La restitución en el Bajo Atrato arranca en medio del miedo

Después de tres años de espera, los reclamantes de tierra del consejo comunitario de La Larga Tumaradó en el Bajo Atrato chocoano radicaron la demanda con la que esperan que el Estado les devuelva su territorio colectivo que denuncian fue despojado por poderosos empresarios con la ayuda de los paramilitares.  

Aunque las 49 comunidades que reclaman 107 mil hectáreas (dos tercios de la extensión de Bogotá) estaban esperando esta noticia con ansias (porque significa que finalmente arrancará el proceso legal de restitución), temen que ahora que tendrán que enfrentarse frente a frente a los presuntos despojadores ante la justicia las amenazas en su contra incrementen. Sobre todo después de que seis días antes de radicar la demanda, fuera asesinado Mario Castaño, uno de los líderes más visibles de la restitución en ese comunidad.  

A eso se suma que el viernes fue asesinado Hernán Bedoya, otro líder en el consejo comunitario vecino que también está viviendo un proceso de restitución similar.

Esa es la razón por la que el viernes primero de diciembre sólo viajaron a Quibdó 18 de los 50 líderes que un inicio iban a acompañar a la Unidad de Restitución de Tierras a radicar la demanda. Pero, a pesar del miedo, dicen que van a seguir adelante con el proceso.

“Si nos quedamos callados nos van a seguir matando”, le dijo a La Silla Pacífico uno de los líderes que desde el inicio nos pidió no citar su nombre ni mostrar su rostro para no exponerse aún más.

El asesinato que terminó de disparar el miedo

Mario Castaño Bravo era un “terco”, en palabras de un compañero que trabajó con él.

“Denunciaba en las reuniones a los empresarios, a los paramilitares y no le importaba quién lo estuviera oyendo. Era su forma de reclamar y así dejaba constancia de sus denuncias”, cuenta.

Su lucha comenzó en 1999 cuando regresó después de dos años a su finca en zona rural del municipio de Riosucio, la encontró ocupada por el empresario Francisco “Pacho” Castaño quien intentó hacerlo firmar un papel de compraventa. Mario se negó y por eso tuvo que irse de nuevo, a una vereda cercana.

Retornó una vez más en 2013, junto con muchos otros de su comunidad, pese a las amenazas y a que los reclamantes no contaron con el acompañamiento del Estado.

Desde entonces, se dedicó a denunciar a los que según él les habían quitado las tierras a las comunidades afros de su consejo comunitario (que abarca los municipios de Riosucio, Chocó y Turbo y Mutatá, Antioquia), tituladas por el Incora en el año 2000, cuando el 80 por ciento de sus habitantes estaban desplazados por la incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu.

Por ejemplo, entregó su testimonio en el proceso que en 2014 condenó a 16 empresarios palmicultores y testaferros de los paramilitares como Sor Teresa Gómez, hermanastra del Clan Castaño por los delitos de desplazamiento forzado y  concierto para delinquir.

Y como líder afro, ayudó a crear la primera zona humanitaria en el Consejo Comunitario de Curvaradó que prohíbe el ingreso de actores armados como una estrategia de protección y refugio.

Su ‘terquedad’ le costó amenazas que llevaron a que la Uidad Nacional de Protección (UNP)  le pusiera un esquema de seguridad que consistía en una camioneta y dos escoltas que compartía con otro líder.

Aún así, el pasado domingo 26 de noviembre a las siete de la noche, fue asesinado en su casa con más de quince tiros, según testigos. Sus escoltas no estaban con él porque todos los días lo dejaban en su casa y luego se iban a dormir a Belén de Bajirá.

Nueve días antes, Mario había asistido a una reunión en la vereda La Punta, zona rural de Riosucio, convocada por la Unidad de Restitución y los líderes de La Larga Tumaradó para hacer una consulta previa de la demanda.

Allí, según un testigo que habló con La Silla, “Mario empezó a hacer denuncias con el megáfono sobre una reunión que organizaron las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo con la comunidad. Yo le dije que fuera más recatado porque por ahí cerca estaba un ‘punto’”, dijo, refiriéndose a un informante de los paramilitares (Autodefensas Gaitanistas) que se instala en las veredas vestido de civil.

Y es que para los campesinos, así como en los noventas, aún sigue habiendo grandes lazos entre los empresarios y los paramilitares.

Por eso, los líderes creen que la muerte de Mario es un mensaje para ellos y que está relacionado directamente con la demanda que radicaron el pasado primero de diciembre.

