Los súper poderosos del Pacífico

La gobernadora del Valle y baronesa de la salud en el departamento más rico de la región fue mencionada por 12 de las fuentes consultadas como una súper poderosa del pacífico.

Además del poder obvio que le da la Gobernación (que tiene un presupuesto anual de 1.4 billones de pesos), Toro tiene injerencia en instituciones descentralizadas como Indervalle y el Hospital Universitario y varias alcaldías, incluyendo tres de las más importantes del Valle como Palmira, Jamundí y Buenaventura. Y una bancada propia en el Congreso (un senador y tres representantes) y es la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos.

En el Pacífico su poder se concentra en Buenaventura, donde su control ha sido calificado por las fuentes del puerto como ‘absoluto’, al punto de señalar que el alcalde Eliecer Arboleda le dice ‘jefa’.

“Nada se mueve sin su orden, incluso en las reuniones con el presidente Santos es ella quien habla por el distrito. Es la alcaldesa”, dijo una de las fuentes.

Haber ganado en Buenaventura, después de la Alcaldía de Bartolo Valencia (hoy preso por corrupción) que llegó al cargo luego de desbancar a Juan Carlos Martínez Sinisterra, le dio poder a Dilian en la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura, el puerto más grande de la ciudad. Allá la Alcaldía tiene un 15 por ciento de las acciones y dos representantes en la junta directiva: el propio alcalde y el ex gerente de la campaña de Dilian en Buenaventura, José Pablo Castillo.

A nivel regional, además, la Asamblea le dio facultades a Toro para firmar el convenio con los gobernadores de Chocó, Cauca y Nariño. Con ello se espera que próximamente nazca la Región Administrativa y de Planificación, RAP Pacífico, donde se creará una institución con patrimonio propio y autonomía financiera.

El poder de Dilian Francisca Toro trasciende las fronteras del Valle además porque según las fuentes, es una de las ‘consentidas’ del gobierno de Juan Manuel Santos, que le ha ayudado a conseguir importantes recursos empezando por el contrato plan para la paz que firmó en julio pasado por 2.2 billones de pesos para hacer obras claves para la región como el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura.

En una región aisalada y de difícil acceso tanto por las condiciones de la naturaleza y la falta de conectividad como por la permanencia del conflicto armado, la Iglesia ha sido la puerta de entrada. Y especialmente, la voz del obispo de Buenaventura, Héctor Epalza que lleva desde el 2004 entregado a ayudar a la comunidad más vulnerable y pobre del principal puerto del país.

En 2013 fue de los primeros en hablar sobre las 'casas de pique' que existían por todo el municipio. Además, el 19 de febrero de 2014 lideró una marcha contra la violencia en Buenaventura y el 12 de marzo apoyó el plantón que hicieron los comerciantes. A raíz de las denuncias que había venido haciendo desde hace algún tiempo sobre la crisis humanitaria y social en Buenaventura, el Gobierno decidió, en 2014, hacer un proceso de intervención especial para la región. Por todo eso, podría decirse que es el obispo más amenazado de Colombia y por mucho tiempo requirió protección del Estado.

Aunque Monseñor Epalza fue el representante de la Iglesia más mencionado por las fuentes consultadas por La Silla Pacífico, en la región hay otros que se destacan. Por ejemplo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el arzobispo de Cali que no sólo ha sido facilitador de los enredados diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno sino que fue nombrado como coordinador de la comisión episcopal que acompañará la mesa, si es que algún día se abre oficialmente. En esa comisión también estará el obispo de Chocó, Juan Carlos Barreto.

Además de los obispos, la Iglesia cuenta con la Pastoral Social que con su acción se extiende por todas las comunidades del Pacífico y llega hasta donde ni los políticos hacen campaña. Desde Bojayá hasta Tumaco, la Pastoral participa activamente en procesos de fortalecer organizaciones sociales, recibe dinero de la comunidad internacional, ejecuta sus propios proyectos y en algunos casos, responde a necesidades tan básicas como alimentos para las poblaciones desplazadas. Además, defiende posiciones políticas. Por ejemplo, apoyó activa y frontalmente el Sí en el plebiscito.

