Cuando hacer política cuesta la vida

Anoche, hacia las 9 45 pm, un grupo de hombres disparó contra la camioneta en la que viajaba Mayerlis, una vivaz mujer sanjuanera de 35 años que lidera la conocida organización de víctimas Narrar para vivir y que este año estuvo en La Habana conversando con la subcomisión de género de las Farc y del Gobierno.

Al sentir los disparos, sus dos escoltas -parte de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección- la lanzaron al suelo y manejaron por una cuadra. Luego se bajaron del carro y empezaron, uno desde detrás del vehículo y el otro desde atrás de un muro, a dispararle a los hombres que escaparon en una moto. Una vez éstos se fueron, llevaron a Angarita a la estación de policía del municipio y -al ver el estado de shock en el que estaba- la trasladaron al hospital.

Por fortuna Mayerlis está bien después del atentado. Pero, como contó La Silla, el intento por silenciarla es un duro revés para  Santos y la Ley de Víctimas que su gobierno convirtió en una de sus banderas políticas.

Lo es porque no es la primera vez que está en la mira esta organización de 840 mujeres, que le ha apostado desde que nació en 2000 a los relatos orales para reconstruir sus historias y enseñarle a la gente sobre sus derechos.

El atentado coincidió con una serie de denuncias que ha venido haciendo en las últimas semanas, primero ante las autoridades y desde hace un par de fines de semana en radio también.

Desde hace tres domingos, la emisora comunitaria de San Juan le ha dado espacio a los cuatro candidatos a la alcaldía para que expliquen sus propuestas. Y Angarita ha venido usándolo para denunciar a la clase política que ha dominado en el municipio, prometiendo que va a “abrir la pluma [del agua] para que salgan las telarañas” y acabar con los contratos que le han entregado históricamente a los políticos en temas como el acueducto o el alumbrado.

De hecho, anoche regresaba a su casa después de planear con su equipo de campaña el ‘calderazo contra la corrupción’ que tenían pensado hacer esta madrugada, a la hora en que los campesinos toman el tinto en el Parquecito de la fuente antes de salir a comenzar sus jornales.

Una denuncia que las mujeres de Narrar para vivir interpusieron ante el Consejo Nacional Electoral terminó en la anulación hace una semana de 1230 cédulas que fueron inscritas de manera irregular durante el último año, un número alto en un municipio donde hace cuatro años el ganador sacó 6.400 votos.

A eso se suma que varias víctimas en San Juan vienen denunciando desde hace dos meses, ante la Unidad de Víctimas y la Misión de Observación Electoral, que un hombre que se presenta como integrante del grupo político de Edgardo Sarabia -el candidato del Partido Liberal a la Alcaldía y sucesor del actual alcalde- va de casa en casa ofreciendo ayuda humanitaria y facilitarles trámites a las víctimas. Y que, a cambio, les pide el apoyo político suyo y de sus familias.

Una víctima de San Juan grabó una conversación de 30 minutos (cuya autenticidad no ha podido verificar La Silla) con el hombre, que se presenta como Fabián Acevedo Tovar y que ofrece ayudarles a agendar el Paari, una encuesta que necesitan para que inicie el proceso de reparación individual que creó la Ley de Víctimas.

En ese intercambio con dos víctimas, Acevedo les dice que tiene la base de datos de la Unidad de Víctimas, que Edgardo Sarabia le paga 15 mil pesos diarios, que ya ha hecho ese proceso con 430 personas y que tiene la capacidad -cuando llegue a trabajar a la alcaldía- de gestionar ese trámite para ellos.

“Yo no trabajo con el Estado, sino que estoy con Sarabia. Dame tu cédula (...) Ya empiezo en enero a trabajar, cuatro años. La meta mía es deslizar a 500 personas”, les dice el hombre, prometiéndoles varias veces que antes de las elecciones va a haber respuesta. “Yo necesitaba la base de datos para poder trabajar. Yo la conseguí aparte pero necesitaba el apoyo para no cobrarle a la gente, para que la gente vaya bien. Eso es bueno, que la gente entienda que no es con plata. Él me la legalizó con la UAO [Unidad de Atención al Desplazado] (...) Cuando se cayó el sistema allá en la UAO, acá también se cayó. Es decir, en sistema allá en Bogotá aparece que la UAO atiende 60 personas y las mías las incluyen allá porque aparecen 100. Porque ellos atienden 60 y yo otras personas más”, añade.

