Los pequeños mineros que Santos necesita

Los 94 mineros de la cooperativa de Íquira son un modelo de producción de oro a pequeña escala, sustentable y comunitario que está vendiendo con una prima de 'comercio justo' en Europa y Estados Unidos. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano.

Cuando el director francés Jacques Audiard se ganó la Palma de Oro en Cannes hace dos meses, en el festival de cine más importante del mundo, levantó una escultura con forma de hoja de palmera, hecha en oro puro por la prestigiosa joyería Chopard. Oro que fue minado por una comunidad de mineros artesanales en las montañas de Íquira, en el centro del Huila.

A un par de semanas de que el ministro de Minas Tomás González presente la nueva política para formalizar a los miles de pequeños mineros en todo el país que no tienen título, la experiencia de estos 94 mineros podría convertirse en un modelo a seguir.  

Ellos, agrupados en la Cooperativa Multiactiva de Agromineros de Íquira, llevan seis meses exportando a Europa un oro completamente trazable y certificado como de 'comercio justo'. Un oro que -a diferencia del que producen miles de pequeños mineros que languidecen entre la informalidad, la extorsión y la sombra de la minería criminal- cumple con todos los requisitos laborales, fiscales y ambientales. Algo poco común en un sector que suele ser criminalizado, pero al que rara vez le han ayudado a sacudirse ese rótulo de encima. La de ellos, una ‘tercera vía’ en la minería, es una explotación a pequeña escala, comunitaria y sostenible.

Por eso, si el presidente Juan Manuel Santos quiere cumplir su promesa de montar a los pequeños en la locomotora minera, esta cooperativa opita puede ser un buen modelo sobre cómo ayudarlos a trabajar legalmente y, sobre todo, en una forma que no destroce el ambiente a su alrededor.

Se llaman a sí mismos agromineros porque, al mismo tiempo que producen oro, cultivan café y plátano. José Ignacio Pérez, su representante legal, señala su finca en la loma vecina.

Al recorrer las empinadas laderas cubiertas de cafetales de este rincón del Macizo Colombiano, aparecen unos arcos de cemento con la forma de una U invertida.

Son las bocaminas de la cooperativa, que tiene 31 socios accionistas y 63 mineros empleados. A lo largo de tres veredas vecinas -todas cubiertas por cafetales casi verticales- esas compuertas dan entrada a los estrechos laberintos de túneles que serpentean hasta 300 metros bajo tierra, siguiendo el camino de las vetas de oro que relucen como estrías sobre la piedra gris.

“Mi abuelo Lácides ya miniaba oro aquí hace cuarenta años. Pero, en esa época, con la poca tecnología que tenían y solo una mula para sacar la piedra, era algo más de supervivencia que una ocupación”, dice James Pérez, que ya lleva 11 de sus 32 años viviendo del oro. Su familia tiene el trabajo dividido: mientras él opera la mina La Milagrosa, su hermano Norbey la planta de beneficio y su papá José Arnoldo la finca.

A ellos la curiosidad les quedó. En abril de 2004 una decena de agricultores de la zona se juntaron, sin saber aún nada de minería, para fundar la cooperativa y pedirle un título al Gobierno. En ese rectángulo de 37 hectáreas, que abarca las fincas familiares de todos, comenzaron a volverse mineros. Hoy ya producen 8,5 kilos al año.

Al comienzo lo vendían en Neiva pero ahora, desde que en agosto pasado recibieron su certificación internacional como productores de 'oro ético', se les abrieron los mercados fuera del país. En seis meses han hecho ya cuatro exportaciones, tres a Francia y una a Estados Unidos.

Se llaman a sí mismos 'agromineros' porque casi todos viven, al mismo tiempo, del oro y el café. A eso le atribuyen ellos la conciencia que tienen de que su nueva vocación tiene que ser sustentable.

