Los súper poderosos de la política de drogas

Barack Obama

Cualquier posibilidad de que la política de drogas en Colombia se mueva pasa por un cambio a nivel internacional. Y aunque varios países han venido rompiendo con el enfoque prohibicionista con decisiones como despenalizar el porte y el consumo -y Uruguay incluso aprobó esta semana regular la producción y venta de marihuana- el balón sigue estando en manos de Estados Unidos.

Washington ha sido muy lento en reconocer el fracaso de la “guerra contra las drogas” que inauguró Richard Nixon en 1971, pero poco a poco está dando pasos en una dirección diferente. Recientemente, su Fiscal General Eric Holder le dijo a los estados de Colorado y Washington que el Gobierno federal no bloqueará la legalización de la marihuana que ambos aprobaron en las urnas el año pasado.

Esta posición, que en principio parecería tener efectos sólo a nivel local, puede tener implicaciones más profundas en la política antidrogas mundial y en Colombia, porque la Casa Blanca ha sido el principal promotor de las convenciones internacionales más represivas sobre drogas, uno de los mayores financiadores de los órganos de drogas de la ONU y ha ejercido presión durante décadas para que los países firmantes las cumplan al pie de la letra. Al abandonar Obama las políticas prohibicionistas, así sea gradualmente y obligado por razones domésticas, el resto del mundo podrá buscar fórmulas intermedias que le permitan combatir el consumo como un problema de salud pública.

Juan Manuel Santos

Un giro radical en la política antidrogas pasa por lo global, pero el presidente Santos tiene el poder de hacer muchos cambios que pueden reorientar la política a nivel local.

En la Cumbre de las Américas hace dos años Juan Manuel Santos le pidió a la OEA -junto con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina- un estudio serio sobre alternativas en la política contra las drogas, que sirviera de base para transformar la política antidrogas. Ese informe ya salió publicado y ha ayudado a que la OEA -tradicionalmente reacia a reevaluar la estrategia- esté hablando hoy más de salud pública y de reducción de oferta. Santos también creó, a nivel nacional, una Comisión Asesora en Política de Drogas que integran 11 expertos con una visión progresista del problema. El problema es que la mayoría de los expertos consultados coincide en que Santos no ha dado demostrado aún que tiene la voluntad política de aterrizar su discurso y liderar la discusión por fuera del país.

Embajada de Estados Unidos

Aunque no tiene la influencia que tenía en los años noventa, en los tiempos de Myles Frechette, Barry McCaffrey y la certificación, la Embajada de Estados Unidos sigue jugando un papel fundamental en la manera cómo se aterriza en el terreno la política de drogas en Colombia y, por lo tanto, en si ésta se mueve o no.

Dentro de la Embajada el poder más grande lo tiene la Oficina de Asuntos Narcóticos (NAS), que es la responsable dentro del Departamento de Estado gringo de la aspersión, una de las dos patas claves de toda la política de reducción de oferta, y que es la oficina más grande en el mundo de su tipo. “No se mueve un milímetro un avión sin su permiso”, le señaló una persona que conoce los programas de aspersión.

La otra pata clave de la reducción de oferta es la interdicción de cargamentos, en la que juega un papel clave Jay Bergman, el poderoso director regional de la DEA -la agencia antidrogas gringa- para la zona andina que trabaja de cerca con la Policía Antinarcóticos y por cuya oficina pasan muchos de los temas de extradición.

Completa la tríada Usaid, el brazo de cooperación de Washington y el número uno de nuestros súper poderosos de las ONG, que tiene el poder de definir -gracias a un presupuesto de más de 100 millones de dólares este año en Colombia- dónde termina buena parte de la plata y los recursos técnicos que Estados Unidos le da al país en drogas. Esos recursos terminan definiendo, según le dijeron tres personas a La Silla, muchas de las prioridades en el programa de Consolidación y en las unidades antinarcóticos de respuesta rápida.

Open Society Foundations

Esta fundación creada por el multimillonario George Soros que busca promover sociedades abiertas se ha convertido en la principal fuente de financiación de la mayoría de los proyectos que están proponiendo alternativas al enfoque probihicionista.

En 2009 financiaron el informe que hicieron los ex presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo para la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que fue uno de los primeros en señalar a un alto nivel el fracaso de la política antidrogas y en instar al primer mundo a abordar el problema del consumo como uno de salud pública y no criminal. Y todavía financian la Comisión Global de Política de Drogas, que lidera el ex presidente brasilero.

En Colombia han financiado investigaciones de drogas como las de Francisco Thoumi -uno de los mayores expertos mundiales en temas de drogas- y las del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, y a think tanks como DeJusticia y la Fundación Ideas para la Paz, que también trabajan el tema desde la parte legal y la de seguridad. E incluso proyectos de reducción de daños y salud pública, como el piloto de acceso a jeringas que está implementando la Corporación Acción Técnica Social en Cúcuta y Pereira. Y aunque en Colombia el trabajo académico no ha tenido una incidencia directa en la política de drogas, la suma de estos esfuerzos está haciendo que el debate se mueva. (El Open Society es uno de los principales financiadores de La Silla Vacía).

Las Farc

Las Farc controlan buena parte de los territorios cocaleros, proveen semillas a los campesinos, compran la producción, fijan los precios y -en últimas- regulan el mercado. Su poder radica en que son la autoridad en la mayor parte de las zonas donde se produce la coca, por lo que al final si el proceso de paz consigue convertirlos en aliados de la solución y no en parte del problema, el cambio será significativo.