Aunque no hay pruebas de que el hombre efectivamente pertenezca al grupo de Sarabia, la táctica de hacerse pasar por funcionarios de la Unidad de Víctimas se ha vuelto tan común en campaña que la entidad que dirige Paula Gaviria firmó un convenio con la Fiscalía para que ésta última pueda adelantar las investigaciones de esas denuncias.

Pese a que la Unidad de Víctimas le dijo a La Silla que ninguna persona externa a la entidad tiene acceso a su sistema de información y que ésta es de carácter reservada, la única medida que la entidad tomó -después de que le contaran el caso a la directora de reparación María Eugenia Morales- fue cambiar a la persona a cargo del punto de atención a víctimas en San Juan (a quien ellas habían identificado como la cuñada de un candidato al Concejo del liberalismo afín a Sarabia). De hecho, una víctima que prefiere no revelar su nombre insiste en que "él hace todo igualito que en la UAO y sí le está cumpliendo a la gente con las ayudas [humanitarias]".

En todo caso, hacer política con las víctimas es rentable en San Juan, un municipio donde hay 28.980 personas en el Registro único de víctimas y donde siete de cada ocho sanjuaneros están en esa situación.

La atropellada de campaña de Mayerlis 

Las amenazas contra Mayerlis y Narrar para vivir a comienzos del año generaron hasta un comunicado de ocho ganadoras del Premio Nobel de Paz, después de que dos de ellas (la gringa Jody Williams y la iraní Shirin Ebadi) compartieran tarima con ella en el foro internacional sobre violencia sexual en Cartagena.

Las intimidaciones contra las integrantes de Narrar se dispararon desde que hace un año exacto decidieron medírsele -por primera vez- a competir en las elecciones locales de octubre y han puesto en evidencia el factor de riesgo con el que todavía deben convivir los líderes de víctimas que están intentando llegar a las urnas en todo el país

Como contó La Silla, en febrero les metieron un panfleto por debajo de la puerta de su sede en San Juan, acompañado por la foto del cuerpo descuartizado de una mujer y la firma de 'Los Costeños AUC'.

“Acabaremos a las asesoras de los guerrilleros. Ya les cambiaremos el nombre de Narrar para vivir x Narrar para morir. Comenzaremos x la cabeza mayor Mayerlis Angarita. Y luego seguiremos de municipio en municipio matándolas a todas. No las queremos ver más en las brisas, en la sierras ni en ninguna vereda guerrilleras hps ni participación en política”, decía la amenaza.

Hace tres meses, a uno de sus integrantes lo pararon en la calle en San Juan y -tras ponerle un revólver en el estómago- le mandaron decirle a Angarita de que se cuidara. Hace un par de semanas, a la representante legal de la organización la encañonaron en Carmen de Bolívar y le robaron el bolso.

Los atentados que han sufrido líderes de víctimas como Mayerlis y Luis Alfredo Vásquez -que aspira a la Asamblea de Bolívar- son señales de que no hay condiciones de seguridad para que participen en política.

Carmen Palencia de Tierra y Vida

En las cuentas que llevan aparecen 39 agresiones desde 2012, incluido otro atentado contra Angarita hace tres años. Catorce de esos incidentes -un panfleto, cinco intentos de incendio de viviendas, una visita nocturna (y armada) a una casa, dos amenazas en persona y varias telefónicas- han ocurrido desde que en octubre pasado decidieron medírsele a la política.

“Habían parado las amenazas. Comenzamos a tocar puertas y se regó por los pueblos que, como minoría que nunca perteneció a ninguna estructura tradicional de la política, queríamos ser protagonistas de las decisiones. Tan pronto dijimos que queremos ser concejales y alcaldesas, vino una ola. No son hechos aislados, sino que todo gira alrededor de que no sigamos”, le contó Mayerlis a La Silla en marzo.

Ese panfleto, que llegó justo días antes de su viaje a La Habana, dejó a Mayerlis muy asustada. Pero sus 839 colegas la convencieron de volver y la recibieron -con 300 motos que bloquearon la troncal- a la entrada de San Juan. Entre gritos de “las mujeres al poder, las mujeres sí podemos” y “el pueblo la protege”, la convencieron que se quedara y siguiera adelante con el proyecto político.

