No todos los desaparecidos en el paro están siendo buscados

La Defensoría informó de 783 reportes de desaparecidos al 30 de mayo. Sin embargo, de estos, 317 fueron descartados (por estar repetidos o por falta de información) y 308 aparecieron a los pocos días: algunos fueron detenidos en las protestas y no les permitieron comunicarse con sus familiares, algunos tenían sus celulares apagados o sin señal, y en otros casos se trató de confusiones.

Pero todavía hay 111 personas que hasta el 30 de mayo siguen estando reportadas como perdidas, según las cifras oficiales, y otras 47 están en el limbo porque la Fiscalía no ha decidido empezar a buscarlas pese a la recomendación de la Defensoría.
 

Las ONG difieren de ese conteo y hablan de al menos 300 desaparecidos. Paralelamente, están denunciando que la Fiscalía no está activando todos los mecanismos de búsqueda urgente (MBU) en todos los casos. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas cree lo mismo.

La versión de la Fiscalía y la Defensoría es que muchos de los reportes que reciben no tienen suficientes datos para comenzar la búsqueda; sin embargo, eso estaría abriendo una puerta para que no se garanticen derechos en el país.

La guerra de cifras

La semana pasada el Fiscal General, Francisco Barbosa, explicó en NTN24 que había coordinación para buscar a los desaparecidos en el marco de la protesta. 

Según lo que dijo, en una mesa técnica organizaciones sociales reportan los nombres de las personas que podrían ser víctimas de desaparición, la Defensoría del Pueblo se encarga de recoger todos los reportes y con esa información, la Fiscalía activa “un proceso que se llama Mecanismo de Búsqueda Urgente”.

Se trata de un mecanismo creado desde 2005 para prevenir la desaparición forzada y que consiste en que las autoridades aceleran las diligencias para buscar a las personas.

En total, la mesa en la que están la Defensoría y la Fiscalía ha recibido 783 reportes. Según le explicó a La Silla el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, estos pasan por un proceso de depuración en el que descartaron 317. “Muchos de los casos que nos reportan están repetidos. Otros tienen solo un nombre sin apellidos o incluso sin nombre”, dijo el funcionario.

Es decir, para la Defensoría solo 466 han sido susceptibles de activación del mecanismo de búsqueda urgente. 

De estos, la Fiscalía ha dado trámite a 419. En 47 casos aún no ha solicitado mecanismo de búsqueda urgente, ni los ha reportado como hallados. Sin embargo, no nos explicaron bajo qué criterio, partiendo de que la información llega a sus manos ya filtrada. 

De los 419 la Fiscalía ya anunció que en 308 encontró a personas reportadas como desaparecidas por las ONG, y otros medios. Pero, hay otras 111 personas que están en proceso de búsqueda por parte del Estado, es decir, que siguen desaparecidas.

Esa cifra contrasta con las de al menos dos ONG cuyo trabajo es centralizar la mayor cantidad de reportes de desaparecidos: Indepaz señala que al 26 de mayo hay 287 personas desaparecidas; y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu —que agrupa a 17 organizaciones de víctimas y derechos humanos— reporta el 27 de mayo 327 personas que no han aparecido.

El filtro del Estado para determinar a quiénes sí busca y a quiénes no, según tres fuentes que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos en el país, estaría dejando por fuera potenciales casos.

“La Fiscalía no está activando mecanismos de búsqueda urgente alegando que no existe suficiente información. Pero eso es una arbitrariedad porque la ley 971 de 2005 no dice que tiene que estar toda la información para poder activarse. Obvio entre más información mejor, pero no es un requisito”, dijo a La Silla Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, parte de la mesa de la Cceeu.

Algo muy similar aseguró Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz: “No es una percepción. Que en la Fiscalía no están activando mecanismos de búsqueda urgente para todos, es lo que nos dicen las organizaciones de derechos humanos regionales”.

La información nos la confirmó por aparte Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), quien ha participado en las mesas de conversación entre Fiscalía, Defensoría y organizaciones de derechos humanos en el marco de su función como garante de no repetición a delitos de desaparición forzada en el país.