“Uno tiene sentido de pertenencia con las dos cosas porque las necesita ambas. Cuando no hay mina, hay café. Y cuando no hay café, hay mina. Así uno se complementa”, cuenta Luis Alfredo González, socio de la mina San José y también de una planta de procesamiento.

Hace tres semanas terminó de cosechar el café en su finca de 5 hectáreas, que -al igual que el oro- vende con un sello de calidad: el Rainforest Alliance, un café especial que se ha extendido por el departamento que hoy lidera la producción del grano en el país. Luis Alfredo tiene, además, un tercer trabajo: es el representante de los mineros y cafeteros de estas veredas en el concejo de Íquira.

En el último año, a la par que se certificaron, los mineros de Íquira han construido en sus plantas de beneficio un circuito cerrado que evita que el agua cianurada se vierta al ambiente y retortas que evitan que el mercurio se evapore en la atmósfera.

En una destartalada casa de Pacarní funciona la oficina de la cooperativa. Las fotos de cada una de las 16 minas y 9 beneficiaderos adornan sus paredes, así como una cita de la comediante gringa Lucile Ball. “Si encuentras un camino sin obstáculos, posiblemente no te lleve a ninguna parte”, dice. Un espejo del camino que han recurrido estos mineros, casi sin ningún apoyo estatal.

En los anaqueles de la vieja biblioteca reposan 'los libros' de cada minero, identificados en el lomo por el número de asociado de cada uno. '5 kilos de Indugel, 20 detonadores y 20 metros de mecha de seguridad', se lee en una hoja del libro de la mina San José, encima de la firma y la huella dactilar de Luis Alfredo.

Esa carpeta, que registra cada una de las voladuras que hacen dentro de las minas para romper la piedra y también cada pedido de dinamita del polvorín comunitario, es la que presentan sin falta todos los meses en el batallón de la Novena Brigada en Neiva como prueba de su manejo de explosivos. Ese es uno de los muchos requisitos que los acreditan como mineros de buenas prácticas.

“Como somos los propietarios, los que vivimos acá y también campesinos, somos los primeros perjudicados si las cosas no se hacen bien”, dice José Ignacio Pérez, el representante legal de la cooperativa. Mientras habla señala el frondoso valle de la vereda Buenos Aires, donde están las minas de La Milagrosa, San José y la suya de San Roque. En una esquina de la ladera se entreven algunos de sus 41 mil matas de café y un diminuto platanar.

Al igual que sus asociados, Pérez viste un uniforme hecho a su medida: camisa de dril azul oscuro, nombre de su mina en la espalda y el logotipo de la cooperativa -una figura precolombina pijao- en la solapa. Como gerente de la cooperativa tiene un contrato a término indefinido, igual que todos los mineros, la secretaria y la socia que se encarga del polvorín. Cada uno tiene pensión, cesantías, salud, vacaciones y riesgos profesionales de nivel 5, el más alto de todos. (De hecho, nadie que no tenga ese nivel de riesgos profesionales -como este periodista de La Silla- puede entrar en sus minas).

La contraprestación por seguir, al pie de la letra, la lista de más de 200 reglas es buena: venden el oro a un precio garantizado del 95 por ciento del que fija la Bolsa de Londres, y a veces más. Una cifra mucho mayor que la que reciben en Colombia.

Encima de eso se ganan un premio de 4 mil dólares por cada kilo exportado, que le queda a la cooperativa. Con la plata de su primera exportación en diciembre completaron los ahorros para comprar una nueva casa a una cuadra de la iglesia, que ya están a punto de inaugurar. Allí harán sus asambleas bimensuales, en la que toman las decisiones por mayoría, evalúan el cumplimiento de sus requisitos y, cuando toca, sancionan a uno de sus socios.

Al mercado internacional llegaron de la mano de la Alianza para la Minería Responsable (ARM), una ONG antioqueña que viene ayudando a asociaciones de pequeños mineros a mejorar sus estándares de trabajo. Tras impulsar el programa de 'oro verde' en el Chocó, ARM se inventó un estándar de comercio justo (el conocido 'fair trade') para minería de oro, que bautizó 'Fairmined'.

