La vice hace control de daños al manejo del paro en EE.UU. pero la Cidh lo enreda

Una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hoy a las 9 de la mañana fue el último y más importante encuentro de la gira de la vicepresidenta y canciller designada, Marta Lucía Ramírez, por ese país. Concluye así su visita de una semana el mismo día que el país cumple un mes de paro, la principal razón de la visita.

La Embajada en Estados Unidos y el gobierno en Bogotá armaron la gira casi sobre la marcha y arrancó un día después de que Ramírez decidiera quedarse en el Gobierno y renunciar a su aspiración presidencial para el 2022. La idea fue mostrar la versión del Gobierno sobre los paros a diplomáticos, congresistas, empresarios, ONG y funcionarios del presidente norteamericano, Joe Biden.

La estrategia era enviar varios mensajes a Washington: que el Gobierno estaba negociando la salida del paro con el Comité; que los colombianos que no marchan están viendo sus derechos afectados; que la economía está sufriendo por los bloqueos; y que las autoridades están investigando y judicializando a uniformados y civiles por conductas violentas y vandálicas en las marchas.

La versión de Ramírez fue más mesurada que la que promovieron la propia Casa de Nariño y amigos del presidente Iván Duque —como el empresario Luigi Echeverri— desde el fin de semana pasado con la autoentrevista en inglés al mandatario, en la que básicamente culpa a Gustavo Petro de instigar las manifestaciones.

En los encuentros, Ramírez no mencionó al líder de oposición como promotor de los paros. A sus interlocutores les dijo que había “reclamos válidos” de la calle y que Colombia estaba “comprometida” a investigar los casos de abuso policial, que reiteró que no eran generalizados.

E hizo énfasis en la crisis de desabastecimiento del país debido a los bloqueos en las vías nacionales. Una idea que reiteraron, paralelamente, una docena de líderes de gremios colombianos que también están en Washington haciendo lobby para presionar desde allá el levantamiento de los bloqueos por parte del Comité del Paro y mostrar su versión de la crisis.

“La sentí en busca de oxígeno político, cualquier cosa que le dé, que le abra una ventana para declarar victoria”, dijo un alto directivo de un organismo que tuvo encuentros con Ramírez.

“Tienen que mostrar una cara moderada del Gobierno —dijo Adam Isaacson, director de Wola, una de las organizaciones que recibió a Ramírez— Siento que la visita ha servido para mostrar que el gobierno Duque no es un monstruo”.  

Pese a que en eso la Vicepresidenta fue exitosa, al mismo tiempo, la intención de recomponer los puentes con Washington y mostrar que el Gobierno está buscando una salida a la crisis quedó manchada por la confusión que Ramírez generó frente a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). 

El organismo lleva 21 días pidiendo a Colombia una visita para verificar las denuncias de abusos y brutalidad policial. El Gobierno ha respondido que sí pueden venir, pero en un mes.

Un cambio de tono...

Marta Lucía Ramírez llegó a Washington durante la cuarta semana de movilizaciones en Colombia. Ya cuando había –al menos– 41 fallecidos en medio de las protestas (la cifra de la Fiscalía), mala prensa internacional por las denuncias de brutalidad policial, una crisis interna en la que Duque ha cambiado cuatro ministros, incluida la canciller Claudia Blum y, fuertes críticas de un sector del partido Demócrata.

La más dura había llegado hace dos semanas. El 14 de mayo casi 55 representantes demócratas de la Cámara (un 25 por ciento) firmaron una carta para pedirle al gobierno Biden que suspenda toda la asistencia a la Policía Nacional por las acusaciones por brutalidad policial durante las manifestaciones del paro.

Serían al menos 182 millones de dólares, que en su mayoría se van a operaciones antinarcóticos.

De las más de 20 reuniones que Ramírez tuvo esta semana, de acuerdo con la Embajada en Washington, la mitad fueron con congresistas: con republicanos convencidos del gobierno Duque como el senador Marco Rubio, quien insiste en la tesis de que el paro es una “estrategia de Cuba y Venezuela” y que después de su reunión con la Canciller, habló telefónicamente con el Presidente;  O demócratas más moderados, como Albio Sires, Christopher Murphy y Bob Menendez, que no firmaron la carta del grupo del partido que respalda a Biden.

