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?Hay un rincón del Urabá que se ha convertido en una bomba de tiempo. En esa esquina del Bajo Atrato, llamada La Larga – Tumaradó, han asesinado a cinco reclamantes de tierras en siete años, conviven lado a lado miles de campesinos con los empresarios que llegaron a sus tierras tras el auge paramilitar que asoló la zona y el Gobierno está amenazando con congelar los procesos de restitución de quienes están volviendo a las parcelas que les pertenecían sin esperar las decisiones judiciales. La situación es tan tensa en este rincón que mañana habrá una cita de alto nivel en Apartadó para tratar de desactivar ese coctel molotov. Para eso están citados varios pesos pesados: el Procurador, el Defensor del Pueblo, el director de la Unidad de Restitución y el Supernotariado.
La bomba de tiempo de tierras del Urabá
?Hay un rincón del Urabá que se ha convertido en una bomba de tiempo. En esa esquina del Bajo Atrato, llamada La Larga – Tumaradó, han asesinado a cinco reclamantes de tierras en siete años, conviven lado a lado miles de campesinos con los empresarios que llegaron a sus tierras tras el auge paramilitar que asoló la zona y el Gobierno está amenazando con congelar los procesos de restitución de quienes están volviendo a las parcelas que les pertenecían sin esperar las decisiones judiciales.
La situación es tan tensa en este rincón, ubicado justo en la frontera entre Chocó y Antioquia, que mañana habrá una cita de alto nivel en la sede de Corpourabá en Apartadó para tratar de desactivar ese coctel molotov. Para eso están citados varios pesos pesados: el Procurador Alejandro Ordóñez, el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, el director de la Unidad de Restitución Ricardo Sabogal y el Supernotariado Jorge Enrique Vélez.
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Tras el auge paramilitar de los años noventa La Larga - Tumaradó se quedó vacía.
De ese enorme territorio afro de 107 mil hectáreas, repartido entre las cuencas de los ríos que llevan esos mismos nombres en Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), salieron huyendo unos 8 mil campesinos a partir de 1995.
Algo similar ocurrió en tres consejos comunitarios vecinos: el de Pedeguita Mancilla y los de Curvaradó y Jiguamiandó, que -a diferencia de los otros dos- han sonado bastante en medios y se convirtieron en los casos emblemáticos del despojo en el Urabá.
Sucedió porque esas tres zonas ribereñas eran óptimas como corredor estratégico para los paras y las Farc, perfectas para sacar la droga al mar y también muy apetecidas por las expectativas de que eventualmente se continuara la Carretera Panamericana -que se estrella con el Tapón del Darién muy cerca de allí- hacia Panamá.
Más calmadas las cosas, en los últimos años cientos de campesinos han ido retornando a La Larga, casi siempre sin ningún acompañamiento. Muchos encontraron sus tierras, que hoy reclaman en restitución, ocupadas por ganaderos y bananeros que las habían comprado tras su éxodo. Otros, que no tenían títulos sino que las venían ocupando desde hacía años, se toparon con que hoy son las tierras colectivas de un consejo comunitario afro que nació tras su partida. Varios empresarios, que compraron parcelas en ese momento, dicen que lo hicieron de buena fe. Y la comunidad afro asentada allí está reclamando un territorio colectivo que también cayó en manos de muchos privados.
Ese rompecabezas de parcelas propias, comunitarias, ocupadas, vendidas y despojadas es lo que lo convierte a este rincón del Urabá -en palabras de Ricardo Sabogal- en “uno de los casos más complejos de restitución que hay en todo el país”.
Solo en La Larga hay unas 400 solicitudes de restitución sobre predios individuales y una gran demanda colectiva de los afro, que es una de los nueve casos emblemáticos que priorizó la Unidad de Restitución en todo el país.
Hoy la situación es muy tensa, debido a que están conviviendo lado a lado unos 4 mil campesinos (entre afros y mestizos que poblaron el área desde los sesenta) con una decena de empresarios que son sus opositores en los procesos de restitución.