“Es como si nos dijeran: eso es lo que les puede pasar si continúan con la demanda”, dijo otro reclamante que ha tenido que huir varias veces de su vereda por culpa de las Farc y de los paramilitares.

“Si lo mataron a él que tenía protección, ¿qué puede esperar uno que no tiene?”, agregó otro líder afro de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, Ascoba, que ha participado del proceso de restitución desde el inicio.

El peligro

La radicación de la demanda es un triunfo para el consejo comunitario de La Larga Tumaradó que esperó ese momento desde hace tres años, cuando comenzó el proceso de caracterización de la comunidad -una especie de radiografía del despojo- y que en este caso se demoró casi siete veces más del tiempo que usualmente tarda.

En junio de este año, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó mandó a investigar ante la Fiscalía, la Procuraduría de Chocó y el Consejo de la Judicatura a Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá por demoras injustificadas en el trámite de la demanda.

Además, le dijo a la Unidad que tenía que presentarla antes del 15 de julio (algo que ésta incumplió) e impuso medidas cautelares para proteger la vida de los líderes que según el juez, estaban en peligro porque la “prolongación en el tiempo por parte de la Unidad de Restitución genera cada vez más el crecimiento del conflicto, inseguridad de la comunidad y continuada vulneración a sus derechos territoriales por la indefinición de éstos en el marco del proceso dispuesto para ello”, como contó Verdad Abierta.  

La Unidad de Restitución ha negado que haya habido demoras y en cambio, ha dicho que este es uno de los casos de restitución más complicados que tiene su oficina. La razón, como contó La Silla, es que en este territorio hay un rompecabezas de parcelas propias, comunitarias, ocupadas, vendidas y despojadas. De hecho, en 2015, solo en La Larga había unas 400 solicitudes de restitución sobre predios individuales y una gran demanda colectiva de los afro, que es una de los nueve casos emblemáticos que priorizó la Unidad de Restitución en todo el país.

Ahora, aunque finalmente la demanda de restitución para el territorio colectivo está andando, la fase que inicia requiere que los campesinos y líderes del consejo de La Larga Tumaradó que piden la restitución declaren ante el juez para que éste determine de quién es la tierra. Pero, por cuenta de los últimos asesinatos, hoy muchos tienen miedo de que al hacerlo, puedan correr la misma suerte que Mario Castaño.

“Si durante estos años de etapa administrativa del proceso de restitución que no era tan dura nos han venido violentando, no nos queremos imaginar cómo será después”, nos dijo un líder afro que vive en la Vereda la Madre Unión, la misma de Mario.

“Si la gente tienen miedo, ¿quién va ir a declarar en contra de los empresarios?”, se pregunta Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep que trabaja con el Consejo hace muchos años. “O aún peor, ¿si los asesinatos continúan quién va a estar para recibir las tierras cuando se las restituyan?”

A eso se suma que muchos de los campesinos que están involucrados en el proceso de restitución viven al lado de sus despojadores o son sus empleados.   

“Solo hay dos formas de sobrevivir en el territorio. La una es no decir lo que uno siente sino lo que le conviene para no salir afectado y la otra es decir lo que sentimos y morir. Yo estoy parado en un límite de ni cerrarla ni abrirla mucho, porque convivo de cerca con uno de los ganaderos que nos despojó”, le contó a La Silla uno de los líderes que desde hace cinco años volvió a su parcela en Turbo y que trabaja en la finca del empresario que se la quitó porque no tiene dónde más hacerlo.

Otro caso que demuestra cómo los campesinos viven atemorizados es el de Alfredo Ramos, presidente de la junta del Consejo local de la vereda Villa Eugenia en Turbo quien salió desplazado de su vereda pero nunca vendió su tierra que le había titulado el Incora.

Cuando regresó en el 2012 encontró que lo que antes era su rancho ahora era una casa grande de madera y techo de Zinc de treinta metros de ancho, veinte de largo y de dos pisos donde vivían los empleados del ganadero José Vicente Cantero (uno de los empresarios que denuncia la demanda).

Ramos cuenta que se metió a vivir con ellos hasta que el empresario le mandó la policía por invasión de propiedad. El campesino denunció y con ello logró sacar a los invasores.

En 2014 las denuncias de Ramos sirvieron, junto a muchas otras, para que metieran preso a Cantero, condenado a pagar 10 años de cárcel por haberle quitado a la fuerza siete mil hectáreas a campesinos de Antioquia y Chocó en cooperación con los bloques paramilitares Alex Hurtado, Elmer Cárdenas y Bananero, y de los comandantes Raúl Hasbún, Carlos y Vicente Castaño Gil y Ever Veloza, alias H.H.

