oro, quien nos recuerda que son esos mercados internacionales y las estrategias de bancos centrales y organismos internacionales que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional.

Mientras haya demanda, la oferta de oro aparecerá aquí y allá y por tanto aparecerán los proyectos artesanales o de gran escala, legales e ilegales. Si los precios estuvieran en los niveles de finales del siglo XX (ver gráfica) es muy probable que no estuviéramos en los debates tan álgidos de Santurbán, La Colosa o el Bajo Cauca, a pesar de que minería de oro ha existido en varias regiones del país y por siglos en algunos casos.

Es la escala de estos proyectos, la intensidad de la actividad legal e ilegal, derivada de estos precios, que tiene al país en esta controversia, porque esa escala de recursos también es proporcional a la escala de lo que está en juego en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y de nuevo, por eso es mejor esperar y hacer primero bien lo que hay que hacer bien, antes de repetir historias de otras Cajamarcas en donde también se han generado riesgos ambientales, incluyendo accidentes industriales del más alto riesgo.

En el caso Colombiano, y ante el boom de los precios de los commodities que dejó el precio del oro en estos niveles tan altos, nos enfrentamos a disyuntivas complejas. AngloGold Ashanti en su prospecto de la mina está declarando entre 26 y 28 millones de onzas que al precio actual bien pueden tener un valor comercial de mas de 33,000 millones de dólares. Si la tasa de regalías se basa en el 80% del precio de Londres (Hoy en USD$1,250), y sobre ese valor pagar un 4% de regalías, estamos hablando de 1,000 millones de dólares mal contados. Pero este valor, que algunos reclaman como un costo de oportunidad demasiado alto al cual renunciar si se deja ese oro enterrado, debe ser evaluado contra los costos que la sociedad tendría que incurrir si se realiza el proyecto. Aquí es donde tenemos información incompleta, y de nuevo, ante la incertidumbre, mejor esperar.

Voy a plantear tres razones por las cuales es mejor esperar mientras organizamos varios asuntos en la casa antes de dejar entrar este elefante. Propongo estos tres puntos para invitar a una discusión sobre los costos sociales antes de considerar solamente ese lado de los beneficios asociados a los recursos fiscales de las regalías derivadas de desarrollar el proyecto minero. Los tres argumentos para soportar mi premisa arriba de “mejor esperar” son:

1. La eficacia para promover desarrollo desde los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.

2. Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

3. Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

La eficacia de los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.

La literatura sobre la maldición de los recursos naturales nos dice que en el peor de los casos se aumentará la corrupción y que se verán muy pocos o efectos nulos en el impacto de estas rentas en las regiones. Un reciente estudio del Profesor Luis Roberto Martinez de la Escuela Harris de Política Pública de la Universidad de Chicago, titulado “Sources of Revenue and Government Performance: Evidence from Colombia” (Fuentes de ingresos y desempeño gubernamental: evidencia desde Colombia), analiza los choques de rentas por regalías de recursos naturales y cómo estos afectan la efectividad del gobierno, encontrando que en ninguno de los objetivos de provisión de bienes públicos locales se dio un efecto positivo, y que el recaudo de impuestos locales (e.g. predial) tiene impactos mas directos y positivos en esa eficacia gubernamental. Su argumento es que los choques positivos de regalías le dan a los políticos oportunidades para conductas non-sanctas mientras que los recaudos de impuestos locales le da mayor visibilidad a la gestión pública ante los ojos de los ciudadanos, y ante la posibilidad de reelección.

En otro estudio recién publicado, Juan Mauricio Ramírez, Yadira Díaz, y Juan Guillermo Bedoya en World Development titulado “Property Tax Revenues and Multidimensional Poverty Reduction in Colombia: A Spatial Approach” (Ingresos de impuestos de propiedad y reducción de la pobreza multidimensional en Colombia: un enfoque espacial), usando diferentes datos, se encuentra que, de nuevo, los recaudos de impuestos prediales tienen impactos directos y positivos en la reducción de los índices de pobreza de los municipios Colombianos, y que incluso se generan efectos espaciales en los municipios vecinos. Sin embargo, los efectos de regalías en la reducción de pobreza fueron nulos. Este punto es de vital importancia porque el potencial de aumento de recaudos tributarios por impuesto predial o la posibilidad de actualización catastral para potenciar dicho recaudo será mas difícil si se amenazan las posibilidades de desarrollar el valor de la tierra desde el turismo o la agricultura, ante la presencia de proyectos mineros, legales o ilegales, de gran escala o artesanales.

