Duque se va por la agenda legislativa tímida y su padrino por la de los votos

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El Gobierno y su partido tienen marcadas diferencias en sus apuestas ante el Congreso. Mientras el primero asume la responsabilidad de cuidar la plata, el uribismo se refuerza para 2022 con una agenda más popular y costosa.

La discusión de la agenda legislativa de este semestre en el Congreso arrancó con más de 300 proyectos en fila y una particularidad: mientras el Gobierno le apostará a iniciativas poco ambiciosas, su partido, el Centro Democrático, se la jugará con una lista de 139 propuestas de corte más populista y costosas que le pueden servir en época electoral, así no vayan a ser aprobadas.

 

El choque de apuestas no obedece a una estrategia calculada, sino más bien a una falta de sintonía y coordinación, como coincidieron en decirnos dos fuentes del alto Gobierno por aparte y tres senadores del Centro Democrático.

Evidencia y ahonda la distancia que ha habido entre el presidente Iván Duque y la colectividad que dirige su padrino y jefe político, Álvaro Uribe, como lo hemos contado

Y al final podría dejar a Duque en el peor de los mundos: mal parado frente, al menos, parte del uribismo y sin resolver la crisis generada por el covid. Sin contar con que es poco probable que en la oposición le vayan a reconocer su diferenciación de Uribe.

Las agendas se centran en temas económicos, esto como consecuencia de la afectación generada por la pandemia. 

De la lista de proyectos anunciada por Duque el pasado 20 de julio, en la instalación del Congreso, el Presidente le meterá el acelerador con mensaje de urgencia a tres: el de estímulos para la economía naranja, las reglamentaciones de la reforma a las regalías y el del trabajo en casa.

En general, el paquete de 25 propuestas del Gobierno no incluye reformas estructurales para recuperar el crecimiento de la economía y el empleo, como la reforma laboral y la tributaria, pues de estas, al menos por ahora, no se ha dicho nada.

Desde el Centro Democrático, sin mayor coincidencia con la agenda de Duque, vienen proyectos de corte popular, relacionados con alivios para paliar la crisis, mantener los subsidios vigentes, y la ya fracasada agenda de reducción salarial a miembros del Legislativo y reducción del Congreso, todas propuestas que, como nos dijeron en la bancada uribista, hacen parte de la agenda electoral que tiene ese partido.

La agenda de Duque

Además de las iniciativas con mensaje de urgencia, el proyecto que más han subrayado tanto el Presidente como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, es el de reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que incluye créditos fáciles, agilización de trámites y alivios tributarios.

También hay un programa de alivios a obligaciones financieras para productores del campo, que presentará el Ministerio de Agricultura. Un proyecto para castigar la minería ilegal, dos sobre plataformas digitales (uno para las de transporte y otro para que paguen la seguridad social de quienes trabajan con ellas). Otro sobre consulta previa, el de regulación de trabajo en casa y, tal vez los más importantes: los presupuestos de 2021 y el de regalías.

Duque insistió en que se trata de una “agenda ambiciosa”, pero le faltaron reformas estructurales de las que se ha hablado, entre ellas la laboral y la pensional. 

Desde la oficina de prensa del Ministerio del Trabajo nos dijeron que no presentarán la reforma laboral. Esto a pesar de que la anterior ministra, Alicia Arango, dijo en varias entrevistas (como esta y esta) que ésta era necesaria para facilitar la contratación.

Si el Gobierno lleva grandes reformas puede ser impopular

Carlos Suárez, analista

La reforma de protección a la vejez (como el Gobierno llama a la pensional) sigue en el tintero y tampoco la van a presentar, pues la pandemia puso como prioridad la regulación del trabajo en casa, según nos dijo el encargado de comunicaciones del MinTrabajo.

Para el analista político y bloguero de La Silla Carlos Suárez, en el Gobierno en materia legislativa no hay grandes apuestas para una situación tan crítica como la actual, y esta timidez, según él, tiene que ver con la debilidad que tiene en el Congreso Duque, quien no cuenta con una coalición aplanadora.