Hasta el año pasado eran frecuentes los desalojos por parte de la Policía de los parceleros que han intentado retornar a sus tierras, aún estando ocupadas. Pero eso se frenó en diciembre, cuando el juez de tierras de Quibdó otorgó unas medidas cautelares a La Larga que habían solicitado la Unidad de Tierras y la Defensoría del Pueblo, cuyo efecto más importante fue congelar los desalojos mientras se resuelven los casos en la justicia. (Esas medidas son un caso excepcional ya que en 2013 el Ministerio de Defensa le pidió a la Unidad de Tierras “evitarlas a toda costa”).
Ahí, sin embargo, comenzó a subir la temperatura política.
En enero un grupo de 200 ocupantes creó una 'asociación de víctimas de la Ley de Víctimas', con el argumento de que la política bandera del presidente Juan Manuel Santos para reparar a las víctimas y devolverles las tierras que les fueron despojadas está victimizando a los poseedores de buena fe.
Su misión es, según el periódico local El Heraldo de Urabá, defenderse de una “hecatombe” y una “aplanadora sin reversa [con la que] el Gobierno induce a otra guerra en Urabá”. Defienden que actuaron en buena fe, aunque por ningún lado se les oye reconocer el historial de despojo en la zona.
Un mes después, dos periodistas de El Colombiano fueron amenazados por un integrante de una banda criminal cuando estaban reporteando un caso de restitución allí, un hecho que se sumó a la ya compleja situación al interior del periódico antioqueño ya que las tierras pertenecían a una familia accionista del mismo (los Hernández de la Cuesta).
El tema de la La Larga también llegó a la esfera política cuando el ex presidente Álvaro Uribe trinó en febrero a favor de los ganaderos y en contra de dos líderes de restitución -Carmen Palencia de Tierra y Vida y Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros- que, según él, “han propiciado y acompañado varias invasiones” de campesinos allí.
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El problema es que entre esos ocupantes reunidos en la nueva asociación de víctimas de la Ley de Víctimas -que se acaba de cambiar el nombre a 'Tierra, paz y futuro'- se mezclan terratenientes de muchos tenores.
De los cuatro que Uribe defendió públicamente como víctimas de invasiones, uno acaba de ser declarado 'poseedor de mala fe' por un juez.
Se trata del ganadero Ángel Adriano Palacios Pino, que tiene unas 8 mil hectáreas en La Larga y que perdió cuatro de sus predios hace un mes cuando el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia falló a favor de cuatro campesinos desplazados en las veredas de Macondo, Cuchillo Negro y Bella Rosa.
Según el fallo, Palacios no adquirió esas parcelas de forma legítima, sino que “conocía la situación de violencia que afectó la región (…), los grupos armados que intervinieron y quiénes eran sus dirigentes”. También estableció que, tras haber huido los 13 campesinos, sus parcelas en la finca Puerto Nuevo fueron vendidas en 1999 por un segundo a la sociedad A.A. Palacios y Cía, cuyo representante legal era Palacios, motivos suficientes para decretar la nulidad absoluta de las cuatro compraventas.
Palacios -conocido en la zona como 'el Negro Pino'- ya había sido capturado en mayo del 2014 por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado cometidos en Macondo y -aunque quedó libre después- sigue vinculado al proceso.
Hace dos meses, apenas un par de semanas antes de la sentencia en su contra, Palacios fue quien había solicitado que se levantaran las medidas cautelares de La Larga -en palabras de su abogado- “por existir terceros afectados”.
Él no es el único opositor en los procesos de restitución que tiene ya una mancha en su historial. Al menos tres propietarios de tierras en La Larga han sido declarados poseedores de mala fe en la vecina Curvaradó y Jiguamiandó.
Uno de ellos es Luis Felipe Molano, un coronel retirado del Ejército que tiene 3 mil hectáreas en La Larga y cuyo nombre aparece entre los poseedores de mala fe en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó sobre Curvaradó en 2009.
Otro es Juan Guillermo González Moreno, que tiene 5 mil hectáreas allí y que ya había sido capturado en 2010 acusado de concierto para delinquir, secuestro simple y agravado, porte ilegal de armas, tortura y desplazamiento forzado pero luego dejado en libertad. Su nombre no aparece en la lista de la sentencia, pero sí el de su empresa Cultivos Recife S.A.
Y también está Darío Montoya, un ganadero que tiene tierras en ambos lados y fue declarado ocupante de mala fe en Curvaradó. Y que es precisamente uno de los integrantes más visibles de la asociación de víctimas de la Ley de Víctimas.