Eso le da a la Iglesia un poder especial porque se ganó la confianza de las comunidades donde trabaja y que suelen ser las más abandonadas por el Estado. Por eso, suelen ser los primeros que conocen situaciones de violencia o riesgo y también los que se toman la vocería a la hora de denunciar.

Así nació el Comité de la Marcha por Buenaventura, que se convirtió en toda una fuerza de la sociedad civil que puso al puerto en el ojo de los medios de comunicación. Algo similar ocurre en Cali, donde funciona desde hace cinco años el Observatorio de Realidades Sociales que ha apadrinado proyectos en educación y evaluación de las políticas de los gobiernos locales.

La familia Paz Bautista, herederos de Arcesio Paz Paz y fundador de Harinera del Valle, son los mayores accionistas de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el puerto privado más antiguo de Buenaventura, responsable del 49 por ciento del comercio exterior que entra y sale del país y que en el 2015 movió 12 de los 15 millones de toneladas que pasaron por el puerto.

La empresa está repartida entre accionistas privados con el 83 por ciento de las acciones y los del sector público con el 17 por ciento (15 de la Alcaldía de Buenaventura y 2 del Ministerio de Transporte). Entre los privados que controlan la toma de decisiones se destaca Harinera del Valle que tiene tres de los nueve puestos en la junta directiva (que se reeligieron este año), empezando por su gerente, Eduardo Urdaneta Wiesner, que asumió el cargo desde finales del 2015 y en reemplazo de Alfonso Ocampo, quién dirigió la compañía desde 2013 cuando Carlos Arcesio Paz dejó la Gerencia luego de estar al frente por más de 40 años.

La salida de Carlos Arcesio ventiló en medios una pelea familiar con sus dos hermanos Luz Marina y Fernando, quienes tras la muerte de sus papás le quitaron la mayoría en la junta directiva de Harinera del Valle. De hecho, el ex gerente dijo en varias entrevistas que salió del cargo “en contra de su voluntad”.

Aún así, Harinera del Valle mantuvo su poder en el puerto. Los otros dos miembros de la junta que la representan son la cabeza de la oficina jurídica, Julián Madrid Pinilla y Rosa Martínez, que desde agosto del año pasado es miembro de la junta directiva de la empresa de alimentos.

Junto con ellos, los navieros, es decir, las empresas que del transporte y de los remolques en el puerto se quedaron con dos representantes: Manuel Parody, del Grupo Parody, de la familia de la ex ministra de Educación, Gina Parody, y el ex ministro Rudolf Hommes. Los azucareros, que históricamente han tenido un puesto en la junta, tienen a Carlos Mira. Mira es el representante legal de Ciamsa, la comercializadora de azúcar y mieles de 12 ingenios de azúcar en el Valle. La Alcaldía de Buenaventura, del grupo que lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro, como ya contamos antes también tiene dos puestos. El último puesto es de los accionistas minoritarios con Tulio Sánchez.

Aunque la Sociedad Portuaria es una de los ocho concesiones portuarias de Buenaventura, es el más grande. Sólo el primer semestre de este año el puerto recibió utilidades por cerca de 66 mil millones de pesos. A ellos le compiten TCBuen, en el que se destaca el nombre de Óscar Isaza, ingeniero civil, empresario vallecaucano y antiguo accionista de la Sociedad Portuaria que tiene el 31 por ciento de las acciones. Y dentro de próximos días entrará a operar el Puerto de Aguadulce, cuyos dueños son sobre todo empresas extranjeras que han invertido unos 500 millones de dólares en construir el nuevo puerto.

Como ocurre en regiones como el Caribe, el Clan del Golfo (antes el Clan Úsuga) entran a este ránking porque tiene el poder del terror a través de las armas, con las que han logrado controlar zonas y conquistar jóvenes para engrosar sus filas a lo largo y ancho del Pacífico.

