Contraloría de Bogotá seguirá bajo la impronta de cuestionado excontralor

Seis meses después de que se tuviera que surtir el proceso, y cuando casi todos los contralores de capitales y departamentos están elegidos, Bogotá sigue sin contralor distrital en propiedad. Y probablemente se quede así por lo que resta del año.

El asunto es importante porque el ente encargado de hacer vigilancia a cómo invierte el presupuesto la Administración de Claudia López tiene enfrente retos tan clave como controlar los recursos invertidos para atender la pandemia del coronavirus en la capital.

Pero no sólo eso. Mientras la mesa directiva del Concejo, encargada de hacer la convocatoria para el nuevo contralor, no ha podido adelantar el trámite con éxito, la entidad continúa bajo la impronta del cuestionado excontralor -que terminó su periodo en febrero de este año-, Juan Carlos Granados.

Este llegó al cargo con carné del Partido de la U e impulsado por Cambio Radical, y hoy está en un proceso judicial por supuestamente haber recibido aportes de la corrupta multinacional Odebrecht en su campaña a la Gobernación de Boyacá en 2011.

La razón de su huella en la Contraloría tiene que ver con que, ante la falta de elección, quedó en su reemplazo su contralora auxiliar María Anayme Barón. 

La Contralora encargada es vista como cuota de Granados porque antes había sido su secretaria de Hacienda en Boyacá y ha mantenido las cuotas que ese excontralor les entregó a amigos de concejales que respaldaron su elección, de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde y Liberal, como lo contamos.

Como pasa con el control fiscal en todo el país, la Contraloría de Bogotá lleva años siendo considerada un botín burocrático por los políticos, por su presupuesto y su nómina, que les permite hacer muchos favores a sus redes clientelares.

(Tristemente célebre es, por ejemplo, el excontralor, del Partido Liberal, Miguel Ángel Moralesrussi, condenado por su participación en el cartel que saqueó a Bogotá en cabeza del exalcalde Samuel Moreno Rojas).

Además del millonario presupuesto de la entidad, que este año es de 168 mil millones de pesos; está la nómina de 1.045 empleados, 125 directivos, 31 asesores, 621 profesionales, 103 técnicos y 165 empleados de nivel asistencial, de los cuales son de libre nombramiento los directivos, los asesores, cuatro conductores y dos secretarias.

Todo un megapoder que, por un buen tiempo más, seguirá en encargo.

El proceso (hasta ahora) fallido, en parte por la pandemia

Para hacer este proceso de selección de Contralor por un periodo de dos años (normalmente es de cuatro, pero la Contraloría General emitió la resolución 0728 para unificar periodo con el del Presidente y que, así, no coincidan los contralores regionales con el mandatario al que van a vigilar), la Secretaría de Hacienda contrató a la Universidad Nacional para que adelantara un concurso de méritos, en diciembre pasado. El Concejo por su parte tendría que vigilar cómo avanzaría ese tramite.  

La institución abrió convocatoria pública el 23 de ese mes y más de 100 personas se presentaron. 

Sin embargo, el proceso quedó suspendido desde el 18 de marzo por la pandemia del covid. 

Hasta ahora no ha sido posible que la Universidad les haga el examen que debe a los inscritos, porque en el contrato quedó establecido que éste se haría presencial, la institución está cerrada por la crisis e, incluso si permitiera la entrada de los participantes, no hay cómo garantizar que los postulados de fuera de Bogotá puedan llegar. 

El Concejo dejó pasar tres meses sin hacer mucho frente a esto y, a principios de junio, le hizo una solicitud a la Nacional para ver si es posible llevar a cabo el trámite de forma virtual.

Lo que la Nacional debe hacer es evaluarlos y sacar una lista de elegibles. Este examen tendrá una puntuación del 60 por ciento y también se tendrán en cuenta la formación (15 por ciento), experiencia (15 por ciento), actividad docente (5 por ciento) y producción en obra (5 por ciento). Asimismo, hay una evaluación de aptitudes y una entrevista con concejales de los elegibles que no tienen puntuación. 

Después de eso, los tres que tengan mayor puntaje serán los que conformen la terna que se presentará en el Concejo para, por fin, elegir al contralor por mayoría simple. 

El 10 de junio, la Universidad respondió con un informe señalando los posibles riesgos que se presentarían si el concurso se lleva a cabo virtualmente.

Básicamente, lo que dice el documento es que la evaluación se podría filtrar, ya que el personal que hace la prueba necesita acceso a esos datos para montar la plataforma. Que un tercero podría suplantar a un concursante. Que los postulados podrán tomar fotos o grabar la prueba. Y que alguien podría tener ayuda de terceros o valerse de otros dispositivos móviles y acceso a internet para contestar las preguntas. 