Tener ese logo -que está cincelado en la Palma de Oro- significa que cumplen con una larga lista de buenas prácticas: no tienen niños trabajando, tienen a todos sus empleados afiliados a la seguridad social, pagan regalías, el trabajo en sus minas es seguro, no liberan residuos de mercurio ni cianuro, no contaminan fuentes de agua y reforestan.

Eso les ha dado acceso a un mercado pequeño, pero creciente, de empresas que buscan 'oro ético' y están dispuestas a pagar más por él: joyerías como la suiza Chopard y la francesa Boucheron, el Banco Central de Luxemburgo para acuñar monedas especiales y Microsoft para sus microchips especiales. En total son 60 empresas hoy, aunque el Banco Interamericano de Desarrollo está diseñando una plataforma para comercializarlo y abrirle nuevos mercados.

Por ahora los de Íquira son los únicos colombianos certificados, aunque vienen varios en camino. La Llanada (Nariño) -que tiene un modelo comunitario parecido al suyo- ya pasó la auditoría y será 'Fairmined' en agosto. Detrás vienen otras cooperativas de Los Andes Sotomayor (también en Nariño), Vetas (Santander) y el sur de Bolívar.

El caso de estos minero-cafeteros es algo excepcional porque, cuando ARM los conoció hace un año, ya cumplían con la mayoría de los requisitos.

“Nos faltaban como 30 de 200”, dice con orgullo José Ignacio, mientras parquea su moto en la entrada de la planta de La Milagrosa. Ese beneficiadero, donde procesan unas tres toneladas de piedra diarias, es un ejemplo del 'modelo Íquira'.

Al final del proceso de trituración y amalgamación con mercurio, el polvillo dorado termina en un aparato llamado retorta. De un recipiente donde el oro se calienta con un soplete se desprende un tubo metálico, que va capturando el mercurio evaporado y lo vuelve a condensar para que pueda ser reciclado. Eso hace que ahora, al sacar una bolita dorada, no se les escapa el mercurio a la atmósfera ni lo inhalan ellos, dos de los mayores problemas en la pequeña minería.

Cuando llegó ARM por primera vez, algunas de las plantas también vertían los líquidos residuales fuera, algo que ahora evitan con tanque que permite reciclar y reutilizar el agua cianurada en un circuito cerrado. Cambiaron todos los contratos de prestación de servicios por unos fijos. En total, en menos de mes y medio estuvieron listos para la auditoría externa, que pasaron sin problemas.

El caso de Íquira muestra que los mineros artesanales pueden trabajar con altos estándares técnicos y ambientales. Pero también que la nueva política de formalización que anunció el presidente Santos -y que ha sido una deuda histórica del Gobierno- estará destinada al fracaso si no los acompaña permanentemente en el proceso.

“Nosotros no queremos atacar la minería artesanal. Todo lo contrario, queremos ayudarlos, queremos formalizarlos”, dijo el presidente Santos hace año y medio.

En ese momento le estaba pidiendo a su entonces ministro de Minas Amylkar Acosta que agilizara la política para los 200 mil pequeños mineros, que estaban en paro como protesta por una serie de medidas represivas que -para ellos- confundían la minería informal con la criminal que, además de devastar selvas y ríos, ha financiado a la guerrilla y las bacrim. Este año Santos volvió a prometer, durante el Congreso de la Gran Minería, que habrá “fiscalización diferenciada”.

Sin embargo, esa es -como ha contado La Silla- una vieja promesa que se ha incumplido en todos los gobiernos desde César Gaviria.

Su mayor escollo histórico es que se trata de un proceso largo, muy gradual y que requiere bastantes recursos y acompañamiento del Estado, algo que el propio Gobierno se ha demorado en comprender. Por lo que la mayoría de mineros sigue trabajando sin título, sin licencia ambiental y con métodos muy lesivos para el medio ambiente.

