Donde hay coca, hay pocos jueces y fiscales

Tarazá, asentado entre las estribaciones del nudo del Paramillo y el río Cauca, ha sido uno de los municipios más violentos para quienes intentan sustituir la coca por economías legales.

Al menos ocho líderes que venían trabajando en procesos comunitarios de sustitución han sido asesinados allí en los últimos tres años. Casi todos ocupaban cargos directivos en las juntas de acción comunal de sus veredas: en 2017, Miguel Pérez de La Unión; en 2018, Alfredo Alonso Ruiz de Aguas Lindas, Norberto Jaramillo de La Envidia y Javier Enrique Tapias de Oco Abajo; en 2019, Walter Enrique Rodríguez de San Miguel y, este año, Eider Adán Lopera de Urales y Jaime José Vanegas de Pipiolo. Además, hace dos años apareció el cuerpo de Enrique Monsalve, líder de la vecina San José de Uré, en una carretera local.

En al menos tres de esos casos, se habló como sospechosos del Clan del Golfo o Los Caparros, dos grupos de crimen organizado que se dedican al narcotráfico en esta montañosa región considerada estratégica porque conecta al Bajo Cauca antioqueño con la salida al mar.

A ellos se suman los homicidios de otros tres campesinos -Adolfo Antonio Castañeda, Wilmar Sampedro y Carlos Andrés Chavarría- que, según reportes de prensa, eran beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

A pesar de ese récord negro, los campesinos en proceso de salir de la coca aquí no tienen a quién acudir para buscar justicia.

En Tarazá –que tenía 2061 hectáreas de coca a finales de 2019, que le dan para ocupar el puesto 20 en el país, y donde al menos otros ocho líderes sociales sin relación a la sustitución de coca fueron asesinados en el mismo período- solamente hay un juez promiscuo municipal y dos fiscales no especializados.

Es decir, dos funcionarios sin competencia para investigar y juzgar casos de narcotráfico o crimen organizado. No hay funcionarios de policía judicial, que son quienes recolectan evidencia y que tienen una mayor probabilidad de lograrlo dependiendo de si pueden llegar rápidamente a la escena del crimen. No hay fiscal ni juez especializado, que son lo que requieren estos casos.

Los municipios vecinos están casi igual: Cáceres, ubicada justo al cruzar el río, tiene un juez promiscuo y un fiscal local. Valdivia lo mismo. Caucasia, el mayor centro poblado de la región y ubicado a una hora, tiene cinco jueces –uno penal, uno civil, uno de familia y dos promiscuos, pero ninguno especializado- y siete fiscales, uno de ellos especializado.

Tarazá no es una excepción, sino que parece ser la regla donde hay coca.

Al cruzar la lista de municipios con mayor cantidad de hectáreas de coca y aquellos donde se han registrado asesinatos de líderes de sustitución con los de funcionarios judiciales, es evidente que en la mayoría de estos territorios no hay capacidades reales de administración de justicia.

Una realidad que hace sonar un poco hueco el discurso del actual Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien hace unos días aseguró que: “no es posible salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales sin combatir contundentemente el narcotráfico. Así lo han entendido la Fiscalía, el Gobierno y las fuerzas de seguridad. Cuando un grupo de narcotraficantes es desmantelado, se están salvando las vidas de los líderes y lideresas sociales".

Este vacío de justicia también choca de frente con una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo este gobierno y el anterior. Ambos tienen visiones muy distintas sobre cuál es la mejor estrategia para lidiar con los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores, pero tanto el Acuerdo de paz como el gobierno de Iván Duque coinciden en que se deben fortalecer las capacidades para combatir a los eslabones intermedios del negocio –decomisar precursores químicos, destruir cristalizaderos, incautar cocaína, detectar el lavado de activos y extinguir el dominio de bienes comprados con esa plata- donde realmente se concentran la plata y la violencia del negocio.

Los números, sin embargo, subrayan que eso no ha sucedido.

De los 75 municipios con más coca u homicidios de líderes de sustitución, a febrero de este año solo había jueces especializados en tres (Puerto Asís, Tumaco y Cúcuta) y jueces penales en seis. Había policía judicial en once y fiscales especializados en siete.

En el fondo, el problema no necesariamente es de presencia de jueces especializados, ya que no puede haberlos en todos los municipios, sino de qué capacidad de investigación hay. En muchas regiones con una alta criminalidad asociada a economías ilegales, las competencias de los funcionarios judiciales locales no corresponden a esas dinámicas de criminalidad.

Con frecuencia no hay quién judicialice a las personas a las que captura la Fuerza Pública. Eso limita la eficacia de promesas como la del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo de que con la creación de un comando conjunto del Ejército y la Policía en Tarazá “se busca combatir con todo rigor y firmeza las estructuras del narcotráfico que delinquen”.

“No se puede decir a rajatabla que esos niveles de violencia se deban a la ausencia de funcionarios judiciales porque siempre fue así en esos territorios –y seguro fue peor en el pasado-, pero puede ser el caso que la combinación de políticas fallidas con ausencia de jueces haya generado más problemas aún”, dice el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras que crearon las universidades del Rosario, Javeriana y Nacional.

En una investigación reciente, él y otros cuatro investigadores atribuyen parte del fenómeno al hecho de que el Estado promovió políticas participativas como la sustitución, pero ni Santos ni Duque la han implementado de manera consistente ni han generado medidas de protección para los líderes sociales. Eso ha llevado a que, en medio del deterioro de las condiciones de seguridad en muchas regiones, las comunidades estén quedando atrapadas entre la violencia y la impunidad.

Este es el mapa de las herramientas con las que realmente cuentan los habitantes de los municipios donde hay coca para pedir justicia.

Para entender la capacidad de la justicia en estos municipios cruzamos tres bases de datos.  Primero elegimos a los 59 municipios que tenían más de 500 hectáreas de coca a diciembre de 2019, según el último censo anual de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc). Luego consultamos la lista de 57 personas asesinadas vinculadas a procesos de sustitución o a algún proceso organizativo alrededor de la coca desde la firma del Acuerdo, que viene compilando el Observatorio de Tierras, y añadimos 16 municipios que no estaban en el primer listado. Por último, cruzamos ese listado de 75 municipios con dos derechos de petición sobre el personal de la rama judicial a febrero de 2020: uno sobre fiscales locales y policía judicial de la Fiscalía General y otro sobre jueces respondido del Ministerio de Justicia con información del Consejo Superior de la Judicatura.