Los coqueteos de Santos II a los mineros

El gobierno de Juan Manuel Santos está volviendo a mirar a la minería, que arrancó su primer cuatrienio como una de las cinco locomotoras del desarrollo pero fue perdiendo vagones por el camino.

Esos coqueteos llegan justo en el momento en que el Gobierno siente el apretón fiscal que ha dejado la caída vertiginosa del precio del petróleo y que tiene que comenzar a pensar cómo financiar el aterrizaje del proceso de paz (si se firma un Acuerdo Final en La Habana).

También cuando el sector se enfrenta a un enorme dilema: los mineros saben que su sector pueden financiar el posconflicto y que su trabajo está ubicado en muchas de las regiones históricamente abandonadas que priorizarán los eventuales acuerdos de La Habana, pero al mismo tiempo que la minería es uno de los caballitos de batalla preferidos -y más políticamente rentables- para los movimientos sociales que viven allí. Y que seguramente lo será también para las Farc, si se terminan convirtiendo en un partido político y buscando traducir sus posturas ideológicas en votos en las urnas.

Por eso el mensaje de tranquilidad del Gobierno fue bien recibido entre el centenar de mineros reunidos en el Hotel Hilton de Cartagena para su congreso anual.

Los ramos de olivo a los mineros

“Colombia necesita, reitero y quiero repetírselo a ustedes, un sector minero fuerte, organizado, competitivo, sobre todo ahora que avanzamos decididamente en esa ruta hacia la paz y hacia la reconciliación”. Con esas palabras Santos clausuró este viernes el congreso minero y les dio un espaldarazo de apoyo que ellos llevaba rato pidiendo.

Santos llegó a prometiéndoles un rediseño de la política minera, delitos más fuertes para combatir la minería criminal, incluirla en las fuentes del lavado de activos y revisar si la carga tributaria de las empresas es muy fuerte (todas quejas del sector).

Ese no fue su único mensaje de tranquilidad. Cada ministro del Gobierno que llegó al congreso minero también traía su propio ramo de olivo: el de Minas, Tomás González, les prometió acompañar a los proyectos catalogados como de interés nacional -los famosos Pines- como Angostura de Eco Oro en Santurbán (Santander), La Colosa de Anglogold Ashanti en Cajamarca (Tolima) o el de Continental Gold en Buriticá (Antioquia).

El de Ambiente, Gabriel Vallejo, les aseguró que él no es una rueda suelta sino parte de un equipo de gobierno con una visión de desarrollo sostenible. Y el de Interior, Juan Fernando Cristo, anunció un proyecto de ley con reglas de juego para la consulta previa.

Pero la gran sorpresa en el congreso minero fue el anuncio de que nacerá una Agencia para el Diálogo Social, que se encargará en el posconflicto -en palabras del ministro Cristo- de que “haya un diálogo permanente entre el Gobierno colombiano, los empresarios, las comunidades, las minorías, para superar los altos niveles de conflictividad y consolidar un diálogo social en los territorios, [algo] que tiene que ver con la 'paz territorial'”.

Con esos anuncios, el Gobierno se anticipa a varias de las preocupaciones de un sector que sigue aportando, pese a las vacas flacas recientes y a que apenas son un puñado de empresas las que están operando, el 2 por ciento del PIB nacional y el 17 por ciento de las exportaciones. Y, por lo tanto, uno de los llamados a jalonar -como les insistió el propio Santos en Cartagena- el aterrizaje de La Habana.

A juzgar por los comentarios entre los empresarios mineros, el espaldarazo de Santos llegó en el momento correcto. “Ahora sí se dan cuenta que nos necesitan”, dice un alto ejecutivo. “Cómo reaccionan de rápido cuando se les daña la otra caja menor”, apunta otro, refiriéndose a la crisis de precios que atraviesa el petróleo.

“Es que cada rato nos creemos Arabia Saudita, petroleros y autosuficientes. El péndulo se había ido para allá, pero ahora se está devolviendo [hacia la minería]”, anota una persona con dos décadas de experiencia en el sector.

Sin embargo, temen seguir siendo el florero de Llorente en las regiones donde operan.

En busca de un diálogo inexistente

En los últimos dos años, tras el estallido de movilizaciones sociales en su contra, la mayoría de las grandes mineras han venido dándole más importancia a las relaciones con las comunidades locales en las zonas donde operan o donde aspiran hacerlo. O lo que se llama en el sector conseguir la “licencia social”.

