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La Silla sobrevoló el parque La Macarena, el resguardo Yaguará, la Reserva Nukak y las sabanas de la fuga, que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonía.
La cara de la deforestación amazónica en tiempos de coronavirus
Mientras Bogotá sigue en alerta amarilla por la mala calidad del aire (además del coronavirus), en la Amazonía la chispa de los incendios forestales que afectan ese aire, no sólo sigue encendida. Se está extendiendo a otras áreas de reserva forestal en las que además de vacas, sobresalen los cultivos de palma y eucalipto.
Hay cultivos de coca, sí, pero no son la regla en las miles de hectáreas taladas que vio La Silla Vacía en un sobrevuelo que hicimos este lunes con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, por el parque La Macarena, el resguardo Yaguará, la Reserva Nukak y las sabanas de la fuga, que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonía.
“Todos estos techos que ves son nuevos”, me dice el piloto de la avioneta.
Son techos de zinc recién puestos en casas pequeñas e improvisadas y que por lo general, están en las esquinas de potreros que comienzan a interrumpir, cada vez con más frecuencia, este tapete verde y tupido de selva.
Volamos a 800 metros de altura. Vemos corrales enormes, potreros de cientos de hectáreas con dos vacas, carreteras que se pierden como culebras dentro de la selva. Los árboles por donde pasan estas trochas clandestinas parecen testigos de que ahí abajo están tumbando. Ellos mismos parecen formar una línea que deja el rastro de estos caminos, así desde arriba no podamos verlos.
Y luego el olor a quemado que se mete por las ventanas. Otro testigo de que aquí, en medio de una reserva forestal, algo muy grave está pasando.
Las llamas podrían menguar si una negociación prospera: la de los campesinos que viven dentro de los Parques Naturales, que llevan varios días en paro en San Juan de Losada, y el Gobierno, que le ha apostado a la campaña ‘Artemisa’ como estrategia para contrarrestar los incendios a punta de operativos militares en los que las comunidades denuncian que dan con los campesinos chiquitos y no con los grandes taladores.
Luego de doce horas de conversaciones este lunes en San Juan de Losada en las que acordaron cuatro puntos mínimos para comenzar a negociar e instalaron una mesa, el debate apenas arranca; y con el coronavirus de por medio, es probable que el cronograma de reuniones que acordaron, se aplace.
Todo eso con un telón de fondo clave y es que así el Gobierno y los campesinos lleguen a un acuerdo, lo que hay detrás de esta deforestación a gran escala, más allá de la presión de la disidencia de Gentil Duarte a muchos campesinos, es un fenómeno sin control de acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos que no están sentados en esta mesa y tienen presuntas conexiones con el bajo mundo.
Un mundo en el que, como revelamos, la Fiscalía tiene a cinco “objetivos de alto valor” (incluido un ganadero que tiene 3.500 cabezas de ganado dentro de Parques) porque les identificaron el año pasado operaciones sospechosas: consignaciones de plata, con personas que están asociadas con narcotráfico, lavado de activos, paramilitares y procesos de extinción de dominio. Además, se está oyendo con más fuerza en la región la presencia del Cartel de Sinaloa.
La luz de la negociación
El operativo que rebosó la copa de los campesinos, como contamos, fue hace tres semanas, en el Parque de La Macarena, donde los incendios devoraron casi 400 hectáreas de bosque. Ese parque hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena, Amem, en el que también están los parques Tinigua, Picachos y Sumapaz.
La Fiscalía, en compañía de Fuerza Pública, capturó a 20 personas, 16 que no eran dueños de vacas ni de tierras y que soltaron después y otros cuatro, que sí eran dueños de vacas y les dieron detención domiciliaria.
Pero los campesinos han denunciando que en ese operativo hubo violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, dicen que Ejército y Fiscalía se los llevó a las judicializaciones de las capturas con sus hijos pequeños, como lo muestra este relato de un niño de nueve años, grabado por el fotógrafo Andrés Cardona.
Triste relato de un niño de 9 años capturado y separado de su familia por la operación Artemisa. #VivosVZW.@JuanGZuluaga @GobMeta @parquescolombia @CORMACARENA @BluRadioCo @Llano7dias @ViveElMeta @PoliciaMeta @PGN_Col @fcarrilloflorez@dianadajer @CIDH @DianaDefensora @IvanDuque pic.twitter.com/nmOTzQzKJy
— Ame La Macarena (@amelamacarena) March 15, 2020
Desde entonces, más de 4500 campesinos que dicen vivir en parques y que están representados en organizaciones como la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Amén, Corpoamen y la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, le están pidiendo al Gobierno negociar un pliego de trece peticiones.
Entre lo que piden está que el Gobierno implemente alternativas productivas para los campesinos en parques, incluyendo meterle el acelerador al programa de sustitución de coca previsto en el Acuerdo de paz. También que se instale una 'Mesa Regional de Concertación'.
