El empleo incluyente no ha despegado en Bucaramanga

Aunque el Instituto de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú, es la entidad de la Alcaldía encargada de articular la oferta y demanda laboral entre la población más vulnerable de la ciudad y generar proyectos que permitan la creación de pequeñas empresas, su labor ha pasado de agache en la administración de Rodolfo Hernández.

A dos años de iniciado su gobierno, ese instituto no ha despegado y tiene gran parte de sus indicadores en cero pese a que es uno de los engranajes claves para atender la tasa de desempleo e informalidad en la capital de Santander, una de las principales receptoras de víctimas del oriente del país.

Con el despegue embolatado

Desde que arrancó la administración de Rodolfo Hernández, la cenicienta de la Alcaldía ha sido el Imebú. 

Esa entidad fue de las primeras que recibió un recorte presupuestal dentro del plan de austeridad que emprendió su gobierno para cerrar el hueco financiero con el que recibió el municipio, y desde entonces quedó por fuera de su lista de prioridades. 

En los casi dos años que completa la administración de Hernández, el Imebú pasó de tener recursos que bordeaban los $7 mil millones a funcionar con poco más de $2.900 millones de los cuales al menos $1.700 millones se van directamente a la nómina, otra parte a pagar las deudas que se heredaron (alrededor de $2.800 millones) y solo alrededor de $400 millones para inversión.

Ese nuevo panorama, no solo lo dejó sin músculo financiero, algo que en parte obedeció a que desde su creación en 2002 se convirtió en un fortín político utilizado como fábrica de votos en temporada electoral;  sino que también lo dejó dependiendo de alianzas estratégicas para dar resultados.

Sin embargo, eso no ha resultado bien.

En un debate de control político adelantado ayer por el Concejo de Bucaramanga, los resultados del instituto mostraron que de 25 metas trazadas para el cuatrienio, 10 están en el 0 por ciento de avance, y que el impacto de lo poco que se ha podido hacer tras los recortes no es tan significativo. 

Por ejemplo, dentro de las metas que está en 0 se encuentra el apoyo a proyectos productivos a víctimas, y la creación de la ‘Empresa Madre’, una promesa de campaña de  Hernández que consiste en el apoyo a sectores menos favorecidos para la creación de pequeñas empresas que les permita organizarse por oficios (recicladores, barrenderos, salvavidas, entre otros) contratar con el Estado y repartirse utilidades.

Además, dentro de las que sí hay avances (capacitaciones en temas de cocina y servicio al cliente para mujeres, preparación de salvavidas, eventos de emprendimiento con jóvenes), el impacto termina siendo marginal (los programas benefician entre 30 y 100 personas) teniendo en cuenta que en la ciudad, según la última medición del Dane, se calcula que el 8,1 por ciento de la población, algo así como 48 mil personas, están desempleadas. 

Además, aunque esa cifra ubica a Bucaramanga como la urbe con menos desocupación del país, más de la mitad de la población que dice estar ocupada trabaja informalmente -alrededor del 56 por ciento, según el Dane-, cifra que está por encima de la media nacional y que ha ido en aumento en los últimos años.

La capital de Santander también juega con la condición de ser la principal ciudad receptora de víctimas del oriente del país.

Según el último registro nacional, en su territorio residen 50.906 personas caracterizadas como tal que en su mayoría provienen del Magdalena Medio, Norte de Santander, y Arauca, y que llegan a buscar una oportunidad en algunos casos sin nada más de lo que llevan puesto.

Eso sin contar que la ciudad también tiene que lidiar con la demanda laboral de venezolanos, que desde que se agudizó la crisis ha ido en aumento con la llegada de habitantes de ese país a Colombia; y con factores como los que reveló el último estudio del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, y que hablan de cómo aumentó el desempleo en la población con estudios universitarios (pasó del 9,8 al 11 porciento y está levemente por encima del promedio nacional que es de 10,8 por ciento)  

“Eso es algo muy preocupante, particularmente para población joven. El mercado laboral los está dejando por fuera", le explicó a La Silla Yany León, directora del programa Cómo Vamos en Santander. 

La desarticulación

En Bucaramanga hay cuatro líneas de acción para la generación de empleo en la población vulnerable.