Por eso muchos empresarios mineros en Cartagena acogieron visiblemente con entusiasmo la idea de la nueva entidad que dependerá de Presidencia.

“Es un mensaje político muy fuerte porque el Gobierno hoy está en modo apaga incendios. Y el rol del Estado no debe ser de árbitro, sino de acompañante. Eso es fundamental para que la relación entre los movimientos sociales y la minería no sea de opuestos y de conflictos”, dice Claudia Jiménez, que hasta el año pasado lideró el gremio de las grandes mineras y ahora está en la junta de Continental Gold.

Esta nueva agencia no es, sin embargo, un invento de Cristo ni de Santos. Más bien, es una idea que les propuso hace un par de meses un puñado de expertos de muy distintos rincones del mundo minero que conformaron un 'grupo de diálogo' -financiado por la Fundación Ford gringa (que también apoya a La Silla Vacía)- para discutir los temas críticos del sector y hacerle recomendaciones al Gobierno.

Entre ellos hay varias personas del corazón del mundo minero, como el ex ministro de Minas Luis Ernesto Mejía (que tiene un fondo de inversión para temas minero-energéticos), la ex líder gremial Claudia Jiménez (que aún asesora económicamente a varias empresas) o el empresario minero León Teicher.

Pero también incluye a personas que no vienen de la industria, como el líder indígena caucano Alcibíades Escué o el líder afro Benjamín Mosquera, el padre jesuita Francisco de Roux y su mano derecha Miriam Villegas (que han trabajado desde hace dos décadas con los campesinos del Magdalena Medio), el economista Luis Jorge Garay (que dirigió los estudios críticos de la Contraloría de Sandra Morelli sobre minería), el biólogo Fabio Arjona (que dirige Conservación Internacional en Colombia), el sociólogo Fabio Velázquez (que dirige la ONG Foro por Colombia, que monitora el sector extractivo) o Manuel Ramiro Muñoz (que dirige el Centro de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali, que ayuda a resolver conflictos entre campesinos, indígenas y afros).

El argumento de este grupo -que propuso la agencia para el Plan Nacional de Desarrollo- es que el diálogo horizontal entre empresas, comunidades y Gobierno debe ocurrir desde muy temprano y poder prevenir crisis, en vez de verse reducido a negociaciones de bienes como las que muchas veces se han vuelto las consultas previas, o en diálogos de sordos.

Es decir, retoma la idea del ex ministro del Interior Fernando Carrillo, quien creó hace dos años un primer piloto para sentarlos a todos en varios municipios petroleros de Casanare. Pero -como contó La Silla- justo cuando estaba a punto de dar sus primeros frutos, terminó siendo víctima de un remezón de gabinete y de la falta de interés del ministro entrante Aurelio Iragorri.

En principio será solo para hablar con indígenas y afros, dos grupos con los que las relaciones han sido bastante tensas desde que el gobierno de Álvaro Uribe entregó muchos títulos en sus territorios sin consultarlos como legalmente debía. Y con quienes la consulta previa obligatoria se ha convertido, dependiendo de quién lo mira, en una negociación bajo presión o en una transacción de bienes a cambio el visto bueno para un proyecto.

Aún no está pensada para dialogar también con los campesinos, aunque el cambio de nombre de la agencia nueva -de la de ‘Diálogo intercultural’ de sus ideólogos a la de ‘Diálogo social’ que Cristo anunció- deja entrever que es una posibilidad.

Porque con los campesinos podría estar uno de los retos claves hacia adelante.

Un campo, ¿con o sin minería?

Uno de los mayores temores para los mineros es qué sucederá en las regiones priorizadas por el proceso de paz, donde se están consolidando movimientos sociales que con frecuencia se oponen a su industria. Y que, con las 'circunscripciones especiales de paz', podrán llegar al Congreso con banderas políticas como el sentimiento antiminero y sin tener que competir con los partidos tradicionales.

La Cumbre Agraria -el nuevo súper movimiento político y social que reúne a muchas de las organizaciones de izquierda en el campo, a los indígenas y a los afro- ya ha dejado claro que la minería es uno de sus blancos preferidos.

De hecho, en el pliego de peticiones que le planteó al Gobierno pide explícitamente que se concerte la política minero-energética con toda la gente que vive en zonas rurales, que la minería deje de ser considerada un actividad de utilidad pública (que le permite al Gobierno expropiar si es necesario o darle prioridad a permisos como las licencias ambientales) y que todo proyecto esté sujeto a consultas con los campesinos parecidas a las que existen con indígenas y afro.