“Las organizaciones le dijeron a la Fiscalía y a la Defensoría ‘no nos pongan la carga de lo que ustedes tienen que hacer’”, aseguró a La Silla la funcionaria. “El hecho de que recarguen en otros la búsqueda de información ya empieza a poner un obstáculo muy grande en la activación de los mecanismos de protección”.

Prueba de que en la Fiscalía y en la mesa que preside la Defensoría no están teniendo en cuenta todas las denuncias que reportan organizaciones defensoras de derechos humanos está en la distribución por región de los casos con búsqueda urgente activada. 

Comparamos las cifras de reportes de desaparecidos de Indepaz con corte a 26 de mayo, del Cceeu con corte a 27 de mayo y las de la Fiscalía con corte a 30 de mayo (111 búsquedas urgentes activadas, solo 12 menos que el 28 de mayo) y encontramos que las diferencias en varias regiones son sustanciales. 

Por ejemplo, en Valle la Fiscalía está buscando a 42 personas, pero Indepaz reporta 132 desapariciones  y el Cceeu 105; en Antioquia, la Fiscalía está buscando a 32 personas, pero Indepaz reporta 71 y el Cceeu 92; y en Tolima, la Fiscalía está buscando a 6 personas, pero Indepaz reporta 44 desapariciones y el Cceeu 15. 

Además, encontramos casos en los que la Fiscalía no tiene ninguna búsqueda urgente activada, pero sí hay denuncias sobre desapariciones. Por ejemplo, en Quindío hay 24 según Indepaz y en Cundinamarca hay reportes de 7, según Cceeu.

Sin embargo, también hay un dato interesante: la Fiscalía tiene búsquedas activas en lugares donde en ninguna de estas organizaciones hay reporte. En Atlántico, Bogotá, Risaralda y Santander, está buscando al menos 1 persona más de las que reporta Indepaz.

El hoyo negro de las cifras

Saber el número exacto de desaparecidos en el marco de las protestas en el país es muy complicado por varias razones.

Las cifras varían todo el tiempo, los datos no están completamente unificados y las familias prefieren no denunciar por desconfianza. 

Según le dijo a La Silla Luz Adriana González, directora del Comité de Derechos Humanos de Risaralda, varios de los jóvenes que han participado en las protestas y sus familias han recibido amenazas en esa ciudad, y esto les ha generado temor para denunciar las desapariciones por miedo a ser perfilados. Lo mismo nos dijo en Cali, Magaly Pino, miembro del equipo nacional de derechos humanos del Congreso de los pueblos, otra organización social.

Como contamos, en Pereira hay indicios de una mano negra contra las protestas, que además estarían detrás del asesinato de Lucas Villa el 5 de mayo.

El temor a denunciar radica principalmente en que quienes han sido víctimas denuncian que el victimario fue el Estado. “Las víctimas temen complicidad o represalias”, dijo a La Silla Erik Arellana, miembro de la ong DesapariciónForzada.com.

La organización de Arellana está alertando sobre la posibilidad del regreso de la figura “detenido- desaparecido”, práctica recurrente en Colombia hasta los 80. 

No solo las organizaciones de derechos humanos que están tratando de centralizar la información tienen reportes muy diferentes entre sí, aún cuando trabajan en las mismas ciudades; sino que desde los propios reportes oficiales hay inconsistencias.

Por ejemplo, la Fiscalía informó este lunes que en el país tenía registro de solo tres denuncias sobre desaparición forzada en el marco de la protesta. Es decir, casos en los que una persona se acercó directamente a la Fiscalía a denunciar que una persona no aparecía.

Según dijo Barbosa, esos tres casos estaban repartidos en Caldas, Antioquia; Zaragoza, Antioquia; y Yumbo, Valle; sin embargo, La Silla encontró otras versiones de autoridades que dicen que solo en uno de esos tres, realmente existe una denuncia por desaparición forzada.

En Zaragoza el reporte oficial del Puesto de Mando Unificado del municipio es que no hay ninguna denuncia sobre desaparición forzada; y en Yumbo, la personera Marleny Llanos, nos aseguró que el único caso que hay de desaparición forzada es el de un joven que la última vez que fue visto estaba borracho en medio de saqueos a una bodega que se incendió.