También, el Concejo planteó la posibilidad de hacerlo presencialmente con los protocolos de bioseguridad, pero sigue existiendo el inconveniente de que no es sencillo garantizar la prueba de los concursantes que se encuentran fuera de Bogotá. 

Este martes el presidente de la corporación, el concejal Carlos Fernando Galán, se reunirá con las directivas de la corporación para ver de qué modo se puede avanzar, no sólo en la escogencia del Contralor, sino también la del Personero, que igualmente está estancada y fue encargada a esa institución.

Parte de la explicación de por qué Bogotá, a diferencia de otras ciudades, no pudo elegir contralor antes de que la pandemia lo impidiera, tiene que ver con que el Concejo que terminó periodo en diciembre de 2019 no surtió el concurso con una universidad, como sí lo hicieron otras corporaciones.

Ese Concejo había sacado una resolución para hacer el trámite, pero la nueva mesa directiva que llegó en enero, liderada por Galán, la derogó porque la anterior no había tenido en cuenta los lineamientos de la Universidad Nacional y por lo tanto la consideraron irregular. Así que el proceso volvió a iniciar.  

Para el 23 de enero, que es la fecha en la que se abre la convocatoria de Bogotá, por ejemplo ya estaban elegidos los contralores de Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla .

Con todo esto, es un hecho que, por bien que le vaya, Bogotá si acaso tendrá contralor en propiedad el último mes del año.

Aún hace falta establecer cómo se hará la prueba. Ver que efectivamente los postulados cuenten con lo necesario para concursar. Después de eso vendría la etapa de evaluación y la publicación de los elegibles. 

Además se daría un espacio para las objeciones de los demás concursantes. Y luego la armada de la terna y la votación. Todo eso tomaría entre dos o tres meses.

Así es que a la allegada de Granados y a la idea de que él sigue con poder en la entidad le queda todavía un buen trecho.

El control bajo la impronta de Granados

En conversación con La Silla para esta historia, la contralora encargada María Anayme Barón aseguró que no fue elegida por ser cuota de Granados, que su carrera ha sido técnica y que el reglamento del Concejo establecía que, si no había Contralor en propiedad, debía quedar el segundo en jerarquía que cumpliera con los requisitos, y la entidad estableció que esa era ella.

Además, argumenta la Contralora que su encargo fue ratificado por el Concejo en votación. Y así fue. Efectivamente: 35 concejales, de 45, votaron a su favor. 

A esa circunstancia hay que agregarle, no obstante, que varios de esos concejales que la respaldaron fueron beneficiados por Juan Carlos Granados, exjefe de la Contralora, con puestos, como lo contamos. 

Puestos que ella ha mantenido.

Conversamos con siete concejales de la Alianza Verde, del Polo, de Cambio Radical, de La U y del Partido Liberal. También con dos altos funcionarios del Gobierno López. Varios coinciden en que Barón mantiene un bajo perfil. 

Para Manuel Sarmiento y Carlos Carrillo del Polo, su gestión no ha sido tan notoria y ha estado más bien quieta. Lo mismo nos dijo Diego Cancino, de la Alianza Verde. 

Sin embargo, en el Palacio Liévano, un funcionario de alto gobierno nos dijo off the record que la Contraloría sí les ha pedido información en especial sobre las contrataciones que se han hecho en el marco de la pandemia en la Secretaría de Salud y de Integración Social. También respecto a las contrataciones que han hecho las alcaldías locales. 

La Contralora (e) por su parte nos aseguró que, de las 226 auditorías programadas en la entidad, han terminado 73. Que tienen 66 procesos a sujetos de control como secretarías, empresas públicas o funcionarios y 87 pendientes por iniciar.

Destaca que están en indagaciones a la creación del hospital de Corferias y a 16 alcaldes locales que realizaron un convenio para repartición de mercados con la Cruz Roja por 80 mil millones de pesos. 

Recordó que el control es posterior a la ejecución y por eso están enfocados en lo que terminó la Administración de Enrique Peñalosa (que es del mismo partido de Granados). 

Procesos de interés ciudadano como el metro de Bogotá están en manos de la Contraloría General, ya que la Nación puso el 70 por ciento del dinero de la obra.

Actualización: Aunque lo buscamos durante dos días antes de publicar esta historia, directamente a él y a través de su jefa de prensa, después de esta publicación se comunicó con nosotros el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, para darnos su versión. Dijo que en mayo consultaron a la Universidad Nacional sobre cuántas personas de la convocatoria no estaban en la ciudad y resultó que eran más del 30 por ciento. También, que pidieron al MinInterior hacer una excepción de movilidad con estas personas, pero no han recibido respuesta. Y que están estudiando alternativas para que se pueda hacer la prueba de forma presencial en sedes de otras ciudades.