Pronto les llegó un primer mazazo: el Partido Liberal, que persuadió a Santos de sacar adelante la Ley de Víctimas y que hace un año decidió apostarle a darles espacios políticos, le negó el aval a Mayerlis para ser candidata.

Lo hizo para dárselo a Edgardo Sarabia Barrios, un ex concejal apadrinado por Juan José García Romero, el ex senador condenado por corrupción. García Romero, que está casado con la ex congresista de La U Piedad Zuccardi (en juicio por parapolítica) y que es uno de los súper poderosos de Bolívar, perdió la posibilidad de poner candidato en su partido, La U, porque su grupo político no fue el más votado en ese municipio. A Sarabia también lo respalda -según un informe del Consejo Nacional Electoral- el cuestionado ex alcalde Jorge Fernando Barrios, que estuvo en la cárcel por parapolítica aunque no ha sido condenado.

Inicialmente Mayerlis tenía el apoyo de los dos congresistas liberales que ganaron en San Juan (el representante Silvio Carrasquilla y el senador Lidio García), pero al final ellos terminaron apoyando al candidato de los García Zuccardi.

Así que se lanzó con el aval de la ASI. Otras tres mujeres de Narrar para vivir se lanzaron a los concejos de Ovejas, Los Palmitos y El Guamo, todos municipios de esa sufrida región montañosa entre Sucre y Bolívar.

Las víctimas y la política

Que víctimas como Angarita se hayan convertido en figuras visibles, tanto en las remotas veredas donde trabajan con las víctimas como en los medios nacionales, es uno de los grandes logros de la Ley de Víctimas. 

Santos ha elogiado varias veces el trabajo de Narrar para vivir. En 2013, durante una marcha en Carmen de Bolívar con 15 mil víctimas de Montes, dijo que “mujeres como Mayerlis Angarita que hablan con coraje, con claridad, que hablan pidiendo que se les respeten sus derechos y eso es lo que todos queremos”. Y hace un año lo reiteró al inaugurar la sede nueva de la organización, compartir un sancocho con ellas y salir abrazado con Mayerlis a la plaza.

El atentado contra Angarita muestra cómo, justo en el momento en que paradójicamente se negocia en el proceso de paz cómo reparar a las víctimas y garantizarles que no se repetirán sus historias, muchos líderes siguen recibiendo amenazas a medida que su trabajo se vuelve más conocido. Ni siquiera se han salvado las 60 víctimas que viajaron a La Habana, como lo demuestra el asesinato del hijo de 17 de años del líder campesino y caucano Nilson Liz el 1 de enero.

Y, como en las elecciones de este año estará en juego quiénes gobiernan en los municipios y en las regiones durante un eventual aterrizaje de los acuerdos en La Habana, esos riesgos se han incrementado.

“Habiendo un proceso de paz, ¿qué mejor que tener víctimas en los concejos y las alcaldías? Nosotros no solo tenemos compromiso con las víctimas, que a la mayoría de los alcaldes no les importan, sino que queremos trabajar en el posconflicto y con los desmovilizados de las Farc”, contaba hace dos meses Alicia Ramos, una reconocida líder de restitución de tierras que está de candidata al Concejo de Necoclí, en el Urabá antioqueño.

El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, que conoce a Mayerlis desde que fue el padrino de la Ley de Víctimas y que ya habló con ella esta mañana, se comprometió a que podrá competir en las urnas.

Se investiga el origen y se perseguirá a los responsables. Mayerlis tendrá todas las garantías para continuar su candidatura.

— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) octubre 6, 2015

Sin embargo, en San Juan la sensación es que los poderes locales no quieren que les compitan en las urnas.

“Sabemos que tenemos respaldo a nivel nacional y departamental, pero el cáncer está aquí y tiene poder. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos? Porque todas las denuncias las tenemos que poner y frentear nosotras”, dice Mayerlis, con un deje de decepción en su voz. “Nos dijeron que las víctimas pueden participar en política, pero nos dejaron solas. Si eso es así con las víctimas, ¿cómo será con la guerrilla cuando se desmovilice? Los que tienen el poder no quieren soltarlo tan rápido”.