La cuesta arriba del Gobierno para concertar Santurbán

Ya se van a cumplir tres años desde que la Corte Constitucional tumbó la delimitación del Páramo de Santurbán y, aunque en principio el Ministerio de Ambiente tenía un año para volverla a hacer, apenas va a iniciar la fase más importante: la concertación con las comunidades. Desde ya se anticipa que el Gobierno no cuenta con ambiente para llegar a acuerdos.

La razón es que varias comunidades y autoridades dicen que la nueva propuesta del MinAmbiente para delimitar no es clara, tiene problemas técnicos y además no afecta el proyecto de minería de oro de la Sociedad Minera de Santander, Minesa, que quiere extraer oro en las inmediaciones.

Esto es clave porque esta puja hace parte de las demandas sociales que se están volviendo a sentir en las calles. Y además porque Santurbán surte de agua a dos millones de personas en los santanderes.

La concertación es una etapa vital porque fue justamente por no haber garantizado la participación de la gente interesada y haberse limitado a una mera socialización que la Corte tumbó la delimitación de 2014. 

Desde octubre pasado, el MinAmbiente hizo pública su propuesta de delimitación, que dice haber construido con base en más de tres mil aportes de las comunidades en los 40 municipios que integran el páramo. Ahora tiene que sentarse con cada uno de esos actores para acordar cómo quedará finalmente la resolución que delimite Santurbán. 

Si bien no ha iniciado esa concertación (porque por la pandemia del covid aún no se puede hacer reuniones multitudinarias presenciales y la idea es que todo el que esté interesado pueda ir y participar), el Ministerio inició hace dos semanas unas mesas de trabajo, ordenadas por el Tribunal de Santander, para aclarar información sobre los alcances de su propuesta y sobre la metodología bajo la cual hará la concertación. Es decir, ya arrancó trabajo. 

Ha habido dos reuniones con representantes del municipio de Vetas, Santander (uno de los de tradición minera y donde hay mayor conflicto por la delimitación), y ayer tuvo la primera con la Alcaldía de Bucaramanga.

Lo que ha quedado en evidencia en las reuniones hasta ahora es que los distintos actores del páramo no le están copiando al Gobierno para concertar. 

De fondo, el problema es que ninguno de esos grupos se sienten representados en la propuesta de concertación del Ministerio y tampoco confían en que el proceso vaya a ser realmente participativo y de deliberación. 

Encima, una de las autoridades ambientales regionales que participa del proceso, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, con jurisdicción en  de los municipios de Santurbán, también ha señalado ante la Procuraduría reparos frente a esa nueva propuesta. 

Por ahora la cuesta arriba tiene que ver con dos asuntos.

No es claro el criterio para trazar los nuevos límites

Lo que más ha destacado el Ministerio de Ambiente sobre su nueva propuesta de delimitación es que el área de páramo, señalada por el Instituto Alexander von Humboldt, aumentó en 3.445 hectáreas con respecto a la de 2014.  

Esto que en teoría sería lo deseable, fue el resultado de ampliar unas zonas y de reducir otras. Es decir, si bien en total hay más área protegida, hay zonas que antes eran páramo y ahora no, y viceversa. 

En medio de esos cambios, las comunidades del municipio de Vetas, Santander, el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán y la autoridad ambiental Corponor, de Norte de Santander, han señalado distintos ejemplos de por qué esa nueva línea no es acorde con la realidad en terreno del páramo. 

Para Corponor, en los cambios de la línea que presentó el Gobierno hay inconsistencias técnicas. La Silla conoció un acta de reunión de octubre pasado entre profesionales de esa autoridad ambiental y un delegado de la Procuraduría en la que los primeros ponen de presente que en la nueva cartografía de delimitación hay zonas que fueron descartadas aunque sí están conservadas y otras que fueron incluidas a pesar de que son potreros desde hace mucho tiempo. 

“Se evidencia que el resultado obedece a una interpretación de un programa que corresponde a un modelo de probabilidad y no a la verificación de la realidad objetiva en el territorio”, dice el documento de Corponor.

Por el lado del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán la discusión de esa nueva línea está íntimamente ligada con la de otorgarle la licencia ambiental o no al proyecto minero de Minesa, multinacional árabe que quiere extraer oro en las inmediaciones de ese ecosistema. De ahí que para el Comité sea sospechoso que la nueva delimitación, al igual que la anterior, rodee el área de influencia del proyecto sin afectarlo. 

Eso es clave porque en el estudio de impacto ambiental la minera reconoce que más del 89 por ciento del área de influencia del proyecto (1.774 hectáreas) está en zona de bosque alto andino y justamente la Corte le ordenó al Ministerio de Ambiente incluir dentro de la nueva delimitación la transición entre el páramo y ese tipo de bosque. 

Sobre la debida protección de ese bosque alto andino, también la Alcaldía de Bucaramanga tiene reparos. Carlos Sotomonte, asesor ambiental de esa entidad, le dijo a La Silla Vacía que para ellos no es claro cómo el Ministerio determinó qué áreas componen esa zona de transición entre el bosque y el páramo. 

