El golazo de Uribe en favor de los militares

Ayer, con aplastante mayoría, se pupitreó en tercer debate la reforma al fuero penal militar y, una frase introducida por el ex presidente Álvaro Uribe hace casi un mes, que había pasado de agache y que podría tener grandes repercusiones, fue aprobada otra vez: la reforma constitucional, por la vía del fuero, abre la puerta para que el combate a las bandas criminales sea cobijado por el Derecho Internacional Humanitario, algo por lo que llevan peleando años los militares y sobre lo cual hay una división muy fuerte al interior del gobierno.

El tercer párrafo, tal y como quedó aprobado, dice: “Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado o que derive de un enfrentamiento de una estructura criminal en los términos que señale el DIH (esta fue la frase que metieron)  sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre del Derecho Internacional Humanitario”.

“La idea es que las Fuerzas Militares también puedan combatir a las bandas criminales y darle así más potencia al Estado para combatir estas organizaciones”, explicó a La Silla el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel, quien junto con Uribe es el autor de esa frase añadida a última hora en una proposición en plenaria del Senado. “Esto les dará más seguridad jurídica para poder combatir a esos grupos armados”.

Aunque es una sola frase, sus implicaciones son muy grandes porque hoy las bandas criminales son consideradas delincuencia común y por eso las reglas para combatirlas son muy diferentes a las aplicadas para pelear contra la guerrilla, que son las del DIH.

Por ejemplo, como contó La Silla, si el Ejército sabe que un grupo de los Urabeños está reunido en algún lugar no puede bombardearlos como sí podría si fuera el Frente Sexto de las Farc, que es considerado un “blanco legítimo”. En el caso de las bacrim, las operaciones en principio solo pueden ser defensivas y su combate es un asunto más policial y judicial que militar.

Y más allá de la discusión estrictamente jurídica sobre si su combate debería ser cobijado por el DIH, hay un hondo debate político. De cómo se decida este asunto dependerá el rol que jueguen las Fuerzas Militares en el futuro si se firma un acuerdo con las Farc.

Una pelea con trayectoria

Como contó La Silla, esta discusión sobre cómo enfrentar a las bandas criminales tiene una larga historia en el gobierno de Santos y es una de las razones por las que el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo se han enfrentado.

En principio, la discusión quedó saldada en febrero de 2011 en el primer (y casi que último) Consejo de Seguridad Nacional del gobierno Santos.

En ese momento, y mediante un comunicado público, Santos, se puso del lado de Jaramillo, y envió un mensaje claro y conciso: que las  Bacrim no son más que bandas criminales, cuya naturaleza no es muy diferente a la de un grupo de asaltantes de bancos o de narcotraficantes. “No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales”, dijo. Y aclaró que cómo tal se les iba a confrontar.

Para implementar esta decisión y como estrategia para hacer frente a la problemática del crecimiento inusitado en número y en acciones de las Bacrim, Santos sacó la Directiva 14 de 2011 que contiene la política del Ministerio de Defensa de lucha contra las organizaciones criminales narcotraficantes. Frente a las Bacrim la orden es capturar a sus miembros o hacer uso de la fuerza en legítima defensa.

Aunque la instrucción parecía clara, la discusión continuó. Desde entonces, Pinzón ha seguido dando la pelea al interior del gobierno para que los militares puedan confrontar a las bacrim con las mismas reglas con las que pelean contra la guerrilla.

El argumento de Pinzón, que es el mismo de los militares y el mismo que consideraron Uribe y Rangel para meter esta proposición, es que muchas de las bandas criminales son grupos jerarquizados, con control territorial, con armas potentes y una capacidad ofensiva tal que cumplen las condiciones de grupo armado exigido por el DIH y que además es absurdo combatirlos como si fueran un grupo de ladrones de celulares.

“En 2012, los Urabeños lograron paralizar prácticamente la Costa Atlántica”, dijo Rangel a La Silla, que en su vida pasada era uno de los grandes expertos en seguridad del país. “Eso no lo podrían hacer hoy las Farc”.

Las Bacrim viven de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión. Estas actividades económicas las heredan o compran de antiguas organizaciones como los paramilitares, como una especie de franquicias. El brazo armado busca intimidar, controlar sus actividades y protegerse de la Fuerza Pública.