En Chocó, por ejemplo, manejan la explotación minera y la extorsión del comercio sobre todo en Istmina y Quibdó. Se disputan a sangre y fuego las rutas del narcotráfico con el ELN en el Alto, Medio y Bajo Baudó. Ya han causado desplazamientos y confinamientos en las comunidades indígenas y afrocolombianas de Nuquí y Litoral de San Juan.

También se escucha su nombre en la costa nariñense, especialmente en Barbacoas y zona rural de Tumaco, donde los han visto uniformados y en disputa con otras bandas por el dominio de la ruta dejada por las FARC. En el casco urbano de Tumaco circulan panfletos a nombres de grupos con todo tipo de denominaciones, que el secretario de Gobierno del municipio relaciona con bandas emergentes del narcotráfico. También se han reportado 120 homicidios hasta octubre, lo que supera el 2015 cuando iban 98 en el mismo periodo.

Estas bandas son un híbrido entre el Clan del Golfo, ex miembros del ELN, Los Rastrojos y sicarios de Cali y Putumayo, según informó El Colombiano en un informe especial. Y que se convierten en ‘franquicias’ que operan bajo el nombre del Clan del Golfo aunque sus miembros no necesariamente estén adscritos a ese grupo.

El mejor ejemplo de eso es Buenaventura donde a nombre del Clan, la ‘franquicia’ también han logrado cooptar otras bandas delincuenciales más pequeñas. Allí, se fortalecieron después de una sonora guerra con la banda de La Empresa, que dejó en la memoria de sus habitantes las siniestras casas de pique y desapariciones forzadas. En este momento los barrios de Bajamar y las comunas 12, 10 y 11 del puerto disfrutan de una tensa calma, cuenta un líder consultado, al parecer porque entre ellas se ha dado una suerte de ‘pacto de no agresión’ y de división de las zonas del puerto para que ambas puedan operar.

La dupla del Ministro de Ambiente y la viceministra de Cultura, ambos chocoanos, ex mandatarios locales y afros, representan al Pacífico a nivel nacional y un nuevo aire político en la región. Por eso, entraron a hacer parte de este ránking.

Murillo comenzó su carrera como director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó). Fue secuestrado por los paramilitares y tuvo que exiliarse del país. Volvió, se lanzó como gobernador de su departamento y ganó pero casi dos años después, fue destituido porque cuando era gerente de Codechocó destinó 5 mil millones de pesos para arreglar una escuela y no para un proyecto ambiental y por tanto, estaba inhabilitado. Para su nombramiento como Ministro, la Procuraduría certificó que puede ejercer el cargo.

Antes de llegar al Ministerio tuvo en sus manos, como gerente, el diseño del Plan Pazcifico que tendrá una inversión cercana a los 400 millones de dólares para inversiones claves en la región como la acuapista del pacífico y la construcción de varios acueductos. Aunque salió, fue uno de los que recomendó al presidente Santos que nombrara Luis Alfonso Escobar para reemplazarlo en la dirección del Plan, junto con el ex gobernador de Nariño, Raúl Delgado, según tres fuentes consultadas por La Silla.

Ahora como ministro, cargo al que llegó como parte del gabinete para el plebiscito, está a cargo de una de las carteras que más ha cambiado de cabeza durante el gobierno Santos. El puesto le ha servido para proyectarse a nivel nacional: Murillo semanalmente viaja a todas las regiones, sobre todo al Pacífico, se reúne con líderes para diseñar proyectos y orienta la destinación de recursos para la región.

La otra pata de la ‘dupla’ es la viceministra de cultura Zulia Mena, que también llegó al cargo luego de la reacomodación del gabinete para el plebiscito. Aunque suena mucho menos que Murillo, Mena tiene un gran reconocimiento por haber sido la primera alcaldesa de Quibdó que llegó por voto de opinión, derrotando a la ficha del cacique político del Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca.

Ya había sido también la primera congresista por las comunidades afros en la Constituyente del 91, donde gestionó los programas como el Colectivo Territorial Afrochocó y la Organización de Barrios Populares y Comunidades Campesinas de la Costa Pacífica Chocoana, en Quibdó. Entre sus aliados cuenta con Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia y tiene cercanía con el presidente Juan Manuel Santos y el senador liberal Horacio Serpa.

