El auto sobre falsos positivos en el Catatumbo: una organización criminal enquistada en el Ejército

Todos eran hombres entre 14 y 35 años de edad y la mayoría (76 de los 120) fueron asesinados por la Brigada Móvil. Esto quiere decir que, en promedio, el Ejército mató a más de un joven a la semana durante ese periodo de tiempo.

Estas víctimas corresponden, en el caso de la Brigada Móvil, al 59 por ciento de las bajas reportadas para 2007 y 2008 y, en el caso del Bisan, al 51 por ciento de sus bajas reportadas en el mismo periodo de tiempo. 

De estos 120 homicidios, 73 estaban siendo investigados por la justicia ordinaria en 39 procesos; solo en uno de ellos se llegó a una sentencia y ocho estaban en juicio.

La Sala encontró a once máximos responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y del crimen de lesa humanidad de asesinato —algunos de ellos también fueron imputados por desaparición forzada—.  Están un general, tres teniente coroneles, un coronel, dos sargentos, un mayor, un capitán, un cabo primero y un civil.  De ellos, cinco ya estaban condenados por la justicia ordinaria por algunos de estos hechos: tres suboficiales (sargentos), un tercero y un oficial (teniente coronel).

El contexto de los falsos positivos

El auto de la JEP está dividido en dos partes. En la primera, describe los factores que crearon las condiciones para que se dieran estos crímenes atroces. Y la segunda, describe el patrón criminal.

La Sala encuentra que los llamados falsos positivos “fueron posibles gracias al uso de recursos públicos y procedimientos institucionales del Ejército de Colombia y a una estrategia militar amplia basada en la exaltación de las bajas en combate como medida del éxito en la guerra, así como a una matriz institucional de estigmatización de los campesinos del Catatumbo como guerrilleros, auxiliadores o bases de la guerrilla.”

Estos crímenes se dieron en la región del Catatumbo, que ocupa más de la mitad de Norte de Santander y tenía para la época de los hechos unos 152 mil habitantes, que vivían en su mayoría en la zona rural. Es un territorio en zona de frontera con Venezuela, con petróleo y coca, lo que lo hacía —y lo sigue haciendo— particularmente atractivo para los grupos criminales.

Cuando el Ejército decidió reforzar su presencia en la zona con la Brigada 30, a la que pertenecen el Bisan y la Brigada Móvil 15, había tres guerrillas (ELN, Farc y EPL), las autodefensas y los paramilitares post-desmovilización en el Catatumbo. 

Pese a esta cantidad de grupos, la Sala encuentra una ausencia de combates militares directos entre el Ejército y los ilegales “debido a, por un lado, la dificultad militar de atacar a la guerrilla replegada en la parte montañosa y rodeada de campos minados y, por el otro, a la presencia de acuerdos entre algunos miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares pos-desmovilización que frenaban su enfrentamiento decidido”.

Las Farc, especialmente, utilizó minas antipersonales para evitar el avance del Ejército: decenas fallecieron y otros quedaron mutilados. El 93,2% de las víctimas de minas entre el 2000 y 2012 se dieran en el Catatumbo, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz citadas en el auto.

“La Sala encontró que los miembros de la fuerza pública reconocían a los habitantes de la zona del Catatumbo como auxiliadores o parte de los grupos guerrilleros por el solo hecho de ser pobladores de la región”, dice el auto, que traza esta estigmatización,en parte, a las escuelas de formación militar. 

El hecho de que el principal sustento de las familias campesinas del Catatumbo sea la coca contribuía a esta estigmatización de la población, que a la postre facilitó los falsos positivos. 

“La calidad de civil de la población quedaba en entredicho cuando los soldados profesionales salían al teatro de operaciones después de haber sido instruidos por sus superiores sobre la cercanía de los campesinos del Catatumbo con el enemigo. Además, junto con la  idea de que la pertenencia a una organización social equivalía a ser miembro de un grupo guerrillero, se fortalecía la concepción de que, en su amplia mayoría o en su totalidad, los habitantes se dedicaban a los cultivos ilícitos y, por lo tanto, también eran guerrilleros”, dice el auto.

