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No se había contado es que el fallo que mantiene por cuatro años más la personería jurídica de la Unión Patriótica es el resultado de una estrategia que trazó el Ministerio del Interior, tras trabajar el último año con el partido político de Aída Avella, la candidata vicepresidencial de Clara López.
La UP sigue viva gracias a la Ley de Víctimas
El viernes pasado el Consejo de Estado decidió que la Unión Patriótica no debería perder su personería jurídica tras quedar por debajo del umbral en las elecciones al Congreso y le dio cuatro años más de vida política, reconociendo que si en marzo logró cero curules y 99 mil votos fue porque no tenía forma de participar en condiciones de igualdad real.
Lo que no se había contado es que ese fallo -que, entre otras cosas, le permite a la UP otorgar avales y recibir financiación estatal para las elecciones locales del próximo año - es el resultado de una estrategia que trazó el Ministerio del Interior, tras trabajar el último año con el partido político de Aída Avella, la candidata vicepresidencial de Clara López.
Desde hace un año, el ministerio de Aurelio Iragorri conformó un 'comité de garantías electorales' con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Víctimas y miembros de la UP como Ómer Calderón, Felipe Santos y Óscar Dueñas para ir preparando la estrategia para que la UP no perdiera la personería jurídica.
En febrero de este año, el comité elevó una consulta al Consejo de Estado con argumentos propios de la Ley de Víctimas y de justicia transicional.
El reto, desde la perspectiva de UP, era lograr que el Consejo de Estado le reconociera el derecho a no perder la personería jurídica, usando el argumento de que la Ley de Víctimas protege ese derecho, sin tener que acudir a la figura de la reparación colectiva que establece esa Ley. De tener que acudir a esa figura, a la UP se le podía caer la demanda que tiene andando contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esa demanda, que interpusieron en 1993 la Corporación Reiniciar de Jahel Quiroga -la vice original de Avella- y la Comisión Colombiana de Juristas en nombre de un millar de víctimas de la UP, ya tuvo su última audiencia en la Cidh en marzo -en la que el Gobierno propuso conciliar- y muy pronto se decidirá si pasa a la Corte.
Este fue el concepto del Consejo de Estado:
