Las guerras del agua

Ciénaga Grande, Santa Marta

En la zona bananera del Magdalena hay denuncias de peleas a machete entre guardias que cuidan bocatomas de agua en cuatro ríos y pequeños cultivadores de palma y banano. Así lo cuentan, por aparte, tres campesinos que hacen parte de una organización de pequeños productores de banano y que pidieron no ser citados por su seguridad.

Según cuentan, cuando arrancó la sequía a principios de año algunos grandes terratenientes construyeron reservorios de hasta tres hectáreas para almacenar agua de los ríos Frío, Tucurinca, Sevilla y Orihueca.

Alejandro Mazuera, un periodista de CM& que hizo un reportaje sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta hace dos meses, coindice con ellos. “Yo soy testigo. porque lo ví, de cómo ponen sacos de arena en ríos como el Orihueca para desviar el cauce y que el agua se vaya a los reservorios de los grandes hacendados. No es posible que se estén robando los ríos y nadie se de cuenta”, le dijo a La Silla.

“El agua se volvió propiedad privada de los terratenientes de acá”, dice uno de los campesinos. "Aquí el agua, así como la tierra, pasó a ser objeto de monopolización”, explica otro, que pidió no ser citado por miedo a amenazas.

Agrega que durante febrero y marzo, en pleno verano, decenas de pequeños productores de banano no pudieron regar sus cultivos, y por eso pasaron de sacar 40 cajas por hectárea a 22.

“Nos desesperamos y tratamos de ir a las bocatomas de los ríos a sacar agua, pero ellos tienen celadores armados cuidándolas y nos ha tocado pelearnos a machete con ellos para que nos den un poco de agua para regar nuestros cultivos” dice uno de ellos. “Algunos de esos cuidadores son de la familia Díaz Granados”, agregó.

“Esos grupos de seguridad que crearon ya no dejan que el agua llegue a La Candelaria, un corregimiento entre río Frío y la Ciénaga”, dice otro miembro de una organización bananera que también pidió no ser citado.

Los Díazgranados son ampliamente conocidos en la zona porque algunos de los miembros del clan tienen un gran poder político y son unos de los grandes hacendados de la región. Como muestra este documento de Corpamag del 2015, varios Diazgranados manejan fincas dedicadas a la exportación de banano.

La Silla intentó hablar con uno de ellos, Fabio Díazgranados, quien es representante legal de las fincas Raquelita, Macondo, Esmeralda y Milady. Según dos campesinos de la región, esas son unas de las fincas que construyeron reservorios de agua desviada de los ríos. Díazgranados nunca nos contestó.

Uno de los campesinos cuenta que le han hecho llegar las denuncias a Corpamag, la autoridad ambiental de la región que, como hemos contado en dos historias, es una entidad politizada en la que manda el representante de La U Eduardo Díazgranados y cuyo director es desde octubre Carlos Francisco Díazgranados, primo hermano del congresista.

La Silla buscó al subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag Alfredo Martínez durante tres semanas pero primero nos dijo que buscáramos a la jefe de prensa de la entidad y,cuando ella tramitó el permiso para hablar con él, lo buscamos y no respondió.

San Martin, Cesar

Desde hace un año se viene cocinando una verdadera guerra por el agua en el sur del Cesar, donde ya se secaron 13 de las 50 ciénagas que había.

En mayo de 2015, como contó Verdad Abierta, dos mil campesinos denunciaron que se tuvieron que desplazar porque no tenían agua para vivir, un efecto de que ganaderos y palmicultores han ido secando las ciénagas.

El problema viene desde hace unos quince años, cuando varios hacendados abrieron canales artificiales para tener agua para sus cultivos de palma o el pastaje de búfalos, o construyeron murallas metálicas en las ciénagas para secar una parte y quedarse con las nuevas tierras.

El caso más conocido es el de Terraplén, un corregimiento de San Martín que queda en el complejo cenagoso del río Lebrija. Allí viven unas 450 familias de pescadores y campesinos, casi todos agrupados en la asociación de pescadores Agropet.

Desde hace más de diez años están de pelea con terratenientes de la zona que, según ellos, han cambiado el curso del río para “ganar tierra para la ganadería y el cultivo de palma". “Ellos han destruido delante de nuestros ojos las ciénagas de acá”, dice un activista de San Martín que pidió no ser citado.

Dos miembros de la comunidad de Terraplén presentaron denuncias ante la personería municipal y el Incoder en febrero de 2009 (veala aquí) y en marzo de 2014 (veala aquí) y dicen que gente desconocida los ha amenazado y les han enviado panfletos como estos.

