La fórmula para desactivar el paro: un complemento a La Habana

Desde hace dos semanas la Cumbre Agraria venía negociando con el Gobierno y finalmente el jueves pasado hubo un primer acuerdo entre ellos que levantó el paro.

Distinto a lo que sucedió hace ocho meses, esta vez el paro agrario no le estalló en la cara al presidente Juan Manuel Santos. Todo gracias a que el acuerdo que firmaron a finales de la semana pasada el Gobierno y la Cumbre Agraria logró desactivarlo. Sin embargo, por evitar el costo político de un paro a pocas semanas de la elección, Santos podría terminar cediendo por fuera de la Mesa de La Habana lo que sus negociadores consideraron que no era negociable.

Santos logró bajar de la movilización a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a sus aliados, que eran los sectores que podían lograr que el paro se le saliera de las manos a sólo dos semanas de las elecciones. A cambio, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular -que los reúne- salió reconocida como un interlocutor político válido y con un espacio formal para seguir negociando sus reivindicaciones con el Gobierno.

La Cumbre Agraria, que estaba gradualmente escalando la protesta a medida que negociaba con el Gobierno, era el actor más fuerte en este paro.

Con el decreto del jueves, el Ministro del Interior Aurelio Iragorri logró que la Cumbre levantara el paro.

El centro de la discusión giró en torno a un decreto que recibió el visto bueno de Santos el jueves de la semana pasada, que creó una 'mesa única nacional' en la que a partir de ahora el Gobierno se sentará a negociar, con la mediación de los organismos de la ONU, el pliego único de peticiones que reúne los reclamos de los trece grupos que se juntaron para formar la Cumbre hace tres meses.

Ahí están organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC indígena, sindicatos agrarios como Fensuagro y las zonas de reserva campesinas reunidas en Anzorc, además de las decenas de agrupaciones que existen dentro de Marcha y el Congreso.

A todas las une la sintonía con las negociaciones de paz con las Farc en La Habana y con un eventual proceso de paz con el ELN, ya que -como contó La Silla- muchas de éstas vienen de zonas donde tradicionalmente han tenido presencia las dos guerrillas y comparten algunos de sus planteamientos sobre temas como la economía campesina, el rechazo al modelo agroindustrial y al sector extractivo en territorios campesinos.

Por el momento habían fijado ocho puntos concretos de negociación, que consideraban sus 'mínimos'. No alcanzaron acuerdos en todos con el equipo del Gobierno liderado por el Ministro de Interior Aurelio Iragorri, su vice Juan Camilo Restrepo, el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, su vice de desarrollo rural Aníbal de Fernández de Soto y el vice de trabajo José Noé Ríos, pero sí lo suficiente como para considerar que el diálogo había sido exitoso.

Tanto que el viernes, los 22 puntos de concentración que fijó la Cumbre en todo el país -para comenzar a presionar y escalar la protesta si no avanzaban los diálogos- se fueron vaciando.

“Nuestra gente ya está toda en sus veredas. Desde la misma noche del viernes empezaron a regresarse y ayer en la noche estaban los últimos en camino”, le dijo a La Silla César Jerez, uno de los líderes del movimiento de zonas de reserva campesinas y de Marcha Patriótica. Según el cálculo de la propia Cumbre eran 120 mil personas.

El primer acuerdo al que llegaron es el decreto mismo, que le da fuerza vinculante a la mesa y que evita que -según la Cumbre- se quede en el aire y no avance como sienten ellos que sucedió con la que ya existía con la MIA y con los campesinos del Catatumbo desde el último paro.

“Lo más importante es que el Estado avanza en el reconocimiento institucional del campesinado y que hay una instancia donde se pueden concertar las políticas públicas para el campo. En vez de esperar un paro, tiene un espacio donde conversar”, explica el antropólogo Juan Houghton, vinculado al Congreso de los Pueblos. “Nos reconoce, esa es la ganancia”, dice Alberto Castilla, el senador electo del Polo y líder campesino del Catatumbo, que también es parte del Congreso.

También acordaron la creación de un fondo para fortalecer la economía campesina. Aunque todavía hay una brecha entre los 2,5 billones de pesos anuales que pide la Cumbre y los 250 mil millones que ofreció el Gobierno para este año, están ya pensando en cómo reglamentar su funcionamiento para que sea efectivo y transparente. Se hizo además un compromiso para ejecutar 30 proyectos de 'infraestructura social' -por escoger aún- en acueducto, alcantarillado, carreteras, educación y salud en municipios con grandes necesidades.

Se creó un Cerrem campesino, un comité que evaluará -al igual que sucede con víctimas, sindicalistas o políticos- el nivel de riesgo de sus líderes. Y se comprometieron a estudiar una propuesta que permita evaluar la situación jurídica de los líderes campesinos de su línea encarcelados en el último paro, acusados de rebelión y financiación al terrorismo, así como de campesinos encarcelados por cultivar o recoger coca y penalizados como narcos. Según César Jerez, éstos últimos suman unos 400 sólo en el Catatumbo.

No lograron en cambio llegar a un acuerdo para que el campesino sea reconocido como un sujeto político con derechos diferenciados, como ocurre con las minorías étnicas. Ni tampoco sobre la inclusión de la categoría 'campesino' -como indígena o afro- en el censo agrario que se está haciendo, aunque sí hay un principio de acuerdo para que en el censo nacional de 2016 se pueda incluir esa pregunta.

