Martha Lucía Zamora Ávila

Martha Lucía Zamora Ávila es una abogada bogotana que estudió en el colegio Calasanz Femenino y se graduó del Externado en 1981, cuando tenía apenas 21 años. Tiene una larga carrera de funcionaria pública y un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).

Inició su vida profesional como abogada particular, en la prestigiosa oficina que manejaba el penalista Antonio José Cancino, externadista como ella, y defensor en el pasado del ex presidente Ernesto Samper y del actual alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Entre 1989 y 1990 trabajó en el Ministerio de Justicia con la entonces ministra de esa cartera, Mónica de Greiff,  hoy presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá.

En marzo de 1991 fue elegida secretaria de la Comisión IV de la Constituyente, encargada de discutir la estructura que tendría la justicia en la nueva Constitución.

De allí pasó a ser magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, donde estuvo hasta 1994, trabajando con el entonces magistrado Alejandro Martínez Caballero. Estuvo detrás de muchos de los fallos más importantes de la Corte de entonces, en la que Martínez era uno de los magistrados más innovadores junto con Ciro Angarita y Eduardo Cifuentes, entre otros.

Luego Alfonso Gómez Méndez se la llevó a la Fiscalía como su delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que es uno de los cargos de más alto perfil que puede tener un fiscal. Aunque no era la única delegada, sí era una de las cabezas del equipo de fiscales delegados ante la Corte.

En 1997 tomó una decisión que en ese momento fue controvertida, pues era parte del llamado Proceso 8.000. Como Fiscal Delegada ante la Corte, Zamora precluyó una investigación contra el entonces candidato presidencial Horacio Serpa por haber llevado dinero de la campaña Samper Presidente a San Andrés. En ese momento observadores como el ex vicefiscal Adolfo Salamanca o el entonces candidato presidencial y rival de Serpa, el ex comandante del Ejército Harold Bedoya, señalaron negativamente su matrimonio con el procurador auxiliar Javier Tobo. También fue objeto de críticas por periodistas como Antonio Caballero.

En 2000, llevó otro caso muy sonado, el de Dragacol, uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Colombia, en el que se enfrentó a su antiguo jefe, Antonio José Cancino. El choque llegó hasta el punto de que Cancino la recusó ante el Fiscal General, quien a su vez negó la recusación y la respaldó. También fue quien llevó el proceso contra el entonces gobernador del Valle del Cauca, Gustavo Álvarez Gardeazábal.

La trayectoria y visibilidad que tenía le perimitieron Zamora tratar de llegar a la Corte Constitucional en ese año, pues se inscribió ante la Corte Suprema, que finalmente no la ternó.

En febrero de 2001 tuvo otra dificultad. Después de la Operación Milenio, en la que la Fiscalía detuvo a treinta narcotraficantes, incluido Fabio Ochoa, Zamora les abrió investigación. El problema era que, al tener una investigación en Colombia, su extradición se podía enredar. Y, además, lo hizo en contravía de las instrucciones del Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, según afirmó éste en ese entonces. Esto llevó a que Zamora renunciara a su cargo, tras defender su actuación.

Pero Zamora no cayó al vacío. Ese mismo año Edgardo Maya Villazón la llevó a la Procuraduría General, para ser su delegada, de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, estaba en un cargo de muy alto perfil. Y se quedó en él cuando, en 2005, Maya se reeligió en el cargo. Como mano derecha del Procurador y gracias a varios años de trabajo en la Corte, buscó ser elegida magistrada de ese tribunal: en 2007 y 2008 se inscribió, pero el Consejo Superior de la Judicatura nunca la ternó.

En 2003 volvió a sonar al solicitar una rebaja en la condena del cantante vallenato Diomedes Díaz por el sonado escándalo de la muerte de Doris Adriana Niño, porque a su juicio se le había violado el principio de favorabilidad.

Con la llegada de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría en 2009, Zamora salió de su cargo. Y quedó en el aire, hasta que Iván Velásquez, el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema que es famoso por las investigaciones de la parapolítica, la llamó a su lado.

Allí estuvo entre 2009 y 2011, e investigó a políticos como los conservadores Luis Humberto Gómez Gallo, Óscar Josué Reyes y Óscar Suárez Mira, el liberal César Pérez García. También fue cabeza de la investigación contra Nancy Patricia Gutiérrez.

Cuando Wilson Martínez pasó de ser asesor de la Fiscal Viviane Morales a reemplazar a Juan Carlos Forero como vicefiscal, Zamora reemplazó a Martínez como asesor. En su fugaz paso por ese cargo, fue la encargada de negar la recusación contra Viviane Morales para adelantar la investigación contra Camilo Bula en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El 5 de marzo de 2012 Martínez renunció, Morales nombró a Zamora vicefiscal y la Corte Suprema aceptó la renuncia de Morales. Con eso, Zamora llegó a ser fiscal general encargada hasta que la Corte escogió a Eduardo Montealegre como nuevo fiscal. Zamora fue reemplazada en abril de 2012 en su cargo como vicefiscal por Jorge Fernando Perdomo.

Tras salir del radar público durante dos años, en los que se mantuvo como fiscal delegada ante la Corte Suprema, volvió a aparecer en junio de 2014, cuando Gustavo Petro la nombró como su secretaria general.

Cstuvo en ese cargo hasta el final del período de Petro, el 31 de diciembre de 2015, y menos de un mes después, el 28 de enero de 2016, fue elegida magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por sus nuevos colegas.