Norte de Santander, el nuevo paraíso de la coca

Como es bien sabido, el año pasado se dispararon los cultivos ilícitos en todo el país. Y no solo eso, Norte de Santander pasó a ser el departamento con la mayor área de su territorio sembrada de coca.

El ascenso de Norte de Santander en ese ranking, cuyos primeros lugares siempre eran ocupados por Nariño, el Cauca y Putumayo, tiene detrás además del Catatumbo, a la zona rural de Cúcuta en corregimientos como  Palmarito y Banco Arena y más recientemente a la de Ocaña, según un reporte del diario local La Opinión.

Por qué aumentan las hectáreas de coca

Según el informe entregado por la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos, Ondcp, entre 2014 y 2015, Norte de Santander pasó de tener 16.500 hectáreas sembradas de coca a 30.500, área que es el equivalente a casi dos veces Barranquilla.

Ese aumento se ha dado de la mano del recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo, región en la que se está viviendo la guerra como en sus peores épocas y en la que se está hablando de una transición de poder entre todos los grupos armados que operan en la zona.

En Norte de Santander el Eln, el Epl, las Farc y las bandas criminales conviven en un mismo territorio, tienen acuerdos de tránsito entre municipios, y cada uno ha tenido el dominio histórico de diferentes zonas en el departamento. Además, comparten la frontera con Venezuela.

En el sur del Catatumbo, en municipios como San Calixto y Hacarí domina el EPL; las Farc tienen el dominio en el norte de Catatumbo en Tibú; y el ELN en la parte central, en municipios como Teorama, el Carmen y Convención.

Las bandas criminales, por su parte, están en Cúcuta (incluida su área rural) y en el área metropolitana. En Ocaña, por ser la puerta de entrada a la parte sur del Catatumbo, conviven todos los actores armados. 

Con todos estos grupos ilegales manejando el negocio, la coca es la inversión más rentable para los campesinos de Norte de Santander. Aunque desde hace 10 años les pagan los mismos $2,5 millones por el kilo de pasta procesada, los insumos para hacerla cada día están más costosos, y el riesgo de hacer parte de un negocio ilegal es alto, sembrarla da más dinero que producir piña, cacao o café.

“Esto es lo que da de comer. Aquí estamos hablando de que no hay vías para sacar los productos, de que estamos compitiendo contra los productos que llegan más baratos de otros lados y que estamos en una zona olvidada. Si usted quiere saber por qué se han incrementado los cultivos, esa es la respuesta”, le dijo un campesino de Hacarí a La Silla.

Aunque no hay una causa específica identificada para que se hayan casi que duplicado los cultivos ilícitos en solo un año, varias son las hipótesis que se están manejando en la zona.

Por una parte, unos aseguran que ese es el resultado de la suspensión de la aspersión con glifosato y de la erradicación manual, acuerdo al que en 2013 el Gobierno llegó con los campesinos del Catatumbo para que levantaran el paro agrario que tenía en crisis al país. 

Varios campesinos y funcionarios municipales señalan que debido a que el Estado no ha cumplido con la política de sustitución acordada -también en ese paro-, los campesinos se han visto obligados a seguir cultivando y a ampliar las hectáreas porque los precios de la coca bajaron por algún tiempo y ellos terminaron compensando lo que dejaron de ganar con más siembra.

También está la versión que dice que debido a que las Farc está buscando la posibilidad de que el Estado les compre a los campesinos las hectáreas de coca sembradas, se corrió el rumor de que quien no tuviera su cultivo no se iba a beneficiar de los acuerdos y el posconflicto,  y por eso empezaron a aumentar las hectáreas.

Ninguna de las tres versiones es oficial, pero las nueve fuentes con las que La Silla habló para esta historia (entre organizaciones sociales, delegados de Ascamcat, funcionarios que habitan en la zona del Catatumbo y ONG) le atribuyeron a alguno de esos hechos la subienda en la siembra de coca.

El desencuentro

El crecimiento de los cultivos, también muestra el desencuentro entre las organizaciones campesinas del Catatumbo y el Gobierno, que en 2013 tuvieron su primer enfrentamiento cuando el paro agrario paralizó por varias semanas al país y obligó al Presidente Santos y a su funcionarios a sentarse a negociar. 

Ese paro fue liderado por la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, organización que si bien ha negado cualquier vinculo con las Farc es considerada por actores de la zona como parte de su base social, y que logró que el Gobierno desistiera de su política de erradicación de cultivos ilícitos en esa zona de Norte de Santander, por lo que desde entonces se convirtió en una de las voceras de esa región.

Por eso fue que el anuncio que se hizo en semanas pasadas relacionado con el retorno del glifosato a través de aspersión manual, terminó levantando polvareda en Norte de Santander, y generó el anuncio de un nuevo paro en el país por parte de esa organización.

Precisamente, el problema de fondo en la erradicación de cultivos en Norte de Santander está en que ni el Gobierno tiene garantías de que los campesinos no van a seguir vendiendo la hoja de coca o la pasta ya procesada aún si empieza la inversión, y en que por otro lado los campesinos (muchos de los cuales, como ya lo ha contado La Silla, tienen intención de sustituir sus cultivos) tampoco tienen la certeza de que el Gobierno les va a cumplir.

La razón de los campesinos del Catatumbo, que con esa medición de la Ondcp se convirtieron en los principales productores de coca del país, para oponerse a la erradicación inmediata y forzosa está en que esa es su única fuente de sustento, y en que sin vías, sin infraestructura para producir cultivos legales, y sin la mano del Estado no pueden sustituir su fuente de dinero.

“Para promesas incumplidas con los campesinos del Catatumbo hay bibliotecas enteras, cuente desde 1996 para adelante todos los programas del agro que se quedaron en veremos”, le dijo a La Silla Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat.

Aunque Quintero señala que incluso los acuerdos a los que llegaron en 2013 con la Nación se han incumplido a excepción de la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos; desde la Presidencia tienen otra visión, y aseguran que se han realizado varias mesas para adelantar acuerdos con los campesinos con el fin de concertar la implementación de programas y de definir la inversión, algo que no sucederá si la sustitución de cultivos no es inmediata.

Para promesas incumplidas con los campesinos del Catatumbo hay bibliotecas enteras

Juan Carlos Quintero, Ascamcat

“Nosotros no podemos permitir que convivan estructuras ilegales con el Estado. Si ellos tienen coca es porque van a seguir haciendo parte de una cadena productiva ilegal y entonces lo que va a pasar es que una parte del tiempo estarán negociando la venta de coca y eso no lo vamos a permitir”, le explicó a La Silla Eduardo Díaz, director de la oficina para la atención integral de la lucha contra las drogas.

En la orilla de los campesinos, aseguran que la coca no sería vendida ni procesada, sino que sería usada como prenda de garantía, para que en caso de que la inversión no llegue o el Estado les incumpla ellos puedan continuar con esa actividad.

“Desafortunadamente los campesinos no creen ni un poquito en el Gobierno”, aseguró Olga Quintero, otra de las líderes de Ascamcat.

La seguridad,el gran desafío

Más allá de la erradicación de los cultivos ilícitos en Norte de Santander, y específicamente en el Catatumbo, en esa zona hay otro factor que hace aún más difícil erradicar los cultivos.

“Aquí estamos hablando de que además de los grupos que están armados están las personas que son su base social y que los legitiman, entonces arrancar cultivos y convertirlos en legales cuando los grupos se financian de ellos no va a ser sencillo”, le dijo a La Silla el personero de un municipio del Catatumbo “Usted cree que el EPL estará de acuerdo con que se acaben los cultivos de los que está viviendo, o que el ELN lo estará. Aquí el único que está en un proceso de paz es las Farc, los demás siguen operando”.

De la ola de violencia que se podría dar cuando la política de sustitución se empiece a implementar en una zona como el Catatumbo, ya se han dado muestras, y líderes que han intentado promover la sustitución de cultivos ilícitos en zonas rurales de esa región han sido amenazados. Uno -Henry Pérez- fue desaparecido en una vereda de La Gabarra, en Tibú.

Ascamcat ha dicho en que ellos tienen control en la zona porque representan a una gran porción de los campesinos en la región, y que podrían lograr la sustitución si se hace gradualmente; sin embargo, ni para autoridades, ni para las ONG que hacen seguimiento en la zona es muy claro el control que esa asociación de campesinos pueda ejercer en todo el Catatumbo.