Arranca el capítulo más difícil para Farc en la JEP (pero no solo para la guerrilla)

Hoy fue aplazada para mañana la primera audiencia a la que acudirán por primera vez a la Jurisdicción Especial de Paz JEP los 15 jefes de las antiguas Farc a rendir su versión libre sobre los crímenes de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, que también comprende otros delitos como violencia sexual, anticoncepción y abortos forzados. 

Con esto arranca el macrocaso 07 de la JEP, el más difícil para el nuevo partido Farc y el que más puede revelar aristas desconocidas de las atrocidades cometidas en la guerra, principalmente por parte de la guerrilla pero no solo por parte de ella.

El caso estaba previsto para arrancar en diciembre, pero los abogados de la Farc pusieron más de 20 recursos que dilataron su comienzo y que muestran su resistencia a abrir este capítulo de su pasado.  La audiencia estaba prevista para hoy con Diego Ardila Merchán, pero fue aplazada por problemas de internet. Mañana será la audiencia presencial de Pablo Catatumbo, senador y antiguo jefe de la Farc.

Catatumbo ha dicho que no le están rehuyendo a la verdad, pero que sí quieren mostrar el contexto, porque no es una discusión que se pueda “dar con moralismos, y en blanco y negro”. 

La verdad que le falta reconocer a Farc

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre reclutamiento y utilización de niños en el conflicto Una guerra sin edad, las Farc reclutaron 6.068 niños entre 1960 y 2016, con el 54 por ciento de los casos de niños vinculados en la guerra.

Luego están los paramilitares que fueron los responsables de un 27 por ciento. 

Según el informe, y tres investigadores expertos en el tema que consultamos, en las Farc siempre hubo niños, porque muchos de ellos eran hijos de guerrilleros, pero solo hasta 1982 el reclutamiento comenzó de forma más sistemática.

En esa fecha, las Farc pasaron de ser un grupo de campesinos que buscaba defenderse de la violencia estatal a ser un ejército que necesitaba crecer y para eso creó una comisión de reclutamiento enfocada en personas entre los 15 y 30 años que debían estar aptos mental y físicamente. Su objetivo era llegar a 15 mil hombres en armas. 

Muchas veces la guerrilla no necesitó apelar a la fuerza para reclutar niños, pero hay cientos de testimonios que dan cuenta de cómo los guerrilleros usaron estrategias violentas para engrosar sus filas con niños. 

Un ejemplo es que les exigían a los campesinos que aportaran un hijo para la revolución so pena de ser desplazados, extorsionados o asesinados. Por ejemplo en Yacopí, Cundinamarca, impusieron un “impuesto de guerra” a los campesinos, y quienes no lo pagaban debían entregar a sus hijos en calidad de “servicio militar”. 

En 2008, la Corte Constitucional señaló que “el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales es una de las principales causas de desplazamiento en el país”, aunque no especificó los grupos. 

Con frecuencia, a los que se negaban a entregar a un hijo y no se desplazaban, los mataban. Quizás la versión más extrema es un caso denunciado por la ONU en 2008 en Putumayo, cuando las Farc iban a reclutar a dos hermanos de 13 y 15 años y, al negarse, los guerrilleros mataron a uno de ellos “rociándolo con gasolina y disparando contra él. El segundo niño fue reclutado en contra de su voluntad”. 

Sin contar con los casos en que las Farc usaron estrategias de convencimiento a los menores con “promesas relacionadas con la posibilidad de estudiar, con recursos para la adquisición de víveres y otros gastos o beneficios para las familias”, dice el informe de Memoria Histórica. Incluso usaban mujeres lindas para atraerlos.

Según el informe de Memoria Histórica, los niños reclutados ilícitamente comenzaron a ser usados como cocineros, mensajeros, informantes, combatientes, enfermeros y comandantes de escuadra, que es el cargo más bajo en el rango militar.

También los usaron para la siembra y cosecha de cocaína, poner y hacer explosivos, manejar dotaciones y alimentos, prestar guardia y manejar las radios para las comunicaciones.

Algunos niños cumplían esas funciones en el monte. Aprovechando que la gente no suele sospechar de un niño, otros eran usados en las cabeceras y caseríos como milicianos, cumpliendo funciones principalmente de inteligencia para llevar y traer mensajes, pasar contrabando, guardar armas o cosas del grupo y conducir lanchas. 