“Si los lleva al Congreso (los proyectos estructurales) tendrá en contra a la oposición y a amigos del Gobierno que no los van a acompañar porque pueden ser impopulares. La otra alternativa es pensar que el Ejecutivo se siente de brazos cruzados en medio de esta crisis, lo que sería muy grave”, nos dijo Suárez.

Para el Gobierno, el asunto parece ser encontrar el momento ideal para radicar un proyecto. Por ejemplo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo, a finales del mes pasado en una rueda de prensa en la que le preguntaron por la reforma tributaria, que este no era el momento porque tenían que esperar a que se decantara la crisis para saber con mayor precisión qué tipo de reforma tributaria o fiscal van a necesitar. 

Pero, de acuerdo con lo que nos dijo un exfuncionario de Palacio que trabajó con ellos en las reformas tributarias pasadas, hay otra razón: el temor de que se convierta en Frankenstein en el Congreso, como pasó con la primera versión de la tributaria.

Ese temor existe, según nos lo confirmaron por aparte un Ministro y un encargado de la agenda legislativa de dos carteras distintas. “Parte de mi capital político se me va a ir atajando cosas que no se pueden hacer”, nos dijo el Ministro.

Parte de mi capital se me va a ir atajando cosas

Ministro de Duque

Para tramitar la agenda en el Congreso tampoco se está coordinando con los partidos de Gobierno (más allá del Centro Democrático, el Gobierno les dio representación en ministerios para armar coalición a La U, los conservadores y Cambio Radical). 

“No hay ningún acuerdo ni dinámica en que nosotros apoyemos una cosa y ellos nos respalden. Todos los proyectos tienen que pasar por Hacienda”, nos dijo un funcionario del Gobierno encargado de mover la agenda legislativa de un ministerio ante el Congreso.

En todo caso, el año entrante, si bien se espera que económicamente sea mejor que el actual, va a ser de crisis por el cierre de empresas, el bajo empleo y la deuda que ha adquirido el Gobierno para enfrentar la pandemia, y que deberá empezar a pagar. Es decir, los ingresos de la Nación no darían abasto para iniciativas demasiado ambiciosas. 

Además, los compromisos del Gobierno ya involucran buena parte del presupuesto. La semana pasada se filtró en medios que el rubro más grande de inversión para el próximo año será los programas sociales y no infraestructura. En parte porque se requiere subsidiar las medidas tomadas en pandemia como el ingreso solidario, que se extenderá por 2021.

La campaña legislativa uribista

Por su parte, el Centro Democrático tiene propuestas con corte paternalista que ha impulsado el expresidente Uribe para afrontar la crisis y tienen en la mira en las presidenciales y legislativas de 2022. 

No es un asunto nuevo, ni se trata solo de la agenda legislativa. Desde su cuenta en twitter el expresidente sostiene que su partido es “el correo social de los colombianos” y ha impulsado iniciativas como la ampliación del subsidio a la nómina que sí fue acogida por Duque.  

“Para nosotros el reto más importante es la reactivación de la economía, por eso hacemos énfasis en todos los proyectos que permitan generar empleo y empresas”, nos dijo el congresista Christian Garcés.

En el sentido de lo que dice Garcés, el analista Suárez afirma que las propuestas uribistas de subsidios van directamente a lo que Duque no ha podido hacer en su Gobierno: conectar con clases populares con ayudas clave en medio de la crisis.

“El Centro Democrático está pensando en elecciones, en una cosa más popular, que le llegue a la gente y que les ayude en este desastre de tener el Gobierno en el bolsillo y la ciudadanía lejos”, nos dijo Suárez.

El partido tiene dos puntas de lanza: que el Ingreso Solidario de Duque sea una política estatal -que si bien Duque ha ampliado no envió una ley para que se convierta en un subsidio permanente; y crear un subsidio permanente para familias con hijos y que no tengan acceso a este tipo de beneficios.