Este empresario vallecaucano llegó a este ránking no sólo por el poder que representa su familia, dueña de Manuelita, uno los ingenios más grandes del departamento, sino porque tiene interlocución directa con el Gobierno nacional, con el gobierno local de Cali y con los empresarios de la región.

Éder ha asesorado a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en temas de reintegración y políticas de justicia y paz ante la comunidad internacional. Fue jefe de la Agencia para la Reintegración en Santos I y participó en los diálogos con las FARC en La Habana. Ahora, además, acaba de ser nombrado como parte del equipo negociador del Gobierno en los eventuales diálogos con el ELN.

Regreso a Cali después de vivir años lejos de la ciudad en su peor época de violencia y lo ha hecho como director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (FDI), que revivió luego de haber sido muy activa hasta 1999 cuando promovió la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la Bolsa de Valores de Occidente y Telepacífico, entre otros.

Hoy, la FDI representa a un grupo de empresarios del Valle que quieren aportar al desarrollo de la región como Manuelita, en cabeza de Harold Éder, hermano de Alejandro; Belleza Express, Colombina y el ingenio Mayagüez. Cabe señalar que el departamento reúne al 6 por ciento de los grupos empresariales del país, según la Superintendencia de Sociedades.

Acompaña proyectos multimillonarios como la carretera que busca atravesar el país de oriente a occidente para conectar al Valle del Cauca con los Llanos Orientales. Hasta ahora, según el Invías, se han contratado estudios por 20.477 millones de pesos. Éder ha sido uno de sus defensores y ha trabajado con la Gobernación del Valle para empujar el proyecto.

La FDI también ha trabajado con la Alcaldía de Cali en el proyecto para rehacer el jarillón del Río Cauca que puede romperse con el aumento de las lluvias pero donde hoy viven miles de familias que tendrían que ser reubicadas y que tienen la experiencia de otros procesos parecidos que han salido mal.

La relación de Éder con la alcaldía de Maurice Armitage se hizo más visible desde la campaña. Su familia, a través de Manuelita de propiedad de su papá,  presidente de junta directiva, Henry James Éder, fue uno de los principales aportantes a su campaña con 130 millones de pesos, como contó La Silla. Aunque también donaron a la campaña de la gobernadora, Dilian Francisca Toro, sólo le dieron unos 24 millones.

La relación de Éder con Armitage es muy fuerte. Tanto que Rocío Gutiérrez Cely, asesora de Paz del municipio, llegó al cargo apoyada por él, según tres fuentes consultadas por La Silla por aparte.

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) es la primera fuente de recursos de las ONG e incluso agencias de Naciones Unidas en Colombia. Por ende, gran parte de este dinero se va para el Pacífico, que es la región que concentra ambas etnias, tiene el mayor número de población afectada por el conflicto, mayores necesidades básicas insatisfechas, el cultivo de ilícitos y el narcotráfico, los principales objetivos de los proyectos que patrocina USAID.

 Eso convierte a Usaid en un súper poderoso en una región que concentra a 153 de los 207 implementadores de proyectos en el sector humanitario en Colombia.

Entre 2012 y 2016 realizó una inversión de 61,5 millones de dólares para el Programa para Afrodescendientes e Indígenas que ejecuta la ONG ACDI/VOCA para fomentar la inclusión de las comunidades étnicas. Este año, de lo que pudo contabilizar La Silla Pacífico en bases de datos públicas, los proyectos para el posconflicto lograron recaudar este año cerca de 35 millones de dólares para los cuatro departamentos, según la Unidad de Manejo de Información y Análisis de las Naciones Unidas (Umaic). De estos, Usaid invirtió cerca de 3,5 millones de dólares en el 2016.

Lo hizo especialmente en el Cauca donde donó cerca de 1, 7 millones de dólares para proyectos enfocados en el fortalecimiento de las alcaldías e instituciones encargadas de sancionar y garantizar los derechos a las víctimas, y en el fortalecimiento de las organizaciones de base en la mayoría de municipios costeros.