Los niños indígenas y afro eran usados por su conocimiento del territorio que les ayudaba a moverse en la noche y sobrevivir. 

Según la consultora independiente y experta en el tema, Rocío Rubio, quien trabajó en Planeación Nacional y en el ICBF, los niños eran un objetivo para las Farc porque su condición de menores de edad los hacía más fáciles de adoctrinar, manipular y entrenar, más fáciles de reemplazar que un adulto con más entrenamiento, y más aptos para ciertas labores.

“Por sus manos más pequeñas era más fácil usarlos para sembrar minas antipersona, que quedaran mejor, más camufladas, y si estallaba la mina, no importaba. Tuvieron entrenamiento como ‘pisa suave’ -atacar a Fuerza Pública sin ser descubiertos y a veces como suicidas-, además les permitió tener sujetos que podían moldear para ser una pieza exacta de la guerra, los volvían guerreros impresionantes”, explica. 

El delito es tan grave que cuando un niño entra a la guerra se violan casi todos sus derechos: a la protección, a su identidad (les ponen otro nombre), a tener familia, educación, salud, libre expresión (no podían opinar), libertad sexual, (se castigaba la homosexualidad), a la vida. 

Aparte del reclutamiento ilegal dentro de las filas, hay registros de que las Farc cometieron otros delitos contra niños como abuso sexual, abortos forzados y asesinato.

"Si bien no se encuentran en las directrices menciones directamente asociadas a la violencia sexual, sí es habitual que la sexualidad en las filas haya sido sujeta a un control permanente y al ejercicio del poder arbitrario de la comandancia," dice el informe de Memoria Histórica.

Así lo ilustra un testimonio recogido por Memoria Histórica de una mujer de 31 años desmovilizada de las Farc que fue reclutada a los nueve años:  

“Entrevistada: Ahí yo estuve el mes cuando me cogieron...duré cinco meses en el entrenamiento, después del entrenamiento lo cogen a uno y le dicen qué le va a tocar a uno; a mí me cogió Raúl Reyes (quien fue el segundo de las Farc después de Manuel Marulanda hasta que murió en un bombardeo en Ecuador en 2008) para escolta. 

Entrevistadora: ¿Cómo deciden quién va a hacer qué? 

Entrevistada: El que manda. Pero pues él seguro iba, él siempre llevaba su doble intención, porque a él le gustaba cogerlo a uno que para escolta, siempre tenía muchachas así y después abusar de uno, a él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba. Y pues no fui solo yo [..] fui escolta de él casi dieciséis años y, si no que pues uno, pues yo por lo menos yo pensaba, yo les decía a otras que nos había hecho cosas ¿por qué no lo matamos? matémoslo y nos volamos. (...)

Entrevistadora: ¿Cuántos años tenías la primera vez? 

Entrevistada: Ya tenía trece años. (...) A mí me pegó una cachetada la primera vez que él quería estar conmigo y yo no quería, me pegó una cachetada y me insultó, me dijo que allá se hacía lo que él dijera, no lo que nosotros quisiéramos".

Para las Farc, los embarazos afectaban el objetivo del grupo que era la guerra y como lo narran varios testimonios recogidos por el Centro de Memoria Histórica las guerrilleras eran obligadas a abortar, incluso cuando ya llevaban varios meses de embarazo.

Está el testimonio, por ejemplo, de una mujer de 31 años, desmovilizada de las Farc que fue reclutada a los nueve años en Putumayo, y que solo logró evitar el aborto después de esconder el embarazo hasta que ya estaba muy avanzado, cuando el papá del niño que era civil, pero ayudaba a la guerrilla, se intercambió por ella, aunque le tocó seguir siendo miliciana. 

Los relatos de castigos severos a los niños guerrilleros también abundan.  

Iban desde represalias por infracciones menores, como contó a Memoria Histórica sobre una mujer de 31 años desmovilizada de las Farc que fue reclutada a los nueve años y le pusieron hacer 200 trincheras o huecos a pala como castigo por haber tomado cerveza y bailado en una fiesta. Hasta los casos más graves. 