”La percepción es que no han podido manejar la crisis”

Michael Shifter, Diálogo Interamericano

Según supo La Silla de una fuente que lo sabe de primera mano, Colombia no pudo concretar una reunión con el presidente del Senado, Patrick Leahy —clave porque es cabeza del comité de apropiaciones que aprueba los recursos a Colombia— porque su oficina nunca les confirmó ese encuentro, que buscaron insistentemente.

Ramírez logró reunirse el miércoles, vía zoom, con el impulsor de esa misiva, el representante Jim McGovern, uno de los que más conoce la situación colombiana. Ocurrió una semana después de que los senadores opositores Alexander López (Polo) y Gustavo Bolívar (Decentes) tuvieran una reunión presencial con el congresista para mostrarle videos de brutalidad policial.

“Estaba impactado, sobre todo por los videos de Popayán”, nos dijo el senador Bolívar sobre el encuentro con ellos.

“Fue una reunión marcada por el respeto y muy transparente”, dijo la Vicepresidenta sobre su reunión.

El jueves, durante una conferencia virtual del Diálogo Interamericano en el que participó Iván Duque como invitado especial, el director del tanque de pensamiento Michael Shifter, le resumió al Presidente así la percepción que existe en Washington de lo que sucede aquí:

“La percepción en Washington es que no han podido manejar la crisis, que hay colombianos que no están contentos con su trabajo —le dijo, sin endulzarle la píldora — Todos condenamos el vandalismo, pero las protestas parecen tener quejas legítimas, algunas de largo rato, otras nuevas. Hay informes creíbles sobre abuso policial”.

A lo que Duque reaccionó con los mismos argumentos de su soliloquio en inglés, pero más calmado y centrándose —como suele hacerlo— en destacar sus logros más que en ahondar en una autocrítica sobre la responsabilidad del gobierno en la crisis.

La vice Ramírez, en cambio, llegó a las reuniones con una actitud más de escuchar; con libreta en mano, tomó apuntes. En general, según nos contaron cuatro personas que supieron directamente de varios de los encuentros porque asistieron o lo supieron de primera mano, su tono fue “mesurado”, en comparación a lo que había exhibido su antecesora, Claudia Blum.

“Se sintió un cambio de tono frente a la otra Canciller. (Ramírez) tiene más experiencia, más cancha”, nos dijo un funcionario de un organismo de derechos humanos.

Al menos en dos aspectos Ramírez mostró esa mesura.

Una es que a diferencia de Duque en su autoentrevista que Palacio comenzó a rotar hace una semana, Ramírez evitó hablar de Gustavo Petro como promotor o beneficiario de la actual crisis.

“Más o menos lo que dice es que el desorden beneficia a figuras radicales, pero sin ninguna referencia a Petro”, nos dijo Isaacson.

“Ella estaba consciente de que la situación era desastrosa, pero no estaba para nada con el discurso de que esto es (solamente) por la infiltración de Venezuela, de Cuba, o del ELN o las disidencias”, nos dijo otro funcionario que pidió no ser citado porque no es vocero de su organización.

”Si no hay esfuerzos genuinos, será difícil superar la crisis”

José Miguel Vivanco, HRW

Y la otra, en el énfasis que hizo Ramírez en que la justicia colombiana judicializará a los responsables de la violencia en las marchas contra civiles y los actos de vandalismo.

“Hay un esfuerzo hacia la comunidad internacional de mandar el mensaje de que hay otras aristas del problema”, nos dijo un alto funcionario de un organismo diplomático con sede en Washington. “(El Gobierno) dice que hay denuncias por agresiones a la Fuerza Pública, que hay bloqueos. Y claramente está planteado el dilema entre protestas y bloqueos”.

En otra reunión, Ramírez explicó que existía una coordinación en hechos de vandalismo, como los ataques a los CAI o al palacio de Justicia en Tuluá (Valle). Ante las críticas por las denuncias de abusos policiales y asesinatos de civiles en las protestas, la nueva Canciller se apoyó en las cifras de la Fiscalía.

