El diálogo de Ospina en Cali reta a Duque y a la ley, pero muestra resultados

Ospina, a diferencia de Duque y el Comité del Paro, sí logró arrancar su negociación regional con un documento básico de garantías a la protesta pacífica. Ese documento, en el que también se formaliza la mesa y se reconoce a un grupo de manifestantes, quedó plasmado en un decreto. “Por el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos”, reza el encabezado.  

A pesar de sus resultados, la iniciativa tiene ahora serios cuestionamientos de legalidad. 

Ayer, un juez suspendió el decreto que Ospina había utilizado para darle bases a la negociación. Además de garantías a la protestas, el documento reconoce como contraparte a la Unión de Resistencias, un movimiento formado por jóvenes que levantaron la mayoría de los 26 puntos que tenían bloqueadas algunas zonas de la ciudad.

Aún con esa orden, que acató el alcalde, Ospina dijo que debían mantenerse mesas de trabajo, en las que son mediadores la iglesia católica y la comunidad internacional. Aunque Ospina dijo que cumpliría con lo pactado hasta el momento, anunció que presentará un recurso para apelar la decisión judicial, con el fin de sostener el diálogo que abrió. Para eso tiene tres días, tiempo en el que la conversación queda en el aire y tambaleando. 

La legitimidad de la negociación también es un asunto contencioso. Sectores de derecha, que han ganado fuerza en Cali durante el paro con manifestaciones paralelas de rechazo a los bloqueos, cuestionan las bases de la negociación. 

Por otro lado, activistas y observadores de los movimientos sociales, resaltan la apertura a sectores marginados de la particular metodología de Ospina, que con grupos ciudadanos asume tácticas negociadoras que recuerdan a las mesas con grupos clandestinos. Ni siquiera se conocen las identidades de las contrapartes de la Alcaldía en la mesa. Algo que se explica por la necesidad de blindar los diálogos de sabotajes externos.

Por un lado, es la apuesta política del alcalde que perdió el control de la ciudad durante el paro y que ahora busca levantar la cabeza, con una negociación que desde ayer entró en un limbo legal. Por el otro, es un experimento que podría dejar lecciones en un país donde la protesta se está convirtiendo en un fenómeno constante, incremental, y con particularidades regionales.

La mesa de diálogo y los innegociables

En Cali, la creación de una mesa de diálogo mostró un quiebre con lo que pasaba entre el Comité del Paro y el Gobierno nacional. Esto porque la Unión de Resistencias no insistió en el retiro de la Fuerza Pública para sentarse en la mesa y Ospina le apostó al diálogo con el rechazo al vandalismo y la violencia en la protesta, pero sin una condena a los bloqueos.

El acuerdo ha aguantado. Tanto, que durante las últimas dos semanas, y en medio del diálogo, el Esmad ha hecho intervenciones contra manifestaciones violentas, donde incluso ha habido muertos —como este caso en el que hubo dos muertos del lado de los manifestantes y tres civiles y cuatro Policías heridos— sin que se haya roto la mesa. 

Carlos Manrique, investigador de movimientos sociales de la Universidad de los Andes, explica que la Unión de Resistencias es un movimiento autónomo, “no se ven representados en una estructura jerárquica como el Comité del Paro, no le rinden cuentas a nadie”. 

La Unión de Resistencias Cali - Primera línea somos tod@s (URC), es el movimiento que representa a los bloqueos en barrios como Siloé, Sameco, Paso del Comercio, entre otros. Surgió de una mezcla de protesta espontánea, procesos comunitarios y protestas anteriores. Reúne y representa a personas con condiciones de vida difíciles, en lugares permeados por la falta de oportunidades, la pobreza y el crimen, en la ciudad con los mayores índices de homicidio del país.

Ospina, había, al menos, avanzado en el reto de establecer un diálogo. “Ha sido más empático y se ha desmarcado del Gobierno nacional. Por ejemplo, no aceptó la lógica de levantar los bloqueos para iniciar un diálogo”, nos dijo Manrique.

