Las zonas de reserva campesinas desafían al Gobierno

Tibú fue la sede durante tres días del encuentro anual de las zonas de reserva campesina, que reunió a ocho mil campesinos.

Durante tres días, ocho mil campesinos de todo el país se dieron cita en Tibú, en las puertas del Catatumbo, para discutir su futuro y para darle un empujón a las zonas de reserva campesinas (ZRC), que es la manera que imaginan para organizarse económica y políticamente en algunas de las regiones más aisladas del país y que genera mucha resistencia entre varios sectores poderosos.

En el Polideportivo de Tibú, un descampado que hace las veces de auditorio para las plenarias y de enorme dormitorio lleno de carpas, se arremolinan cientos de campesinos y jóvenes universitarios, vistiendo camisetas con los logos de Marcha Patriótica, cachuchas del 'Catatumbo resiste' y con abundante agua para paliar el calor tibuyano.

Entre ellos retumba la voz de César Jérez, uno de los líderes más visibles del movimiento de reservas campesinas. “Sergio Jaramillo encabeza el veto institucional contra las zonas de reserva campesinas” y “Sergio Jaramillo nos tiene con el San Benito de que las zonas de reserva hacen parte de los acuerdos de La Habana”, repite varias veces este santandereano de voz ronca.

Esas frases muestran que las cosas han cambiado políticamente en los últimos meses y que el movimiento, que vio con buenos ojos que las ZRC fueran un eje clave del punto agrario con las Farc en La Habana, ahora considera que el Gobierno -encabezado por el Alto Comisionado de Paz- las tiene frenadas.

Y está presionando -casi desafiando- para que activen las reservas campesinas desde ya. A sus proclamas contra las multinacionales, el narcolatifundio y la megaminería, responden vivas a “la lucha campesina” y a “no nos dejaremos acabar”. La euforia crece aún más cuando llegan dos 'visitantes ilustres': primero el senador polista Iván Cepeda, que -tras un atronador aplauso por su debate sobre el paramilitarismo (y contra Uribe)- promete llevar el debate sobre las ZRC al Congreso. Luego la ex senadora Piedad Córdoba, que equipara la lucha de su auditorio a la del célebre Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.

Al final, tras un día de mesas de trabajo, el cuarto encuentro cierra con una multitudinaria marcha de campesinos por la avenida principal de Tibú. Todos celebran la autoproclamación -sin Gobierno de por medio- de la reserva campesina del Catatumbo, cuyo proceso -dicen ellos- lleva estancado cinco años y fue una de sus exigencias en el paro de 52 días que paralizó la región hace un año (y que fue el abrebocas de los dos paros nacionales que le siguieron, en los que el movimiento de reservas campesinas jugó un papel protagónico).

Cesar Jerez, de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, es quien más vocalmente ha señalado a Sergio Jaramillo de liderar el veto contra las ZRC. Foto: El Espectador.

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Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz, defiende la idea de una 'paz territorial', que encajaría por lo menos en parte con la idea de las ZRC.

Desde hace un año, la temperatura pública sobre estas áreas protegidas campesinas había bajado. Tras la firma del punto agrario en La Habana que las propuso como instrumento de desarrollo rural a nivel local, fueron diluyéndose las voces más críticas como la de José Félix Lafaurie, el líder gremial ganadero que las describía como “Marquetalias” y “cartuchos rurales” porque una de las propuestas más polémicas de estas zonas era tener la misma autonomía de gobierno que tienen los resguardos indígenas o los consejos comunitarios afro.

En esa época, cuando las seis reservas campesinas que existen y las otras seis que están en proceso se reunieron en San Vicente del Caguán para enviar sus insumos a La Habana, todo el peso de sus críticas caía sobre los militares y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Era a ellos a quienes acusaban de ser el palo en la rueda para que las reservas campesinas avanzaran, a quienes señalaban de estigmatizarlos como “nidos de la subversión” y de reeditar la oposición que se mantuvo vigente durante todo el gobierno Uribe, que los veía como extensiones de las Farc.

Ahora dicen que los negociadores de paz quieren dejar las zonas de reserva campesina en remojo hasta que las conversaciones con las Farc lleguen a buen puerto, supeditándolas a lo que suceda en Cuba y no viéndolas -dicen ellos- como un modelo válido de desarrollo rural y participación política para el campesinado en las regiones más remotas.