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"Eso nos llegó cuando iniciamos el proceso de acompañamiento con las comunidades porque las estaban desalojando, pero no sabemos quién lo hizo”, nos dijo un activista ambiental de la región que nos pidió no ser citado y acompañó a los denunciantes.

Por esos hechos Corpocesar, la autoridad ambiental de la zona, le abrió investigaciones a seis terratenientes, de los que los más conocidos allá son el ex concejal Alirio Díaz y el empresario Álvaro Escobar Saavedra, cabeza de la empresa de servicios petroleros Ismocol y quien ha sido presidente de Asocebú. 

“Todos están siendo investigados por hacer obras sobre humedales comunales que son propiedad del Estado." le explicó a La Silla Kaleb Villalobos, director de esa CAR.

Dos personas con las que habló La Silla dicen que Alirio Díaz ha construido murallas y diques en la ciénaga La Torcoroma. Por ellas “todas las familias de Terraplén nos quedamos sin agua y sin áreas de pesca”, dice uno de ellos. Ahora viven de la siembra de ahuyama, tomate y plátano.

En ese caso, Corpocesar le remitió el caso a la Fiscalía General al comprobar que estaba construyendo murallas para sedimentar la ciénaga. Los demás casos están en investigación.

Pero igual el problema sigue vivo.

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“Las resoluciones de Corpocesar para que los hacendados tumben las murallas están, pero no se han hecho las demoliciones”, afirma Gloria Hernández, secretaria de gobierno de San Martín.

Por eso y porque Terraplén es apenas una muestra del enorme lío por el agua, Hernández le contó a La Silla que la alcaldía citó a una reunión el 23 de julio con Corpocesar, la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Paz Territorial del Cesar, la Unidad de Víctimas, el Ejército, la Policía y Alirio Díaz. “Queremos ver qué podemos hacer para salvar las ciénagas que quedan”, dice.

Montes de María, Bolívar

En esta región de Bolívar muchos de quienes fueron desplazados por la guerra ahora lo son por el agua. Solo entre el año pasado y este, según la Defensoría del Pueblo, se han desplazado más de 300 personas de 19 comunidades porque no tienen agua. En San José de Playón, un corregimiento de María La Baja que debería tener agua en abundancia gracias a un distrito de riego y una ciénaga, la gente tiene que caminar hasta tres horas para rellenar botellas de agua que ni siquiera es del todo potable. El problema empieza porque 80 por ciento del agua del distrito se va para regar palma y arroz, los dos productos que ahora pintan los campos de Montes de María y que necesitan mucha agua para crecer. “Si antes aquí la pelea era el derecho a la tierra, ahora también es el derecho al agua,” le explicó a La Silla la defensora regional de Bolívar, Irina Junieles. Además, el distrito de riego ya no funciona como cuando se construyó hace más de cincuenta años. “La siembra de la palma se hace casi que encima del agua con químicos que la contaminan, se talan los árboles en los afluentes, y ya se han muerto cientos de peces”, cuenta Junieles. La situación es tan crítica que hace tres meses los campesinos y pescadores cerraron las compuertas del distrito para presionar a Usomaría, la asociación de usuarios del distrito de riego que lo administra. Y aunque los usuarios perdieron muchas cosechas, el problema sigue. “No es posible que haya agua para regar la palma y el arroz, pero no para la gente”, dice Wilmer Vanegas, un campesino de la región. “Desde lo de las compuertas el problema sigue igualito: llega agua sucia tres veces a la semana y con eso lavamos los platos y nos bañamos”, agregó. Vanegas dice que a la gente le sobran ganas de salir a protestar, pero que no lo hacen “por miedo a que nos amenacen porque acá el poder de los empresarios es muy fuerte”. Y ese es solo un caso: a la oficina regional de la Defensoría todos los días llegan quejas de comunidades que dicen estar, literalmente, muriéndose de sed. Por ejemplo en Ovejas, un municipio sucrense en Montes de María, 17 comunidades campesinas salieron a marchar a finales del año pasado porque aunque están conectados al acueducto de Carmen de Bolívar, no les llega agua, se les han muerto sus animales y perdieron sus semillas. Por ello, algunos se desplazaron pero no hay cifras exactas. “Hoy el problema es igual porque la gente sigue caminando hasta dos o tres kilómetros para tomar agua, mientras los grandes terratenientes tienen sus reservorios repletos para el cultivo de teca”, le dijo a La Silla Nyria Ramírez Ortega, periodista que grabó el documental ‘El campo tiene sed’ sobre los campesinos de Montes de María.