“Es el único caso que tenemos con Fiscalía y CTI, corresponde a delincuencia común. No hay desapariciones relacionadas con la protesta en Yumbo”, dijo a La Silla la funcionaria.

A esto se suman los casos reportados por las ONG, y algunas veces por las personerías, sin mecanismo de búsqueda urgente activado por la Fiscalía.

Un ejemplo se da en Pereira. La personera de esa ciudad, Sandra Lorena Cárdenas, le dijo a La Silla Vacía que solicitó a la Fiscalía mecanismos de búsqueda urgente en cinco casos que tiene reportados sin aparecer, pero la Fiscalía respondió que no había información suficiente para activar un mecanismo de búsqueda urgente y le devolvió un oficio pidiendo más información.

Entre esos cinco casos está Breiner Franco, quien según Indepaz, Cceeu y la Personería desapareció el 3 de mayo en el barrio El Japón en Pereira, luego de participar en una protesta, pero que por no tener más datos no está siendo buscado por la Fiscalía.  

En casos como estos, según Mozón, de la Unidad de Búsqueda, la Fiscalía “está dando un tratamiento distinto de lo que es la naturaleza del mecanismo de búsqueda urgente. Que es: con la información que tenga corra a buscar a la persona”.

Otro ejemplo de subregistro se da en Caldas, Antioquia. Allí, según Indepaz hay reportados siete desaparecidos en el marco de las protestas, pero la personera del municipio, Blanca Restrepo, le dijo a La Silla Vacía que esos siete nombres no figuran en sus registros de desaparecidos ni de personas encontradas.

La Silla encontró en estos dos casos una desconexión entre las personerías regionales y las ONG que reportan casos en las mismas ciudades. Luz Adriana González, directora del Comité de Derechos Humanos de Risaralda dijo que comenzó reportando los casos a la personería, pero que con las semanas vio que no se activaban los mecanismos de búsqueda urgente y dejó de remitirles la información.

“Cada uno maneja sus propios datos”, le dijo a La Silla Cárdenas, personera de Pereira.

Los ‘rostros’ de los reportes de desaparecidos

En los consolidados de las cifras el caso más común es el de las personas que son halladas al poco tiempo.. Encuadra en los 308 casos en los que la Fiscalía ya anunció que habían encontrado a los reportados. Como en este caso:

José Ardey Espejo tiene 23 años y trabaja como asistente de construcción. Estudia en las noches. Empezó a marchar el 1 de mayo. El 30 de abril, cuando iba de camino a su casa después de trabajar vio un enfrentamiento con el Esmad. 

Se cambió de calle para evadir el trayecto de alguno de los objetos que se lanzaban mutuamente, pero en medio de la confusión terminó capturado por cinco policías. Lo llevaron a un CAI hasta las 4 de la mañana y le pusieron un parte. La indignación lo sacó a marchar. 

José fue criado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, junto a su hermana Yuli. Son hijos del Estado. A ella le avisó que empezaría a salir y escaló tanto que terminó siendo de la “Primera Línea” de Suba.

El domingo pasado le avisó que iba a protestar en el Portal Resistencia –el nuevo nombre del portal de las Américas– y le envió su ubicación como acostumbraba. Su hermana le siguió el rastro hasta las 00:30 del lunes. Luego desapareció. 

No más mensajes, no más llamadas. Reporte de ausencia en el trabajo. Dos días sin información.

Yuli escribió en redes sociales, empezó a contactar a más personas, y optó por ir al lugar del que supo por última vez de su hermano. Con la foto preguntando lo buscó y lo encontró en el cambuche en el que duermen varios miembros de primera línea de ese portal.

José Ardey estaba perdido porque se había quedado sin batería y en ese lugar, según dijo, pierden la señal después de los tropeles. No había salido del cambuche porque tenía miedo de que lo capturaran cuadras después.

El segundo tipo de reportado como desaparecido, según lo que nos explicaron desde Indepaz y la Cceeu, es de casos de personas que ya aparecieron, pero pudieron ser víctimas del delito de desaparición forzada.