Para ellos, es una primera señal del supuesto veto que este año no vino a Tibú ningún alto funcionario del Gobierno, a diferencia de otros años. Según Anzorc, muchos se bajaron a última hora por lo que Andrés Gil llamó “las gestiones subterráneas” de Jaramillo, a quien le atribuyen un lobby adverso pese a que -como arquitecto de los diálogos- ha sido el Alto Comisionado el que más ha insistido en la importancia de una 'paz territorial', que incluye las zonas de reserva, como uno de los hilos conductores del proceso de paz con las Farc.

“Hicimos una convocatoria amplia y abierta. El ministro [Aurelio] Iragorri nos dijo que vendría y nada. Del Incoder tampoco vino nadie. Eso es un indicio claro: a buen entendedor, pocas palabras”, dice Javier Soto, minutos después de dar por terminada una reunión con los campesinos del Cauca en la que intentan trazar una estrategia para mejorar las relaciones con los indígenas organizados en el Cric, que no ven con buenos ojos las potenciales reservas en los linderos de sus resguardos. Como líder de una de las zonas de reserva pioneras (la de El Pato-Balsillas, que abarca 68 mil hectáreas en el norte de San Vicente del Caguán), él es uno de los integrantes de Anzorc con más experiencia.

Es cierto que es la primera vez en cuatro encuentros que el gerente del Incoder -que tiene bajo su ala la creación y gestión de las ZRC- no asiste. Según los líderes de Anzorc, el Gobierno también presionó -“por debajo de cuerda”, en sus palabras- a los organismos de Naciones Unidas y la comunidad internacional para que no vinieran a Tibú. Señalan, como muestra, al puñado de funcionarios extranjeros -algunos del Pnud, la FAO y la OIM, más otros de ONGs como International Action for Peace, las Brigadas de Paz o la sueca Forum Syd- como una excepción, aunque no es claro que el número sea menor que antes.

Una persona que ha seguido de cerca el proceso de paz le señaló a La Silla que es falso que Jaramillo encabece un veto, explicando que él fue instrumental en que el tema figurara en la agenda agraria en La Habana y que “él nunca se tomaría esas atribuciones”.

Otro indicio de ese presunto veto, para Anzorc, es que la mayoría de procesos de constitución de las ZRC avanza muy lentamente en el Incoder. Según ellos, el año pasado se actualizaron los planes de desarrollo sostenibles de las seis ZRC existentes, pero están desfinanciados. Además, dicen que Catatumbo y Lozada-Guayabero (en el sur del Meta) ya adelantaron el papeleo para ser declaradas, mientras que Sumapaz lleva diez meses esperando una audiencia obligatoria con la comunidad aplazada desde enero por la telenovela política en torno a la destitución del alcalde bogotano Gustavo Petro.

En total, ellos hablan de una cincuentena de procesos potenciales, aunque el Incoder viene insistiendo desde hace un año en que ese número desborda su capacidad y en Defensa dudan de que haya condiciones de seguridad en muchas de ellas.

Los campesinos de las zonas de reserva creen que el tema no debería estar supeditado a lo que sucede en La Habana.

Andrés Gil, otro de los líderes del movimiento, cree que el Gobierno está demorando deliberadamente los procesos de las ZRC.

Sin embargo, en lo que más insisten Gil y los demás líderes del movimiento es que las zonas de reserva campesina quedaron atrapadas en medio de un pulso entre el Gobierno y las Farc en la mesa de negociación.

“Jaramillo habla de paz territorial en todos lados, sin nombrar a las zonas de reserva campesina. Tampoco ha querido reunirse con nosotros jamás”, dice César Jerez. A metros de él se organiza el sancocho de almuerzo para los cientos de asistentes, en cocinas con los nombres reconocibles de Simón Rodríguez o Hugo Chávez y otros menos identificables como los cuatro integrantes del paro del Catatumbo que murieron el año pasado.

“¿Que está en debate en La Habana? Lo vemos como algo positivo, pero no fue idea de ellos, ni de las Farc ni del Gobierno. Fue un insumo que nosotros les mandamos”, dice Andrés Gil, líder de la Anzorc y de Marcha Patriótica que es uno de los súper poderosos de la movilización social en el país. Él, al igual que Jerez, se hizo políticamente en la ZRC del Valle del Río Cimitarra, ubicada en la zona fronteriza entre Antioquia, Bolívar y Santander y ganadora del Premio Nacional de Paz en 2010.