Para negociar ese pliego, los gobernadores de Meta, Guaviare y Caquetá, viajaron a Bogotá el jueves pasado a hablar con la ministra del Interior, Alicia Arango. Ella, al final, le encargó la vocería a su viceministro, Carlos Baena, y por eso terminaron llegando el lunes hasta San Juan de Losada 30 funcionarios del Gobierno (incluido Baena, la viceministra de Ambiente, María Claudia García, y funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entre otros).
Llegaron preparados para resolver esos trece puntos, pero los campesinos agrupados en el polideportivo de San Juan y representados en 13 voceros y cuatro asesores, acompañados además por representantes de la guardia indígena del Cauca, les dijeron que no iban a negociar el pliego, sin antes resolver cuatro puntos.
Que paren los operativos militares o al menos que el Gobierno redacte unos protocolos para hacerlos y que se respeten los derechos humanos de las comunidades; que revisen los procesos sancionatorios desde 2018 por la tala y que se prioricen las sanciones de trabajo comunitario, como por ejemplo, reforestar hectáreas; que investiguen a los funcionarios que han participado en los operativos de ‘Artemisa’ y si hay irregularidades que los sancionen; y que se revisen las medidas que tomó la Fiscalía para cerrarle el cerco comercial al ganado dentro de Parques, algo que los campesinos ven como un “bloqueo económico”.
Según dos fuentes que estaban en la reunión con las que hablamos por aparte, en el acta estuvo a punto de quedar el compromiso explícito, del lado de los campesinos, de no deforestar. Pero al final, no quedó.
“No quedó en el acta porque los exponía a tensiones que eran claras que venían de las disidencias y también de la venta ilícita de madera que rodea todo este problema”, nos dijo una persona que estuvo presente, y lo corroboramos con otra más. “Además la mesa es para terminar la deforestación y no iban a llegar a comprometerse a eso de una, sin nada a cambio”, agregó.
“No es que estuviéramos a punto de meter eso. Nosotros la tenemos clara y la mayor pretensión del Gobierno Nacional al desocupar los Parques no es cuidar el ambiente. Hay otras políticas subterráneas, como el otorgamiento de licencias ambientales a las petroleras o la construcción de megaobras”, dijo a La Silla Carlos Rodríguez, uno de los voceros del lado de los campesinos.
“No podemos comprometernos a decir que no vamos a deforestar, hasta que no haya políticas públicas que le permitan a los campesinos sembrar de manera distinta sin necesidad de talar”, agregó.
Ese episodio muestra la presión de la disidencia de Duarte que, como contamos, impone topes a la pesca o castigos por el robo de ganado e incluso está obligando a presidentes de junta - sobre todo en veredas que quedan pegadas al río Inírida- a carnetizar a la gente en las veredas, “como una forma de controlar la ocupación de los predios. Así saben quién vive en la vereda, quién es nuevo, a quienes cobrar, etc”, nos dijo una persona que lleva años en el territorio haciéndole veeduría a este tema.
“La orientación a la gente es que deforeste y queme todo lo que pueda este año porque no saben si el Gobierno los va a sacar de parques”, nos dijo una fuente que trabaja para una organización internacional en terreno y a quien no citamos por no exponerla.
Lo que viene, según dijo a La Silla el viceministro Baena, es implementar “un piloto a nivel nacional que consiste en llegar con unas medidas concretas para los pequeños campesinos que viven en parques”.
Ese piloto incluiría medidas en las que, según la antigüedad del campesino en el Parque, puedan hacer acuerdos con los pequeños para que hagan ganado controlado y silvopastoril, pero sin titularles tierras porque sería violar la ley. Y los que quieran títulos, sacarlos del Parque y reubicarlos en otros predios a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Con eso, el Gobierno incentivaría que los campesinos se salgan de Parques.
No será una negociación fácil ni corta. Ahí se mezclan los intereses de los pequeños, con los de los grandes terratenientes y colonos nuevos, que han llegado a esta región tras la firma del Acuerdo de La Habana y que en muchos casos usan a los pequeños campesinos de mano de obra para la tala y están metiendo vacas.
Sólo basta con ver las cifras de cómo ha crecido el ganado en esta región: sólo La Macarena pasó de tener 44.871 vacas en 2016, año de la firma del Acuerdo, a 148.249 en 2018, según cifras de Rodrigo Botero, quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales en la Amazonía durante diez años y es una de las personas que mejor conoce la región.
Números igual de dramáticos se ven en municipios como San Vicente del Caguán (pasó de 612.573 vacas en 2016 a 831.586 en 2018) o San José del Guaviare (saltó de 131.911 vacas en el año de la firma del Acuerdo a 171.796 en 2018).
Mientras esa negociación apenas arranca, los incendios están llegando a puntos de la Amazonía cada vez más preocupantes, pues están ampliando vías que amenazan con decapitar la zona norte de La Macarena. Por eso todo el tiempo que pase sin un acuerdo podrá ser aprovechado para seguir acaparando, hacer más trochas clandestinas y meterles gente. Un escenario así sería irreversible.