“Lo único que se conoce es un documento de referencia del Instituto Alexander Von Humboldt sobre las zonas de transición en general pero no sabemos cómo eso se llevó a la práctica en el caso de la nueva delimitación de Santurbán”, dijo Sotomonte. 

En Vetas, la línea pasó de incluir 7.237 a 7.600 hectáreas en el páramo. Para un municipio cuya área total es de 9.300 hectáreas, el cambio es muy significativo. Sobre todo porque dentro de la propuesta de delimitación que el municipio le había presentado al Ministerio, pedían disminuir la línea de páramo en zonas que ya están intervenidas, como por ejemplo, el casco urbano. 

“¿Cómo se va a recuperar el páramo en el casco urbano, si ya es una intervención urbana? En cambio sí afecta al municipio porque futuros proyectos de servicios públicos o de mejoramiento de vivienda simplemente no se van a poder hacer”, nos dijo la personera de Vetas, Angélica María García. 

No hay claridad frente a la inversión para proteger el páramo

Entre las cosas que le ordenó la Corte al Ministerio de Ambiente está hacer un modelo de financiación que garantice que la conservación del páramo de Santurbán será efectiva y no simplemente de papel. Y aunque la misma Corte le dice que “adopte medidas”, como por ejemplo de ecoturismo o de pago por servicios ambientales, en su propuesta el Ministerio menciona las posibilidades que tiene para gestionar recursos y algunas tareas que llevará a cabo, pero sin que quede claro el alcance de las mismas. 

Por ejemplo, MinAmbiente dice en su propuesta que gestionará “la destinación específica de un porcentaje del impuesto al carbono para los páramos”. 

Pero, además de que no dice qué porcentaje de ese impuesto gestionaría, habla de los páramos en general. Teniendo en cuenta que en Colombia hay 36 páramos delimitados, el impacto que tendría directamente en Santurbán no es obvio.

También plantea el Ministerio que “en el corto plazo” va a desarrollar proyectos piloto para el pago de servicios ambientales con “un número significativo de beneficiarios”, pero no establece cuánto sería ese número significativo ni cuánto tiempo es ese corto plazo. 

Otra propuesta es la de “fortalecer y potenciar” los fondos de agua que existen en Norte de Santander y Bucaramanga pero no explica en qué consistiría ese fortalecimiento (recursos, asistencia técnica, etc).

Frente a eso, la preocupación de las comunidades es que se repita lo ocurrido con la primera delimitación. 

Como contamos en esta historia, un año después de la delimitación de 2014, no había proyectos suficientes para toda la gente afectada y los que había no tenían garantizada la plata para continuar en el tiempo. Tampoco había iniciado el proceso de zonificación del páramo (definir qué actividades se pueden hacer en cada sector) porque las autoridades ambientales no tenían la plata. 

Y por ejemplo en Vetas, municipio netamente minero, aún no hay medidas para solucionar el desempleo que se desbordó tras la prohibición de la minería en páramos.

La cuesta arriba para llegar a consensos

Hasta ahora, las dos reuniones vía zoom con la gente del municipio de Vetas, la única comunidad con la que se ha reunido en el inicio de esta etapa, han dejado en evidencia que lograr acuerdos con las comunidades va a ser muy demorado.

Aunque ambas se dan en el marco de la fase de concertación, el Ministerio ha dicho que son para aclarar dudas sobre su propuesta y no para llegar a acuerdos. Los vetanos, en cambio, quieren que se agilice la delimitación porque sienten que están en un limbo jurídico que los tiene estancados, y por lo tanto están pidiendo que en esas reuniones virtuales sí se tomen decisiones en función de la nueva delimitación. 

De ahí que en las ocho horas que llevan de reuniones, la discusión no ha avanzado del real alcance de las mesas. 

Eso da cuenta de la dimensión del reto que tiene el Gobierno para concertar municipio a municipio. 

En el caso de los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia de la Corte que tumbó la delimitación, la concertación se ve aún más compleja. Ellos le propusieron al Gobierno que para la nueva delimitación hiciera estudios hidrogeológicos (analizar las aguas subterráneas) para determinar hasta donde hay conexiones de agua dentro de la montaña y así definir el límite de protección. 

Sin embargo, el Ministerio ha dicho que para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte en términos técnicos, basta con tener en cuenta la información del Instituto Alexander von Humboldt y no hacer otros estudios. 

“El Gobierno va a querer imponer esa propuesta pero nosotros venimos insistiendo que esa delimitación va a tener vacíos técnico científicos. ¿cómo va a haber un acuerdo ahí?”, nos dijo Erwin Rodríguez-Salah, uno de los accionantes.

Al respecto, en el Ministerio nos dijeron que seguirán buscando consensos evitando la confrontación que bloquee una decisión definitiva, algo que no pinta nada fácil.