El proyecto político uribista es pelear contra Petro

Álvaro Forero, analista

“He hablado con el Ministerio de Hacienda y coincidimos en que estos subsidios ayudan a mitigar el impacto de la pandemia en la población beneficiada hasta en un 93 por ciento”, nos dijo, al defender la propuesta del subsidio permanente, el senador Ciro Ramírez, quien fue designado por el CD para impulsar el proyecto de ingreso solidario.

En cuanto al proyecto de subsidio para un hijo de familias de bajos recursos, la idea es que sea una “pensión mínima” que pueda servir hasta que cumpla la mayoría de edad, nos explicó la senadora María del Rosario Guerra.

El problema es que ninguna de sus propuestas tiene viabilidad fiscal del Gobierno.

De esa manera nos lo confirmaron dos congresistas y el vocero en Cámara, Edwin Ballesteros.

Aunque el uribismo hace sus cálculos.

“Con los giros extraordinarios una familia de Familias en Acción está recibiendo 330 mil pesos mensuales; un Joven en Acción recibe 720 mil; y un viejito 160 mil. Sumado estaríamos cobijando a ocho millones de personas, más la devolución del IVA y los subsidios a servicios públicos”, son las cuentas de la senadora María del Rosario Guerra.

Aunque no tener el aval fiscal del Gobierno resulta problemático, hay antecedentes que demuestran que, en la era Duque, en el Congreso se ganan pulsos pese a no tener respaldo del Gobierno. 

En 2018, por ejemplo, fue aprobado sin respaldo del Gobierno el artículo de la sobretasa a los bancos en la primera reforma tributaria de Duque. La Corte Constitucional lo tumbó precisamente por la falta de ese visto bueno. Para 2019, en la segunda tributaria, el Ministerio de Hacienda lo avaló ante la presión legislativa.

Esta fue la plataforma con la que nos elegimos

Ciro Ramírez, senador del CD

No obstante, esas iniciativas no han entrado en las tributarias por cuenta del Centro Democrático sino por coaliciones temporales que se han dado ante el poco margen de maniobra de Duque en el Congreso.

El panorama no es fácil y podría requerir acuerdos inesperados, pues la discusión de los subsidios se cruza con el debate del proyecto de renta básica que impulsan opositores de la Alianza Verde, el Polo, la Farc y la bancada Decentes.

El Centro Democrático también tiene propuestas que le hablan sobre todo a sus votantes de derecha, como revivir las reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que se hundieron en 2019, y se sintetizan en dos proyectos que están armando los congresistas Paloma Valencia y Álvaro Hernán Prada.

Está también la idea de bajar las condenas a los militares presos, la reducción de sueldos y el número de congresistas. Todas han fracasado en el pasado.

Para Álvaro Forero, analista político experto en populismo, la puja con la izquierda, como la de la renta básica y los subsidios, tiene como foco los votantes de sectores más vulnerables. "El proyecto político (del uribismo) es pelear contra Petro. La lucha es por los estratos 1 y 2”, nos dijo Forero.

Aunque en el uribismo rechazan la afirmación de que estén haciendo populismo para ganar votos: según el senador Ramírez, no es populismo sino coherencia con las ideas que el jefe máximo del partido ha venido ondeando desde que llegó a la Presidencia en 2002.

“Desde 2002 Uribe viene hablando de bajar el número de congresistas; desde 2014 hablamos de bajar los sueldos. Nos critican por la reforma a la JEP, pero es que no estamos siendo hipócritas ni mentirosos, esta fue la plataforma política con la que nos elegimos, podemos ser mamones con esto, pero es una política elocuente”, agregó Ramírez.

Ninguna de las fuentes nos indicó que hubiera coordinación con el Gobierno en la presentación de las agendas, lo que descartaría, por ahora, una estrategia encaminada a que los proyectos uribistas reflejen lo que el gobierno Duque quiere impulsar, vía su partido.

Las propuestas del uribismo ya tienen al Gobierno haciendo cuentas. Faltará ver si a la hora de tomar la decisión pesa más la ortodoxia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla o la necesidad de conquistar electores del Centro Democrático para mantenerse en el poder.

 

 

 

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