Su dinero se concentra en las acciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Derechos Humanos, según reporta Umaic.

Además, lanzó en el 2015 el proyecto Paisajes Conectados con 2,2 millones de dólares, que fomenta medios de vida alternativos en 19 comunidades del litoral pacífico con el fin de evitar la deforestación de la selva. Hasta ahí irían cerca de 5,7 millones de dólares. Sin contar lo que no se puede rastrear en bases, pues Usaid apadrina el Plan Pazcífico, financia acciones de protección ambiental, ONG humanitarias, liderazgo local y fomento de microempresas en zonas deprimidas.

En la cabeza de Usaid está desde el 2012 Peter Natiello, nacido en Colorado, y quien ha tenido una larga carrera enfocada en los problemas humanitarios internacionales. Él, su grupo de asesores y el equipo de la Embajada gringa priorizan los municipios del país y deciden a dónde va el dinero, según le contó a La Silla una persona de la entidad. 

Otras organizaciones de cooperación claves en ese frente van a ejecutar para el 2016 casi 50 millones de dólares. Del extranjero vienen 27 millones, que en gran parte son de la Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo (casi 6 millones de dólares), la Agencia de Cooperación de España (4,9 millones de dólares) y la Oficina de ayuda humanitaria de la Unión Europea (Echo) (con 5 millones de dólares).

La entrega de recursos funciona así: primero, el dinero pasa a mano de los implementadores, luego a los ejecutores, que pueden oficinas de las agencias internacionales u ONG locales. Ellos se encargan de hacer acciones tan básicas como dotar de computadores a la personería del Litoral de San Juan, hasta asesorar los planes de desarrollo de municipios como Buenaventura.

Su ayuda tiene tantos objetivos que ni las comunidades beneficiarias las distinguen. “Trabajan muy solos a veces, y no se unen a causas de incidencia porque su mandato se los impide”, contó una fuente.

La ex Ministra de Cultura del gobierno Uribe es la colombiana más importante en el mundo de la filantropía. Es miembro de la junta directiva de la Fundación Ford, la segunda fundación más grande del mundo después de la Fundación Bill y Melinda Gates, que tiene un fideicomiso de más de diez billones de dólares.

Es la única colombiana que hace parte del consejo directivo, que está integrado por trece personas, casi siempre norteamericanos. Además, como ella misma lo dice, estar en ese puesto le ha permitido participar directamente en los lineamientos de la Ford que en el país financia proyectos como el desarrollo humano, la promoción de la democracia y la reducción de la pobreza. Ha invertido cerca de 227 millones de dólares en apoyos de proyectos en el Cono Sur de los Andes.

Moreno llegó a la Ford en 2014 después de haber sido la primera ministra afro en un gabinete durante el gobierno de Álvaro Uribe (2007-2011). Además, fue la más joven en ocupar el cargo, tenía 28 años. En el sector público también ocupó la dirección de etnias del Ministerio del Interior y en el 2015 hizo parte de la comisión asesora para la paz de los diálogos de La Habana.

Buena parte de su carrera ha sido como asesora de organismos internacionales como Usaid, la Organización Panamericana de Salud o la Fundación Panamericana de Desarrollo de la OEA.

Aunque Enrique Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga le coquetearon para ser la fórmula vicepresidencial de sus campañas del 2014, ella declinó porque dice que su interés es la formación de líderes de base en el Pacífico. Está convencida de que es la mejor estrategia para sacar la región de la pobreza. Por eso, creó y preside Manos Visibles, una ONG que impacta a cerca de 25 mil personas y que busca formar y empoderar líderes de la región.

Con Manos Visibles, la ex ministra demuestra su capacidad de hacer alianzas poderosas. Por ejemplo en el proyecto ‘Educapazcífico’, educación para la paz en el Pacífico colombiano,  cuenta con el apoyo del BBVA y de la Universidad Icesi, que hace tutorías a profesores y la Agencia de Cooperación Española (Aecid) para disminuir las brechas de calidad educativa en la región.  Además, junto con la Fundación Ford, la Universidad Icesi y la Universidad Eafit, están desarrollando el programa 'poder pacífico' que, promueve la maestría en gobierno y políticas públicas en esas universidades con un efoque del pacífico.  

