El Consejo de Estado aclaró ayer que mantener suspendidas las normas para hacer fracturamiento hidráulico no impide hacer proyectos pilotos bajo otra regulación.
El debate del fracking ahora es cómo hacer los pilotos
El Consejo de Estado le lanzó un salvavidas ayer al Gobierno para que sus planes de hacer fracking no queden totalmente paralizados.
En un comunicado la sala Tercera del tribunal aclaró que aunque suspendió las normas del Ministerio de Minas y Energía que reglamentan la exploración de yacimientos no convencionales de petróleo y gas (los que se hacen con fracking), sí se puedan hacer unos pilotos como recomendó el Comité de expertos que convocó el Ministerio de Minas.
Pero, aunque el comité de expertos definió los requisitos generales que deben cumplir esos pilotos, y la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se comprometió a cumplirlos, todavía no se sabe ni siquiera si necesita sacar otra norma para hacerlos.
La reacción del movimiento antifracking al comunicado de ayer anticipa un duro debate, ya no sólo alrededor de si hacer o no fracking sino de quién hará esos pilotos y cómo se deben hacer.
Quién lo hará
Hasta ahora, la idea del Ministerio de Minas, según nos confirmaron una fuente de esa entidad y otra que conoce lo que pasa en él, es que el piloto lo hagan empresas que tienen contratos para no convencionales y que ya han dado los primeros pasos para hacer fracking.
Son cinco empresas que tienen contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; algunas de ellas tienen licencias ambientales en trámite.
Ecopetrol, que es una, ya dijo que quiere hacer pilotos y, según nos confirmó su presidente Felipe Bayón, tiene “más de tres lugares” (no quiso aclarar cuántos) en los que cree que podrían hacer fracking a la vista de todos. Y, como lo contamos en esta nota, ya está preparándose en caso de que le den vía libre para hacer su piloto.
También están las petroleras estadounidenses ConocoPhillips, ExxonMobil y Drummond, y la canadiense Parex Resources. Ésta última, según nos dijeron fuentes cercanas a la compañía, ha perdido interés en desarrollar su proyecto en Puerto Boyacá, aunque no ha renunciado a su contrato.
Lo ideal, para el profesor de la Universidad Nacional y miembro del comité de Expertos, Leonardo Donado, miembro del comité de expertos, sería que los pilotos los hiciera una entidad estatal como la ANH o una universidad, para que hubiera más tranquilidad y quedara claro que el objetivo es entender con información científica cómo funciona el fracking, no iniciar un proceso comercial para hacerlo.
Si lo hace el Gobierno o una universidad pública, sus resultados podrían verse con mayor confianza. El problema es que podría tomar más tiempo, porque arrancarían de cero y no es claro de dónde saldría la plata para hacerlo.
Aunque no se sabe todavía cuánto costará el piloto, porque esto depende de cómo se haga.
“La ANH no tiene la capacidad para hacer eso. Lo lógico es que lo hagan las empresas que son las que adelantarían un eventual desarrollo comercial si hay vía libre”, nos dijo un dirigente gremial que conoce de primera mano el proceso.
En cambio, si lo hace una de las empresas que tienen contratos, arrancarían con parte de la información sobre el terreno donde se hará el piloto, pues estudiaron cómo está en términos ambientales, económicos y sociales, en los estudios de impacto ambiental que armaron para solicitar licencias.
Tener esta información, llamada línea base, es uno de los requisitos que puso el comité de expertos para avanzar a los pilotos.
Además tienen la plata para invertir en ellos.
El problema de un piloto controlado por el sector privado, es que tiene un claro interés en desarrollar el fracking, y en este sentido sus resultados podrían generar sospechas de las comunidades y organizaciones ambientalistas en contra de esta técnica.
La tercera opción es que lo haga Ecopetrol, que podría verse con otros ojos porque, si bien es una empresa privada interesada en hacer fracking, es de mayoría estatal y en algunas regiones petroleras aún se ve como si fuera un brazo más del Gobierno. Además, sí tiene plata.
Pero el quién no es lo único del piloto que está por definirse.
El piloto
El Consejo de Estado fue muy específico al señalar que los proyectos pilotos que se pueden realizar son los que describió el Comité de Expertos en su informe.
