Suspender la fumigación con glifosato no es tan fácil

La mayoría de expertos en drogas han cuestionado la eficacia y la eficiencia de la aspersión, pero también están de acuerdo en que es una estrategia útil de disuasión porque la guerrilla y las bacrim tienden a sembrar donde menos probabilidades hay de que los fumiguen.

Esa disuasión es especialmente importante ahora porque todo apunta a que el año pasado los cultivos de coca, que venían bajando, se dispararon.

La cifra de hectáreas cultivadas con coca en el 2014 no se ha hecho pública aún -solo lo será cuando la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (Unodc) revele su censo anual de cultivos ilícitos en junio- pero ya el ex embajador gringo y actual subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, adelantó que “he leído algunos datos preliminares y creo que el informe sí va a reflejar otro aumento”. Dos fuentes de La Silla que son del sector, confirman esa información.

Colombia ha abandonado la fumigación en al menos dos lugares y en ambas el resultado fue el mismo: crecieron los cultivos de coca. Lo que no es claro es ni cuánto afecta ni si es más un efecto disuasorio, pero lo prueba el hecho de que la coca se ha venido concentrando en los lugares donde existe mayor número de restricciones para las operaciones antidrogas (como resguardos indígenas, consejos comunitarios afro y zonas aledañas a los parques nacionales).

En 2013 Colombia acordó con Ecuador no fumigar en los 10 kilómetros adyacentes a la frontera, y el cultivo se disparó allí. Entre 2013 y 2014, mientras que cayeron en la mayoría de departamentos, en los dos departamentos fronterizos creció y ese aumento fue particularmente alto en la zona fronteriza (como se ve en el mapa abajo).

El otro caso fue el experimento en el Catatumbo, donde se suspendió la aspersión tras el paro de junio de 2013, y que ha sido un fracaso. A finales de 2013 los cultivos llegaron a su pico histórico allí, subiendo un 41 por ciento (el salto más alto en todo el país). Solo en el Parque Nacional Catatumbo-Barí, en el norte de esa región, se duplicó la coca en un año.

El Catatumbo y la zona fronteriza se han convertido en ‘clusters’ donde se concentra toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos -dadas la geografía favorable y la escasa presencia del Estado- hasta los puntos de salida (la frontera con Venezuela en Norte de Santander y el puerto de Tumaco en Nariño). que permiten sacar la droga fácilmente. También tienen grandes laboratorios de procesamiento (que se benefician del contrabando de gasolina y precursores químicos de Venezuela y Ecuador) e incluso sirven para lavar activos a través de contrabando de alimentos.

El problema es que evaluar los resultados de la fumigación -para tomar, como recomiendan los expertos, una decisión basada en evidencia científica- es prácticamente imposible. La mayoría de los informes claves de aspersión no son públicos: no lo es el informe que hizo la ONU en el Catatumbo en el año pasado, ni el que ha hecho la Policía sobre la eficiencia del glifosato, ni las mediciones que hacía dos veces al año la Unodc (y que luego se suspendieron) para entender cuánta de la coca erradicada se ha resembrado.

“La eficiencia es uno de los grandes debates pendientes de la aspersión aérea. Por un lado es equivocado medirla en hectáreas asperjadas y, por otro, no tenemos información sobre su impacto en la productividad ni si funciona igual en el Pacífico que en los Llanos. Sin embargo, no podemos negar que sí tiene un impacto, pero nos falta optimizar este proceso para lograr los mayores beneficios a los menores costos posibles”, dice el economista Daniel Mauricio Rico, que ha cuestionado la falta de evaluación de la aspersión pero defiende que se podría modernizar.

De hecho, no es pública casi nada de información de la política: no tiene ficha de inversión (PIN) en Planeación Nacional, no tiene metas y objetivos detallados por escrito, y la mayoría de la información sobre el programa (desde la contratación hasta sus indicadores) no es pública.

Si se deja de fumigar, la opción sobre la mesa es erradicar manualmente a la fuerza. El problema es que, aunque es una estrategia mucho más efectiva, tiene un problema alto: su costo en vidas.

Contratar personas para que arranquen la coca ha dejado -como ha contado La Silla- un número muchísimo más alto de víctimas, tanto militares como civiles. Solo entre 2005 y 2013 iban 196 muertos y 858 heridos, la mayoría de ellos a causa de minas antipersonal sembradas en torno a los cultivos.

“El Estado ha estado llevando campesinos a zonas con riesgo de minas. Eso es una violación a la Convención de Ottawa, por la que está obligado a alejar a los ciudadanos de los campos minados, así como a señalizar y avisar a la población donde están”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas (la más importante ONG del país en el tema).

Hay otra opción sobre la mesa si se deja de fumigar, que es la participación voluntaria de los cocaleros en erradicar. El problema es que está ligada a los acuerdos de La Habana y -hasta que no haya un Acuerdo final- no despegará.

Uno de los aspectos claves del acuerdo sobre drogas firmado en La Habana es que la eliminación de la coca se haga a partir de un proceso de planeación participativa con las comunidades involucradas, algo que permitiría una mayor integración social de los cocaleros. El tema es que, al menos hasta que no se firme un Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, ese plan no va a arrancar y ni siquiera se sabe todavía cómo sería.

Como contó La Silla, en el acuerdo quedó claro que la primera opción para acabar con la coca será la erradicación voluntaria, luego la erradicación manual forzosa y, como última instancia, la fumigación (uno de los puntos en que más les tocó ceder a las Farc).

Eso significa un cambio importante a nivel filosófico, ya que se dejaría la aproximación militarista que ha tenido el Gobierno frente a los cultivos ilícitos, cuyo fundamento es el Plan Colombia financiado por Estados Unidos.

Aunque todo el debate se ha armado en torno a la fumigación de coca, hay otro punto neurálgico que se escapa: si el Gobierno prohíbe el uso del glifosato por ser en potencia cancerígeno, tendría que enfrentar una difícil decisión en el sector agrícola que lo usa aún más.

Esto porque apenas el ocho por ciento del glifosato que se usa en Colombia es aquel que, mezclado con agua y un fijador llamado Cosmoflux, se fumiga la coca. El otro 92 por ciento se usa en agricultura, ya que el glifosato es uno de los herbicidas más efectivos y baratos del mercado. Se usa de forma masiva tanto fumigado -en cultivos grandes como los de arroz y palma- como rociado en cultivos más pequeños zanjas.

De modo que, si tiene efectos cancerígenos, podría terminar prohibido también. Como dijo el ex embajador gringo William Brownfield, “si el Gobierno decidiera prohibir la aplicación de glifosato en casos de erradicación de la droga ilícita, pero sin prohibir la aplicación de glifosato en agricultura comercial normal, la señal es un poquito extraña”.