El 1 de junio, la Alcaldía de Cali hizo público el decreto firmado, en el que la administración reconoció a la URC, como un movimiento que articula los llamados “puntos de resistencia”.

Además, hace varios compromisos. Sobre el uso de la fuerza, se compromete a dar instrucciones a la Policía para que junto con el Esmad cumplan con las garantías de la protesta social y “no intervengan en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica”. Crea un “canal de salvaguardas a la vida”, y una “Comisión de Derechos Humanos”, integrada por representantes de los manifestantes, para investigar asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias. Y se compromete a financiar la mesa. 

Para el seguimiento de los eventuales acuerdos, crea un “Comité Facilitador” y una veeduría, compuesta por facilitadores institucionales con credibilidad, como la Mapp OEA, la ONU, y la iglesia católica. Según el decreto, esa mesa tenía como fin “distensionar” las dificultades, trazar las líneas de inclusión y contar con garantías de participación.

Desde la Alcaldía la mesa está conformada por el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería; el de Educación, José Darwin Lenis; el de Participación Ciudadana, James Agudelo; la subsecretaria de gestión del riesgo, Mónica Jiménez; y el alcalde Ospina. Hasta hace poco estaba el secretario de Bienestar social, Jesús González, quien renunció el pasado 6 de junio. 

Desde la Unión de Resistencias hay un promedio de dos voceros por punto, alrededor de unas 50 personas. Entre ellos hay tanta prevención a identificarse, incluso con la misma Alcaldía por temas de seguridad, que, según una persona que hace parte del movimiento, hay personas encapuchadas. Intentamos corroborar esto con la administración, pero no tuvimos respuesta.

El nivel de violencia en el marco de las protestas —y en general en Cali— ha sido enorme. De los 48 muertes durante el paro, según cifras de la Fiscalía hasta el 30 de mayo, 10 habían sucedido en Cali.
 
A pesar del intento de diálogo, la apuesta le costó muchas críticas a Ospina. Desde varios puntos el decreto fue visto como una forma de legitimar los bloqueos, aunque el mismo alcalde ha dicho que ese no era el fin. Incluso, uno de los manifestantes al norte de la ciudad hizo un video en el que afirmaba que el decreto les permitía decirle a la Policía que podían realizar un bloqueo intermitente.

La suspensión del decreto se dio como respuesta a la acción de nulidad que puso María del Mar Machado. En ésta argumentaba que el documento desconocía que era el presidente y no el alcalde el que tenía la competencia para el manejo de las manifestaciones, como reseñó El Espectador. 

Para Gustavo Orozco, uno de los organizadores de la Marcha del Silencio que, como contamos, fue la primera reacción ciudadana y masiva en contra de los bloqueos en Cali, el decreto no tiene nada bueno.

“Le reconocería el intento de dialogar si eso estuviera complementado por no desconocer que la autoridad, la fuerza y la justicia son igual de importantes. (...) Aquí no sólo es dialogar, es reconocerlos como una cosa que no son”.

Orozco se refiere al reconocimiento de la URC como movimiento social cuando para él “se trata de actores que están delinquiendo, sin decir que sean criminales ni terroristas, pero sí incurren en un delito (al bloquear)”.
 
En esto coincide el representante uribista del Valle, Christian Garcés, quien dijo a El País de Cali que aunque apoyaba el diálogo no se debió reconocer a la Unión de Resistencias porque “parten de actividades violentas (los bloqueos)”.

Esas líneas rojas tan claras a nivel nacional, como lo es levantar los bloqueos para dialogar, no lo eran a nivel local.

El secretario de Paz nos dijo que no podía hablar sobre esos innegociables. Por su parte, Jose Darwin Lenis nos habló de principios claves en la mesa como respetar la vida, construir confianza y tener un diálogo basado en el respeto. 

Steven Ospina, vocero del “punto de resistencia” de Siloé e integrante de la Unión de Resistencias de Cali -aunque no se ha sentado con la Alcaldía-, nos dijo que no hay puntos tan definidos para levantar la mesa porque “esa no es la intención”. Pero sí tienen claro cuáles son los límites.