Algunas Bacrim tienen una estructura similar a la de los grupos armados ilegales y un mando identificable como Megateo en el Catatumbo. Pero otras carecen de un líder central de donde provienen las decisiones y a pesar de su capacidad delictiva, son más bien unidades dispersas.

El principal argumento para los que consideran que no se deben considerar grupo armado parte del conflicto como el Comisionado Jaramillo es que ninguna de ellas tiene como objetivo político final derrocar al Gobierno, o reemplazar la labor de la Fuerza Pública. Y aunque se organizan para delinquir, lo que cuenta en este caso son los fines como lo dijo la Corte Suprema, que estableció que las Bacrim son grupos que se han asociado para cometer “delitos desligados de las causas que han llevado a sostener el conflicto armado”.

Si se les comienza a tratar como si fueran parte del conflicto armado, entonces eventualmente se podría entrar en una negociación de paz con ellas, con todo lo que eso implica.

Los que se han opuesto a darles ese tratamiento consideran además que eso incentiva a que las bandas criminales comiencen a buscar un ropaje político a través de acciones como prohibirle a las mujeres usar minifaldas o a los jóvenes llevar aretes o pelo largo (para citar cualquier ejemplo), como sucedió en el pasado con los paramilitares.

La otra consecuencia que han anotado varios expertos de permitir que el combate de las Fuerzas Militares a las Bacrim sea regulado por el DIH es que entonces un acuerdo con las Farc no le pondrá punto final al conflicto armado, simplemente cambiará el nombre del enemigo.

Con ese nuevo enemigo, las Fuerzas Militares seguirán justificando el tamaño del Ejército, su presupuesto, el rol que juegan actualmente en la sociedad. También su superioridad en todo lo anterior frente a la Policía, con la que siempre han tenido una gran rivalidad.

Sin este “blanco” legítimo, y suponiendo que se firma un acuerdo de paz con las Farc, tendrían la función que tienen las Fuerzas Militares en un país en paz que es la defensa de la soberanía y de las fronteras. Todo lo demás será enfrentado por la Policía y la justicia. De hecho, ambos han desarticulado varias bandas criminales en el último año.

Por eso, esta discusión es tan crucial y por eso es que la frase que metieron Uribe y Rangel es un golazo a favor de los militares.

La aprobación

El texto aprobado ayer en la Comisión Primera de la Cámara es exactamente igual al que fue aprobado por la Plenaria del Senado el pasado 29 de octubre cuando Uribe añadió la proposición.

En ese debate la propuesta no se debatió pero se aprobó con amplias mayorías. La prueba de eso es que, por ejemplo, Armando Benedetti del Partido de la U -uno de los pocos congresistas que se han declarado en contra de ampliar el fuero- ni siquiera se había dado cuenta de que habían introducido esta frase hasta que La Silla lo llamó.

En la Cámara, la ponencia positiva fue presentada por el representante de la U Óscar Fernando Bravo que sí defendió abiertamente el tema en la exposición de motivos.

El representante huilense del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada también defendió la iniciativa y el representante bogotano de Cambio Radical, Rodrigo Lara pidió al Ministro de Defensa aclarar en otra ley cómo se define una estructura criminal pero se declaró a favor del proyecto.

El Ministerio de Defensa sabía que los uribistas íban a meter esa proposición y aunque una fuente del Ministerio le dijo a La Silla que les parece inconveniente haberlo metido así sin mucha discusión, quieren esperar a que el proyecto termine los primeros cuatro debates para salvar la iniciativa y que luego sí se entrará a debatir el fondo de este asunto. Sin embargo, el Ministro Pinzón estuvo presente durante todo este debate, con toda la cúpula de las Fuerzas Armadas y la justicia penal militar y no se opuso frente a la proposición de los uribistas (que en todo caso coincide con la posición que ha defendido al interior del gobierno pero que difiere de la que Santos esgrimió en el 2011).

En todo caso, la bancada del Centro Democrático había puesto como condición para aprobar el articulado del fuero en la discusión del Senado que les aprobaran esa frase, según le confirmó a La Silla Rangel. De hecho, Uribe viene proponiendo eso desde su gobierno.

Al final, la ponencia de Bravo se aprobó con una mayoría de treinta a dos, en uno de los pocos casos en que el Centro Democrático votó con la mayoría santista, lo que despertó los comentarios de algunos que se burlaron de “la supuesta oposición”.