“Si una persona fue ilegalmente detenida por civil o  por policías y las autoridades les impiden comunicarse con su familia, les quitan los celulares, o la simcard o no les facilitan la llamada  y si eso se puede probar, se configura el delito de desaparición forzada. Es el “ocultamiento” la palabra clave en el código penal y eso no puede ser minimizado”, dijo a La Silla González de Indepaz. 

Algo similar nos explicaron en la mesa de la Cceeu. Adriana Arboleda, líder de una de las organizaciones que hacen seguimiento a los casos, aseguró que en la Convención Internacional para la protección contra la desaparición forzada de la ONU, este delito “se da cuando una persona es privada de la libertad por fuerzas estatales, se niega su paradero y no se le permite la comunicación. Una desaparición puede ser por horas o por días, pero igual se configura como delito”.

Este tipo de casos que las ONG consideran presuntas víctimas de desaparición forzada que ya aparecieron no está siendo contabilizado por la Fiscalía ni por la Defensoría:

Valentina Smimmo Ramírez es estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, era compañera de Lucas Villa, asesinado el 5 de mayo por civiles armados en esa ciudad. Valentina fue detenida el 1 de mayo por agentes del Esmad después de participar en las protestas.

Fue cerca del CAI de San Nicolás, que fue quemado ese día. Valentina le dijo a La Silla que estaba huyendo de los gases y los disparos de la Policía en esa zona ese día cuando fue detenida cerca de las 7:20 pm por agentes del Esmad sin identificación.

“Me caí y cuando me levanté estaba rodeada por agentes del Esmad y Policía. Uno de los Policías les dijo que me dejaran quieta, que estaban buscando hombres, pero uno del Esmad dijo que si fuera mujer no estaría marchando y me dio una patada”, dice.

Cuenta que no la llevaron ni a un CAI ni a una URI. “Me subieron a un carro negro y me llevaron vendada a unas bodegas que hay cerca de la estación de bomberos. Luego supe que estaba ahí, cuando me soltaron. Allá tenían implementos de ellos como escudos. Allá me siguieron pegando. En el recorrido apagaron mi celular, que estaba enviando mi ubicación en tiempo real. Ya en la bodega discutieron si seguiría enviando la ubicación estando apagado. Lo prendieron, vieron que me estaban buscando y se asustaron. Entonces revisaron mi billetera y supieron que no soy ciudadana colombiana, sino italiana, y me soltaron”.

Valentina pasó 5 horas detenida. Según su testimonio, que La Silla no pudo verificar de manera independiente, no le respetaron su derecho a comunicarse, ni la llevaron a un centro para legalizar la detención. Además fue golpeada e insultada, y luego liberada sin explicaciones. Dos días después, Valentina dice que fue golpeada nuevamente en una protesta y le quebraron dos costillas. Por este hecho puso una denuncia formal.

Según Luz Adriana González, del Comité de Derechos Humanos de Risaralda, su caso el 1 de mayo se configura como una desaparición forzada aunque haya sido encontrada. 

El tercer tipo de casos son los que se desconoce su paradero pese a que se han activado mecanismos de búsqueda: 

Juan Esteban Torres Córdoba, de 27 años, vive en el barrio Revenidero de Caldas, Antioquia, en el que ha habido varios enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública. La suya es la única de las tres desapariciones forzadas reportadas por la Fiscalía que en efecto se dio en el marco de las protestas.

La personera de Caldas, Blanca Restrepo, le dijo a La Silla que la última vez que vieron a Juan Esteban fue el 18 de mayo, cerca de las 10:30 pm, en una cancha cercana a donde se presentaron los enfrentamientos. “Los testimonios dicen que un APH humanitario le estaba suministrando leche para los gases, pero nadie habla de que estuviera participando en las protestas. Él vive en ese sector”.

Su caso es de los pocos en los que hubo una denuncia penal ante la Fiscalía por parte de la familia. “Yo iba a solicitar el mecanismo de búsqueda urgente, pero la familia puso la denuncia inmediatamente”, dijo la personera.

Por eso, mientras no se unifique el criterio para activar mecanismos de búsqueda urgente y para contar a todos los desaparecidos, y eliminar el subregistro, no todas las víctimas serán buscadas por el Estado.