Yopal, Casanare

En la capital de Casanare “se volvió negocio no tener agua”, dice Laura María Miranda, de la ONG ambiental Fundación Cunaguaro. Desde que sus más de 170 mil habitantes quedaron condenados a la sed en mayo de 2011, luego de que un derrumbe que acabó con la planta de tratamiento de agua potable, las únicas beneficiadas han sido las empresas de carrotanques. “A toda hora aquí por el centro uno ve esos carros pitando y la gente sale con sus baldes. También hay puntos de agua potable y toca hacer largas filas en la Cruz Roja y en los bomberos para conseguirla”, cuenta Miranda. La gente hace lo que puede con la poca agua que llega del acueducto, que viene del río Cravo Sur y no es apta para el consumo humano. El resto toca comprarle a los carrotanques o conseguirla almacenando agua lluvia. El problema de lo segundo es que esos tanques pueden incubar chikungunya, dengue u otras enfermedades. El alcalde Jhon Jairo Torres nos dijo que el próximo 8 de julio va a inaugurar la primera planta de tratamiento provisional que servirá para tratar las aguas del Cravo Sur. Según él, costó 11 mil millones de pesos y la idea es hacer una planta definitiva que hace parte de un proyecto del ministerio de Vivienda, en un contrato que ya firmaron Findeter y Aguas del Yopal por más de 56 mil millones de pesos. "Las manifestaciones fueron las que lograron que el ministerio de Vivienda compensara la deuda que por años ha tenido el gobierno con el Casanare y comprometiera a hacer esa planta", dice Carlos Gómez, uno de los voceros de los movimientos de defensa del agua en la región. Gómez también dice que esa planta definitiva puede volver a ser víctima de derrumbes porque se está construyendo en una zona de alto riesgo. “Hay documentos de la Sociedad de Arquitectos y de la Sociedad Colombiana de Geólogos que señalan que hay problemas en la zona donde planean construir la planta. Hemos grabado videos en los que demostramos que el terreno no es apto para construirla, y los de Findeter han tenido que venir a revisar”. Mientras eso no se solucione, seguirán siendo normales los llamados “paros de agua” como el del 2014 cuando la gente salió con palos y piedras a pedir que el Gobierno les solucionara el problema, o el de diciembre del 2015, en el que los conductores de los carro tanques hicieron paro porque no les pagaban el sueldo hace meses.

Anapoima

Este municipio de Cundinamarca, donde parte de la élite bogotana tiene casas de recreo, no tiene suficiente agua. “Un día les toca a tres barrios, otro día a otros y así. No alcanza para todos”, le dijo a La Silla el alcalde Yair Rodríguez, justo cuando acababa de salir de una reunión con alcaldes de municipios vecinos en la que discutían sobre la cantidad de agua que les llega cada día, suministrada por Aguas del Tequendama. Anapoima toma agua de dos puntos: 15 litros por segundo vienen de la quebrada La Honda, a través de Aguas del Tequendama, y otros 25 de la represa del condominio Mesa de Yeguas. Pero el pueblo necesitaría 130 litros por segundo para abastecerse totalmente. Aunque el alcalde dice que con Mesa de Yeguas no tienen problema -y en el condominio lo confirman- con La Honda las cosas son más complicadas. Según el alcalde, esa agua la comparten con municipios cercanos como La Mesa y Mesitas del Colegio, por eso hay días en los que solo llegan 5 de los 25 metros cúbicos por segundo. Tan grave es la situación, que en febrero la magistrada del Tribunal de Cundinamarca Nelly Villamizar suspendió la expedición de licencias de urbanismo y construcción en Anapoima, en parte porque no hay agua para tanta gente. Así se lo confirmó a La Silla Néstor Franco, director de la CAR de Cundinamarca. “En Anapoima el tema es muy grave. La gente tiene agua solo dos o tres días a la semana y hay un serio problema de crecimiento desbordado. Es un municipio que tiene una enorme población flotante que va los fines de semana y la gente que de verdad es de ahí no tiene acceso al recurso", explicó. Para solucionar el problema en 2006 el entonces gobernador Pablo Ardila entregó una licitación por 43 mil millones de pesos para la construcción del acueducto Anapoima-La Mesa, que se ganaron los Nule. Según le contó el alcalde Rodríguez a La Silla, dejaron un tanque, pedazos de redes y un detrimento patrimonial por más de 31 mil millones de pesos pero no agua. Para tratar de resolver el problema, Anapoima trató de hacer un convenio con Bojacá, un municipio del borde sur de la Sabana de Bogotá, para abrir un pozo profundo y traer el agua. “Pero la comunidad en Bojacá protestó porque al fin de cuentas es su agua, no la nuestra”, dice el alcalde. El gobernador Jorge Rey anunció que va a invertir 1.5 billones de pesos para diferentes soluciones de agua potable, planes maestros de acueducto y alcantarillado en el departamento y y para construir un embalse del río Bogotá en Calandaima, que le daría agua a Anapoima, Apulo y Tocaima en tiempos de sequía.