Henry Villarraga Oliveros

Henry Villarraga Oliveros, ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es un abogado de la Universidad Autónoma de Purificación (Tolima), con especializaciones el derecho público, derecho administrativo y contratación estatal, y que ha sido litigante en varias áreas.

Antes de llegar al Consejo Superior su única experiencia en el sector público era haber sido jefe jurídico de la Gobernación de Casanare por cinco meses en 2008, a inicios de la administración de Raúl Flórez (de La U), quien luego fue destituido por haber firmado un contrato alrededor de la fecha en que Villarraga dejó ese cargo. De hecho Villarraga tuvo que enfrentar un debate político en la Asamblea de Casanare por otros dos contratos.

Con esa hoja de vida, más algunos contratos con entidades públicas como consultor de las universidades Sergio Arboleda y del Rosario, Villarraga llegó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 2008, cuando se abrieron tres cupos en el Consejo Superior de la Judicatura.

La decisión del gobierno de Álvaro Uribe y sus mayorías en el Congreso fue mantener el equilibrio de poderes dentro del Consejo, que equivalía a lanzar una terna de Cambio Radical, otra de los conservadores y una más de los partidos minoritarios para que el Congreso eligiera.

Uno de los tres magistrados que salían era Rubén Darío Henao, el padre del hoy ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y también de Cambio Radical. Para elegir a su reemplazo Uribe ternó a Villarraga, a la magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó Norma Moreno Mosquera, y a Rafael Guzmán Navarro, quien había sido representante liberal a la Cámara por un año, entre 1999 y 2000, y se había quemado por muy pocos votos para volver en 2002 y en 2006.

Inicialmente, la candidatura de Villarraga no parecía tener mucha fuerza pero la candidatura de Moreno, una de las rivales de Villarraga, se complicó porque se dijo que era cuota de Édgar Eulises Torres, representante a la Cámara de Cambio Radical por el Chocó, y quien era el investigador de Álvaro Uribe en el caso de las Yidispolítica en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Eso prendió las alarmas de que Uribe podría premiar a su investigador impulsando a Moreno y debilitó fuertemente su postulación.

El otro candidato, Rafael Guzmán, nunca cogió fuerza por ser liberal serpista de vieja data, cuando esa corriente estaba muy débil.

Villarraga tenía conexiones políticas. En 2006 había participado en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el que los partidos tienen representación. Una de las planchas era una coalición entre liberales y Cambio Radical, y él era el sexto en la lista. Con ese antecedente, y entre el serpismo de Guzmán y las críticas a la candidatura de Moreno, Villarraga se convirtió en el favorito. En los días previos a la elección se le señalaba como ficha de Cambio Radical (como lo reitera el investigador de DeJusticia Javier Eduardo Revelo), partido que aún no se había distanciado del gobierno Uribe por cuenta de su segunda reeelcción. 

Según congresistas del Polo, su padrino era el registrador Carlos Ariel Sánchez: Wilson Borja dijo que había que investigar si habían sido compañeros de bufete y si eran ciertos los rumores de que Sánchez había ofrecido burocracia a cambio de votos, algo que secundó el entonces senador liberal Mauricio Jaramillo.

La relación de los dos venía de atrás. En 2007 Villarraga había actuado como abogado de Sánchez para enfrentar las críticas a su elección como Registrador, y de hecho eran socios, junto con el hoy registrador delegado para asuntos electorales Alfonso Portela, en Procesos Electorales S.A., una compañía que asesoraba jurídicamente a candidatos que perdieron elecciones para que pudieran hacer las reclamaciones del caso. Durante ocho años, Villarraga fue el representante legal de la firma.

Esa compañía salió a la luz en las elecciones del 2010, cuando se dijo que Luis Yesid Villarraga Flórez, gerente suplente de Procesos Electorales (de la que Sánchez y Villarraga ya no eran socios), había tramitado procesos en la Registraduría. Luego El Espectador reveló que el gerente de la compañía era Henry Fernando Villarraga Palacios, hijo del magistrado Villarraga, y que los demás socios y representantes de la compañía eran tolimenses como Villarraga y Sánchez.  

Con esa relación con Sánchez, Villarraga fue elegido magistrado con 139 votos frente a 14 de Moreno y 39 de Guzmán.

Ya en el Consejo Superior, Villarraga ha armado una mayoría con sus colegas Pedro Sanabria, Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón. Dos de ellos, Garzón y Lizcano, fueron mencionados por Villarraga en sus conversaciones con el coronel González. En la otra orilla está María Mercedes López, la antioqueña que el presidente Juan Manuel Santos ternó a la Procuraduría en 2011, quien recientemente en ocasiones vota con Wilson Ruiz. La tensión ha llegado a denunciar a López ante la Comisión de Acusaciones y a que Villarraga es parte civil en una denuncia por falsa denuncia contra ella e incluso pidió que la embarguen.