Aunque el Gobierno no ha aceptado discutir todos los temas con ellos, ya comenzó -como contó La Silla- una negociación de algunos puntos que no van en contra de lo negociado en La Habana con este movimiento social, que se proyecta como uno de los más fuertes si se firma un Acuerdo final con las Farc.

En el sector minero defienden que la minería no entra necesariamente en conflicto con la agricultura, por lo que ese es un falso dilema y hay espacio para todos.

“El campo no es solo el agro. La minería en todas sus formas es parte fundamental de lo rural: está presente en más de cien municipios y no es solo potencialmente generadora de recursos fiscales para el país, sino que -bien manejada- es fuente de empleo, educación, infraestructura y oportunidades. Tiene un impacto social parecido al del café”, dice León Teicher, quien dirige las operaciones en Colombia de la minera canadiense Continental Gold y antes fue presidente del Cerrejón.

Sin embargo, desde los movimientos sociales lo ven distinto.

“El posacuerdo -como preferimos llamarlo- va a estar atravesado por conflictos entre el deseo de profundizar en el modelo extractivista que pretende que la minería sea fuente de recursos para financiarlo y las comunidades campesinas que la ven como una amenaza. Los territorios sí van a entrar en conflictos, en donde la prioridad campesina sea garantizar la soberanía alimentaria y la economía campesina”, advierte el senador polista Alberto Castilla.

Él, que pertenece a la Cumbre Agraria y llegó al Congreso tras liderar los paros de hace dos años en el Catatumbo, viene de una de las zonas que podría convertirse en uno de los primeros 'laboratorios' de tensión.

En esa región de Norte de Santander se mezclan todos los ingredientes para un 'coctel molotov': una zona de reserva campesina propuesta (y declarada 'de facto' hace un año en desafío al Gobierno), un resguardo indígena enfrentado con los campesinos, un yacimiento petrolero de Ecopetrol y el trazado del futuro oleoducto Bicentenario, títulos de carbón y oro, un parque nacional, una de las zonas donde más se han aferrado la coca y el contrabando de gasolina venezolana, además de la presencia de tres grupos guerrilleros distintos (el ELN, las Farc y el reducto del EPL que lidera 'Megateo').

Algo parecido podría suceder en la cuenca Caguán-Putumayo, que actualmente aporta el cuatro por ciento del petróleo del país pero que el Gobierno cree podría duplicar sus reservas. Pero donde también se entremezclan tres parques nacionales, una zona de reserva campesina y otra en ciernes, el trazado del Oleoducto al Pacífico y el de la Carretera Marginal de la Selva.

“Las empresas tienen mucho miedo ¿Son ellos [los movimientos sociales antimineros] los que van a decidir qué sucede en esas zonas? ¿Se van a respetar las reglas de juego?”, pregunta un ejecutivo minero que prefirió omitir su nombre porque no está autorizado a hablar en nombre de su empresa.

Para él y otros empresarios con los que habló La Silla, una de las grandes preguntas es si la paz territorial que diseñó el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo -que contempla vincular a las comunidades activamente en la toma de decisiones- permitirá que éstas ejerzan un veto sobre la minería.

Eso reduciría drásticamente, ven ellos, el espacio donde podrían trabajar. “Los resguardos [indígenas] -al descontar las zonas ambientalmente protegidas- ocupan seis millones de hectáreas, los consejos comunitarios [afros] seis y las zonas de reserva campesinas propuestas otros nueve. Eso suma 21 millones y el país tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola. Y no estamos contando los páramos y las áreas protegidas”, dice otro ejecutivo. Es decir, ellos calculan que -si los movimientos sociales y comunidades étnicas logran imponerle un veto al sector- a éste le quedarían menos de 20 millones de hectáreas para explorar y potencialmente explotar.

Por esta razón, muchos mineros sienten que un proceso de diálogo serio y una Agencia de Diálogo oficial pueden contrarrestar la influencia de los movimientos sociales más antimineros en las regiones donde hay minerales. Porque, como dice una persona del sector, “las empresas y las comunidades están condenadas a vivir juntas, pero el Gobierno nacional no. Y necesitamos que ellas se sientan socias”.

De ese reto, que las comunidades se sientan parte de los proyectos, puede depender la suerte de la minería en una etapa posterior a los acuerdos de La Habana.