Esta claridad es importante porque se llama “prueba piloto de pozo” a una de las primeras etapas de la exploración de petróleo y gas, en la que se hacen perforaciones para ver cómo es el hidrocarburo, cuáles son las características del yacimiento y cuál es la mejor tecnología para sacarlo.
Esas pruebas piloto, para yacimientos no convencionales están reglamentadas en la resolución que tiene suspendida el Consejo de Estado , y por eso hoy no se pueden hacer usando fracking.
Lo que dijo el Comité es que el piloto sería como un experimento que tendría tres etapas. Una antes de que se construya el piloto, una durante y otra después.
La primera, antes de empezar a perforar en el piloto, incluye que el Gobierno haga estas cuatro cosas:
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Publicar la información sobre la exploración y producción en el sitio donde se hará el piloto. Parte de esa información ya es pública, como los contratos petroleros o las licencias, pero otra es reservada, como los datos que tiene la ANH sobre el subsuelo, que vende a los inversionistas.
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Definir cuáles son las necesidades de las instituciones que hagan seguimiento al piloto, como las CAR, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, el Servicio Geológico Colombiano y la ANH.
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Escoger, con universidades, centros de investigación, entidades estatales y empresas privadas y consultando a las comunidades locales, una tecnología de mínimo impacto para hacer fracking.
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Ajustar normas ambientales y sociales para usar esa tecnología.
Además, el Gobierno o quien haga el piloto (no es claro en las recomendaciones), debe hacer estas otras cuatro cosas:
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Identificar si las comunidades de la zona donde se haga el piloto necesitan capacitación o información adicional para que puedan hacer veeduría a los proyectos.
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Acordar quiénes lo vigilarán desde la comunidad y cómo lo harán.
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Definir con las comunidades cómo minimizar sus riesgos de salud.
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Hacer una línea base, es decir un estudio que diga cómo están las zonas de los pilotos, para saber cuáles fueron los impactos una vez se hagan.
En el aterrizaje de estos ocho puntos está el Gobierno desde abril del año pasado, cuando el Comité presentó su informe. En ese momento la Ministra anunció que crearía un comité junto con la ANH, el Ministerio de Ambiente, la Anla, el Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio del Interior y otras entidades del Gobierno.
Supimos de primera mano que el comité está funcionando, que a algunas de sus reuniones han ido algunos de los expertos del informe, y desde hace varios meses está pensando escribir una regulación específica para los pilotos, que aterrice esas recomendaciones y, sobre todo, defina el encargado de liderar el piloto, algo que seguramente estará en el centro de la discusión.
En todo caso, la idea del piloto desde ya choca con los movimientos ambientalistas que no están de acuerdo con que se haga fracking, así sea para estudiarlo, sin que el Consejo de Estado haya decidido si anula o no las normas que están suspendidas.
“Está en juego mucho con los pilotos. El agua, la vida, la salud y la biodiversidad”, nos dijo Juana Hofman, abogada de Aida, Agencia Interamericana de Defensa del Ambiente, una organización ambientalista que hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Ayer, en un chat con periodistas el vocero de esa Alianza, Carlos Santiago, también se fue lanza en ristre contra uno de los miembros del Comité de Expertos, por esta columna.
“Vergonzoso ver a Juan Pablo Ruiz defendiendo los pilotos de fracking. No representa al sector ambiental en absoluto. Esa postura es de él y sus intereses, nada más. No representa a nadie más”, escribió.
Eso aunque Ruiz no ha sido el único ambientalista destacado que se ha mostrado a favor del piloto, pues algo similar han dicho el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez y la exdirectora del instituto Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste.
Incluso el diario El Espectador, cuya postura editorial ha estado casi siempre en contra de hacer fracking, publicó un editorial en el que pide que se permitan los pilotos.
En parte lo apoyan porque el piloto al que se refiere el Comité de Expertos debe cumplir con las condiciones que ellos fijaron, lo que da ciertas garantías, pero también tomará tiempo.
El Gobierno todavía no ha definido la ruta a seguir para los pilotos, nos dijeron del Ministerio de Minas que antes de pronunciarse al respecto, prefieren tener el auto del Consejo de Estado (hasta ahora solo hay un comunicado). Pero si cumple su promesa de seguir las recomendaciones del Comité de Expertos, difícilmente estará listo en lo que queda de este año.
De eso dependerá hacia dónde se moverá la siguiente fase del debate sobre hacer o no fracking en Colombia.