Uno de esos es que la administración de Ospina no se quede callada frente a abusos policiales, detenciones ilegales u otro accionar que viole los derechos humanos.
 
“Si hay un asedio sistemático a quienes hacen parte de las resistencias y si no hay garantías de acompañamiento contundente de parte de la administración, volveremos a las calles”, nos comentó Steven.

De igual forma dijo que reconocen que la orden de asistencia militar y de levantar los bloqueos viene de presidencia y no pasaban por la Alcaldía.

El diálogo secreto

Ni la Alcaldía, ni la URC han permitido conocer el contenido de las discusiones que se estaban llevando a cabo en la mesa. El manejo de la información de esta manera se da, según nos dijo el secretario de educación, Jose Darwin Lenis, para evitar que “se filtre información por el afán de protagonismo de alguno de los actores”. Así pretendían proteger la confianza que habían logrado. 

El diálogo es tan hermético que ni el lugar en el que se realizan las reuniones es público. El mismo secretario de Paz, Danis Rentería, nos dijo que por garantías de seguridad no podía dar el nombre del sitio. 

La Silla sólo supo que después de la fallida conversación con el Gobierno nacional que se llevó a cabo en el coliseo María Isabel Urrutia, al oriente de Cali, se pasó a dialogar en una sede de la Universidad Católica y luego cambió de nuevo.

Las reuniones que se llevan a cabo de forma secreta pueden citarse cada dos o tres días y pueden durar entre 8 y 12 horas. Según nos dijo el secretario de Educación Lenis, ese diálogo se da por medio de propuestas autónomas que llevan a la mesa los jóvenes de la Unión de Resistencias. A su vez, la administración hace una contrapropuesta.
 
Desde la Alcaldía nos confirmaron que en ese espacio se plantean posibles programas, o inversiones, pero no nos dijeron de qué tipo o cuáles específicamente. Por ahora, a pesar de ser una negociación donde se podrían estar comprometiendo recursos públicos, hay una opacidad casi total.

Carlos Manrique explica que parte de ese hermetismo se debe a “la sensibilidad de un escenario tan complejo. Están tratando, por todos los medios, de que otros actores que puedan sabotear el diálogo no tengan herramientas para hacerlo”.

Tras 47 días de protestas y 15 de diálogo, la mesa había tenido el logro más significativo: el desbloqueo de la mayoría de los puntos. Hace una semana 21 de los 26 “puntos de resistencia” pasaron a ser espacios de asamblea permanente, participación ciudadana, y espacios culturales y artísticos con garantías al derecho a la movilidad. A estos desbloqueos se le sumó el lunes el punto de Siloé. 

Al pronunciarse sobre la orden del juez de suspender el decreto, Ospina aseguró que cumpliría lo acordado antes del fallo.

“Son cosas básicas: es inclusión social, reconocimiento a personas que han tenido dificultades y es construcción colectiva de soluciones entre las universidades, la empresa privada, la iglesia y la Alcaldía”, dijo Ospina sin más detalles. Además aclaró que no estaba entregando recursos a jóvenes en “puntos de resistencia”, como se rumoraba en redes sociales.

Entre esos acuerdos estaba la implementación de una Ruta de protección primaria y urgente a la vida, y un Plan de inclusión social de emergencia. Este último, según un comunicado del 8 de junio, incluía “intervenciones” en seguridad alimentaria, atención a salud incluyendo componente psicosocial y de farmacodependencia, programas de empleabilidad y fortalecimiento de procesos sociales.

Al menos el esfuerzo legal sobre el cual se apoyó la negociación depende ahora de la respuesta del juez al recurso de reposición de Ospina. Además de insistir en que seguirá apostándole al diálogo, no ha adelantado otros planes si el decreto se cae de manera permanente. 

La derrota legal traería incertidumbre sobre lo que se ha avanzado en desbloqueos en Cali. Más allá, le daría un espaldarazo a las condiciones que puso el Gobierno de Duque al Comité del Paro, y sentaría un antecedente importante sobre cómo negociar desde las regiones con la dispersa protesta social.