Una de las cosas que el Gobierno colombiano no supo aclarar es por qué persisten los bloqueos en las vías nacionales. Una situación que también les fue reiterada por asesores de congresistas y funcionarios de Biden a una docena de líderes gremiales que también están haciendo lobby en Washington.

“Ha sorprendido que nadie entiende por qué no se levantan los bloqueos, sobre todo en vías nacionales, en nuestro caso para repartir alimentos”, nos dijo Gonzálo Moreno, presidente de Fenavi, quien está en la gira.

Esa gira la venía armando María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-americana. Tanto ella, como Moreno y Jeffrey Fajardo, de PorkColombia, nos insistieron que no planearon la gira con el Gobierno pero que sí, buscan, al igual que Ramírez, que haya pronunciamientos y presión gringa para que los bloqueos se levanten.

“No vinimos a defender al Gobierno, sino a mostrar que hay una afectación a la seguridad, a la nutrición y alimentación de los colombianos por estos bloqueos”, nos dijo Lacouture. “Vinimos a nivelar la cancha de las percepciones”, nos dijo Fajardo, de PorkColombia.

La respuesta de Ramírez a esos cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno de levantar los bloqueos parece no haber convencido. “Las respuestas han sido confusas: que eso pasa por órdenes de alcaldes, de los gobernadores, que a veces hay bloqueos con camiones que son afiliados a empresas”, nos relató un asistente a una reunión que le preguntó directamente a la Canciller por ese tema.

Como nos dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, una organización civil de Washington que revisa la actual situación de Colombia, la visita de Ramírez era “una estrategia útil e importante” en relaciones públicas para el Gobierno.

Sin embargo, dijo, “no se puede tapar el sol con un dedo”. “Se mantiene la percepción de que hay graves problemas con la actuación de las autoridades y la actividad de órganos de control frente a las protestas”.  

“Marta Lucía Ramirez está haciendo grandes esfuerzos por mejorar la relación con la administración Biden”, agregó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, otro interlocutor de Ramírez. “Pero el problema no está en Washington, está en Colombia”.

Su oficina ha contabilizado, hasta ahora, 61 denuncias “creíbles” de asesinatos en las marchas. “Si el presidente Duque no hace esfuerzos genuinos y eficaces para tomar en serio a los manifestantes pacíficos y prevenir más abusos policiales, va a ser muy difícil poner fin a esta crisis y mejorar la imagen internacional de Colombia, incluyendo en los Estados Unidos”.

Según supimos, tanto Vivanco, como Isaacson de Wola, además de varios diplomáticos que se reunieron con Ramírez, le insistieron que permitiera la entrada de la Cidh a Colombia.

Una solicitud que además cuenta con la presión de la oposición en Colombia, de miembros del Comité del Paro que negocian con el Gobierno y de sociedad civil en Bogotá y Washington.

Hasta ahora, la respuesta de la Canciller ha sido la de patear la pelota hacia adelante. Hacia junio.

...Pero con mensajes dudosos a la Cidh

La Comisión Interamericana es un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) que Colombia reconoce. Su función es analizar y hacer seguimiento a situaciones de vulneración de derechos humanos en el continente. Por eso, desde el inicio del paro, puso sus ojos sobre las denuncias en Colombia.

Desde el 7 de mayo, cuando el país ya llevaba dos semanas de movilizaciones, la Comisión solicitó al Gobierno una misión de verificación en el país para revisar las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.

En el mundo diplomático, que un país permita estas visitas del sistema interamericano es bien visto. Y son países con regímenes autoritarios, como Nicaragua y Venezuela, los que han sido reticentes a esa verificación internacional.

En el marco del paro, la Comisión “encuentra extremadamente grave” las denuncias por 132 desapariciones sobre las que la Fiscalía activó su mecanismo de búsqueda urgente. Por eso, por las al menos 41 muertes en las protestas de, entre otros, Lucas Villa (Pereira), Sebastián Quintero (Popayán) y John Erick Larrahondo (Cali), es que la Cidh pide la visita.

”La fecha del 29 de junio la puso la Cidh”

Marta Lucía Ramírez

Frente a esta solicitud realizada hace 21 días, la vicepresidenta y canciller designada tuvo dos estrategias —a veces contradictorias— : de tender puentes hacia el organismo e insistir públicamente que estaban bienvenidos, y al mismo tiempo, dilatar al máximo su llegada al país.

