Jorge Armando Otálora nació el 25 de enero de 1967 en Chocontá, Cundinamarca. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido profesor de procesal penal en la Universidad Externado de Colombia y decano de la facultad de derecho de la Universidad Manuela Beltrán
Su trayectoria en el sector público empezó como estudiante cuando trabajó como notificador y oficial mayor de un Juzgado Penal Municipal y después en la Procuraduría como abogado visitador.
Iniciando su carrera profesional fue Procurador delegado para lo penal ante el Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar. Después se fue para la Fiscalía a la unidad anticorrupción, cuando el Fiscal General era Alfonso Valdivieso y se salió casi al tiempo con él. Pero ahí dejó contactos importantes para su futuro como Clara Bernarda Cifuentes, la entonces Directora Seccional de Fiscalías de Bogotá, quien venía de ser Procuradora Delegada para el Ministerio Público de Jaime Bernal Cuéllar. Con Cifuentes compartió oficina y es probable que a través de ella, Otálora haya forjado una amistad con Bernal Cuéllar, quien ha sido determinante para su carrera.
Otálora formó parte del pool de abogados de Bernal Cuéllar y en algunas ocasiones firmaba como abogado cuando Bernal Cuéllar prefería no aparecer. Así fue como terminó participando en consultas legales para la pirámide DMG. Según las declaraciones que Otálora hizo en la W radio, él asistió a varias reuniones donde le consultaron sobre la legislación vigente de la época y sobre el tema de captación. Pero no los asesoró ni firmó nada para ellos. Otálora le dijo a La Silla que en su momento le exigió a DMG una auditoría forense de los socios que conformaban la empresa, pero estos nunca se la dieron.
Después de trabajar con Bernal Cuéllar, él lo recomendó para convertirse en Vicefiscal de Mario Iguarán en 2005. Ahí trabajó hasta 2006.
En la Fiscalía, estuvo involucrado en la investigación de los casos de falsos positivos.
Otálora renunció a la Fiscalía en medio del escándalo mediático que se produjo cuando salió a la luz pública que el síquico Armando Martí asesoraba a Iguarán. Otálora presentó una renuncia protocolaria a Iguarán y éste la aceptó a pesar de que el escándalo no tenía nada que ver con él.
En el 2007, aspiró al cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema pero no fue elegido. Sin embargo, en el 2009 fue ternado por el Gobierno de Uribe para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y salió elegido en una reñida contienda gracias al apoyo de la U y Partido Liberal y la oportuna intervención del entonces senador Germán Vargas Lleras.
En la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estuvo de 2010 a 2012 cuando renunció en gran parte en reacción al desprestigio de esta institución que quería ser desaparecida en la Reforma a la Justicia. Otálora había dejado desde noviembre en la sala plena, una constancia por escrito denunciando que se estaban produciendo actas falsas en la corporación, un tema que salió a la luz pública unos meses después y que facilitó que el Gobierno pudiera eliminar en la Reforma el Consejo Superior de la Judicatura.
Aunque como se hundió la reforma el Consejo se salvó, el 11 de julio de 2011 Otálora renunció a su cargo de Magistrado.
El 13 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos radicó en la Cámara de Representantes la terna de candidatos par remplazar a Vólmar Pérez en la Defensoría del Pueblo, en la que estaba Otálora, junto con las ex defensoras delegadas Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares. Otálora contaba con el respaldo del Partido Liberal y especialmente del representante Simón Gaviria, y con el guiño del gobierno.
Apenas una semana más tarde, el martes 21 de agosto, la Cámara de Representantes lo eligió como Defensor del Pueblo con 126 votos, frente a 4 de cada una de sus rivales.
Otálora tuvo una defensoría tranquila hasta fines de 2015, cuando se revelaron dos denuncias de maltrato y acoso laboral en su contra. Luego, en enero de 2016, el columnista Daniel Coronell reveló que una de las personas que había hecho esas denuncias, la ex secretaria privada de Otálora Astrid Helena Crsitancho, también lo acusó de acoso sexual, y mostró chats y fotos para sustentar esa acusación.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Otálora por acoso.