La bomba
En el sobrevuelo que hicimos con la FCDS, se ven cultivos de palma a pocos kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Son cientos de hectáreas que interrumpen el paisaje verde del sobrevuelo y en las que se ve maquinaria grande.
Sin embargo, cuando le preguntamos al secretario de Agricultura de la Gobernación, José Jacinto Cubides, por estos cultivos, nos dijo que no tenía conocimiento de cultivos de palma nuevos en la región.
“Que yo sepa, hace dos años están quietos estos cultivos”, nos dijo.
También se ven sabanas transformadas en cultivos de eucalipto en la vereda Charras, de San José del Guaviare.
Estos cultivos a gran escala, que de ninguna manera pueden ser de un campesino chiquito que apenas tumba de a tres hectáreas, ocurren ante los ojos de las autoridades ambientales, que no tienen personal suficiente para hacer cumplir sus sanciones en todo el territorio; cuando las aplican, suele ser a campesinos pequeños y no a los grandes.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA, que es la autoridad ambiental del Guaviare, le pasó en febrero a La Silla sus cifras de sanciones por deforestación desde 2017 a 2019.
Lo que muestran las cifras es que abrieron más procesos sancionatorios en 2017 (37 procesos) y 2018 (43 procesos), cuando la disidencia de Duarte apenas estaba comenzando a ganar terreno, que en 2019 (11 procesos), cuando su control creció de tal forma que hace un mes expulsó a los guardabosques de todos los parques de la región.
También es llamativo que la mayoría de procesos abiertos no están abarcando los casos más graves. De los 91 procesos abiertos entre 2017 y 2019, apenas nueve son por talas superiores a las 100 hectáreas de bosque. El proceso más grave es por una tala de 600 hectáreas en la vereda Chaparral Bajo de El Retorno, que la CDA abrió en 2017.
A esto se suma otro fenómeno grave y es el de la ampliación de carreteras clandestinas.
Son trochas que pasan desapercibidas bajo las copas de los árboles en la mitad de la selva y que cada vez la disidencia de Duarte está ampliando más adentro, como ésta que revelamos en La Silla que sale de la Marginal de La Selva desde Puerto Cachicamo en Guaviare y pasa por el resguardo indígena Yaguará II hasta llegar a las Sabanas del Yarí.
“El resguardo sigue siendo talado en la zona norte. La carretera que va de la vereda El Diamante y pasa por el lado sur del resguardo y luego pasa hacia Calamar (Guaviare) la están arreglando y colonizando financiado por las disidencias”, nos dijo una fuente que está en esa zona y que no citamos por su seguridad.
Es en esas Sabanas del Yarí, concretamente en El Diamante del Yarí, donde Iván Márquez narra en su libro ‘Segunda Marquetalia’, que se encontró con Gentil Duarte después de retomar las armas con su banda.
Trochas iguales o peores se ven en otras zonas por las que sobrevolamos, como lo es esta vía que va de Calamar a Miraflores en San José. Sólo este verano esa vía ya tiene más de 50 kilómetros más con apropiación de tierras a lado y lado, a pesar de la orden de un juez a todas las autoridades de cerrar la vía (hay un alcalde en casa por cárcel y dos más investigados por la Fiscalía). Así está esa vía hoy.
Además de estas trochas, que le sirven de corredores estratégicos a las disidencias, hay otro factor preocupante: en la reserva Nukak, según confirmamos con cuatro fuentes que nos hablaron por aparte, dicen que hay presencia del Cartel de Sinaloa.
Aunque, como contamos en La Silla, la presencia de carteles mexicanos en el país y su incidencia tras la firma del Acuerdo no es nueva. De hecho, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, ya había alertado a mediados del año pasado sobre la presencia de ese cartel en Caquetá.
Lo novedoso sería esta presencia en una zona de reserva.
“El Cartel sí ha llegado al sur de la reserva, pero al parecer no están colonizando. Tienen es informantes”, nos dijo la fuente que está en la zona.
“En San José se viene mencionando que hay testaferros del Cartel, aunque las autoridades niegan eso”, nos dijo otra persona que trabaja para una organización internacional que no citamos por no exponerla.
Sin embargo, en la más reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, de enero de 2019, no hay menciones al Cartel, pero sí de estructuras posdesmovilización de las AUC, como las Autodefensas Libertadoras del Vichada.
En todo caso, la situación es tan crítica que se ven indígenas del resguardo Nukak mendigando en las calles de San José, desplazados por este fenómeno de acaparamiento de tierras. Algunos buscan meterse en el monte para huir del coronavirus (aunque no se ha reportado ningún caso hasta ahora allí) y no tienen cómo entrar al resguardo.
Pese a todo este complejo panorama, si de las negociaciones queda el compromiso explícito de los campesinos de no deforestar, sería una luz, aunque falta mucho por alumbrar todo lo que está pasando en este corazón ecológico.