En sus decisiones ha sido un defensor de jueces y militares. Por ejemplo, defendió de las críticas de Uribe al juez que mandó a Andrés Felipe Arias a la cárcel, puso en duda los dictámenes de Medicina Legal  (lo que le quitaba a los jueces el peso de errores en casos como el de Luis Andrés Colmenares o el de Rosa Elvira Cely) y criticó duramente los cuestionamientos que había hecho el gobierno Uribe de los beneficios penales que habían otorgado los jueces (dijo que el 90 por ciento eran infundadas y que si el gobierno no probaba las denuncias compulsaría copas para que los investigaran por denuncia temeraria).

En cuanto a los militares, la defensa de Villarraga en el caso actual es que ya había defendido esa tesis en la polémica decisión a mitad de año.

Villarraga ha sido mencionado en varios escándalos. Uno por ser visitado varias veces por el secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gonzalo Marín quien tenía acceso a los expedientes de esa Comisión, que investiga a los magistrados; otro porque fue uno de los cuatro magistrados que en marzo de 2010 le congelaron las cuentas a Cajanal en marzo de 2010 para pagarle a 95 maestros de Magangué, reversando la decisión de primera instancia y dándole prelación a ellos sobre más de dos mil maestros que pedían lo mismo; y un tercero en una polémica Néstor Raúl Correa, quien era presidente de la Sala Administrativa por la eliminación de cargos en la Disciplinaria.

Pero lo que más eco ha hecho es el “carrusel de pensiones” que consistía en que los magistrados nombraban por un corto período a magistrados auxiliares para que éstos se retiraran poco tiempo después con pensiones varias veces mayores. Junto con Garzón fue uno de los más enredados en el escándalo, pues se le investigó por tres casos que él justificó porque el ritmo de trabajo en su despacho era tan alto que se “quemaban” sus asistentes.

Además dijo que se lo habían inventado los medios y se alineó con Alejandro Ordóñez en la defensa de los privilegios pensionales. “¿Cuántos jueces han nombrado secretarios a sus notificadores y después se pensionan? Pero ahora se volvió pecado” le dijo a El Tiempo, y ante la Comisión de Acusaciones afirmó que todo había sido hecho conforme a la ley.

El caso no ha avanzado. A pesar de que el caso penal contra la secretaria de la Sala, Yira Olarte (que sigue adelante en la Fiscalía porque Olarte no tiene fuero), Villarraga queda muy comprometido: según la acusación de la Fiscalía, firmó irregularmente un acuerdo con Olarte para ocultar una irregularidad. En el frente penal, la Comisión de Acusaciones dictó auto inhibitorio, lo que llevó al fiscal Montealegre a anunciar una denuncia penal contra sus miembros, y la Procuraduría también se abstuvo de investigarlo.

Hoy solo queda viva la investigación fiscal que, tras un ir y venir de decisiones judiciales para definir si quien investiga fiscalmente a los magistrados es la Contraloría o la Comisión de Acusaciones (gracias a que el mismo Villarraga planteó un conflicto de competencias), en octubre un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema le devolvió esas funciones a la Contraloría, que ha llamado a juicio fiscal y ha embargado dos veces a Villarraga. 

Pero el escándalo de octubre de 2013 ha sido aún más fuerte. Noticias Uno destapó grabaciones de conversaciones de un coronel investigado por dos posibles ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), muestra que éste estaba en contacto con Villarraga y con su hijo Fernando, como parte de una estrategia para que los casos del coronel pasaran de manos de la justicia ordinaria a la penal militar y que podrían involucrar sobornos a Villarraga e incluso a otros magistrados.

Una de sus funciones como magistrado de esa sala era definir, junto con sus colegas, si los casos de posibles delitos realizados por militares se van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria, cuando las dos jurisdicciones se los pelea. En ese papel fue el ponente de una polémica decisión a mitad de año: a su juicio la reforma constitucional al fuero penal militar hacía que algunos casos de ejecuciones extrajudiciales volvieran a la justicia penal militar, por lo menos en el caso de los oficiales. Con el escándalo revivió la polémica por esa decisión y el presidente Juan Manuel Santos también revivió su idea de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.

Luego, en octubre de 2013, Noticias Uno reveló que Villarraga había recibido una coima para cambiar esa posición, que además venía del polémico coronel Róbinson González del Río. A raíz de ese escándalo Villarraga renunció a su cargo y salió delr adar.