Liliana Pardo Gaona

Liliana Pardo Gaona es abogada de la Universidad Javeriana y de 2007 a 2009 fue la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Actualmente atraviesa un proceso judicial por su responsabilidad dentro del "carrusel de la contratación" en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.

Pardo arrancó su carrera como asesora en temas públicos, incluyendo una asesoría a la Asamblea Constituyente de 1991 y otra a la Comisión de Presentación de la Ley 100 de 1993, de la cual el entonces senador Álvaro Uribe Vélez fue el ponente.

Luego asesoró, en las elecciones legislativas de 1998, la lista de la Fuerza Progresista del Coraje, que encabezaba Fabio Valencia Cossio y tenía como segundo renglón a Juan Manuel Ospina, quien hasta 2012 fue director del Incoder. Ambos resultaron elegidos con una gran votación que refrendó el músculo electoral de Valencia, quien fue uno de los grandes escuderos de la campaña presidencial de Andrés Pastrana de ese mismo año.

En 1999, Pastrana la nombró directora del Fondo de Cofinanciación de Vías y del Fondo de Infraestructura Urbana, encargados de financiar la construicción y el mantenimiento de vías regionales y locales y que administraba la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), cuyos directores de la época fueron Juan Carlos Trujillo Barrera y Humberto Fonnegra Mejía. Allí, su labor consistía en financiar proyectos de desarrollo en municipios del país. El Gobierno les otorgaba a los senadores un cierto cupo presupuestal que ellos a su vez repartían en varios proyectos en sus regiones, y Pardo era la encargada de coordinar todo este movimiento de presupuesto.

De allí pasó a ser asesora de la Procuraduría y, cuando en 2004 el entonces alcalde de Bogotá Lucho Garzón llevó a Juan Manuel Ospina a la Secretaría de Gobierno, Ospina la llamó para que fuera su Gerente del Fondo de Ventas Populares. En 2005, fue nombrada Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, donde triplicó la inversión del Distrito en Policía, seguridad y convivencia.

En 2007, el alcalde Garzón decidió llamarla para que ocupara la dirección del IDU, reemplazando a Margarita Cardona, en gran parte gracias al apoyo de varios conservadores en el gobierno distrital. En 2008, Samuel Moreno decidió ratificar a Pardo en su puesto, debido a las buenas referencias que tenía de su gestión.

Pero en abril de 2010, presionada por varios concejales y aduciendo razones personales, renunció al IDU. Lo hizo justo antes de que estallara el escándalo del "cartel de la contratación", cuando se empezaba a destapar la controversia por el retraso de las obras de la Fase III de Transmilenio y la cesión del contrato que tenía un consorcio del que formaban parte los Nule, al Consorcio Conalvías.

En mayo de ese año, la Fiscalía le abrió investigación por una supuesta irregularidad en la licitación de contratos y, en octubre, la Procuraduría le abrió pliego de cargos junto a otros 17 funcionarios y exfuncionarios del IDU. Junto con el ex director técnico legal del IDU, Inocencio Meléndez, el Ministerio Público la destituyó e inhabilitó en agosto de 2011 para ejercer funciones públicas por 11 años, lo que fue confirmado en segunda instancia en diciembre del mismo año.

En febrero de 2012, Pardo demandó al Estado por esta decisión de la Procuraduría, pocos días después de que se supiera que la personería Distrital también profirió pliego de cargos en su contra.

En marzo 29 de 2011, la Juez Séptima de Control de Garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento contra Pardo sin beneficio de excarcelación. A Pardo le fue concedida detención domiciliaria a raíz de que demostró ser madre cabeza de familia y luego salió en libertad por vencimiento de términos, pero se enfrenta a la posibilidad de una pena mínima de nueve años de prisión. En julio de 2014 fue objeto de una nueva medida que la mando a la cárcel, pero fue anulada a los pocos meses por errores en el procedimiento. Desde entonces, las autoridades desconocen del paradero de Pardo Gaona.

En enero del 2016, la Interpool expidió una circular roja contra ella, orden de captura internacional. Su jucio continuó en su ausencia, y en noviembre del 2017 un Juez de Bogotá la condenó. En febrero del 2018 la fiscalía pidió que le impusieran más de 20 años de prisión. Para agosto del 2018 aún no se conocia el monto de su condena.