En Bogotá, el empleo incluyente aún no despega

En el 2015, cuando la Alcaldía de Gustavo Petro creó con gremios y sindicatos una política pública de trabajo decente, incluyó un capítulo dedicado a la generación de empleo para poblaciones vulnerables. Dos años después, aunque con Enrique Peñalosa se han dado los primeros pasos, aún falta más coordinación para aplicarla al pie de la letra.

Puntualmente, esa estrategia se refiere a jóvenes, mujeres sin educación universitaria, personas mayores de 45 años y población en condición de discapacidad, que eran de las que más información se tenía en su momento para diseñar planes que las beneficiaran.

Peñalosa, en su Plan de Desarrollo, agregó a las mujeres cabeza de familia y a las víctimas del conflicto. Con estas últimas, de hecho, tuvo un pulso antes y después de la aprobación de ese Plan, porque sus representantes consideraban que no les estaban garantizado sus principales peticiones, como vivienda, participación política y empleo.

Que exista la política, de todas formas, es un avance en la medida en que cada grupo de esos tiene dificultades particulares para conseguir empleo: los jóvenes por su falta de experiencia; los LGBT porque todavía son discriminados; aquellos en situación de discapacitad porque no encuentran ofertas que se acomoden a sus posibilidades; o las víctimas del conflicto (que en Bogotá son cerca de medio millón) porque al llegar de otras ciudades se sienten desubicadas y además de que no conocen el contexto para buscar trabajo, tienden a acomodarse en empleos informales.

Desde las empresas, las dificultades radican en que muchas todavía no tienen protocolos para hacer procesos de selección para poblaciones de estos tipos, algo que impide que valoren sus potenciales porque los terminan evaluando igual que a personas sin ninguna de esas condiciones, le dijo a La Silla Cachaca Camilo Montes, gerente de la Andi en Bogotá.

Entre los principales objetivos de la política fijada en 2015 está que los procesos de contratación que abra el Distrito condicionen a quienes se ganen los contratos, cuando sea posible, a que vinculen a esa población durante la ejecución. Por otra parte, que la Secretaría de Desarrollo Económico defina para las empresas privadas incentivos para que se motiven a vincular población vulnerable.

“Todo eso está en construcción”, le dijeron a La Silla Vacía en Desarrollo Económico, donde explicaron que hasta ahora avanzan en la coordinación de las secretarías, institutos y empresas del Distrito.

El gerente de la Andi nos dijo que, a su juicio, en esa política de 2015, en cuya construcción participó ese gremio, “fueron muy pocos los espacios creados para que el sector privado se vinculara porque la discusión para construirla se enfocó en la relación entre el Distrito como empleador y los empleados públicos”.

Además, la Andi tiene su propia política de empleo incluyente desde hace tres años, con la que pretenden incentivar la contratación de población vulnerable y vincular las empresas que estas personas creen en procesos productivos en los que puedan vender sus productos.

Por ejemplo, por esa iniciativa la Alcaldía los buscó luego de la intervención del Bronx en mayo de 2016 para que vincularán personas que vivían allí, tanto habitantes de calle como personas que no tenían esa condición pero estaban desempleadas.

Montes cree, sin embargo, que ante la demanda de empleo en el sector privado, la Alcaldía, puede contribuir con la formación de estas personas y propiciando el contacto con las empresas.

En ese sentido, en lo que sí ha avanzado Desarrollo Económico este año es en la creación de rutas de empleo para estas personas. Es decir, que una vez se inscriben en el registro de empleo de la Alcaldía, ésta tiene en cuenta su condición, por ejemplo, de mujeres, jóvenes o víctimas para darles una orientación "a la medida”, sobre todo en formación y para ponerlas en contacto con empresas que tengan vacantes.

Hay rutas para víctimas, jóvenes, mujeres, LGBT, afros, indígenas y personas en situación de discapacidad, es decir, muchos más grupos de los que quedaron en la política de 2015.

El reto es tener la información suficiente sobre esos grupos para poderlos ayudar de una manera efectiva, le dijo a La Silla Cachaca Manuel Riaño, ex director del Observatorio de Desarrollo Económico y quien lideró desde esa Secretaría la creación de la política en el gobierno Petro.

El Distrito, por ejemplo, tiene claro que los sectores donde tradicionalmente se han empleado más los desplazados por la violencia que viven en Bogotá son comercio, industria y actividades inmobiliarias, y a partir de información de ese tipo es que pueden enfocar la formación de esas personas, unas de las más necesitadas si se tiene en cuenta que de las 5.996 inscritas en la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía entre 2014 y 2016, el 92 por ciento (4.600) estaban desempleadas.

Con esas rutas, el Distrito les ha brindado formación para el trabajo a 4 mil personas en 2017, de las que han sido contratadas 713.

En la medida en que se afinen los mecanismos para atender a esas personas se podrá contribuir en algo a que se sumen al mercado laboral de la ciudad, donde este año hay más o menos 103 mil desempleados más que en 2016.

Este especial fue hecho gracias al apoyo del Gobierno de Canadá