El primero tiene que ver con la Agencia de Empleo que empezó a funcionar desde 2016 en la ciudad tras un convenio con el Ministerio de Trabajo que fue firmado en 2015, y que consiste en ser intermediario entre la oferta laboral y la demanda. 

Según reportes del Imebú, en lo corrido de 2017 se han registrado 1.628 personas para conseguir empleo. 

La ruta consiste en acompañarlos y capacitarlos de acuerdo a la necesidad de las empresas que están solicitando el personal; sin embargo, debido a que al final el empleador es el que decide si le funciona el perfil la tasa de éxito no ha sido muy alta.  Del total de los inscritos, solo 147 personas han firmado contratos.

La segunda está relacionada con el otorgamiento de créditos. Desde su creación, el Imebú en alianza con bancos pequeños -Coopfuturo, Corfas y Fundesan- activó líneas de financiación para emprendedores y tiene $6.500 millones en esas entidades rotando para servir de apoyo en la creación de empresa. 

En lo que va de este año, ha financiado a empresarios (la mayoría mujeres) con préstamos por $2 mil millones.

La tercera está relacionada con la entrega de capital semilla para la generación directa de empresas familiares. 

Este es el proyecto más popular en el Imebú (consiste en el desarrollo de un plan de negocios, que la entidad financia comprando los primeros insumos y la dotación para arrancar el proyecto), pero también es el menos exitoso.

Debido a que muchos de esos planes de creación de empresa se quedan sin acompañamiento una vez inician, es común que fracasen y que la plata termine enterrada. 

Aún así, este tipo de iniciativas, es la que están reclamando en la Mesa de Víctimas de Bucaramanga, y en este momento están mirando con el Imebú la posibilidad de priorizar la inversión en dos barrios en los que fueron reubicadas varias familias de esa población para continuar con el proceso de atención integral.

“La idea es que finalmente se hagan proyectos con las víctimas para la generación de empresas familiares pero con acompañamiento. Si nos dejan solos pues puede volver a pasar que fracasen”, le dijo a La Silla Johana Rondón Rueda, la coordinadora de la mesa.

El restante, es la Empresa Madre, que aún no ha despegado formalmente.

Pero más allá de esos proyectos y de la falta de financiación para ponerlos a andar, hay otro problema de fondo en la generación de empleo para sectores vulnerables y es que la articulación del sector público con el privado es mínima. 

Aunque existen algunos proyectos enfocados en generar visibilidad empresarial, y, por ejemplo, en la agencia de empleo hay 99 empresas que están afiliadas al Imebú para recibir personal capacitado; no hay mucho más para mostrar. 

“La sensación desde el sector privado es que muchas veces al sector público no le interesa y que se podría hacer más”, explicó a La Silla Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Además, algunos gremios como la Andi tienen sus propias iniciativas de empleo incluyente, que generan resultados al interior del gremio pero que no están directamente relacionadas con políticas públicas locales.

A eso se suma, que desde el Cómo Vamos creen que la academia también está desconectada con lo que está sucediendo en la ciudad y que el aporte que podría hacer desde el diagnóstico y la investigación, no está trascendiendo.

“El problema es el de la formulación de una política. Hay unos intentos dispersos por lograr la inclusión, pero no hay algo que dirija o que le apunte a un norte para que todos avancen hacia el mismo lado, aquí todos los sectores están desconectados”, dijo a La Silla Yany León, del Cómo Vamos.

En todo caso, para que despegue la política de empleo incluyente, en lo que sí coinciden desde gremios hasta el sector político, es que se necesita plata. 

Para tratar de cambiar el panorama, luego del informe del Imebú, en el Concejo anunciaron que le pedirán a la Alcaldía que le aumente el presupuesto para 2018 y que focalice parte de su atención en potencializarlo.

"La plata no puede seguir en los bancos para decir que hay superavit, hay que invertirla y eso es lo que buscaremos una vez llegue el presupuesto de 2018", dijo Jaime Beltrán, presidente del Concejo. 

Falta ver si Hernández, cruzando por la mitad de su periodo, y corriendo contra el tiempo para la ejecución de las principales promesas de su gobierno (parques, ciclorutas, arreglo de vías, salones comunales, colegios, los hogares felices), le da cabida.

Este especial fue hecho gracias al apoyo del Gobierno de Canadá