Es el caso de tres mujeres adolescentes de 15, 16 y 17 del Frente Primero Armando Ríos de las Farc en Guaviare que fueron asesinadas por las Farc después de un intento de fuga. 

“Las encontraron, duraron un mes amarradas por 24 horas al día, les hicieron consejo de guerra y las tuvieron amarradas diez días más” fue lo que contó un desertor de las Farc.

Pese a toda esa evidencia en contra, las Farc aún no han hablado de esos delitos cometidos contra los niños dentro de las filas y han insistido en que sí había niños en la guerrilla, pero que habían entrado voluntariamente. 

La versión de las Farc

Es cierto que en muchos casos los niños pedían entrar a las Farc o los papás pedían a la guerrilla que los llevara.

No es un tema que reconozcan los críticos de las Farc y es una realidad difícil de aceptar para muchos sectores en la sociedad pues muestra la cara más oscura de la desigualdad y el abandono estatal.

Una evidencia de esto es lo que ha sucedido con los 123 niños de 16 y 17 años que entregaron las Farc cuando dejaron las armas en 2016. 

Según un integrante de una de las organizaciones que los atendió en el programa para su reinserción a la sociedad, ninguno de ellos se reconocía como víctima de las Farc porque decían haber entrado voluntariamente; y un porcentaje de ellos quiso hacer su proceso de reincorporación en los espacios territoriales donde estaban las Farc y no con sus comunidades y familias. 

Eso se debe a varios motivos. 

Según Paula Gaviria, la exconsejera para los derechos humanos de Juan Manuel Santos que dirigió el programa de desvinculación de esos 123 niños, muchos de esos niños antes de entrar a la guerrilla habían sufrido violencia doméstica, habían sido abandonados por sus padres, y su pobreza era latente.

Pero no solo ellos. Muchos de los niños que ingresaron a las Farc lo hacían porque veían en ella su única oportunidad para ser alguien, tener poder, protegerse de abuso sexual de los padrastros o familiares, e incluso sobrevivir, porque podían comer tres veces al día y huir de los otros grupos armados.

A veces pedían entrar a la guerrilla para vengarse de otros grupos armados que los habían violentado a ellos o sus familias y en algunos casos había afinidad ideológica, según lo explica el informe de Memoria Histórica. 

Donde las Farc tenía presencia histórica, ingresar a la guerrilla era el rumbo “natural” a seguir. Muchos niños tenían familiares que ya hacían parte de la guerrilla y eso los motivaba a ingresar. 

“En las estribaciones de la cordillera central un campesino (…) llegó con un joven de 15 años. (…) me dice: Este muchacho y yo hemos decidido que él se va con ustedes, (…). Recordé en seguida (…) que era hermano de un guerrillero muerto (…), -¿Por qué causa te vas con nosotros? –le pregunté–. La explicación, (…): Quiero ser hombre respetado y querido por todos como mi hermano”, dice un testimonio del libro Páginas de su Vida, escrito por el guerrillero fundador de las Farc, Ciro Trujillo, citado en el informe de Memoria Histórica.

Lo anterior, sumado al adoctrinamiento y los vínculos afectivos que tienen con otros exmiembros de la guerrilla, hace que muchos sientan que su entrada a la guerrilla no fue obligada, a pesar de que la legislación colombiana e internacional presume que un niño no está en capacidad de dar su consentimiento para meterse a la guerra y que, por lo tanto, todo reclutamiento de menores es ilícito.

La otra cara invisible

Parte de lo que Pablo Catatumbo dice, con razón, que hace falta en el debate es que los niños también fueron usados y violentados por las Fuerzas Militares en el marco del conflicto. 

Según el mismo informe de Memoria Histórica, en zonas de conflicto era común que los militares realizaran jornadas de salud, de entrega de útiles escolares o de recreación como Soldados por un día, para acercarse a la población a través de los niños, prevenir su reclutamiento por parte de grupos armados y buscar información sobre la guerrilla.

En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia determinó que el Estado no debía utilizar a los niños en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares. 

Por ejemplo, en 2015, la Defensoría del Pueblo alertó de visitas de la Policía a la Escuela Normal Superior Indígena en Mitú, Vaupés, para incitar la vinculación de niños a la institución como informantes, sin la presencia de docentes. 