Él insiste en que es equivocado concebirlo como un pulso en Cuba porque eso sería verlo como una concesión a esa guerrilla y no como un reclamo histórico de los campesinos que ya está en la ley. Desde esa óptica, según Gil, el Gobierno no quiere avanzar porque si lo hace no tendría qué mostrarle a las Farc después y temería que las Farc quisieran correr la cerca aún más. Además le parece contradictorio que el Gobierno interlocute permanentemente con la ONIC indígena y con los afro, pero no con ellos. Y añade que “nos interesa participar en el proceso de diálogos de paz, tal como lo han hecho las víctimas”.

Esa parálisis resulta ilógica para Anzorc porque las reservas campesinas existen legalmente desde hace veinte años, cuando las creó la Ley 160 de 1994 con el ánimo de proteger a las comunidades campesinas que estuvieran amenazadas por el conflicto, por la ampliación de la frontera agrícola y por la colonización. De hecho, las primeras seis nacieron a finales de los años noventa, en gran medida gracias a un préstamo del Banco Mundial.

La idea era impedir que dentro de estos territorios se realizaran actividades que perjudicaran la economía campesina, como los monocultivos, la concentración de la tierra o la minería. Pero también para promocionar la economía rural a pequeña escala, que un estudio de Fedesarrollo liderado por José Leibovich -un economista más cercano a la ortodoxia- concluyó es más productiva que la más extensiva. Al estar ubicadas geográficamente en zonas de influencia de la guerrilla, durante los ocho años de Uribe fueron vistas como "nidos de subversión".

“Es tan absurdo que equivale a decir que no puede haber estatuto de la oposición -como viene reclamando el Polo- porque está en el punto de participación política [en La Habana]”, dice Gil.

Mientras tanto, dentro del equipo de Gobierno que está detrás del proceso de paz el consenso es que el Estado debe acompañar los procesos, garantizando que los planes de desarrollo de las ZRC se puedan poner en marcha y asegurándose que las instituciones llegan a las regiones. 

Aunque todos en Tibú han oído de la idea de declarar parte de su zona rural como reserva campesina, muchos no tienen una idea clara de qué significa eso. “Pues eso suena bien pero yo no sé mucho de como es eso”, dice un tibuyano que fue contratado por Marcha Patriótica para ayudar con los preparativos del encuentro. Ese hecho, que haya gente en las regiones que no es consciente del proceso y sus efectos en el territorio, es otro de los puntos que el Gobierno quiere entender. De ahí la demora en ponerlo a rodar.

“El problema no son las reservas campesinas sino, como en cualquier espacio que no se llene, que puedan ser instrumentadas con otros intereses y no poniendo por encima el bienestar de la gente que vive allí”, dice una persona del Gobierno que conoce los problemas en estas regiones.

En todo caso, al movimiento de reservas campesinas les preocupa el destino del proceso de paz, que ellos se niegan a ver como irreversible.

“Si no llega a haber proceso de paz al final, ¿entonces no habrá zonas de reserva campesina? ¿Eso quiere decir que el Gobierno no va a cumplir la ley?”, pregunta Juan Carlos Quintero, uno de los líderes de la zona de reserva en el Catatumbo y de las cabezas del paro de 52 días allá el año pasado.

Con él coincide Jerez, que describe esa idea de que el proceso no tiene marcha atrás como “un manejo mediático del Gobierno que busca construir una matriz de opinión para presionar a las Farc a un acuerdo”, pero que no les da garantías a ellos sobre la sostenibilidad de las ZRC que ya existen o la suerte de las que aún no.

Esa realidad subraya la coyuntura favorable pero también llena de ambigüedades en que están las reservas campesinas desde la llegada al poder de Santos. En términos prácticos no ha nacido ninguna nueva ZRC, aunque sí se le levantó la suspensión que Uribe impuso en la del río Cimitarra. Al mismo tiempo, el proyecto de ley de desarrollo rural que el ex ministro Juan Camilo Restrepo impulsó -y que lleva dos años enredado en la consulta previa- tiene todo un capítulo defendiéndolas como una manera de “garantizar la presencia institucional en zonas que han expuesto a sus habitantes a condiciones de marginalidad con nula o baja presencia del Estado”. Es decir, de nuevo un impulso pero solo de la mano de la presencia del Estado.