También está el ganadero José Vicente Cantero, que no ha sido declarado ocupante de mala fe pero que fue capturado en 2013 -junto con otras dos personas- por la Unidad de Contexto de la Fiscalía en el marco de una investigación sobre el “plan diseñado por narcotraficantes, ganaderos y paramilitares con el fin de apoderarse de un cordón de tierras en la región de Urabá” de 7 mil hectáreas. A pesar de que dentro de esa investigación ya se han hecho varias capturas, hasta el momento no hay ninguna condena.
Aparte, hay un enfrentamiento abierto entre el Gobierno y muchos de los campesinos que han intentado regresar a sus predios, un acto que los actuales dueños califican de 'invasiones' y que el Gobierno cuestiona como 'vías de hecho'. Y que será uno de los puntos claves de la reunión mañana en Apartadó.
La tensión sobre estos retornos forzosos ha subido en los últimos tres meses, sobre todo después de que varios altos funcionarios del Gobierno comenzaran a hablar de la existencia de invasiones disfrazadas de falsos retornos e incluso, como ha dicho el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, de carteles de falsos reclamantes.
El mismo presidente Santos le prometió a los bananeros, durante el aniversario 50 de su gremio Augura, que “tierra que esté siendo invadida, tierra que automáticamente sacamos del proceso y judicializamos a los responsables, y que eso quede claro, para evitar que por las malas se vayan a colar, o a quitar las tierras a los legítimos dueños”.
Esto ha generado duros enfrentamientos con Tierra y Vida y la Fundación Forjando Futuros, las dos ONG especializadas en restitución que vienen acompañado muchos de esos retornos y que ganaron el Premio Nacional de Paz en 2012.
“No son vías de hecho porque toda esta gente tiene las escrituras de sus tierras pero no podía volver. ¿Cómo vas a necesitar vías he hecho para entrar a tu apartamento? La gente está desesperada por la lentitud de la Unidad de Restitución e hizo uso de su derecho como propietarios de esas tierras”, dice Carmen Palencia de Tierra y Vida, una organización paraguas que reúne a 9 mil reclamantes de tierras en todo el país.
Los empresarios insisten en que, cobijados por las medidas cautelares, personas que vendieron sus tierras en regla ahora están regresando a invadirlas.
Franklyn de Jesús Calle, otro declarado poseedor de mala fe en Curvaradó y administrador de la finca Borinque en La Larga, le ha enviado cuatro cartas al Gobierno argumentando que las medidas cautelares han sido “interpretadas por ONGs y reclamantes como una orden implícita para invadir masivamente fincas (…) bajo el pretexto de que están realizando retornos voluntarios”.
La Hora de la Verdad, el programa radial del ex ministro Fernando Londoño, ha hecho eco de esa postura y dijo que Palencia lidera las invasiones aprovechando que tiene un esquema de seguridad con hombres armados de la Unidad de Proteccio?n (que le han sido asignados por ser una de las líderes de víctimas más amenazadas del país).
Palencia defiende que la Corte Constitucional tumbó el artículo de la Ley de Víctimas que planteaba que quienes invadían las tierras que reclamaban debían perder los beneficios de la ley.
En el Gobierno tienen una lectura distinta. “La Corte decidió que ese era un castigo excesivo, pero no dice que no se puedan suspender. Porque esas vías terminan siendo una presión indebida al juzgador”, le dijo a La Silla un funcionario del Gobierno.
Más allá de esto, muchos conocedores de la situación en La Larga temen que esa estrategia ha hecho más daño que beneficio y que se les puede devolver como un bumerán a todos los reclamantes en la zona. “Está facilitando que se venda ese discurso de que los que fueron despojados son violentos”, dice una persona que ha seguido el caso de cerca.
Muchos también mencionan que no ayuda el hecho de que Gerardo Vega haya liderado invasiones de tierras en los años ochenta cuando era parte del EPL, un hecho que se ha convertido en el caballito de batalla de críticos de la restitución como la representante uribista María Fernanda Cabal.