“Las principales son aquellas en las que son utilizados como informantes, mensajeros, carritos, para llevar información, muy cercanos a garitas del Ejército y la Policía”, dice el Informe de Memoria.

Involucrar a los niños en el conflicto los pone en riesgo como demuestra este caso dramático recogido en el informe de Memoria Histórica:

“Vengo a reportar el homicidio de mi hijo [nombre ocultado por confidencialidad] de diez y siete años. Ocurrió el día 8 de febrero de 1990, en el corregimiento el Carmen de Chucurí, eso fue a las doce y media de la noche. A él se lo llevó el Ejército como guía para que el niño dijera dónde estaba la guerrilla, pero mi hijo en realidad ni sabía de eso. 

La guerrilla minó el puesto del campamento donde ellos estaban, y cuando regresaron, ellos estaban durmiendo sobre las minas, y la guerrilla viendo que el Ejército estaba confiado, prendieron las mechas y los mataron. Murieron seis soldados y mi hijo, siete. La bomba lo levantó y lo despedazó. [...] El Ejército duró con mi hijo siete meses patrullando y ese día que se lo llevaron, yo estaba aquí en Barranca”, contó la mamá de la víctima. 

Catatumbo también dice que el Ejército usó niños para infiltrar a la guerrilla y cuenta el caso de una niña infiltrada del Ejército que mató a varios guerrilleros y que Jacobo Arenas entregó a una comisión del gobierno de Belisario Betancour durante los fallidos diálogos de paz en los ochenta.

También denuncia el caso de Andrea Padierna, una mujer guerrillera que dio a luz en el hospital Pablo Tobón Uribe, de Apartadó, en el Urabá Antioqueño en 2010, y que a los cuatro días de parir huyó porque el Ejército la estaba persiguiendo. 

Los médicos determinaron que su bebé debía quedarse internado un día más por problemas de salud. Entonces Andrea lo dejó y envió al papá y a una conocida a reclamarlo. El Ejército la estaba esperando, y los presionó para que dijeran el paradero de la guerrillera. Ante su negativa, el Ejército entregó al bebé al Bienestar Familiar y en 2011 fue dado en adopción. Ahora, ella lo busca. 

Eso sin contar los posibles casos de abuso sexual a niñas de parte de los militares, similares al que ocurrió recientemente con la niña embera (aunque este caso no es competencia de la JEP por haber ocurrido después de 2016). 

El costo de decir la verdad

El informe que le pasó la Fiscalía a la JEP compromete a cinco mil guerrilleros e involucra a 5.252 víctimas de reclutamiento. La Fiscalía dice que la edad más recurrente fue de 14 años, pero se encontraron 910 víctimas entre diez y catorce años. Hasta la fecha, solo hay 10 sentencias condenatorias. Por lo cual, la colaboración de los líderes de la Farc va a ser clave para esclarecer estos crímenes atroces. Pero no será fácil.

El costo político para la Farc de confesar estos hechos es alto.  

De alguna manera, matar, secuestrar o extorsionar son crímenes que los guerrilleros justifican como parte de su proceder ‘revolucionario’. Como le dijo una fuente a La Silla “están habilitados en esa conciencia”. Otra cosa es aceptar que violaron mujeres y reclutaron niños a la fuerza; eso los derrumba como guerreros ante su misma tropa y ante las familias y la sociedad que hasta ahora los empiezan a reconocer. 

Ni hablar del costo político que tendrían estas revelaciones para ellos que cambiaron las armas por las urnas, en las que no han tenido el éxito que esperaban.  

Pese a ese riesgo muchos sectores esperan que la Farc empiece a hablar. 

“La Farc hoy hace parte de la sociedad y como partido su deber es rechazar esas prácticas, instar a que nadie las utilice y reconocer que en algunos casos esas prácticas violentas se dieron en las filas”, dice la exconsejera de Derechos Humanos del gobierno pasado, Paula Gaviria. Eso ayudaría, agrega, a “la reconstrucción de la sociedad, dejar atrás la violencia, buscar salidas para que el reclutamiento no siga pasando y dar legitimidad al Proceso de Paz”.