Aún con la entrada del Clan del Golfo, las guerrillas de las Farc y el ELN dominan buena parte del Pacífico, especialmente la costa caucana y nariñense donde ni un gramo de oro se mueve sin la autorización de este grupo, según le dijeron a La Silla dos de los entrevistados. También controlan las rutas de la coca en la costa de Nariño y hasta el momento mantienen su dominio territorial en zona rural de Quibdó, Bojayá, Medio y Bajo Atrato.

En el caso de las Farc, su poder ha perdido visibilidad desde que la guerrilla comenzó a pre-concentrarse en vísperas a la firma del Acuerdo Final de paz con el Gobierno. Aunque están quietas, en medio del cese al fuego y a la espera de que se defina el futuro del Acuerdo, mantienen una presencia activa en la región.

Pero en otros municipios como el Litoral de San Juan, al sur del Chocó, o en Tumaco, en Nariño, la quietud de las Farc ha dado lugar a un relevo de poder que se están disputando el ELN y las bandas criminales. En medio de las disputas han quedado las comunidades que han sido víctimas de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos por los enfrentamientos y las operaciones militares en contra de la avanzada de estos grupos como ha reportado la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Por ejemplo, en el límite entre Chocó y Buenaventura, cerca de 3000 personas han sido desplazadas y cerca de 500 se mantienen refugiadas del conflicto fuera de sus comunidades.

El reacomodamiento del ELN, se evidenció en el paro armado a inicios de este año, en el que se reportaron bloqueos en Guapi y Timbiquí (Cauca) y en las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira en el Chocó. En Nariño controlan el territorio de Ricaurte y el mes pasado se registró un desplazamiento de 169 personas en Santa Bárbara de Iscuandé por combates entre este grupo y la fuerza pública, como contó La Silla.

La polémica líder comunitaria afro Rosa Solís, mejor conocida como ‘Rosita’ en Buenaventura, entra a este ranking no sólo porque se ha convertido en el ‘palo en la rueda’ de multimillonarios proyectos de infraestructura en Buenaventura sino porque ahora podrá ser además, socia del Gobierno.

Esta una mujer de Guapi (Cauca) que vive en Buenaventura, es pensionada por el Magisterio y una difusora de la Ley 70, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en las zonas rurales ribereñas del pacífico. Por eso, ha jugado un papel clave en la organización de las comunidades negras, sobre todo en el Valle y en Buenaventura, para reclamar sus derechos.

A pesar de que no cuenta con la simpatía de varios consejos comunitarios del Valle, incluidos los más grandes, logró hacerse reelegir como miembro de la Consultiva de Alto Nivel que creó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe para tener una instancia de representación e interlocución con las comunidades negras en todo el país durante más de una década. Y hoy conserva a representación de las comunidades negras en el consejo directivo del Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, y en la Corporación Autónoma del Valle, la autoridad ambiental del departamento.

Ese poder le ha servido para intervenir en la formulación de multimillonarios proyectos que requieren consulta previa como la construcción del Puerto de Aguadulce de Buenaventura, la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura y el corredor férreo, entre otros. En varias ocasiones, como ha contado La Silla, Solís puede bloquear proyectos hasta que se cumplan las condiciones que ella exige.

Por eso, es poderosa para el Gobierno y para los empresarios que, aunque se quejen, la necesitan para que deje andar sus proyectos. Las comunidades, por su parte, “no hacen nada por cuenta propia”, dice una fuente que ha trabajado con ellas. "Le piden permiso incluso para asistir a reuniones con la comunidad".

Ahora, como representante legal del consejo comunitario de Gamboa, podría llegar a ser socia del gobierno en un macroproyecto multimillonario que le quiere cambiar la cara a Buenaventura, como contó La Silla.