De hecho, Cabal liderará un debate de control político sobre la restitución en el Congreso a finales de mayo, en el que -a juzgar por el cuestionario que le envió a la Unidad de Tierras- piensa preguntar por temas como el contrato que tiene el Cinep para hacer la caracterización de las solicitudes de restitución de La Larga o los casos que coinciden geográficamente con terrenos invadidos en décadas anteriores por guerrillas como el EPL.
Para completar, el juez que dictó las medidas cautelares en La Larga acaba de quejarse por el bajo nivel de protección que tiene pese a llevar varios de los casos más complejos de tierras tanto en el Urabá como en el Chocó.
Hace dos semanas, Mario José Lozano -juez de restitución en Quibdó- le escribió una carta al Consejo Superior de la Judicatura quejándose de que “me aterra el folclorismo con la que se han adoptado las medidas de proteccio?n en mi favor” por parte de la Unidad Nacional de Protección que dirige Diego Mora. En particular, cuenta que lleva tres meses sin carro después de que éste fuera llevado a Medellín para hacerle mantenimiento, que la UNP le ha negado los subsidios de gasolina y que se ha visto forzado a ir a pie.
“El problema es la calidad de los procesos que ahorita tengo. Por ejemplo, tengo el caso de la Larga-Tumaradó, que es de los más complejos, y donde ya soy plenamente identificado por opositores, por todos los intervinientes del proceso”, le dijo Lozano, que ya recibió una vez un panfleto de las Águilas Negras declarándolo objetivo militar, a Verdad Abierta.
El susto del juez de tierras tiene fundamento, dado que en La Larga la lista de víctimas es larga.
En apenas siete años han muerto, solamente allí, cinco líderes de tierras. La lista comenzó con Juan Jiménez Vertel, un campesino asesinado en agosto de 2008. Tres meses después fue asesinado Benigno Gil, quien era el director de la Mesa Nacional Campesina. Un par de semanas después fue acribillado Jaime Antonio Gaviria, otro líder de la Mesa Nacional Campesina y reclamante de tierras que había sido testigo de la muerte de Gil.
En 2010 fue asesinado Óscar Maussa, pese a tener medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ser el líder más visible de los campesinos agrupados en la cooperativa Cootragroblan, que recibió plata del gobierno holandés en 1990 para comprar la finca La Esperanza luego despojada por los paras.
Y finalmente fueron asesinados doce integrantes de la familia Padilla, todos reclamantes de tierras aunque en varios puntos distintos del Urabá y Córdoba. El último de ellos fue Gildardo Padilla, quien sí reclama un predio en La Larga y fue asesinado en Valencia (Córdoba) en noviembre de 2013, poco después de haber testificado en la Fiscalía contra José Vicente Cantero, uno de los grandes terratenientes allí y hoy preso por despojo.
Las amenazas han sido constantes, tanto a los campesinos que han vuelto a sus parcelas como a quienes los han ayudado en su proceso.
Hace un mes Marleny Benítez y Felipe Triana -dos líderes de la vereda de Santa María- fueron atacados por hombres armados. Quince días después, poco después de un operativo masivo en Antioquia en el que cayeron 72 integrantes de Los Urabeños (incluido alias 'El Calvo Coyote', que mandaba en la zona de La Larga), otra lideresa llamada Mary Hernández tuvo que salir tras ser amenazada en la vereda de Bijao Onofre.
Tierra y Vida ya ha recibido varias. Un panfleto que llegó a su oficina en Apartadó hace dos años los acusaba de que ser quienes “instruyen a los montañeros esos, que denuncien y denuncien” y les advertía que “tierra van a tener, pero tres metros encima de ustedes HP”. Y señalaba por nombre a dos reclamantes, Carlos Páez y Manuel Mercado, que habían guiado a los topógrafos de la Unidad de Restitución cuando hicieron el levantamiento de predios con el que arranca el proceso administrativo de la restitución.
Hace ocho días llegó un nuevo panfleto a la misma oficina, dirigido a Palencia, Vega y otros ocho personas de Tierra y Vida. Esta vez amenaza a “los famosos reclamantes de tierra que han querido de una manera brutal invadir nuestro territorio” y les advierten que “campesino que intente meterse a las tierras no respondemos por su vida”.
Mañana se sabrá si se comienza a desactivar ese polvorín cuando Ordóñez, Sabogal, Vélez y Otálora se sienten a discutir los problemas de este rincón en el Urabá.