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Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

Cada proyecto minero tiene enormes particularidades frente al tipo de mina, la tecnología a usar, y la naturaleza biofísica del yacimiento y el ecosistema en que éste se encuentra. Mientras no se tengan a la mano los estudios de impacto ambiental de un proyecto minero, y las autoridades hagan su debida evaluación, tenemos que acogernos a tener en mente los diferentes riesgos ambientales que la actividad extractiva tenga sobre los cursos de agua, la hidrogeología y las coberturas vegetales afectadas. La excavación de túneles en la roca, en general, puede generar riesgos de liberación de contaminantes como arsénico, que en niveles altos amenaza los cursos de agua subterránea y superficial. La disposición del material excavado que para un estimativo de 28 millones de onzas de oro tendrá costos directos e indirectos en el manejo del paisaje que deben ser estimados. Algunos estimativos hablan de rangos entre 2 y 90 toneladas de remoción de material por onza de oro generado, dependiendo de la riqueza de la mina. La extracción de oro a gran escala y de manera legal no usa mercurio pero si usa cianuro, que también presenta riesgos ambientales y para la salud considerables. Será vital traer a valor presente neto los costos a la salud, a la pérdida de capital humano en capacidades cognitivas por exposición a contaminantes, y los costos de pérdida de los servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica, calidad del agua y afectación a fauna flora del proyecto en cuestión.

Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

En un trabajo de grado de maestría que estamos por terminar en coasesoría con Fabio Sanchez, Natalia Rubiano encuentra que hay un efecto causal de la minería de oro sobre las tasas de desplazamiento forzado y violencia en el país entre el 2001 y el 2015. Sus estimativos dicen que en municipios con depósitos auríferos mas grandes, 146 personas mas en promedio sufrieron desplazamiento, si se compara con municipios vecinos con depósitos promedio. La correlación entre riqueza en potencial económico aurífero y algunos indicadores de violencia es clara, como se ilustra en las gráficas elaboradas por Rubiano. 

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Las voces de la periferia: Mejor esperar.

De pronto la sabiduría de las masas puede hacer parte del repertorio de los chequeos y contrapesos del sistema institucional ante la incertidumbre de los proyectos mineros que proponen una transformación radical del paisaje, de la estructura tributaria y de las redes sociales de una región, y una percepción generalizada de que aún debemos fortalecer el sistema nacional ambiental SINA y el aparato regulatorio antes de enfrentarnos a estos proyectos mineros.

Como escribí hace tres años en un número de LaRevista (Harvard) sobre minería, dos historias, una de Piedras, Tolima y otra de la Isla de Navassa en el Caribe, dan cuenta de los caminos distintos que pueden tener los proyectos mineros, y que mientras tengamos esta encrucijada constitucional en la que el subsuelo sea gobernado por la nación y el suelo esté gobernado también por el poder local, legítimamente establecido en los mecanismos de participación ciudadana, tendremos estos retos y tensiones.

Quienes fomentan el modelo minero como motor de desarrollo regional y local aún tienen una tarea por hacer. Tenemos que seguir aportando cifras y estudios para explorar cuándo y cómo es que pueden las industrias extractivas minimizar los impactos sociales, fiscales y ambientales de sus actividades. Quienes regulan el sector minero tienen que también aportar desde su independencia y rigurosidad para hacer de árbitros con credibilidad ante la opinión pública.

Cajamarca experimentó a lo largo de la campaña para este referendo espacios de deliberación en donde las partes pudieron exponer sus posiciones y los riesgos y potenciales beneficios de cada alternativa. Ante esa incertidumbre, la sociedad civil jugó un papel vital. Este caso debe ser visto como un gran respiro en el que un proceso mas democrático al que en muchas ocasiones se ha visto en estos casos, se hizo un alto en el camino para evaluar cuál es el modelo de desarrollo que una región quiere construir, en donde una visión de largo plazo del capital natural, el capital social y el capital humano contrastan con una visión de corto plazo de un capital financiero que si bien puede sonar atractivo, no ha mostrado tener los impactos en la construcción de un gobierno efectivo que provea los bienes públicos necesarios para un desarrollo sostenible.

Y si mientras esperamos, ¿porqué no pensamos con la gente de las regiones con potencial minero modelos diferentes de desarrollo sostenible basados en otros potenciales de su capital natural, su capital social y su capital humano?