Al riesgo del Covid se suman amenazas y extorsiones a retornados venezolanos

La semana pasada, la dictadura de Nicolás Maduro redujo aún más el cupo de retorno para sus connacionales, que se están devolviendo por corredores humanitarios en huida a la crisis económica del Covid que los puso en peor situación de la que ya estaban. Según cifras de Migración Colombia, ya son 71 mil los retornados.

La nueva regla de Maduro es que sólo podrán pasar tres veces a la semana, 100 migrantes por el paso de Arauca, por donde han retornado 12 mil venezolanos en medio de la pandemia; y 300 por el de Norte de Santander, por el que se han devuelto 57 mil. 

Eso seguramente traerá más represamientos de migrantes en todo el país y, sobre todo, en las zonas fronterizas, que se traducen en asentamientos y aglomeraciones en calles desde Ipiales y Cali, pasando por Bogotá y hasta Bucaramanga, Cúcuta o Arauca. 

Más allá del riesgo que eso supone para su salud -y la de los residentes de las zonas aledañas-, dado que estamos viviendo una pandemia, en los pasos fronterizos de Ecuador a Colombia por Ipiales y de Colombia a Venezuela por Arauca, se ciernen amenazas adicionales sobre los retornados: las amenazas y el pago de vacunas de las que están siendo víctimas por parte de grupos ilegales y delincuencia.

De mal a peor

Por el lado de Arauca, están la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc, que han impuesto en ese territorio un manual de convivencia que es conocido por los araucanos, pero no por los migrantes. De ahí viene que, desde antes de la pandemia, estos últimos fuesen víctima de discriminación, explotación sexual y agresiones físicas, tal y como documentó Human Right Watch en enero de este año, además del reclutamiento forzado que no menciona ahí la ONG pero que también padecen los venezolanos. 

Con el coronavirus, las guerrillas les restringieron el paso a los caminantes por el territorio araucano. Así nos lo contaron por aparte Juan Carlos Villate, personero de Tame, Arauca, otra fuente local del Ministerio Público y un miembro de una ONG que también trabaja en la región. 

“Eso se impuso con el voz a voz, desde que empezó la pandemia”, nos dijo la fuente del Ministerio Público que nos habló a cambio de no ser citada por seguridad. 

Y no ha sido exclusivo de Arauca, pues, como contamos en esta historia, en todo el país los grupos ilegales cobraron rol de "autoridades sanitarias", bajo amenazas de todo tipo.

Tanto el Personero de Tame como la otra fuente del Ministerio Público nos detallaron que estos días de confinamiento ha habido casos de estudiantes de la región que volvieron desde el interior del país a donde sus familias en zona rural, pero que antes fueron obligados por las guerrillas a guardar cuarentena de 15 días en el casco urbano.

En relación con la población migrante directamente, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de finales de abril documentó que el ELN asesinó a una mujer venezolana en Fortul, Arauca, por no acatar sus restricciones. 

Aunque no se han documentado más hechos de este tipo contra los migrantes, la sola restricción le ha puesto un matiz distinto a su retorno desde esta región. 

Como no todos tienen conocimiento de las reglas de los ilegales, lo que están haciendo las autoridades locales es tratar de abordarlos en el punto de encuentro de los migrantes en Tame, municipio de entrada a Arauca por Casanare y el interior del país. 

Hasta allí diariamente están llegando entre 50 y 60 caminantes venezolanos a los que las autoridades araucanas les gestionan buses para evitar que sigan a pie su recorrido de 220 kilómetros hasta la frontera y se expongan a las represalias de las guerrillas.

Esa medida también busca disminuir el riesgo de contagio que supone que caminen. 

“Cuando llegan les damos todo un discurso para persuadirlos y que no sigan caminando. Sí, no tenemos las mejores condiciones para atenderlos mientras esperan el transporte, pero insistimos en que es para salvaguardar su integridad física”, nos contó el Personero Villate.

Los cobros

En Arauca, las guerrillas combinan ese rol de autoridad sanitaria con el control que tienen sobre rentas ilegales y los retornados se han convertido en una de ellas. 

Por un lado, tal y como nos contó el Personero, esas rutas de transporte humanitarias que se están coordinando en Arauca, también tienen que pagarle vacunas a las guerrillas.

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Para confirmar esa versión, el funcionario nos mostró este “vikingo”, que es como se le dice al recibo que les entregan a los conductores que pagan la vacuna. La otra fuente del Ministerio Público con la que hablamos nos dijo, por su lado, que sí sabía que las guerrillas paraban los buses de retornados para darle charla de bioseguridad a los conductores. 

“Los paran, verifican que estén cumpliendo (las medidas de protección), que lleven retornados y les recuerdan qué cosas tiene que hacer para evitar contagios”, explicó. 

Por otro lado, como las guerrillas son dueñas de los pasos ilegales fronterizos, que en Arauca son por el río Arauca, y como hay represamientos en los pasos legales, algunos venezolanos se aventuran a pasar a su país por ahí.

Esa situación durante la pandemia ha tenido dos efectos: se redujeron sustancialmente los permisos de entrada y salida legales de los venezolanos y se incrementó el precio por el paso ilegal. 

“Antes le pagabas a un canoero dos mil, tres mil pesos para cruzar. Ahora hasta 60 mil pesos han llegado a cobrar. De ahí, un porcentaje va para la guerrilla”, nos dijo una de las fuentes que nos detalló ese hecho. 

Con la pandemia, ese cobro por el paso de migrantes también se ha potenciado en la frontera entre Ecuador y Colombia, tal y como nos contó Ana Karina García de la Fundación Juntos se Puede, que defiende los derechos de migrantes en Colombia.

“Nos han llegado denuncias de cómo el venezolano, al verse obligado a pasar ilegalmente de Ecuador a Colombia para poder volver a su país, ahora le toca pagar hasta 60 mil pesos.

Además les toca dejar pertenencias para poder pasar y cuando están en Colombia ya no tienen nada”, nos dijo. 

Justamente ayer la Fiscalía capturó a un venezolano en Ipiales, Nariño, porque estaba controlando y cobrando por el paso de migrantes entre Ecuador y Colombia. 

Según una fuente de ese municipio que tiene como saberlo y no citamos por seguridad, e integrantes de la guardia indígena de una vereda fronteriza que hacen operativos de control de paso de migrantes, el tráfico de migrantes se viene dando desde hace más de dos meses. 

Estas personas les cobran a los migrantes por pasar el río que divide a los dos países y por cargarles sus maletas y, encima, terminan robándolos y amenazándolos con arma blanca para que no denuncien. 

Esa fuente consultada, que protegemos por seguridad y que dice saberlo porque ha hecho ese recorrido de paso de migrantes, nos dio un detalle adicional que no pudimos confirmar por otro lado: según la persona, ha visto a coyotes, que son los que transportan a la gente, dándoles plata a agentes de la Policía colombiana que vigilan la salida de uno de esos pasos ilegales a cambio de dejar pasar a los migrantes irregulares.