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El jueves en la tarde -sin ningún anuncio- el Gobierno volvió a presentar un proyecto de ley sobre las llamadas Zidres (las zonas de desarrollo agrícola en las que grandes empresas agroindustriales se asociarán con campesinos en los baldíos del Estado en la Altillanura), después de que hace tres semanas había retirado uno casi igual que había levantado una polvareda.
El proyecto secreto del Gobierno
El jueves en la tarde -sin ningún anuncio- el Gobierno volvió a presentar un proyecto de ley sobre las llamadas Zidres (las zonas de desarrollo agrícola en las que grandes empresas agroindustriales se asociarán con campesinos en los baldíos del Estado en la Altillanura), después de que hace tres semanas había retirado uno casi igual que había levantado una polvareda.
En ese momento argumentó -como dice la carta del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, encargado del tema porque el de Agricultura, Aurelio Iragorri, se declaró impedido en todos los temas de tierras- que lo hacía “debido a que desde distintos sectores se ha planteado la necesidad de ampliar la discusión de esta iniciativa y buscar los consensos que permitan facilitar su buen suceso en el H. Congreso”.
Tampoco ayudaba que, en medio de las discusiones sobre si varios de sus ponentes estaban impedidos, el proyecto parecía estancado.
Como contó La Silla, con este proyecto por primera vez el presidente Juan Manuel Santos no buscó -a diferencia de los anteriores borradores que había trabajado- salvarle el pellejo a los grandes cacaos que compraron tierras en la Altillanura brincándose los topes legales. Pero les abría una ventana segura hacia adelante.
El nuevo proyecto (que preparó el Supernotariado Jorge Enrique Vélez) tiene un enfoque parecido, con la novedad de que las Zidres serán consideradas -en la línea del filosofía del Plan de Desarrollo- proyectos de “utilidad pública e interés social”, algo que facilitaría trámites como la expropiación de predios y las licencias ambientales.
Sin embargo, los tiempos para el nuevo proyecto son muy apretados. Entre la reforma constitucional de equilibrio de poderes y el mismo Plan de Desarrollo, más las elecciones que ya se calientan, parece casi imposible que un proyecto de ley -que no lleva mensaje de urgencia- sea aprobado en cuatro debates cuando quedan solo ocho semanas de legislatura.
Este es el nuevo proyecto (y éste el cuadro comparativo del Ministerio de Agricultura con los cambios):