En este ambiente de un conflicto con cero combates, y una doctrina que estigmatizaba a los pobladores como auxiliadores de la guerrilla, la presión constante por resultados operacionales entendidos prioritariamente como bajas creó el cóctel perfecto para que se dieran los asesinatos de los 120 jóvenes.

La presión por bajas era constante y a todo nivel. El general Montoya presionaba —vía programas radiales y comunicaciones personales— a los comandantes de las brigadas y estos a sus inferiores y los inferiores a los soldados. 

“Esta presión por “muertes en combate” fue de tal entidad y se ejerció en tal grado, que los comandantes de la BRIM 15 se autodenominan “instigadores” , al describir su participación en las MIPCBC ejecutadas directamente por sus subalternos —dice el auto— La Sala encuentra que esta presión por resultados operacionales “bajas” distingue el tipo de ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos” de otros fenómenos criminales asociados a ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el conflicto armado interno colombianos”.

La lista negra y los falsos positivos del Catatumbo

En el Catatumbo, hubo dos tipos de víctimas que muestran dos modalidades diferentes de ejecuciones extrajudiciales: los jóvenes que vivían en la región y los que fueron traídos de otras ciudades —como Soacha— para ser asesinados.

En 2007, los enfrentamientos con la guerrilla eran pocos, pues las Farc y los demás grupos criminales habían optado por no pelear de frente con el Ejército, sino con francotiradores y sembrando minas antipersona. Ante la presión por presentar bajas, los comandantes de la Brigada Móvil (Santiago Herrera Fajardo) y del Batallón de Infantería (Álvaro Diego Tamayo) decidieron fortalecer la inteligencia militar para dar con los milicianos y los colaboradores de la guerrilla.

La estrategia consistía en crear redes de informantes en la zona que les dieran datos de quiénes ayudaban a la guerrilla para asesinarlos y pasarlos como bajas en combate. Para poder hacer esto, ambos comandantes pusieron en los cargos de inteligencia a militares de confianza que no tenían el entrenamiento para ello y que debían conseguir “topos” en los pueblos que les dieran datos. Y sobre estas personas también caía la presión por dar resultados.

El caso más emblemático es el de María Eugenia Ballena, la esposa de un exparamilitar fallecido que vendía marihuana en un prostíbulo del municipio de El Carmen. En mayo del 2007, Ballena fue abordada por el soldado Néstor Gutiérrez que la presionó para que le diera información de los delincuentes del pueblo. Si no lo hacía, ella y su hijo serían asesinados.

Ballena se convirtió, entonces, en la informante estrella de la Brigada y, con Gutiérrez, crearon una lista negra con las personas que serían asesinadas. Pero la presión por las bajas era tan fuerte que esta informante terminó calumniando a personas que no tenían nada que ver con grupos criminales. Este fue el caso de Gerardo Quintero, un campesino de 25 años al que María Eugenia Ballena le mandó al Ejército.

“Yo reconozco que fue un error, o era mi vida o la del niño, cometí un error, para quitarme esa tropa de encima les mostré a la persona que tenía en la lista, llamé a Gutiérrez le dije que ahí estaba uno de los que tenía en la lista”, dijo Ballena a la JEP, confesando que a quien señaló era Gerardo Quintero. 

La Sala de Reconocimiento encontró que, como quienes estaban a cargo de la inteligencia en el Catatumbo no tenían la preparación adecuada, lo que decían informantes, como Ballena, nunca fue analizado como indica la doctrina militar. Esto terminó en que las víctimas eran escogidas por lo que los topos “oían en el pueblo”. Así, muchas de las víctimas simplemente fueron escogidas, tanto por informantes como por los mismos militares, por prejuicios y estigmatizaciones.

Un caso es el de Jesús Hermides Quintana, al que Gutiérrez, según confesó, asesinó simplemente por tener una placa del Ché Guevara y ser del Cauca.

A finales del 2007, varias organizaciones sociales de la región empezaron a denunciar que el Ejército estaba asesinando a sus vecinos y amigos y haciéndolos pasar por guerrilleros. La Brigada Móvil y el Batallón de Infantería decidieron, entonces, no seguir matando a los jóvenes del Catatumbo. Decidieron traerlos de otros lados.

La importación de jóvenes de Soacha y otras ciudades

La idea de llevar jóvenes de otras ciudades a Ocaña para asesinarlos nació el 4 de diciembre de 2007. Ese día, el soldado Dairo Palomino le dijo a su superior, el teniente coronel Álvaro Tamayo (comandante del Batallón de Infantería), que conocía a “un grupo de bandidos en Soacha y que podían ayudar a conseguir víctimas para presentarlas como bajas en combate”.

El sargento viceprimero Mauricio Pérez le aseguró a la JEP que, tras la reunión con Palomino, habló con Tamayo, quien le comentó la propuesta del soldado.

“Bueno, la propuesta que el soldado Palomino me dice es la siguiente: que él tiene unos familiares en Bogotá y que uno de esos familiares tiene una bandola y que él quiere ir eliminando los integrantes de esa banda porque ya se le está volviendo un dolor de cabeza y que, entonces, la propuesta es que él puede, si él quiere traerle uno, dos o tres, los que yo pida pues los trae (...) eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con ese soldado y con el familiar de ese soldado y yo le digo cuantas personas vamos a necesitar para ir quitándonos la presión de la Brigada y la División, y vamos reportando sea semanal o sea mensual”, dijo. 

Dos días después, ocurrieron los asesinatos de Daniel Suárez Martínez y Camilo Andrés Valencia, los primeros jóvenes traídos de otros municipios para ser presentados como bajas en combate.

El móvil detrás de este tipo de ejecución extrajudicial es el mismo: la presión por mostrar resultados en forma de muertos en combate.

La JEP, incluso, retoma un discurso de Rubén Darío Castro, el teniente coronel que llegó a finales de 2007 a comandar la Brigada Móvil 15, en el que les exige a sus subalternos llegar a los 100 muertos en combate en 2008, casi el doble de lo que lograron en 2007.

A finales de 2008, los jóvenes de Soacha que fueron asesinados en Ocaña y disfrazados de guerrilleros fue lo que terminó destapando el escándalo y llevó a que, como mostró la Sala de Reconocimiento en su primer auto sobre falsos positivos, se tomaran medidas y los casos cayeran drásticamente.

Un aparato criminal organizado

La Sala de Reconocimiento muestra cómo, lejos de ser un asunto de unas cuantas manzanas podridas, los falsos positivos fueron orquestados por organizaciones criminales “enquistadas” en el Bisan y en la Brigada Móvil 15.

Había militares y civiles con distintos roles que obedecían una línea de mando que no hubiera podido suceder si no fuera en el Ejército. “Las acciones criminales que adelantaron los miembros de estas organizaciones no ocurrieron como parte de su vida privada ni en contextos familiares, sociales o ajenos a su condición de miembros de la Fuerza Pública. Las tropas actuaron en el marco y aprovechando sus facultades como miembros del Ejército Nacional”. 

Y alrededor de las ejecuciones extrajudiciales se conformó toda una estructura organizada.

No solo estaban los soldados que disparaban a los civiles y los comandantes que daban la orden. Había otros que falsificaban documentos de inteligencia para justificar las muertes, otros que trataban con los reclutadores que engañaban a los jóvenes de otras ciudades, otros con los informantes en los pueblos, otros que guardaban caletas con las armas para simular la escena de combate y otros que, incluso, compraban armas a bandas criminales. Había, incluso, asesoras jurídicas que les decían a los soldados qué decir cuando arrancaron las investigaciones.

La crueldad de los victimarios

El auto también detalla la crueldad que tuvieron los militares con sus víctimas, pues muchas de ellas fueron torturadas. Y todas, asesinadas a sangre fría.