El Gobierno venía de hacer duras críticas a la Cidh por el proceso que en la Corte Interamericana hay contra el Estado por el caso de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y violada por paramilitares hace 20 años cuando estaba haciendo reportería en una cárcel. En una audiencia del caso, en marzo, el Gobierno se levantó de la sesión y desestimó las reclamaciones.

Por eso, el hecho de que una funcionaria de tan alto nivel, con doble cargo en el Gobierno, fuera hasta las oficinas de este órgano adscrito a la OEA fue leído al interior del mismo como un acto de deferencia hacia el sistema interamericano.

Al mismo tiempo, sus declaraciones crearon una gran confusión. El martes, después de su reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Ramírez dijo que el gobierno está dispuesto a permitir la visita, pero solo cuando “los organismos colombianos terminen sus investigaciones”. Luego de la reunión con la Cidh, el mismo día, Ramírez habló de que la misión llegaría al país después del 29 de junio.

Dijo que esa fue la fecha “que la misma Comisión pidió”.

No obstante, la Comisión no puso esa fecha.

”Tienen que mostrar una cara moderada del Gobierno”

Adam Isaacson, Wola

Lo que hizo la Comisión fue cuadrar para ese día una audiencia ordinaria sobre la situación colombiana. En ese escenario está previsto que la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, además del Gobierno colombiano muestren sus avances en el esclarecimiento de las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, además de las de actos de vandalismo.

Según nos dijeron allá, eso no significa que Colombia no permita la entrada a la misión desde antes.

La postura del Gobierno, vía la misma Ramírez, es que los organismos colombianos deben recabar la información que la misma Cidh está pidiendo.

“La fecha del 29 de junio (para la audiencia) la pusieron ellos. Si quieren anticipar la audiencia y ellos quieren venir (a Colombia) mañana no hay ningún problema”, dijo el miércoles.

Una versión que repitió en las cartas a Almagro y a la Comisión anoche: “como acordamos en nuestra reunión la visita será subsecuente a la audiencia pública. Y si la Cidh decidiera adelantar la audiencia, el gobierno de Colombia estará atento al formato de visita y en la mejor disposición de acordar con ustedes la fecha”.

Hoy en la mañana en ronda con varias emisoras, Ramírez dijo que Colombia le pedirá a la Comisión, además, que incluya en esta visita entrevistas no solo con los afectados de la violencia en las marchas, sino también con policías heridos y que tenga en cuenta las afectaciones económicas por los bloqueos.

La situación preocupa dentro de la Comisión, según pudimos establecer por dos fuentes que no son voceras. De forma cautelosa –para no agitar más el momento– nos dijeron que los mensajes enviados por la Canciller son confusos.

“La visita para ser útil debería ser oportuna”, nos dijo Krsticevic, de Cejil, organización que estará en la audiencia del 29 de junio.

Para Isaacson este escenario, como la gira en sí misma, son una forma en la que el Gobierno Nacional está buscando comprar tiempo para entregar resultados.

“Ellos (el Gobierno) tienen 14 meses de mandato, quieren que este paro desvanezca con el tiempo, para que vuelva cierta normalidad, que el paro desescale y se olvide. Quieren que pase sin ninguna consecuencia con Estados Unidos y mostrar que están escuchando mucho a la ONU y a las misiones”, nos dijo.

En las próximas semanas no solo será la audiencia de la Cidh. Human Rights Watch también sacará su informe sobre brutalidad policial; y la oposición, en cabeza de los senadores Alexander López y Gustavo Bolívar, harán otra gira, esta vez por Europa. Irán a la ONU en Ginebra y están preparando más visitas.

Por lo que la gira de la Vice y Canciller, por ahora, no logra calmar las aguas de las críticas hacia Colombia, pero sí mostrar un cambio al menos de tono, bajo la batuta de Ramírez.

Lo que ocurra con las negociaciones con el Comité que se retoman el domingo, la tensión en la calle y los resultados de las autoridades, marcarán no solo el futuro inmediato de Colombia sino también le pondrán un tono al final del gobierno Duque con Washington.