Aunque no hay datos muy precisos, un estudio de los economistas Daniel Mejía y Daniel Mauricio Rico calculó en 2010 que 60 por ciento de los cultivos de coca está controlado por las Farc. En 2003, el Banco Mundial estimaba que las Farc recibían anualmente mil millones de pesos sólo por el control de este cultivo. Por lo tanto, para atacar el primer eslabón de la cadena del narcotráfico hay que contar con la guerrilla.

Sergio Jaramillo y equipo de La Habana

De firmarse la paz e implementarse los acuerdos a los que están llegado con las Farc se producirían cambios sustanciales en la política de drogas del país. No sólo porque el punto que negocian ahora es el de cultivos ilícitos, sino porque los acuerdos ya negociados sobre desarrollo rural y participación política tienen el potencial de transformar radicalmente las condiciones de vida en el campo -apostando por modelos integrales de desarrollo alternativo- y de convertir en sus principales reguladores hoy, la guerrilla, en responsables de su erradicación.

Al mismo tiempo, el equipo negociador tiene el poder de convencer a Washington y Londres, los aliados claves del país en temas de drogas y cooperación militar, que el país no está abandonando su agenda de reducir la oferta de drogas.

En particular todos coinciden que el cerebro de los acuerdos en temas de drogas es el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien también ideó la estrategia de Consolidación como una de construcción de Estado en zonas golpeadas por la guerra y los cultivos ilícitos.

General (r) Óscar Naranjo

Casi todos coinciden en que el poder del ex director de la Policía no es el mismo de hace cuatro años, cuando se convirtió en el principal arquitecto de la política de interdicción, que supuso un giro en la política antidrogas colombiana. Pero su cercanía con el presidente Santos y su influencia en la manera como éste ve los temas de seguridad (como la idea de un Ministerio de la Seguridad Ciudadana para el posconflicto), su prestigio internacional, su posición a favor de explorar alternativas en la lucha antidrogas y su presencia en la mesa de negociación de La Habana lo convierte en uno de los jugadores claves del tema de drogas.

Sin embargo, muchos lo ven como alejado del día a día de la política antidrogas colombiana. Mantiene una relación tensa con el ministro Pinzón y ha optado por no involucrarse en muchos debates y, dado su rol de asesor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, apenas ha asistido a un par de sesiones de la Comisión Asesora en Política de Drogas que convocó Santos.

José Miguel Insulza y la OEA

Debido a la resistencia de los organismos internacionales a abordar un debate sobre la guerra contra las drogas, muchos países -como Uruguay, que esta semana aprobó la regulación de la producción y venta de marihuana- han venido actuando individualmente. Este “escenario de ruptura” que describía -y desaconsejaba- el informe sobre drogas que publicó en mayo la OEA ha producido un cambio al interior del organismo donde se sientan varios de los países más afectados por la producción y el tráfico a nivel mundial, creando uno de los pocos espacios donde de manera colectiva podría llegarse a un acuerdo de cómo reenfocarla.

Desde entonces la Cicad -la comisión de drogas de la OEA que tradicionalmente era bastante conservadora, que está sesionando esta semana en Bogotá y que Colombia presidirá todo el próximo año- ha venido cambiando su lenguaje y está hablando de hacer énfasis en un enfoque de salud pública y reducción de oferta. Aunque todavía falta llevarlo a la práctica y encontrar consensos, el cambio es notorio.

Juan Carlos Pinzón y el Ministerio de Defensa

El Ministro de Defensa es quien, dentro del Gobierno de Santos, mantiene la política antidrogas -pese al discurso más progresista del Presidente- en una línea similar a la que venía. Aunque su poder es delegado del presidente, por sus manos pasan casi todas las decisiones operativas sobre cómo implementar la política de drogas en el país y casi todos lo ven como un defensor del enfoque prohibicionista. El poder está en que al final del día todas las funciones antidrogas están en Defensa, más que en las carteras de Justicia o Salud.

De Defensa depende la Policía Antinarcóticos, que es quien maneja los programas de aspersión y erradicación. Incluso el Dare, el programa más grande de prevención y el que tiene la capacidad de llegar a más municipios del país -sin que necesariamente sea el más efectivo- está bajo la órbita de Antinarcóticos, y no de Salud.

Pinzón también tiene mucha influencia en el programa de Consolidación, que busca la construcción de Estado en zonas donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla y donde la seguridad no está garantizada, definiendo personalmente sus zonas de intervención y poniendo a gente cercana a él al mando. También fue el artífice hace dos años, cuando el censo de cultivos ilícitos de Naciones Unidos mostró un fuerte retroceso, de que los cronogramas de aspersión se agendaran a finales de año para quedar mejor en las fotos satelitales que lo sustentan. Es uno de los tres ministros -junto con Alejandro Gaviria y Alfonso Gómez Méndez- en sentarse en la Comisión Asesora de Política de Drogas, pero es el único de ellos que no ha asistido sino a un par de sesiones.

Álvaro Uribe

El ex presidente es una de las voces más contrarias a que la política de drogas adopte un enfoque más progresista y su visión tiene una marcada influencia en un sector grande de la sociedad. Su poder es el de reforzar el imaginario popular en un país cuyos habitantes son en general muy conservadores frente al tema de las drogas y que en su mayoría abogan por más penalización y no menos.

En este campo, como en otros, Uribe tiene poder para evitar un cambio porque le sube el costo político a cualquier viraje que quisiera hacer Santos en la forma cómo ha entendido el problema del narcotráfico.