Duque deja la sustitución de coca a la deriva

Tres puntos muestran que no es claro quién va a dirigir, cómo se seguirá ejecutando y cuáles son las metas finales del programa de sustitución de coca que nació con el Acuerdo de Paz. 

El programa de sustitución de coca que nació con el Acuerdo de La Habana está a la deriva en el Gobierno Duque, como lo muestran su política de seguridad, el decreto para reestructurar Presidencia y el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque ninguno dice que se acabará la sustitución, dejan abiertos interrogantes clave sobre quién va a dirigirla, cómo se seguirá ejecutando y cuáles son sus metas finales.

Esas tres señales salen justo cuando Duque está a punto de ir a la Casa Blanca a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no le ha puesto plata a la sustitución porque no cree en ella y en cambio, ha insistido en que hay que fumigar.

La sustitución sin dueño

En el decreto de reestructuración de la Presidencia, que tras varios meses de espera salió el viernes pasado, desaparece la dirección de drogas que dependía de la Alta Consejería para el Posconflicto. Eso refuerza la sensación de poca importancia del tema, pues Duque nunca nombró un director y dejó de encargada desde hace seis meses a Claudia Salcedo, que venía del equipo de Eduardo Díaz.

Esa dirección ejecutaba el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que nació en mayo de 2017 como un programa de Presidencia que manejaba la Alta Consejería para el Posconflicto, en ese entonces en cabeza de Rafael Pardo.

En el nuevo decreto no solo desaparece esa dirección, sino que el Pnis tampoco aparece mencionado explícitamente en las funciones de la Alta Consejería para la Estabilización (el nuevo nombre de la Alta Consejería para la Posconflicto).

Eso es llamativo porque en el decreto que definía la estructura de Presidencia hasta ahora, una de las funciones de esa Alta Consejería era asesorar al Presidente en las políticas y programas que aterrizaran el Acuerdo, “con especial énfasis en los temas de inversiones sociales y económicas, desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos”.

En el nuevo decreto solo dice que una de las funciones es “articular y coordinar interinstitucionalmente desde el Gobierno Nacional las directrices y líneas de política que permitan la implementación del Acuerdo Final para lograr la estabilización”.

En esa frase puede caber el Pnis. Pero dejar de mencionarlo, mientras aparecen explícitamente otros puntos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, muestra lo poco prioritario que es la sustitución para el Gobierno, pese a que es la columna vertebral del punto de drogas del Acuerdo de Paz.

Eso a pesar de que la política de Paz con Legalidad, que lanzó el Alto Consejero, Emilio Archila, el año pasado, dice que “en Presidencia se mantendrá el Pnis como política que comprenderá, además del actual programa, los de formalizar para sustituir, Familias Guardabosques, entre otros.”

Lo que aclara esa política es que su ejecución pasará a la Agencia de Renovación del Territorio, que depende formalmente del Ministerio de Agricultura y cuya reforma está en veremos.

Sin embargo, como el nuevo decreto de Presidencia no habla de sustitución, deja la duda incluso de si la política va seguir en la Alta Consejería. Y eso se suma a las dudas que deja la política de seguridad que lanzó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el miércoles de la semana pasada.

De arriba hacia abajo

La política de seguridad del Gobierno Duque tiene un capítulo llamado “Sustitución eficiente. Impedir la resiembra y nuevas siembras”, lo que visto rápidamente, muestra que ese programa sigue siendo importante.

Sin embargo, plantea cambiar su lógica, pues dice que para que sea efectiva y eficiente “(...) requerirá que los programas sean enteramente administrados por el Estado y de ninguna manera intermediados por organizaciones políticas o de cualquier otra índole.”

El Pnis se pensó dentro de la visión del Acuerdo de fortalecer las organizaciones sociales y de base en las zonas de conflicto, para que las políticas del Gobierno no se recibieran como algo impuesto desde Bogotá, como ha sido tradicional, sino como algo construido de abajo hacia arriba, con la idea de darle más legitimidad al Estado en el largo plazo.

En línea con esa visión, la idea era que la sustitución de cultivos se hiciera mediante un proceso de planeación participativa y en todo ese proceso fue clave la Farc para montarlos al bus porque, como lo explicamos en esta historia, los cocaleros fueron por años el grueso de su base social.

Hasta ahora, la intermediación de varios actores entre el Estado y cada familia cocalera ha sido central.

De un lado, organizaciones sociales de base como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, o la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, son operadores de asistencia técnica del Pnis.

Actualmente, según cifras de la Alta Consejería, 52 organizaciones tienen contratos con el Estado para prestar esa asistencia técnica.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, se encarga de elegir a los operadores y de verificar vereda por vereda si los campesinos sí arrancan las matas.

Además, por decreto la Farc participa en los consejos asesores territoriales que aterrizan el Pnis en cada departamento, en lo que se sientan con funcionarios de la dirección, alcaldes y gobernadores, y voceros de las organizaciones sociales.

Sumado a eso, la Farc también tiene asiento en las comisiones municipales, que articulan los consejos asesores territoriales con las autoridades locales. Ahí se sientan con delegados de las veredas, de la dirección, de la alcaldía, de la gobernación y de las organizaciones sociales.

Todo ese esquema de intermediación, que está en el corazón de una política de sustiución participativa, queda en duda con lo que dice la política de seguridad.

La Silla buscó al alto consejero Archila para preguntarle tanto por el decreto de reestructuración de Presidencia, como por ese cambio, pero no logramos obtener una respuesta.

Sin embargo, una alta fuente del Gobierno que no quiso ser citada porque no es el vocero oficial, le dijo a La Silla que ese párrafo no significa que quieran sacar a las organizaciones sociales.

“La labor de la sustitución no se va a delegar en terceros”, explicó. “No es que vayamos a renunciar a las organizaciones sociales y a los contratos ya suscritos, sino que seremos más vigilantes de todo el proceso y no vamos a delegar la responsabilidad en terceros”.

Más allá de si finalmente los contratos actuales se mantienen como están o no, esa duda se suma a una tercera: la de la falta de una meta clave para que la sustitución salga adelante.

No hay desarrollo en la sustitución

El Plan Nacional de Desarrollo tiene metas en sustitución, pero deja por fuera la que aseguraría que se mida si al final el Pnis es exitoso.

De acuerdo con la Dirección de Drogas, hoy hay 99.097 familias suscritas al Pnis (80.682 de cultivadores y 16.205 de recolectores) con las que ya firmaron acuerdos de sustitución individual.

El Plan solo incluye ‘graduar’ del programa a 64.400 familias. Faltan 34.697 familias más, más de un tercio de todo el horizonte del Pnis.

Con ellas por fuera de sus metas, el Gobierno Duque está enviando la señal de que no les va a apostar, y que no va a firmar nuevos acuerdos individuales, como lo ha reiterado en varias ocasiones el mismo Presidente.

Por eso, queda la duda de si la sustitución al final tiene doliente y para dónde va.