De hecho, ARM estima que guiar a una asociación durante todo el proceso de formalización y certificación es de 18 a 24 meses, un tiempo que da una idea de lo complejo del proceso.

“No quisiera volver romántico el caso de Íquira. Ellos se han encontrado múltiples obstáculos para poder ejercer su actividad, tanto en términos de llenar los requisitos legales como en términos de desarrollar las habilidades que se necesitan para hacer una minería bien hecha. No han tirado la toalla como muchos porque tienen una visión de lo que quieren y espíritu empresarial”, dice Lina Villa, la directora de la ONG antioqueña.

Ayudar a los pequeños a volverse legales no solo los ayudaría a ellos. Detrás también hay un poderoso argumento económico.

“El impacto de un kilo de oro artesanal genera 50 empleos de mineros en un año, según el promedio mundial, cuando el segundo mayor grupo industrial de oro del mundo produce 4 kilos de oro por cada empleado. El ratio para el mismo producto es de 1 a 200”, explica el empresario francés Patrick Schein, que comercializa oro Fairmined en Europa y fue el primer comprador de Íquira.

Ellos coinciden con esa visión, hablando de sí mismos no como una cooperativa sino como 'la empresa'. En su cabeza son empresarios que, con dificultades pero pulso, han sacado adelante un proyecto empresarial que, sin embargo, ellos ven cada vez más difícil de replicar.

“Uno como minero, para empezar de cero y surgir, es imposible hoy. El Gobierno tiene que tenderle la mano al minero, ayudarle a organizarse y tecnificarse. Los costos se han disparado un 100 o 200 por ciento y los requisitos también”, dice José Ignacio, recalcando por cuarta vez que nunca han recibido nada del Estado. “Muchos deciden quedarse quieticos y son ilegales porque se economizan mucha plata. Saben que meterse es un chicharrón”, coincide con él James.

Para Lina Villa, este grupo de mineros debería ser un caso de estudio para el Gobierno, aunque también abre una serie de interrogantes que determinarán si el plan de choque de Santos para los mineros artesanales funciona.

“Ellos se sienten y actúan como pequeños empresarios pero, ¿cómo hacer para que los procesos y las normas los traten así? No crecen porque no tienen capital. Entonces, ¿cómo dar acceso a capital para este sector? Han tenido apoyo, ¿pero cómo generalizar un modelo de acompañamiento técnico para el sector? Y han desarrollado habilidades blandas. ¿Cómo ver la formalización como un proceso que empieza en la legalidad pero continúa?”, pregunta.

Ellos mismos admiten que con frecuencia se sienten abrumados por el cúmulo de responsabilidades y de gastos que minar acarrea: pagos por la administración del polvorín, seguimiento a la licencia ambiental, solicitudes de compra de explosivos que solo se pueden tramitar en Bogotá...

“Hay ratos en que pensamos tirar la toalla y acabar con esto. Porque hay mucho compromiso y la mayoría son de plata, y uno tan apretado”, dice José Ignacio, quien estuvo representándolos en mayo en un foro de la Ocde en París sobre cadenas de valor responsables en minería.

A pesar del éxito de Íquira, ningún ministro ni viceministro de Minas jamás los ha visitado. Tampoco un director de formalización del Ministerio. Ni un gobernador. Solo, una vez, vino un Secretario de Agricultura y Minería del Huila.

“Al Gobierno le ha tocado apretar porque la minería ilegal es un caos, sobre todo en la aluvial. Los ataca, pero no mira a ver cómo puede volverlos legales y cómo acompañarlos con técnicos. Le faltan más ojos puestos en dónde son las partes que están haciendo las cosas bien”, dice James.

Como estas montañas sembradas de café y llenas de oro, que están exportando uno y otro.