Por ejemplo, está el caso de Villamir Rodríguez, el único de las 120 víctimas que vivió para contar su historia. Rodríguez fue obligado a caminar hasta la cima de una montaña por integrantes de la Brigada Móvil 15 y, bajo la lluvia, duró atado a un árbol por varias horas de la noche. Luego de ser interrogado por supuestamente ser un guerrillero de las Farc, los soldados le dispararon. Las balas no lo mataron, pero lo hirieron en el brazo derecho. La oscuridad de la noche le permitió hacerse el muerto y escapar.

La JEP también comparte testimonios de los propios victimarios que muestran la poca misericordia que tuvieron con los jóvenes engañados. Así cuenta Rafael Consuegra, comandante de un pelotón del Bisan, cómo mataron a dos civiles:

“Ya siendo las 4 – 4:30 de la madrugada del día 15 de enero yo levanto el personal, digo ‘ya a levantarse’. Llamo a los soldados y los organizo, entonces dejo una escuadra arriba, otros los dejo en el camino hacia la parte de atrás y solo llevo los soldados que yo designo, los que vamos a disparar”. 

“Entonces ahí entre ellos, le (sic) digo a las víctimas que uno de ellos es Elkin Verano, el otro Joaquín Castro Vásquez, le (sic) digo ‘espéreme allá’ ósea (sic), contra el barranco, y él se hace allá. Y a Joaquín Castro Vásquez lo separo y le digo ‘hágase acá’ en el otro extremo. Entonces le digo al soldado Suárez ‘bueno, usted dispara conmigo, disparamos acá a este que está aquí’, le digo al cabo Ovalle ‘usted con el soldado Jaimes dispara allá, al del otro lado’. Yo empiezo a disparar, cuando yo acciono el disparador, el resto empieza a disparar también. 

“Cae Elkin Gustavo Verano y cae Joaquín Castro Vásquez. Joaquín Castro Vásquez cae en una cuneta que hay detrás de él, hay una cuneta con profundidad de más de un metro, menos de dos metros, él cae es como sentado, doblado, cae ahí. (...) Cuando ya terminamos de disparar todos pasa como aproximadamente un minuto y Elkin pide auxilio, él no sé, saca como fuerzas como esas ganas de vivir, y pide auxilio, ‘auxilio’ como dos veces y ahí es cuando el soldado de la ametralladora reacciona y ‘está vivo, está vivo’ y comienza a disparar”.  

El reconocimiento al dolor de las víctimas

Como parte de su función restaurativa, la JEP les dedica un aparte a las víctimas. Dado que los asesinados eran hombres entre 14 y 35 años, la mayoría de quienes han luchado por su memoria son las mujeres (madres, hermanas o esposas) con quienes vivían. De las 77 víctimas acreditadas en este caso, 48 son mujeres.

La Sala detalla los problemas emocionales y físicos que han tenido que padecer. 

“Yo antes era una mujer feliz (..) Ahora no tengo ninguna motivación, ni sueño. (..) Yo quisiera ser feliz, pero no se puede borrar nunca de la vida este dolor. (...) todo para mí cambió. Yo no quisiera ni peinarme, ni hacer nada, perdí la motivación de todo. Yo vivo ahora como asustada”, cuenta una.

“Cuando en la fosa vi a mi hijo fue un impacto muy duro, un frío en el cuerpo, me desmayé. Yo lo esperaba vivo. Aunque lo había visto muerto en la fotografía, aún no lo creía”, dice otra.

La JEP afirma que para muchas de estas familias, que ya eran pobres, el asesinato de su ser querido empeoró su situación económica. Muchas tuvieron que viajar a lugares apartados para encontrar los cuerpos. Por ejemplo, hubo una mujer que, en su testimonio, narró cómo tuvo que quedarse a dormir en la casa del sepulturero del cementerio en donde buscaba a su esposo porque no tenía con qué pagar una pieza.

También hay casos de mujeres que cayeron en la mendicidad y perdieron sus viviendas.

Esto, sin contar la frustración de sus proyectos de vida y la estigmatización y revictimización que han padecido en estos años.

“Llegábamos a las audiencias y las esposas de los militares nos decían: ‘Son unos violadores, asesinos’. Nos escupían, nos decían: ‘Sus maridos eran unos viciosos, eran una pesadilla’”.