Aunque recuperó su tierra, ahora tiene que enfrentar las amenazas de los empleados de Cantero que viven cerca a su finca.

“Yo soy el enemigo de ellos porque dicen que por mis denuncias su patrón está preso. Es un problema bien verraco”, dice con acento paisa.  “Para protegerme yo no salgo de la casa, sólo lo hago cuando hay reuniones grandes y en esos casos me llegan a recoger”.

Cantero es uno de los empresarios que aparecen nombrados en la demanda que radicó el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, según le contaron a La Silla dos fuentes del Cinep que acompañaron la redacción de la misma. Los otros son Jaime Uribe Castrillón, Wilmer Dorance Romero, Francisco Castaño, Oscar Mosquera y el ganadero Ángel Adriano Palacios Pino.

Aunque algunos de ellos, como Ángel Adriano Palacios Pino, ya han sido declarados por la justicia como poseedores de mala fe, otros, como contó La Silla, siguen defendiendo sus derechos sobre estas tierras a pesar de las denuncias de los campesinos.

Incluso, varios han sido defendidos tanto por el Gobierno de Santos como por otros políticos como el ex presidente Álvaro Uribe alegando que los empresarios eran víctimas de invasiones de tierras. Otros, como el ex Supernotariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, y hoy director de Cambio Radical, ha dicho que muchos de estos campesinos que han retornado a sus tierras son falsos reclamantes.

Por eso, los reclamantes de tierras temen que ahora que tengan que hablar en contra de estas personas puedan terminar poniéndose más en peligro.

Además, los campesinos nos dijeron que algunos funcionarios de instituciones regionales como la Fiscalía y la Policía que se supone deben protegerlos se han aliado con los empresarios y paramilitares.

“Ya han pasado varios casos en que la gente denuncia y uno no termina de salir de allá y los denunciados ya saben que uno fue quien los denunció y ahí es cuando llegan las amenazas”, dice un campesino afro.

Tampoco ven que estas instituciones estén haciendo su mejor esfuerzo para investigar y capturar a los responsables.

“Estamos viviendo un retroceso enorme, reviviendo dinámicas descaradas de connivencia como las que se presentaron a finales de los noventas”, advirtió una fuente humanitaria  que conoce de primera mano la región.

“En este contexto de terror, muy pocos serán los que estén dispuestos a rendir testimonio en la fase judicial, y en cambio habrá varios o muchos que por salvar su vida y por alguna oferta económica estén dispuestos a testificar en favor de los presuntos despojadores”, concluyó.

A eso se suma que las medidas de seguridad que ofrece la UNP no han mostrado ser efectivas ni suficientes.

Y es que con Mario ya van tres reclamantes de tierras del Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó asesinados este año: el primero fue Porfirio Jaramillo Bogallo, en Guacamayas, Antioquia en enero, y el segundo Jesús Alberto Sánchez Correa en Carepa, Antioquia en agosto.

Además, en octubre, otros dos líderes, Fidencio Calle y Juan Viloria, fueron golpeados por hombres armados en la zona rural de Turbo.

“A mí la UNP me dio un chaleco y un celular pero eso no es seguridad. No me puedo poner el chaleco y así pudiera eso me pondría en aviso”, nos dijo Viloria, un hombre alto y que lleva un sombrero vueltiao y poncho.

“La golpiza es el primer aviso, el segundo ya no me dicen sino que ya me tumban”, advirtió.   

Es tal el nivel de preocupación que incluso están pensando en crear sistemas de autoprotección que incluye no contarle nada del proceso de restitución ni a sus familias,  instalar alarmas y comprar radios para crear redes de comunicación entre ellos e incluso pedir acompañamiento permanente de organismos internacionales así como del ejército.

Es una situación que incluso le reconoció a La Silla Pacífico Diego Mora, director de la UNP que nos dijo que las medidas que ellos ofrecen son transitorias y que de todos modos, no son infalibles. Por ejemplo, en casos donde el riesgo es muy alto, dijo que lo más lógico es que los líderes se vayan de la comunidad.

Pero esa es una respuesta que ellos no aceptan, como le dijeron varios de los líderes a La Silla, porque después de tantos años de esperar que les devuelvan sus tierras y a pesar del miedo seguirán ahí porque ya se cansaron de huir.