A los estamentos militares y a varios altos funcionarios de Santos no les convence su existencia, dada la realidad indiscutible de que las reservas campesinas existentes y propuestas coinciden con territorios donde las Farc han tenido presencia permanente y a que sus habitantes han debido convivir, ya sea por necesidad o por convicción, con esta guerrilla o con el ELN. Y muchas de ellas comparten algunos de sus planteamientos sobre temas como la economía campesina, el rechazo al modelo agroindustrial y a la extracción de petróleo o minerales en territorios campesinos.

Gil y Jerez, como los demás líderes, niegan cualquier vínculo con las Farc. Pero el tema seguirá siendo álgido ya que  algunas de las peticiones de la Cumbre Agraria -la unión de varios movimientos campesinos en donde ellos están- coinciden, como ha contado La Silla, con temas que han planteado las Farc en La Habana y que el Gobierno no ha querido negociar. Uno de ellos es la autonomía de las ZRC, otro la necesidad de una consulta previa para los campesinos como la que ya existe para indígenas y afros.

Al final de la reunión en Tibú y como desafío al Gobierno, se autoproclamó la reserva campesina del Catatumbo.

Este mapa muestra las seis reservas campesinas constituidas hasta el momento, las seis que están en proceso de formación y las que existen en la práctica, pero no han adelanto el proceso.

En ese contexto, el movimiento de las zonas de reserva está buscando nuevas formas de presionar y sus líderes no descartan volver a las movilizaciones y vías de hecho, como en los últimos paros.

Su primer acto de desafío político fue declarar una parte del Catatumbo como una zona de reserva campesina 'de hecho'. Aunque en la práctica crearla no tiene mayores efectos, sus líderes insisten en que es “un hecho político” y una forma de darle aliento a sus bases.

“Ya somos una en realidad, si usted mira el proceso que hemos hecho de organización y también de papeleo. Ante la dilación y la carencia de reconocimiento del gobierno, nosotros nos declaramos como lo que ya somos”, dice Juan Carlos Quintero, quien -con su hermana Olga- es uno de los líderes más visibles del Catatumbo. “O la reconocen o terminará la gente divorciándose más de las políticas del gobierno. Y estuvimos 6 mil en el paro”.

Para marcarlo ya, instalaron dos vallas dando la bienvenida a la ZRC, con un paisaje ribereño y las manos de un campesino acunando una pequeña planta. Por ahora hay una a la entrada de Tibú y otra a una media hora, aunque la idea es instalarlas en también en los otros linderos, incluido el que tienen en el norte con los indígenas barí, que enviaron un mensaje oponiéndose a la idea que fue leído al arrancar la cumbre.

No es el único pulso que tienen con el Gobierno. Están boicoteando el censo agrario que se está haciendo por primera vez en 40 años, dado que no fue aceptada su petición de incluir la categoría 'campesino', como sucede con afros e indígenas. Su idea era -en palabras de uno de sus líderes- “contarnos y que nos reconozcan contados”.

Hasta ahora las diferentes ZRC -tanto las existentes como las que están en proceso- han venido interponiendo demandas contra el censo, en una tutelatón como la de Petro en Bogotá. Según ellos, muchas zonas del país no están contestándolo y hay municipios como Inzá (Cauca) donde nadie lo ha hecho, lo que reduciría la eficacia de una herramienta pensada para tener estadísticas sólidas del campo y, a un costo de 250 mil millones de pesos, poder diseñar políticas agrarias efectivas.

Aunque el Gobierno parece no tener prisa, el movimiento de zonas de reserva campesina insiste en presionar para meterle el acelerador tanto en el terreno como en la mesa de negociación en La Habana.

“Sería un mensaje de confianza hacia las Farc: ellos verían que uno de los puntos del acuerdo echó a andar”, dice Jerez, explicando que ellos ya han conversando sobre potenciales acuerdos de cooperación internacional -como los que han tenido Cimitarra y Pato-Balsillas- con la delegación de la Unión Europea, con varias embajadas europeas y con los organismos de la ONU, algo que La Silla no ha podido confirmar.

Según Jerez, todos lo ven como una forma idónea para aterrizar los acuerdos de La Habana e impulsar el desarrollo rural, aunque siempre y cuando sea con la luz verde del Gobierno. Es decir, la que por ahora no tienen.