Ese punto todavía genera divisiones, porque mientras un integrante del Congreso de los Pueblos dice que “lo importante es que hay intención de meterlo en el censo grande”, Jerez le aseguró a La Silla que “mañana [hoy] vamos a llamar al boicot del censo agrario”.

El acuerdo definitivo aún no ha sido firmado, pero debería darse en estos días. Ayer por la tarde iban a reunirse pero el ministro Iragorri tuvo que cancelar y viajar al sur del Huila, que sigue siendo el punto más caliente del paro de las Dignidades -que todavía están movilizadas- y donde ya van una decena de heridos en dos semanas.

Un día después de firmado el decreto, la Cumbre -uno de cuyos líderes es César Jerez- ya estaba organizando el regreso de sus bases a sus casas. Foto: El Espectador

Con el acuerdo y la mesa, el presidente-candidato Juan Manuel Santos evitó que este paro le estallara en la cara como el de hace un año.

Aunque el decreto y los acuerdos mínimos garantizaron que este paro agrario no se saliera de control en época electoral, para el gobierno de Santos -y para el que llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño- la negociación con la Cumbre Agraria seguirá siendo tema de debate.

Se mantendrá porque muchos de los puntos del pliego único giran en torno a reivindicaciones agrarias, como su rechazo al Pacto Agrario con el que el Gobierno busca relanzar el sector en crisis, su reclamo de un fondo de tierras para los campesinos que no la tienen y que los baldíos sigan siendo tierras de reforma agraria.

Pero, al mismo tiempo, será álgido porque trata temas mucho más políticos, como que la consulta previa que tienen afros e indígenas cobije a las comunidades campesinas, que se prohíba a los extranjeros tener tierra o que la minería deje de ser considerada un actividad de utilidad pública. Y también, como contó La Silla, que se abran diálogos con el ELN.

El tema complejo es que si bien se ‘cerró’ ese flanco del paro, se abre otro hacia el futuro ya que varias de las peticiones de la Cumbre coinciden -como contó La Silla- con temas que han planteado las Farc en La Habana y que el Gobierno no ha querido negociar, como el de la autonomía de las zonas de reserva campesina, que se ha vuelto uno de los caballitos de batalla de las Farc y que está planteando la Cumbre. Lo mismo con el desmonte del latifundio, uno de los temas que el Gobierno decidió aplazar en la Habana cuando acordó el primer punto y que está pendiente de retomar.

La misma delegación de las Farc en La Habana subrayó el fin de semana en un comunicado, en que saludaban el "formidabe triunfo de la movilización y la protesta" y el acuerdo con la Cumbre, que "no es de extrañar la coincidencia de objetivos, problemas y propuestas de soluciones entre el sector rural en Colombia y las FARC-EP en La Habana, somos los pobres de la patria en lucha por sus derechos y en disposición de construir soluciones, lo cual no implica renuncias ni capitulaciones".

Tanto en la Cumbre como en el Gobierno saben que será un tema de larga duración, que obedece a muchas de las dinámicas de un posconflicto.

“Esos van a ser los puntos de la discusión en los años que vienen. Colombia estaba acostumbrada a que los conflictos agrarios de fondo no se discutieran y, en vez de asustarse porque los sectores más a la izquierda los planteen, hay que tomarlos como un debate democrático y mirarlos en cada territorio”, dice una persona que ha seguido de cerca el proceso.

Eso coincide con el segundo punto de La Habana sobre la participación política, que contempla que se creen sistemas de participación en lo local -o un diálogo de abajo hacia arriba- para las bases campesinas.

“El nuevo escenario posterior a los acuerdos [de La Habana] es que aparecerán actores empoderados con los que se tendrá que discutir el reparto del poder, en lo social, lo político y en lo agrario. Es un escenario de interlocución -por la vía dialogada- para temas que antes se solucionaban a tiros, con sectores con los que más problemas tenía el Gobierno y que tienen más capacidad de movilización”, dice un integrante de la Cumbre que no está autorizado para hablar como vocero.

“Estamos hablando de una negociación de tiempo, de años, de hasta diez años”, dice Alberto Castilla.

Aunque no dejará de ser polémico que mientras Santos dice que en la Habana nada de esto es negociable acceda hacerlo por fuera de la mesa, el Gobierno se anotó un punto a su favor en el decreto al prohibir que -de ahora en adelante- haya paro y negociación al mismo tiempo.

“En ningún caso (...) funcionará bajo apremio o en circunstancias de interrupción de las libertades de circulación de las personas y vehículos, de suspensión de los servicios públicos de transporte de carga y pasajeros o de cualquier afectación del orden público generada con ocasión de los diálogos objeto de este mecanismo de participación”, dice el decreto firmado por Iragorri, un punto con el que la Cumbre no quedó demasiado contenta pero que le tocó aceptar. Como dice una persona que ha seguido el proceso, “hacer política pública con las carreteras bloqueadas no se puede”.

“Así que concertaremos y, cuando se suspenda la mesa, estará el movimiento expresándose. Yo me imagino eso”, dice Castilla.

Se imagina lo que se podría imaginar este país si firman un acuerdo en La Habana. De hecho, en el gobierno ven este espacio -según le dijeron dos personas a La Silla- “como un complemento a La Habana”.

Actualización: Añadimos un par de horas después de publicada la historia la cita proveniente del comunicado de las Farc sobre el paro.